viernes, 29 de febrero de 2008

DESÓRDENES SOCIALES Y AJUSTES CONSTITUCIONALES (Sobre un texto de Enrique Olivas)


Dentro de un libro colectivo dedicado a “Globalización y Derecho” (J.Lima, E.Olivas, A.Ortiz-Arce (Coords.), Globalización y Derecho. Una aproximación desde Europa y América Latina, Dilex, Madrid, 2007), se encuentra un capítulo del mismo, obra de Enrique Olivas, que lleva por título “Desórdenes sociales y ajustes constitucionales”. Ha sido objeto de un seminario de discusión en la UCLM, en Toledo, en el marco de los seminarios de formación del área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de aquella universidad, el 14 de febrero del 2008. La introducción al texto y a la discusión la realizó Rosario Gallardo y hubo un intenso debate entre los asistentes al seminario y el autor del artículo. Sobre la base de esa discusión, se recogen ahora algunas reflexiones. En la foto se puede ver al autor del artículo, Enrique Olivas, junto al coordinador del libro sobre la memoria histórica, Rafael Escudero, agasajados por Charito Villas, la patrona del conocido Bar Villas, en el callejón Potemkin, de la ciudad de Parapanda.
Es oportuno recordar que éste es un texto “fuerte” que habla sobre el Estado y la sociedad de forma no común, procediendo a una crítica profunda de los contextos político-jurídicos clásicos desde donde se aborda de manera típica este tema (o sea el punto de vista liberal y social-liberal principalmente). Es también un texto que cuestiona nuestras propias precondiciones científicas y nos interpela en muchos aspectos. Eso es así porque se inscribe en una narración alternativa a la que es común en la dogmática universitaria actual. El autor elabora un discurso que desmitifica las representaciones políticas y jurídicas al uso y se sitúa en una perspectiva en la que los sujetos privilegiados son los oprimidos, los trabajadores: una declinación de los derechos desde las subjetividades colectivas que se construyen y recrean en la realidad social. La debilidad estratégica de la política, su práctica desaparición y disolución en administración en proceso de las cosas, es también debilidad teórica, banalidad e insignificancia de la teoría de los derechos.

El texto es espléndido y plantea, como se ha dicho, innumerables asuntos. De todos ellos, sólo ahora se quieren poner de relieve dos. El primero hace referencia a la concepción positiva del constitucionalismo social y sus límites. El segundo sobre el significado de una transformación muy extendida del derecho subjetivo en interés mediado y medido en términos monetarios.

Hay una cierta dificultad que proviene de la cierta ambigüedad de la reflexión sobre el tema del constitucionalismo social. Por un lado éste permite el ensanchamiento de la ciudadanía al desbordar la primitiva noción de la misma basada en la libertad y en la propiedad. Esto nos lleva a oponer de forma neta – y aparentemente inobjetable – las secuencias 1) Estado – democracia – derechos de ciudadanía y 2) la de Mercado- monetarización – interés, como movimientos que se confrontan y que se amparan en los conceptos más difusos de lo público y lo privado. De ahí se arma aún una gran resistencia a la mercantilización de las necesidades sociales y a la privatización de las actividades de servicios de interés público. Para una línea de pensamiento crítico muy arraigada entre nosotros, laboralistas de izquierda, el desarrollo de la democracia reducirá la lógica capitalista de la mercantilización, lo que significa que confiamos en fortalecer / reformular el Estado Social una de cuyas dimensiones básicas es la cultura de los derechos sociales, y por tanto aceptamos la centralidad democrática del estado como espacio de construcción del derecho y de su garantía. Las críticas se formulan hacia las tendencias al debilitamiento de esta función social del Estado, a la “desertización” de sus contenidos emancipatorios y a la crisis del propio constitucionalismo social.

Sin embargo los laboralistas nos encontramos ante una cierta perplejidad sobre cuál es el sujeto al que se refieren los derechos de ciudadanía. Porque mientras la referencia al sujeto típico de los derechos derivados de la ciudadanía social era “el trabajador” considerado como un constructum genérico que unificaba en si mismo la condición de pertenencia a una clase, en la actualidad es un complejo fragmentado y difuso en el que la precariedad supone una barrera importante a la hora de definir esta ciudadanía social. Se trata de una situación de ciudadanía desvalida que se produce como consecuencia de mutaciones antropológicas que sitúan a una gran cantidad de sujetos en el espacio de la desprotección, del desvalimiento social pese a ser considerados formalmente como ciudadanos. Es por tanto un interrogante sobre la gran escisión en el trabajo entre estables y precarios que dificultan la percepción homogénea de un sujeto de derechos que se presenta como manifestación de la desigualdad en y a partir del trabajo. Hablamos de una subjetividad común, general, de la ciudadanía social o más bien de subjetividades de la misma, fracturadas y debilitadas. ¿Cómo recomponer esa subjetividad colectiva en términos de goce de derechos sociales sin caer en un tratamiento paralelo al que se da a la marginación y a la exclusión social?

Además se produce una cierta contradicción en la propia argumentación política, puesto que optamos por un discurso de radicalización de la democracia – a partir de un Estado democrático y social – pero el aumento de esos derechos ciudadanos no afecta nunca a la organización autoritaria en la producción, en la empresa, al poder privado autoritario del empresario como organizador del espacio productivo. Es decir que el constitucionalismo social nunca traspasa la frontera de la autoridad en la empresa, del dominio autoritario y despótico de la fuerza de trabajo, donde se dan formas de violencia y de sumisión de las personas que el Estado no consigue metabolizar. ¿Qué “ajustes constitucionales” serían posibles en este punto para extender el ideal democrático al dominio sobre las personas que se da en la empresa?

Otro aspecto especialmente productivo en términos teóricos es el que hace referencia a la constatación de una “monetarización expansiva de todas las relaciones sociales”. La importancia del tema radica en la transformación del derecho subjetivo en interés, o sea en renta y capacidad de compra. Si en el texto de Olivas se contempla fundamentalmente el tema desde la perspectiva del sujeto político, el ciudadano, es extremadamente fácil saltar a la dimensión colectiva de esta realidad. Es decir, pensar en el sujeto colectivo – el sindicato – y la dificultad que esta monetarización lleva aparejada para obstaculizar el conocimiento social y la formación de una cultura propiamente política democrática. En efecto, puede suceder que el sindicato tutele predominantemente los derechos de los trabajadores como “interés”, es decir como algo susceptible de transformarse en renta y capacidad de compra, y que su acción se quiera reconducir a esa finalidad. Es lo que podría denominarse un cierto economicismo sindical relacionado con una función representativa del sindicato ligada al puro interés “corporativo” del grupo de trabajadores.

En general, el monetarismo expansivo transforma los derechos de la norma jurídica en subjetividad consumista en términos del coste monetario del sufrimiento o del daño. Su gramática de referencia es la del consumidor, porque incluso cuando habla del obrero todos los derechos del mismo son inmediatamente transformados en dinero / monetarizados para su realización como futuro poder adquisitivo, lo que por ejemplo resulta especialmente claro en supuestos tan típicos como el del despido. “La ciudadanía de la última modernidad tiene grandes dificultades para expresarse jurídicamente al margen de estas dimensiones cuantificadoras” (p. 522), y acaba por exaltar un uso individualista y no recíproco de los derechos subjetivos en función precisamente de su monetarización. “La individualidad es inducida a existir, de forma preeminente, como subjetividad consumista”, y es el espacio de consumo el referente privilegiado de inclusión y exclusión social. ¿Es posible reconsiderar contenidos de idealidad transformadora e igualitaria como propios de los derechos de ciudadanía social y alejarse de la consideración de los mismos en términos exclusivamente monetaristas?.

martes, 26 de febrero de 2008

DERECHO Y MEMORIA HISTÓRICA: UN LIBRO COLECTIVO PARA ANALIZAR LA LEY

La editorial Trotta acaba de publicar este libro colectivo, dirigido por Jose Antonio Martin Pallín y Rafael Escudero, en el que se analiza desde todos los puntos de vista la reciente Ley de la Memoria Histórica, que por cierto es relegada en el debate electoral en el que estamos pese a constituir un texto fundamental en la reconstrucción democrática de nuestro país tras el franquismo y la guerra civil. Las iniciativas de IU que buscan involucrar a la Fiscalía General del Estado en la declaración de ilegitimidad de las sentencias de los tribunales militares y del TOP expresan de manera muy evidente la trascendencia de esta norma y las posibilidades de desarrollo que la misma pone en marcha. A continuación se inserta el reclamo publicitario que aparece en la página www.trotta.es de la editorial.

Edición de José Antonio Martín Pallín, Rafael Escudero Alday
Derecho y memoria histórica
Colaboradores Antonio Baylos, Rafael Escudero Alday, Juan Antonio García Amado, Andrea Greppi, José Antonio Martín Pallín, Luciano Parejo Alfonso, José María Sauca
sinopsis

La lucha por la memoria histórica es el resultado de una exigencia moral de los supervivientes de la derrota de la Guerra Civil y de sus descendientes, que no admiten que se pase una página abominable de nuestra historia sin que el Parlamento, órgano de la soberanía nacional, tenga algo que decir. En otros países las violaciones de los derechos humanos producidas por regímenes dictatoriales sí fueron sometidas al juicio de la historia y merecieron la sanción del Derecho. En España, arrastramos un déficit histórico que no se ha empezado a solventar hasta hace muy poco tiempo, gracias a la persistencia de las víctimas que reclamaban la restitución jurídica de los bienes y valores arrebatados de forma sistemática y cruel por una Dictadura consentida plácidamente por las democracias que la rodeaban.
Tarde, pero su tiempo ha llegado, y el resultado es la Ley 52/2007, conocida popularmente como la ley de la memoria histórica, que sirve de apoyo a los trabajos aquí contenidos. El jurista, el historiador y el ciudadano pueden encontrar en este libro las posibilidades que ofrece la Ley para reparar a las víctimas no sólo en un plano moral, sino también desde una perspectiva eminentemente jurídica. Esta Ley ha de ser entendida como un punto de partida —y no de llegada— en el largo proceso de recuperación de la memoria histórica. Sin perder la actitud crítica, los trabajos contenidos en el libro pretenden servir de ayuda a quienes necesitan de la aplicación y efectividad de la Ley para recobrar sus derechos y proclamar así la superioridad de los valores de la democracia republicana sobre los que encarnaron los autores del golpe de Estado que puso fin a su vigencia.

sábado, 23 de febrero de 2008

ASPECTOS SOCIALES DE FRANCIA - Y SU REFLEJO ESPAÑOL.(Notas sobre algunas lecturas)


El titular de este blog, aprovechando que se encuentra en Burdeos durante unas semanas, ha creído conveniente traer a esta bitácora algunas reflexiones y anotaciones fruto de las lecturas que viene realizando a orillas del Garona. Por el momento, le han llamado la atención dos datos del panorama francés, sobre la inmigración y la delincuencia, relacionados entre sí por la pérdida de los elementos constitutivos de la política democrática en una sociedad y su sustitución en el mercado de las propuestas electorales por el recurso al miedo como principal elemento movilizador de la confianza de los electores en un determinado partido político. En la foto, el titular del blog rechaza airadamente esta deriva de la política y sus avatares en las próximas elecciones españolas de marzo.
Dos notas en principio diferentes, pero ambas muy llamativas, sobre la realidad social francesa actual.
Primera: Nicolas Jounin, sociólogo, ha publicado lo que fue su tesis doctoral sobre los trabajadores de la construcción, para lo cual estuvo trabajando tres años como trabajador temporal en varias obras. El libro, recién aparecido, se llama Chantier interdit au public, y lo ha publicado La Découverte, Paris, 2008 (276 pp). El material que maneja es muy interesante, y subraya la relación existente entre el trabajo en la construcción y el trabajo inmigrante. Normalmente los puestos de peón lo ocupan inmigrantes del África negra, los ferrallistas suelen ser árabes magrebíes. La exigencia ineludible de un permiso de residencia para poder entrar a trabajar en una empresa ha hecho que se cree un mercado de falsos permisos – “papeles” en la jerga oficial. A partir de un decreto de abril de 2007 la exigencia de permiso de trabajo es ineludible y genera responsabilidad para el empresario que contrata a inmigrantes no regularizados. Aunque una circular de enero de este mismo año permite, excepcionalmente, que el empleador pueda pedir ante las autoridades administrativas la “regularización” de los inmigrantes que por error ha empleado de buena fe pese a no contar con los “papeles” en regla, los empleadores piensan que existe una presión acrecentada para delegar en ellos la responsabilidad por la contratación de inmigrantes “irregulares”. Por eso la fórmula hasta ahora más empleada es el de recurrir a una ETT para que suministre trabajadores temporales a la empresa de la construcción, desplazando por consiguiente a esa empresa la responsabilidad en la presentación de trabajadores inmigrantes con sus permisos “en orden”. Sin embargo, el autor apunta un cambio de tendencia cada vez mas importante: la sustitución del recurso al trabajo temporal a través de una ETT por el recurso a la contratación de servicios con una empresa extranjera comunitaria que desplaza trabajadores de su propio país. Este fenómeno – que es el que ha dado pie a la sentencia del TJ en el caso Laval – está muy extendido, y resulta frecuente encontrar que una empresa de la construcción francesa de cierta importancia subcontrata con una empresa europea del este no sólo algunos aspectos de la obra sino la obra completa. En estos casos además es muy frecuente que las empresas con las que se contrata carezcan de cualquier vida organizativa o autonomía empresarial, es decir, que se recurra a supuestas empresas que carecen de cualquier existencia real como tales en el país de origen, actuando como meras intermediarias en el desplazamiento y uso de la fuerza de trabajo. Naturalmente que este tipo de negocios jurídicos son claramente ilegales en Francia – como en España, ahí está el art. 43 ET reformado como consecuencia del Acuerdo social de 2006 – por tratarse de supuestos de cesión ilícita de trabajadores, pero la comprobación de que estas empresas carecen de estructura organizativa autónoma y capacidad productiva es extremadamente difícil para los cuerpos del Estado dedicados a la verificación del cumplimiento de las normas laborales. De esta manera se vienen sustituyendo inmigrantes africanos por inmigrantes de procedencia del este europeo, en el sector de la construcción especialmente por polacos. Todo ello en el contexto del “contrato para la inmigración” según el cual los inmigrantes son huéspedes – siempre provisionales – que deben adaptarse a los valores culturales que definen la sociedad de acogida, en un clima de orgullo identitario cultural e histórico de Francia como gran Nación – y del que ahora la derecha política española ofrece una burda reproducción en su programa electoral, y en una política de inmigración que dice aceptar tan sólo a los inmigrantes “por trabajo” en los puestos en los que se necesita éste porque no existe mano de obra nacional dispuesta a desempeñarlo, o a los trabajadores “más cualificados” en un programa de atraer “competencias y talentos”, pero que se niega obstinadamente a la inmigración que proviene del reagrupamiento familiar. Todo un planteamiento sobre el que sin duda en nuestro país la derecha política – y quizá no sólo ella – edifica elementos de lo que consiste un importante principio movilizador de los ciudadanos que les dan su confianza, y que es el miedo al inmigrante en cuanto persona étnica y culturalmente diferente. En este sentido, las recientes sentencias del Tribunal Constitucional español (noviembre y diciembre 2007) declarando la inconstitucionalidad de la ley de extranjería del PP en puntos centrales relativos a derechos sindicales y de protección social, caminan en contra de esta tendencia. Lamentablemente nadie las menciona en esta campaña electoral que acaba de comenzar.

Segunda: El Consejo Constitucional, que es la versión francesa del Tribunal Constitucional español, se ha tenido que posicionar sobre una ley que crea la “retención de seguridad” por toda la vida en un centro penitenciario – médico, para aquellas personas que hayan sido condenados a 15 años o mas fundamentalmente por delitos sexuales, que podrán ser mantenidos en esa situación si se juzga que son peligrosos y que pueden volver a reincidir. La “retención de seguridad” se aplica también – de hecho está concebida para – aquellas personas que han cumplido ya su condena por los delitos mencionados. Estos posibles “reincidentes peligrosos” deben ser apartados de la sociedad por toda la vida para lograr la “segurización” de la misma. De nuevo el miedo como impulso movilizador es evidente: el miedo al delincuente sexual, a la violencia del marginado y pervertido sexual. El Consejo Constitucional ha decidido declarar parcialmente la inconstitucionalidad de esta ley aberrante al entender que ésta no podía ser aplicada de forma retroactiva a quienes a la fecha de entrada en vigor de la ley estaban cumpliendo sus condenas por los delitos mencionados. Por eso, aun promulgada en noviembre 2007, la ley no podría ser aplicada hasta el año 2023. Pero a la vez el órgano constitucional francés ha admitido que, al no tratarse de una pena sino de una medida de seguridad, la irretroactividad de sus mandatos no es tan rígida, por lo que los ya condenados al terminar su condena deben ser liberados, pero pueden ser colocados en una situación de “vigilancia de seguridad”, que comporta una serie de obligaciones, entre ellas la de llevar un brazalete o un instrumento de vigilancia electrónica móvil. Sólo si estas personas no respetan estas medidas mas “leves” de vigilancia, cabe, por razones de urgencia, aplicarles la “retención de seguridad” en un centro médico-penitenciario. También aquí la derecha política española encuentra motivos de inspiración, al utilizar los crímenes de adolescentes con motivación sexual como un elemento de su crítica demoledora a la falta de seguridad en la que vive el pueblo español, pero una medida de este género seguramente tendría también enormes dificultades para poder pasar el filtro de nuestro Tribunal Constitucional.

jueves, 21 de febrero de 2008

Manifiesto de Donata Gottardi sobre el aborto

En Italia como en Espana, la agresividad del pensamiento conservador de base religiosa està conduciendo a agresiones al derecho de aborto, y a una campana de estigmatizacion y desprestigio de las mujeres que se ven en esta situacion. La diputada europea Gottardi ha publicado un manifiesto abierto a las firmas de solidaridad y apoyo. Este es el enlace:

http://www.donatagottardi.net/

miércoles, 6 de febrero de 2008

DEGRADACION DE LA SANIDAD PÚBLICA (CRÓNICAS DE MADRID 2)

La sanidad pública madrileña ha venido sufriendo un proceso de degradación permanente. La Asocación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ha elaborado un comunicado en el que explica de manera muy clara y comprensible los ejes de este planteamiento que busca desmoronar y fracturar la red pública de sanidad. En este propósito estratégico del gobierno del Partido Popular, la depuración y difamación del grupo demédicos del Hospital Severo Ochoa en torno al Doctor Montes, desempeñaba un papel estratégico. En vísperas de la movilización del día 7 de febrero a las 7 de la tarde en la Consejería de Sanidad de la CAM, es útil recordar los ejes de este proceso. En la fotografía, dos importantes defensores del sistema público de sanidad, a duras penas pueden reprimir su indignación ante el estado de cosas al que ha llegado el pensamiento neoliberal que domina la Comunidad de Madrid.

La realidad de los nuevos hospitales de Madrid.

Se van a abrir, en una fecha todavía no establecida, 8 nuevos hospitales en la Comunidad deMadrid, que ya fueron inaugurados en la pasada campaña electoral por Esperanza Aguirre pero que continúan en construcción y sin completar su dotación de personal y material sanitario, aunque es de esperar que vuelvan a ser reinaugurados» en la próxima campaña electoral.
Estos nuevos hospitales se diferencian de los tradicionales en dos aspectos fundamentales:
PRIMERO. Se acogen a fórmulas de gestión distintas a las del Instituto Madrileño de la Salud:
* Uno de ellos es una concesión administrativa a una empresa privada (Capio, actualmente propiedad de Apax Partners, una sociedad de capital riesgo) que ya posee la Fundación Jiménez Díaz y algunos otros centros pequeños en la comunidad.
* Los otros 7 se han construido por el sistema denominado «iniciativa de financiación privada» (PFI son sus siglas en inglés), fórmula por la que una empresa privada o una UTE construye los edificios y se queda con la gestión de la parte no sanitaria de los centros a cambio de unos pagos mensuales durante 30 años prorrogables. Esta fórmula ha sido ensayada muchas veces en el Reino Unido y ha demostrado ser mucho más cara que la construcción por la propia Administración, aparte de tener los múltiples problemas que supone la privatización de los
servicios públicos básicos (aumento de costes, selección de riesgos, etc.). La única ventaja que le asignaba la revisión sobre el tema realizada por la Organización Mundial de la Salud (una mayor rapidez en la construcción y el cumplimiento de los plazos previstos) tampoco se ha dado en Madrid,donde los nuevos centros ya llevan siete meses de retraso y probablemente la demora real supere el año.
* Además, los 7 centros PFI tienen fórmulas de gestión diversas: Majadahonda seguirá el modelo tradicional de esta fórmula (personal no sanitario gestión privada y sanitario dependiente del IMSALUD, que será el trasladado del actual Puerta de Hierro), pero con un número de camas insuficiente (1,32/1.000 habitantes). Los otros 6 se han constituido en empresas públicas (una por centro) que gestionarán la parte «pública» de estos hospitales, fragmentando aún más la red hospitalaria pública e imponiendo condiciones diferentes a los trabajadores de cada uno de ellos.
SEGUNDO. Su escasa dotacion, tanto de personal como de camas, los hacen más similares a grandes centros de urgencias que a los hospitales tradicionales ya existentes, y por tanto no van a dar el mismo número ni calidad de atención que éstos. De esta manera, ya se sabe que no van a incluir todos los servicios que hay en los otros hospìtales y que muchas situaciones con patologías crónicas o complejas serán derivadas a otros centros sanitarios.
Atendiendo al número de camas, médicos especialistas, profesionales de enfermería y personal sanitario por cada 1.000 habitantes (que incluye médicos, enfermería y personal técnico y auxiliar) en cada uno de los centros, puede observarse que están muy lejos de lo que es simplemente razonable. A modo de ejemplo, el Hospital de Móstoles, que es de los que en la Comunidad de Madrid tiene ratios de plantilla más bajos, tiene 1,3 médicos y 4,5 profesionales de enfermería por cada 1.000 habitantes, mientras que en los nuevos centros el máximo es de 0,73 médicos y 2,5 enfermeras/1.000 habitantes, con situaciones escandalosas que llegan a 0,46 médicos/1.000 habitantes (Hospital del Sur) y 1,07 enfermeras/1.000 habitantes (Vallecas). Si tenemos en cuenta además que la población se ha incrementando notablemente desde el último censo oficial (enero de 2006), puede asegurarse que la dotación de personal de estos centros impide una atención sanitaria
de calidad a los ciudadanos.
* Por otra parte, y a pesar de lo que se ha publicitado desde la Consejería de Sanidad (BOCM 19/9/2007), las plazas de profesionales sanitarios que se crean en estos centros no son nuevas en la Comunidad, sino que se trata de un proceso de reasignación de efectivos, es decir, del traslado de profesionales que ya trabajan en la sanidad madrileña en otros centros, lo que es congruente con los planes de la Consejería de disminuir camas (aproximadamente entre 600 y
1.000 camas) y por lo tanto las plantillas en los centros actuales, lo que, dado que vivimos en una comunidad en continuo crecimiento poblacional, va a generar serios problemas asistenciales.
* Otro hecho llamativo es que la convocatoria inicial no incluía la dotación de plazas de especialistas de análisis clínico ni de radiodiagnóstico en los nuevos centros. Posteriormente (BOCM 10/10/2007), se realiza una convocatoria para especialistas en una «Unidad Central de Radiodiagnóstico situada en el Hospital del Norte», cuyos especialistas prestarán servicios en los 6 hospitales y que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2008 de la Comunidad de Madrid convierte en una empresa pública independiente (otra más, pero dependiendo directamente de la Consejería y no del SERMAS ni del IMSALUD) que, según señala esta misma ley, en un principio abarcará la radiología de los 7 nuevos hospitales, pero a la que «se le podrá asignar la gestión de tales servicios en otros hospitales o centros», es decir que puede depender del mismo toda la radiología de todos los hospitales madrileños. La situación no puede ser más atípica: aunque es obvio que los informes de las radiografías pueden realizarse a distancia utilizando digitalización de imágenes, no lo es menos que técnicas como ecografías precisan de un radiólogo que realice la exploración y que en muchos casos la presencia de especialistas en radiodiagnóstico es aconsejable para evitar exploraciones innecesarias o hacer otras que se evidencian necesarias para el diagnóstico sin hacer que los pacientes vuelvan en otro momento a hacérselas. En cuanto a análisis clínicos, la información disponible, que no es oficial pero parece bastante contrastada, es que está en marcha un acuerdo para la externalización de las pruebas a un centro privado, lo que para agravar más la situación se hace derivando las pruebas que ahora se atienden en muchos de los laboratorios de las áreas, infrautilizando así sus recursos. Ambos hechos son gravísimos, dado que se trata de especialidades básicas a la hora de la realización de las exploraciones diagnósticas y van a dificultar la asistencia sanitaria en los nuevos centros no ofreciendo además garantías a los ciudadanos de calidad en la atención.
* Pero esta misma Ley de Acompañamiento introduce dos novedades más que pueden tener una repercusión gravísima para la sanidad madrileña.
1. Confiere al Gobierno de la Comunidad, sin control del Parlamento regional, la capacidad
de convertir «todos los hospitales, centros, órganos o unidades de la red sanitaria» en cualesquiera entidades con personalidad jurídica, lo que supone dejar en manos del Gobierno la privatización de toda la red sanitaria pública, no sólo de los hospitales sino también de la Atención Primaria.
2. Permite la no aplicación de la Ley de Incompatibilidades al personal sanitario dependiente de la Comunidad de Madrid, lo que, aparte de ser otra vez jurídicamente inapropiado (se modifica una ley de carácter orgánico mediante una legislación autonómica), supone volver a la vergonzosa situación en que los profesionales sanitarios «podían» ejercer varios puestos de trabajo a la vez, con los problemas que ello supone para el cumplimiento de los horarios y la
calidad de la atención que se presta a los ciudadanos. Se trata, por lo tanto, de una gravísima agresión a la Sanidad Pública madrileña, que puede quedar totalmente desmantelada y privatizada. Desde la ADSPM ya hemos denunciado reiteradamente que desde la Comunidad de Madrid se estaba diseñando una estrategia de privatización de la Sanidad.
POR TODO ELLO, ENTENDEMOS QUE HAY QUE EXIGIR
1) Inclusión en la red sanitaria pública de todos los nuevos centros, rescatando los mismos del sector privado.
2) Asegurar una dotación suficiente de camas y personal de los centros nuevos, para asegurar al menos 5 camas/1.000 habitantes a la red hospitalaria pública madrileña.
3) Dotación de servicios de laboratorio y radiodiagnóstico en todos los centros.
4) Cobertura en los centros actuales de todas las plazas que queden vacantes por el traslado y
mantenimiento del número de camas.
5) Derogación de las disposiciones de la Ley de Acompañamiento que permiten la privatización y fragmentación de la red sanitaria pública.

Para conseguirlo, hacemos un llamamiento a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid para movilizarse activamente y defender la Sanidad Pública, ya que es el único sistema sanitario capaz de asegurar la cobertura de las necesidades de salud del conjunto de la de la población con equidad, solidaridad y calidad de las prestaciones asistenciales.


LA SANIDAD PÚBLICA ES UNO DE LOS
PRINCIPALES ACTIVOS DEL ESTADO DEL
BIENESTAR Y DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL
Su privatización supone imponer
la lógica del mercado y la rentabilidad
económica por encima de las
necesidades de salud de la población
y perjudica por igual a los ciudadanos
y profesionales de la salud
AHORA MÁS QUE NUNCA ES NECESARIO

MOVILIZARSE PARA SU DEFENSA


domingo, 3 de febrero de 2008

MOVILIZARSE POR LA SANIDAD PÚBLICA COMO DEBER CIUDADANO. (CRÓNICAS DE MADRID)




El 21 de enero pasado la Sala de la Sección decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó una Resolución en forma de Auto contra el que no cabe recurso, donde estimando el recurso presentado en su día por los Drs. Montes Mieza y López Varas, acuerdan tener por suprimida toda mención respecto a la mala praxis médica. Por tanto: podemos afirmar que nuestros compañeros imputados no solo no cometieron ninguna acción delictiva sino que tampoco incurrieron en mala praxis. Por todo ello y tras casi tres años de gravísimos ataques al honor y a la intimidad de los profesionales del servicios de urgencias del Hospital Severo Ochoa, así como de acoso y represión laboral sobre otros profesionales y trabajadores del centro, hoy cuando resplandece su inocencia, es día de exigir responsabilidades. (Comunicado de la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa)








La situación de la sanidad en Madrid es crítica. La actuación de los dirigentes del PP de la CAM, en especial el ex consejero Lamela y el actual Güemes respecto de los profesionales médicos ultrajados y expulsados de su trabajo ha permitido dar visibilidad a aspectos conscientemente dejados en la sombra por el poder político regional. Al margen de las reacciones que sobre el caso Montes han tenido los dirigentes del PP y los grupos mediáticos afines, que pone de manifiesto que en nuestro Estado de derecho no existe límite para la calumnia y la denigración de los ciudadanos honestos de pensamiento de izquierdas, la desfachatez de la derecha madrileña, envalentonada ante la nula respuesta política a sus proyectos, se manifiesta sin tapujos en la progresiva privatización de la sanidad y en la voladura controlada del servicio público. La izquierda social está intentando una respuesta, movilizando a los ciudadanos madrileños el próximo día 7 de febrero a las 7 de la tarde ante la sede de la Consejería de Sanidad (sic?) de la CAM, en la castiza calle de la Aduana de Madrid, a dos pasos de la Puerta del Sol. Este blog cede la palabra a un documento de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid que analiza con claridad la situación en la que nos encontramos. En concordancia con los convocantes de la manifestación, en Parapanda nos parece que hay que movilizarse para evitar este desastre ciudadano.




La FRAVM y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) convocan una concentración frente a la sede de la consejería de Sanidad (C/ Aduana, 29) para denunciar las consecuencias de la privatización de la sanidad pública. Todas las asociaciones vecinales y coordinadoras ciudadanas que están llamadas a participar en el acto de protesta.

* Porque en Madrid tenemos listas de espera de hasta diez días para una primera consulta en Atención Primaria* Porque muchos profesionales sanitarios dan servicio ¡a más de 1.500 personas!* Porque, a pesar de todo ello y del hecho de que nuestra región se sitúa a la cola de las Comunidades Autónomas en inversión en Atención Primaria (AP), el equipo de Aguirre ha invertido un 0,7% menos que el pasado año* Porque, aunque la población madrileña ha crecido un 20% en los últimos cinco años, el Gobierno regional ha congelado la plantilla del personal sanitario. Cabe esperar, por tanto, que la atención que reciba la ciudadanía empeore (más aún) los próximos años* Porque las precarias condiciones laborales que ofrece la consejería de Güemes (presión asistencial, jornadas interminables…) hace que muchos profesionales “huyan de la sanidad pública”. Un ejemplo: la/os pediatras.En este contexto, el equipo de Esperanza Aguirre ha invertido cantidades ingentes de dinero en publicidad para hacer que, mientras el dedo señala a la luna, el tonto mire al dedo: los nuevos hospitales. Centros “dotados de los medios diagnósticos y terapéuticos más modernos y avanzados” que forman parte “del gran proceso de modernización y ampliación de la sanidad pública emprendida por el Gobierno regional”, según reza el mensaje institucional.Más allá del brillo publicitario que emana de esta operación cosmética, la realidad se muestra obstinada:* Los nuevos hospitales son de gestión privada. Tanto la propiedad de los edificios, como la gestión de los servicios no sanitarios corresponde a empresas privadas (muchas de ellas afectadas por la recesión de la construcción que buscan en la sanidad un nuevo nicho de mercado, como FCC, Acciona, Sacyr y Dragados). Toda/os y cada una/o de nosotra/os les pagaremos con nuestros impuestos un canon mensual durante 30 años prorrogables. Esta fórmula, adoptada hace diez años en Gran Bretaña, se ha mostrado no sólo ineficaz (algunos colaboradores de M. Thatcher han llegado a utilizar calificativos menos amables) en términos de calidad de la atención sanitaria, sino más cara, ya que las empresas privadas perciben beneficios de, al menos, el 15%. Los costes de los hospitales bajo esta fórmula son cuatro veces mayores que bajo un sistema sanitario 100x100 público. Y son las arcas públicas, nuestros impuestos, los que financian tanto los sobrecostes como los márgenes de beneficios de las empresas privadas. ¿Podría haber alguna conexión entre los recortes presupuestarios en la AP y el consiguiente deterioro de la atención en nuestros centros de salud y el pago de estos conceptos? No seamos malpensada/os.* Aunque quedan por inaugurar casi todos los centros hospitalarios, ya en 2007 pagamos de nuestros bolsillos cerca de 70 millones de euros (más de 11.600.000.000 de las antiguas pesetas) por servicios no prestados.* Mientras seguimos mirando al dedo, las empresas continúan conquistando la luna: la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2008 permite que, en un futuro, este modelo de gestión se extienda al resto de hospitales públicos (el Gregorio Marañón, el Doce de Octubre, el Princesa, Las Paz, el Ramón y Cajal…), de manera que nuestra salud estará, cada vez más, en manos de empresas ajenas al sector sanitario.* La gestión privada de los “servicios no sanitarios” (la limpieza, por ejemplo) en los nuevos hospitales no es baladí: en los últimos tres años 116 personas han muerto en el hospital londinense de Saint George por bacterias que podrían -y deberían- ser combatidas con una mejor higiene hospitalaria. Está suficientemente contrastado que la política de subcontratación de servicios no sólo disminuye la calidad y aumenta los riesgos, sino que, en caso de que estos riesgos den lugar a algún “efecto colateral”, como el mencionado, dificulta el control y diluye las responsabilidades jurídicas.* Desafortunadamente, este modelo de gestión adoptado por nuestros “responsables” políticos esconde aún otras sorpresas: la natural búsqueda de beneficios económicos por parte de las empresas hace que los centros privados deriven a otros hospitales, los públicos, a los pacientes más vulnerables, aquellos que presentan patologías crónicas o complejas, ya que requieren hospitalizaciones más prolongadas y resultan, por tanto, menos rentables.* “Bueno –podemos consolarnos-, al menos ahora tendremos más camas, dejaremos de ver enfermos en los pasillos de nuestros hospitales y contaremos con más médicos y servicios más modernos”. Terca realidad: el número de camas por cada 1.000 habitantes de los nuevos centros está muy lejos del 5/1.000 recomendado: Vallecas (0,76), Sur (0,83), Tajo (0,85), Henares (1,10) Sureste (0,68) y Norte (0,92). Tampoco crearán nuevas plazas para profesionales sanitarios, sino que reasignarán los actuales efectivos. Es decir, trasladarán a los nuevos hospitales profesionales que en la actualidad trabajan en otros centros. Esta congelación en la contratación de personal nos da la pista de otro aspecto de la realidad que la consejería de Sanidad “olvida” referir: en los próximos años se prevé eliminar entre 1.600 y 2.000 camas de los hospitales públicos, una cantidad que los nuevos centros no alcanza. En otras palabras, la construcción de los nuevos hospitales no supondrá el incremento del número de camas disponibles. * El sigiloso trasvase de recursos públicos a empresas privadas acelera el paso: la consejería de Sanidad ya ha anunciado una profunda reorganización de la AP en las zonas de influencia de los nuevos hospitales siguiendo el modelo de Alzira (Valencia), por el que los centros de salud y los ambulatorios de especialidades dependerán organizativa y económicamente de los hospitales privados.* El equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre se obstina en defender la “gestión indirecta” de los servicios sanitarios ignorando que no hay experiencia alguna que avale las bondades de este modelo. La única ventaja que la Organización Mundial de la Salud le concede es la rapidez en la construcción de los centros hospitalarios. Ni Aguirre ni Güemes (el consejero de Sanidad que ha sustituido al innoble Lamela) pueden aferrarse a este argumento: los famosos siete hospitales nacen con un año de retraso.* No importa: si no encuentran justificaciones se construyen. Con disimulo, eso sí. ¿Cómo? Desprestigiando la sanidad pública. Tampoco en este frente han tenido demasiada suerte, a la luz del auto que exculpa definitivamente a los médicos del Severo Ochoa acusados de mala praxis.* Aunque, bien pensado, tampoco parece que necesiten justificar sus decisiones. ¿Alguien ha podido ver los estudios de planificación sanitaria que aconsejaran construir ocho nuevos hospitales en las ubicaciones elegidas? ¿Alguna de las 13.000 personas que en noviembre de 2006 presentaron, a través de la FRAVM, sus alegaciones a la propuesta de zonificación sanitaria ha obtenido respuesta? ¿Alguien ha tenido ocasión de conocer ese misterioso nuevo mapa sanitario que justifique esta fiebre constructora que actúa en detrimento de la inversión en la Atención Primaria? Lo que si vemos, sufrimos y denunciamos quienes durante años hemos luchado por conquistar los derechos de ciudadanía y por construir redes de protección social que garanticen una atención sanitaria universal, de calidad y gratuita es el incremento de las listas de espera, la precarización de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y la merma creciente de recursos en nuestros centros de salud. Y cada vez somos más. Cada vez son más las plataformas y coordinadoras ciudadanas (en Latina, San Blas, Carabanchel, Moncloa, Vallecas, Ciudad Lineal, el corredor del Henares, Aranjuez, Leganés…) y las asociaciones y sindicatos de profesionales que, privados de la posibilidad –contemplada por la ley- de participar en la gestión de los servicios sanitarios, salen a la calle para denunciar las demoledoras consecuencias del modelo sanitario impulsado –e impuesto- por el PP. Unas consecuencias que ya lamentan en países como Gran Bretaña y que apenas hemos comenzado a padecer aquí.Ya en el año 2000 la movilización ciudadana consiguió que el Gobierno eliminara las Fundaciones Sanitarias, entidades opacas al control político y público. Movilicémonos ahora nosotros para evitar este desastre ciudadano.