viernes, 31 de octubre de 2008

ACCIÓN MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE: EL EDITORIAL DE LA RDS 43

El inminente número 43 de la Revista de Derecho Social incluye un editorial sobre la jornada de acción mundial sobre el trabajo decente, que pone en relación con la crisis actual del sistema financiero global. El texto aprovecha la intervención en la Jornada de Estudio sobre el trabajo Decente celebrada en Albacete el 8 de octubre, del secretario general de CC.OO. en la región castellano manchega, José Luis Gil, junto con aportaciones adicionales de la redacción de la Revista. En este fascículo, como es costumbre, se relaciona el tema del editorial con el del debate, siempre en torno al trabajo decente, y en donde se publican dos interesantes textos al respecto, uno de José Luis López Bulla en el seminario de doctorado para magistrados de trabajo brasileños en Ciudad Real del mismo día 7 de octubre y otro de Ramón Saéz Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional que ha sido recogido en estas mismas páginas del blog, sobre la necesidad de incorporar a la jurisdicción penal universal determinadas conductas incompatibles con la noción de trabajo decente. En la foto, cuatro especialistas en intervención social del círculo cultural United we Stand, federado con el ateneo cultural The wobblies, de la ciudad de Parapanda, comentan estas intervenciones en el plenario de la asociación referida.

El 7 de octubre de 2008 tuvo lugar la primera gran jornada reivindicativa mundial del sindicalismo de la globalización. En el Congreso fundacional de la CSI de Viena, en noviembre del 2006, se aprobó, a propuesta de varias organizaciones, entre ellas CC.OO., la convocatoria de una Jornada de Acción Mundial “pidiendo una acción internacional inmediata para formular y aplicar una agenda con miras a una nueva globalización que incluya el programa de trabajo decente de la OIT y, como mínimo, la plena realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU”. En el consejo General de la CSI de diciembre de 2007 la Jornada se convocó con el objetivo, más conciso y comprensivo de una Jornada de Acción Mundial por el Trabajo Decente.

Es el primer acto convocado por el sindicalismo mundial en respuesta a una globalización que se demuestra ajena a cualquier parámetro democrático. Los grandes centros de poder económico y las empresas multinacionales concentran todo el poder de decisión y organización de lo que tiene que ver con la vida y las necesidades de las personas, y a éstas les ofrecen un presente y un porvenir sin garantías sociales y sin derechos, inmunes a cualquier control público o democrático. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, son tres instituciones que procuran la gobernanza económica mundial actuando programas que van en contra de los trabajadores y de los excluidos de la sociedad por la pobreza. Han promovido la privatización, la liberalización del comercio – con barreras proteccionistas de las economías de los países ricos – y la desregulación del mercado laboral. Su acción ha exacerbado la explotación de los trabajadores, las desigualdades respecto del desarrollo, la destrucción del medio ambiente y la profundización en la disparidad de géneros. Las empresas multinacionales, que son una pieza clave para impulsar la globalización, no pueden mantenerse libres de una regulación internacional, ejercitando su inmenso poder de manera unilateral y poniendo en crisis los estándares de tutela de los trabajadores y el ejercicio efectivo de los derechos de sindicación y de negociación colectiva. Existen además evidencias de conductas criminales promovidas y proyectadas por algunas empresas transnacionales. El desarrollo de la negociación colectiva de acuerdos marco en estas empresas y la extensión de los esquemas de responsabilidad de estas compañías – responsabilidad social, pero a partir de una responsabilidad legal – por el impacto medioambiental y social y en materia de respeto de un nivel mínimo y homogéneo de derechos humanos y sociales, es por tanto imprescindible.

El día de acción mundial por el trabajo decente ha coincidido además con el desarrollo de una crisis sin precedentes del sistema financiero mundial. Ello no deja de dar pruebas del fracaso del sistema económico capitalista tal y cómo se ha venido desarrollando. La repetición constante de máximas como la de que el mercado asigna eficazmente los recursos y que la riqueza desigualmente repartida es la consecuencia inevitable del desarrollo económico, que la mercantilización de las necesidades sociales es un presupuesto de la libertad y del progreso de los individuos, y que la demolición del Estado de Bienestar es la precondición del crecimiento económico y del incremento de la riqueza, han creado una suerte de evangelización universal en la ideología neoliberal. Una ideología que ha habitado el poder económico y, lo que es más preocupante, que se ha instalado también en el poder político que se organiza mediante formas democráticas. De esta manera, la reducción de impuestos, el denominado “alivio fiscal”, la financiarización de la economía productiva, la privatización de las prestaciones públicas o al menos de aspectos fundamentales de su gestión y la propia contención de los gastos sociales, son medidas que acepta una parte de la izquierda en el gobierno de los países democráticos, que no valora la importancia de una política fiscal y un gasto social en expansión como parte integrante de una función niveladora de progreso social. Se confunde así el beneficio empresarial con la inversión especulativa y la desertización consiguiente del tejido industrial, arruinando así un proyecto de economía productiva en términos sociales además de puramente monetarios. La gente común ha sufrido mucho por causa del predominio hegemónico del evangelio neoliberal. Ha visto, como señalaba gráficamente José Saramago en un artículo reciente, “el avance aplastante de los grandes potentados económicos y financieros, locos por conquistar más y más dinero, con todos los medios, legales o ilegales a su alcance”.

De esta manera, la crisis ha puesto al descubierto la existencia de esos gigantescos depósitos bancarios cuyo origen es más que dudoso, ingenierías financieras que resultan claramente fraudulentas, inversiones opacas acogedoras de dinero negro. Y además ha mostrado la incompetencia de los administradores de bancos y sociedades de inversión que, por otra parte, perciben escandalosas compensaciones económicas y salariales por su trabajo deficiente y a los que la quiebra de sus instituciones financieras – y la pérdida consiguiente de los ahorros invertidos de miles de ciudadanos – jamás les va a afectar, protegidos por cláusulas y blindajes millonarios que las autoridades fiscales, pagados con los impuestos de los ciudadanos, fingen ignorar. Los efectos devastadores de la crisis sobre el pequeño ahorro y sobre el crédito tienen consecuencias muy negativas para los trabajadores, ante todo en términos de destrucción de empleo y aumento del paro. Pero no cambia nunca la idea capitalista sobre las fórmulas de salida de la crisis, consistente en el recorte de derechos laborales, eliminación de trabajadores activos, recomposición a la baja de las condiciones de reproducción social. Aun con esta situación de crisis, el objetivo del polo neoliberal se mantiene intacto: mayor liberalización de los mercados y la ecuación menos sindicatos y más libertad de empresa. Sin reparar en que insistir en esa perspectiva significa dar permanencia y profundidad insostenible a la crisis actual.

Algunos datos ponen de manifiesto el rastro que la globalización financiera y económica, interpretada en clave ideológica neoliberal, ha dejado en el “mundo libre”, además de un trabajo degradado, precario, indecente. 500 millones de personas obtienen recursos inferiores a 1 dólar diario para asegurar su asistencia y la de sus familias. Cien millones de trabajadores son inmigrantes, es decir, se ven obligados a dejar su lugar de origen para vivir del trabajo en otros países. Cada año se producen doscientos cincuenta millones de accidentes de trabajo y dos millones doscientas mil personas mueren en ese mismo lapso de tiempo por accidentes en el trabajo. Doscientos millones de niños van a trabajar, en lugar de ir a la Escuela. En dos de cada cinco países del planeta la libertad de asociación y el derecho de libre sindicación no existen o es imposible ejercitarlos.

Hay la impresión real que estos datos que causan tanto horror nos quedan lejanos. El infierno siempre se imagina en otro lugar, no entre nosotros. Y es cierto que la diferencia entre las condiciones de vida y trabajo en lo que se denomina el mundo desarrollado y las que están presentes en los países del tercer mundo, es en muchas ocasiones abismal. En ese sentido, en cada lugar del planeta la lucha por el trabajo decente cuenta con condicionantes y problemas específicos. En Europa, la Confederación Europea de Sindicatos ha concretado en una reivindicación muy centrada la significación para los trabajadores europeos de lo que supone este concepto de trabajo decente. Se trata de la regulación de la ordenación de tiempo de trabajo que se ha plasmado en el proyecto de directiva que el Parlamento Europeo debe comenzar a discutir en diciembre de este año, una vez aprobada por los Ministros de Economía y Empleo de la Unión Europea. Como es sabido la directiva permite que por acuerdo individual entre trabajador y empresario, la jornada de trabajo alcance hasta 65 horas semanales, e introduce de esta manera una carga de profundidad contra la negociación colectiva, y a un análisis crítico de la misma se dedicó nuestro Editorial del numero 42. La confrontación sobre este punto promete ser larga y originar una cierta conflictividad social. Por lo pronto, el Congreso de los diputados español, por unanimidad de todos los grupos políticos que lo componen, ha expresado su rechazo al proyecto de directiva y a la ampliación de jornada en ella prevista.

Los sindicatos españoles se han comprometido por un trabajo decente, entendido éste en el contexto español como un trabajo dignamente retribuido, con derechos laborales asegurados y protección social. Eso implica la eliminación del trabajo sometido a la sobre - explotación de la precariedad laboral, la reducción de la temporalidad, que afecta a uno de cada tres trabajadores, y a poner en práctica todas las medidas precisas para la erradicación de la siniestralidad laboral. Porque también en los países más avanzados hay franjas o espacios de trabajo sin derechos, de precariedad y desprotección. Regiones de elevadísimas tasas de siniestralidad laboral, con una alta precariedad en el empleo presidida por altísima temporalidad y bajos salarios, con importantes índices de desempleo y en donde las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes están discriminados en sus derechos laborales y salariales. La realidad española en concreto, por consiguiente, no es ajena a la reivindicación del trabajo decente.

Trabajo decente significa ser libre realmente en una sociedad democrática y que la libertad y la democracia no se queden a las puertas del centro de trabajo. Quiere decir igualdad, seguridad, dignidad humana en el empleo y en la relación laboral. Significa un proyecto del sindicalismo que confluye con las exigencias sociales aplastadas por una forma de desigual de reparto de la riqueza y del progreso económico y por una forma infame de entender el ejercicio del poder político. El sentido que preside a esta reivindicación es la exigencia que el trabajo y sus derechos imperen en el mundo y eso implica necesariamente la solidaridad con todos los trabajadores del mundo y la lucha por la implantación y el respeto de los derechos laborales en cada territorio nacional.

Hace ya muchos años, la Asociación Internacional de Trabajadores – la AIT – hizo entender al mundo que “la emancipación del trabajo no es un problema nacional o local, sino un problema social que comprende a todos los países en los que existe la sociedad moderna y necesita para su solución el concurso teórico y práctico de los países más avanzados”. En ese sentido, la reivindicación sindical de luchar por el trabajo decente como elemento irrenunciable de un mundo que se percibe global e intercomunicado, la defensa y promoción de los derechos sindicales, caminar en una dirección igualitaria social y laboralmente, rechazando las discriminaciones en el trabajo y en la sociedad, erradicar el trabajo infantil y construir salud laboral en unos lugares de trabajo que tienen que ser seguros, es un programa lo suficientemente básico y general como para perseguir su implantación universal, como un elemento de la civilización del siglo XXI.

Es ocioso resaltar que este programa plantea una nueva globalización, o, como señala el programa de la CSI, “cambiar la globalización” en una dirección, la emancipación de los trabajadores y trabajadoras del mundo. Esta apuesta colectiva, en la que el sindicalismo global se proyecta con fuerza como un sujeto activo en el horizonte económico, social y político del planeta, involucra necesariamente también a los juristas del trabajo. Sus formas de producir teoría y práctica en la regulación de las relaciones de trabajo y de seguridad social tienen que alimentarse de esta concepción alternativa, contrahegemónica, que protagoniza el sindicato junto con otros movimientos sociales en una nueva globalización. Por eso el horizonte en el que se puede mover el discurso explicativo y legitimador de los procesos sociales que llevan a cabo teóricos y prácticos del derecho del trabajo es el que marca este proyecto de acción, en donde éstos deben desarrollar críticamente los elementos centrales de las políticas del derecho sugeridas. En ese movimiento se alinea esta Revista, en la búsqueda de interrogantes y de problemas a una situación cambiante en el que predomina el desorden de las normas y la apertura de nuevos espacios de regulación y de conflicto.

lunes, 27 de octubre de 2008

RECORTES PRESUPUESTARIOS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA: ¿UNA COSTUMBRE NEOLIBERAL ESPAÑA - ITALIA?


El Gobierno de Berlusconi a través de la Ministra Gelmini, ha iniciado una contrarreforma en el sistema de enseñanza italiano que está generando en estos días una masiva contestación de profesores y estudiantes. En la Universidad, la política de los recortes y de la reducción de personal es la norma. Pero lo mismo está pasando en España, a través de la acción de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos neoliberales de Madrid y de Valencia respecto de la enseñanza universitaria. En la foto, el autor de la reflexión que a continuación se introduce, ante una de las representaciones del neoliberalismo que adornan la galería de los horrores del Museo Nevski de Parapanda.
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Como es bien sabido, tanto el gobierno de Esperanza Aguirre y del Partido Popular en Madrid, como, mas recientemente, el Gobierno del País Valenciano, han anunciado el recorte de un tercio del presupuesto de las Universidades públicas, establecido precisamente sobre los “gastos de personal”, es decir sobre los salarios de los docentes e investigadores universitarios y el personal de Administración y Servicios de la misma.
No están solos, sino que el gobierno de Berlusconi en Italia es uno de sus mas firmes predecesores. Y su acción no se extiende sólo a la enseñanza universitaria, cuyo presupuesto ha congelado – evidentemente no se le ocurre al premier italiano impedir el pago de los salarios del personal universitario – sino que se extiende a todo el sistema educativo. Decía Furio Colombo en el nuevo Unità del domingo 26 de octubre que el Gobierno Berlusconi ha recortado ocho mil millones de euros a todo el sistema educativo italiano, lo que implica la destrucción de cien mil puestos de trabajo. Los trabajadores precarios se eternizarán en su precariedad, no habrá más oposiciones, ni investigación en la universidad. Y Fabrizio Tonello, profesor en la Universidad de Padova, suministraba en Il Manifesto de ese mismo domingo unos datos inquietantes: Desde el 2005 no han aumentado los investigadores en Italia, los salarios de los docentes universitarios no llegan a la media de los países OCDE y tienen enormes diferencias entre sí. Un contratado doctor nada mas ser promovido gana apenas 1.000 € al mes, un profesor titular, recién opositado, 1.800 €, un catedrático 2.600 € de salida. A juicio de Tonillo, el verdadero problema de la universidad es la excesiva duración del recorrido que se debe hacer para llegar a la estabilidad. Se trata de un itinerario que, después de la licenciatura, oscila entre 8 y 15 años en situaciones subremuneradas, como los doctorados y los encargos de docencia. “Quien pretenda seguir la carrera universitaria debe afrontar como mínimo tres años de doctorado, y cuatro más con encargos de docencia, además de un período impreciso de profesor contratado antes de lograr por concurso un puesto de contratado doctor (si es bueno y tiene suerte)”. Como señalan las propias estadísticas, la edad media de conseguir ser funcionario docente en la Universidad italiana es la de 39 años. Eso desanima de manera evidente a las personas que pretendieran dedicarse a este trabajo, y el problema que se plantea es muy peliagudo puesto que en tres años se jubilarán 8.000 profesores universitarios, de los cuales 4.000 catedráticos, 2.500 titulares y 1.600 de esa categoría que es parecida a nuestro contratado doctor y que se denomina “investigador”, aunque da clases e investiga conjuntamente. “Con 8.000 profesores fuera del quehacer universitario, las pequeñas universidades tendrán que cerrar: esa es la apuesta en juego”. Me parece que estas mismas reflexiones podríamos importar a la situación española como inicio de un intento de calibrar los resultados terribles de este plan berlusconiano. En Italia, la respuesta popular ha sido masiva a través de la movilización no solo de los trabajadores, sino de los estudiantes de liceo, de los profesores y de los padres en el caso de la escuela elemental y media. Y puede extenderse más aun en esta próxima semana. Un buen ejemplo para Madrid y el Pais Valenciano, donde es imperiosa la extensión del conflicto a todos los sectoires de la sociedad y no sólo a los sindicatos, frente a una ideología autoritaria que se dirige sin ningún límite a desmontar el estado social y el servicio público de la enseñanza.

jueves, 23 de octubre de 2008

HA MUERTO VITTORIO FOA.


A una avanzadisima edad, ha muerto Vittorio Foa, una de las personalidades inolvidables del siglo XX. Fundador del Partido de Acciòn, del PSUP y del Partido de Unidad Proletaria, liderò en la CGIL la llamada "terza componente", es decir la corriente que no era comunista (primera) ni socialista (segunda). En el diario Il Manifesto del 22 de cotubre, ha publicado un articulo en su honor su camarada y amigo Antonio Lettieri. Aqui se ofrece un estracto del mismo. (En la foto, Vittorio Foa con Bruno Trentin).

(Extraido del artículo de Antonio Lettieri, El viaje humano y político de Vittorio Foa, Il Manifesto, 22 octubre 2008)

Foa, tras la experiencia constituyente y mientras era un líder y un parlamentario socialista, practicó el oficio de sindicalista. Dirigente sindical de la CGIL junto con di Vittorio y Santi, a quienes no dejo nunca de admirar y, a su modo, querer. Dirigente de los metalúrgicos y en la confederación inspirador del prestigioso Gabinete de Estudios en cuya dirección se distinguió el más joven Trencin. Estuvo en la dirección del sindicato por mas de 20 años.

En aquella experiencia Vittorio contribuyó a hacer de la CGIL un sindicato diferente respecto del tradicional sindicalismo europeo. La autonomía del sindicato de los partidos se enraizaba según Foa en el análisis de la condición obrera. Pero eso no debía significar una división de roles que, en la tradición socialdemócrata europea, atribuía la dimensión reivindicativa contingente al sindicato y las perspectivas de cambio social al partido. El análisis de la condición de los trabaajdroes es el imprescindible punto de partida de la estrategia sindical. Al inaugurar la famosa serie de los Quaderni Rossi en 1961, Foa escribía que la estrategia del sindicato no puede agotarse en el proceso reivindicativo, debiendo adoptar un “discurso más amplio” que “el análisis de la condición obrera” no puede agotar pero de la que, no obstante, no se puede prescindir. El entrelazamiento entre la autonomía de la estrategia sindical y una mas amplia perspectiva cultural y política contribuyó al establecimiento de la autonomía y de la unidad de la CGIL respecto a las divisiones internas de la izquierda italiana. Sobre estas bases pareció posible en un momento dado construir la unidad del sindicalismo italiano sobre la onda de los grandes movimientos de lucha de finales de los años 60. Después las cosas sucedieron de otro modo. Los viejos partidos de la clase obrera iniciaron un período de largo declive hasta su desaparición, mientras que el sindicato resultó irremediablemente dividido.

lunes, 20 de octubre de 2008

GLOBALIZACIÓN Y USO CONTRAHEGEMÓNICO DEL DERECHO PENAL


En la jornada sobre el día mundial del trabajo decente, organizada en Albacete el 8 de octubre de 2008 y de la que se ha dado cuenta en este blog, intervino Ramón Saéz, Magistrado de la Audiencia Nacional - a la izquierda en la foto de la mesa en la que participaba - planteando la necesidad de una respuesta penal fuerte a los incumplimientos más flagrantes del trabajo decente desde la universalización de la justicia penal. Por su interés, reproducimos aquí uno de los aspectos centrales abordados en su exposición.


Globalización y uso contrahegemónico del derecho penal.

Como relata Saskia Sassen (2007), una de las paradojas de la globalización es que lo nacional, lejos de desaparecer, existe y convive con otras escalas de dimensión internacional, regional, urbana –las ciudades globales constituyen el modelo- o local. La globalización también se desarrolla en el interior del espacio nacional. Sassen describe dos dinámicas globalizadoras. Ciertos procesos e instituciones se manifiestan explícitamente globales, así habrían de contemplarse la Organización Mundial del Comercio, los mercados financieros digitales privados y la Corte Penal Internacional. A su lado, hay procesos, entidades y políticas que forman parte de la globalización pero que operan en ámbitos nacionales o subnacionales, ejemplo de ello serían las redes transfronterizas de migrantes, las organizaciones de activistas de derechos humanos, las estructuras relacionadas con el crimen organizado, las políticas monetarias y fiscales o las jurisdicciones nacionales que aplican el derecho internacional de los derechos humanos.

Ese esquema nos puede servir para acercarnos al derecho actual en transformación. Porque la globalización ha impulsado procesos universales que pueden interpretarse, ya se ha dicho, como una expansión del derecho, lo que evidenciaría la difusión de los derechos humanos, los Tribunales penales internacionales ad hoc para Ruanda y la ex Yugoslavia, la Corte Penal Internacional y la jurisdicción nacional extendida con base en el principio de justicia universal. De esa manera conviven, como sugiere Sassen, el derecho del Estado nacional con el derecho de lo global, donde emergen actores no estatales –oenegés, empresas transnacionales- y procesos transfronterizos, que alteran la competencia exclusiva del Estado sobre su territorio.

Se está conformando un orden jurídico internacional plural que no se compadece con la categoría de la desregulación que habitualmente se utiliza. Al contrario, es necesario integrar en el análisis de esos cambios la complejidad que representa la superposición de normas y jurisdicciones. Para dar cuenta de la concurrencia de normas jurídicas nacionales, regionales y mundiales, interestatales y supranacionales, muchas de ellas con un carácter no vinculante, como las denominadas bajo la categoría de soft law, así las recomendaciones y los dictámenes en el ordenamiento comunitario. Y de diferentes jurisdicciones, nacionales, regionales, internacionales y nacionales con competencia extendida para la persecución universal de ciertos crímenes. No en balde esa suerte de mundialización de los jueces nacionales, de la que aparece como caso emblemático el asunto Pinochet, es una de las palancas de la globalización del derecho.

Derecho que se desenvuelve hacia un sistema interactivo, complicado e inestable que ciertos analistas tratan de describir con la metáfora organizativa de la red, frente a la vieja pirámide que representaba el orden jurídico nacional, con sus fuentes precisas y jerarquizadas. El Estado ha perdido la exclusividad de la producción legislativa, en el orden global habitan una pluralidad de actores, públicos y privados. Posiblemente asistimos a una verdadera internacionalización del derecho en espacios y ámbitos diversos, como advierte Delmas-Marty. Todo ello genera incertidumbre, que a su vez se manifiesta en forma de perplejidad en el ánimo de los juristas nacionales, como ha evidenciado entre nosotros la polémica acerca de la investigación judicial sobre las fosas comunes y los desaparecidos víctimas de la violencia del golpe de estado militar y de la represión fascista, porque el derecho internacional de los derechos humanos interpela al derecho interno y puede poner en crisis instituciones tradicionales a causa de la imprescriptibilidad de los crímenes de genocidio y de lesa humanidad, lo que obliga a reflexionar en busca de soluciones técnicas que eviten la vergüenza de la impunidad de los graves delitos cometidos en el pasado.

Volviendo a la persecución internacional de los crímenes relacionados con las peores formas del trabajo indecente, se plantea si el derecho penal puede cumplir un papel emancipador, emancipación de la explotación que viven muchas personas en nuestro planeta, si puede esgrimirse en estrategias jurídicas contra-hegemónicas. La mera existencia de la Corte Penal Internacional, de las instituciones relativas a los crímenes internacionales y su persecución universal, que concierne a todos los Estados, traslada la lógica y el discurso del Estado constitucional de derecho a la esfera global. En el contexto neoliberal dominado por las políticas de desequilibrio de lo institucional y de regulación bajo los criterios del interés privado, la utilización de la legalidad internacional, que expresa la capacidad de ordenación del derecho y la intervención de los derechos humanos, puede asumir un papel contrahegemónico. Sobre todo si tiene la capacidad de colaborar en la erección de un orden público mundial, mediante la configuración de una suerte de poder penal y judicial planetario, que se confrontaría con los mercados constituidos como espacios de autorregulación, vacíos de sustancia ética y de política.

La defensa de los derechos de los explotados y de los miserables, la reivindicación del derecho a un trabajo decente, enuncia otra globalización afirmando en la esfera internacional la arquitectura institucional del Estado constitucional, que al menos habla el lenguaje del proyecto civilizador de la sumisión de los poderes, públicos y privados, al derecho y a los derechos humanos. La legalidad se antoja como un mecanismo excepcional para lograr una comunidad internacional mas decente y equilibrada. Hay que aprovechar las contradicciones y las fracturas que la lógica de los derechos humanos universales introduce en el relato del mercado y en las prácticas del capitalismo mundial.

Ese inestable derecho penal internacional, un derecho en formación, puede sustituir en el estadio actual de la mundialización, que parece dislocarse como si la crisis de los mercados financieros fuera un fenómeno irremediable de la naturaleza, a otros mecanismos del ámbito de la política que han fracasado. Ante la dificultad de construir un universalismo ético y la impotencia del cosmopolitismo, frente al desorden que genera la regulación privada, parece razonable explorar el derecho penal internacional, como pide Delmas-Marty, para intentar tejer una conciencia moral en negativo con base en prohibiciones comunes jurídicamente sancionadas.

jueves, 16 de octubre de 2008

LIBERTAD SINDICAL EN LOS LUGARES DE TRABAJO EN ARGENTINA. UN SEMINARIO EN LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES ARGENTINOS




La Confederación de los Trabajadores Argentinos (CTA) es una central sindical adherida a la recién creada CSA, la organización regional de la Confederación Sindical Internacional, y ha mantenido desde su creación una posición de clara autonomía sindical y de defensa de los trabajadores frente al corporativismo tradicional de la CGT, el viejo sindicato peronista. Los servicios jurídicos de CTA son extraordinariamente activos y han creado un Observatorio del Derecho Social en el que se analizan y debaten las tendencias mas actuales y estratégicas sobre la ordenación y el disciplinamiento de las relaciones laborales - y la movilización y el desorden - que se están desarrollando en aquel país. Coincidiendo con el 60 aniversario del Convenio 87 de la OIT, se celebró un seminario sobre la acción sindical en los lugares de trabajo para todos los asesores jurídicos del sindicato. A él acudió para inaugurarlo el Secretario general de la CTA, en la foto flanqueado por el titular de este blog.




El miércoles 24 de septiembre se desarrolló en el Salón Azul de la CTA Nacional el Taller “Libertad Sindical en el lugar de trabajo”, organizado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA. Participó del acto inaugural el secretario general de la Central, Hugo Yasky.
En el encuentro participaron 48 compañeros, en su gran mayoría asesores jurídicos de las CTA provinciales y de los sindicatos afiliados a la CTA, y miembros de espacios académicos vinculados a la central.
Durante el taller se promovió un debate referido a las estrategias jurídicas tendientes a democratizar las relaciones laborales en los lugares de trabajo, y fortalecer los niveles de organización en la actividad privada.
En primer lugar, Antonio Baylos Grau, de la Universidad de Castilla - La Mancha (España) realizó una exposición sobre los distintos modelos de representación sindical en el lugar de trabajo existentes en Europa, y detalló las estrategias que los trabajadores se dieron en España para desarrollar ámbitos de organización a nivel de las empresas.
Asimismo, también expresó los desafíos que enfrentaban los trabajadores como consecuencia de las transformaciones en la organización del capital y el desmembramiento de la empresa fordista, en tanto los procesos de tercerización, subcontratación y deslocalización enfrentan a los trabajadores a la necesidad de rediscutir sus estrategias organizativas.
Posteriormente, Horacio Meguira y Guillermo Gianibelli, representantes del Observatorio del Derecho Social de la CTA, describieron la situación de la organización en el lugar de trabajo existente actualmente en nuestro país, y formularon interrogantes tendientes a debatir las posibles herramientas jurídicas que acompañen las estrategias gremiales tendientes a fortalecer la organización de los trabajadores en la actividad privada.




domingo, 12 de octubre de 2008

LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA SERVIDUMBRE DEL MERCADO

Esperanza Aguirre y la CAM han impuesto unilateral y autoritariamente el recorte del presupuesto de las 6 universidades públicas madrileñas en el apartado dedicado a gastos de personal, es decir, salarios de profesores y gestores de la universidad. Con esta vulneración del Contrato-Programa ya firmado, es posible que los trabajadores de las universidades de Madrid no cobren su nómina en noviembre. Un dato más de la escalada antidemocrática de esta Comunidad a la que sin embargo sólo se enfrentan los sindicatos. La intervención que sigue, pensada para su difusión en The Parapanda Tribune y otros medios digitales asociados del Estado español, reflexiona sobre la impunidad de este asalto al Estado Social que se lleva a cabo en la Comunidad de Madrid.

Desde hace ya mucho tiempo estamos acostumbrados a que los muy activos creadores de opinión nos adviertan del rumbo anticonstitucional que han emprendido las Comunidades Autónomas del País Vasco y Cataluña. No sólo a través de la judicialización de sus iniciativas más relevantes para el marco político de la autonomía vasca y catalana, sino en general ante la denuncia de las actividades de sus gobiernos que al parecer persiguen con saña todo lo que integra el cuadro constitucional español, desde la figura del monarca hasta la lengua castellana. A la obsesión mediática generalizada se une la machacona insistencia en estos mismos tópicos de un arco político abigarrado en donde destaca el Partido Popular, el grupo de Rosa Díez y una buena parte de dirigentes de la primera generación del PSOE gobernante. En algunos casos se unen al coro denigratorio exponentes destacados del gobierno central, señalando la incorrección de mayores dosis de autonomía política exigidas por las mencionadas comunidades autónomas. Por eso está muy extendida entre la ciudadanía la idea que Cataluña y Euzkadi son los problemas de la democracia constitucional española.

Nadie habla sin embargo de la Comunidad de Madrid y sus avatares políticos. Y eso que en el inicio de lo que hoy está sucediendo se encuentra un acontecimiento terrible que hirió profundamente la democracia como sistema de organización del poder basado en la voluntad de la mayoría. La defección de dos diputados del PSOE en junio de 2003 impidió la constitución de un gobierno de mayoría de izquierda en la Comunidad de Madrid. A partir de allí Esperanza Aguirre pudo hacerse con la Presidencia de la Comunidad y manifestarse como un punto de referencia para el proyecto político neoliberal en el marco de la derecha política española. Ha funcionado en efecto como un agente demoledor de las estructuras públicas de servicios de interés general, desligándose además de todos los circuitos de concertación y de diálogo con los sujetos representativos de la ciudadanía social, fundamentalmente los sindicatos y las asociaciones de vecinos. En su obsesión por colocar al liberalismo como la única ideología que puede habitar el poder político, entiende que el desmantelamiento del Estado de Bienestar suministra la oportunidad de alcanzar nuevas libertades, que se sustancian en la libertad de elegir los servicios que son necesarios entre una maraña de ofertas gestionadas por y desde la esfera del mercado.

Siguiendo una fórmula simple y repetida hasta la saciedad para poder resultar convincente, la democracia debe ser el reino de la libertad individual y no ya el medio para satisfacer las libertades de los ciudadanos. Por eso destruye la sanidad pública y demoniza la protesta contra la degradación del derecho a la salud de los madrileños reduciéndola a la acción de los “liberados” sindicales, o inevitablemente configura la enseñanza concertada como forma de acceso a la enseñanza, penalizando las escuelas y los institutos públicos. Después irá el agua y los bienes que sean precisos para alimentar el mercado y fomentar la riqueza que a través de él logran las agrupaciones privadas que organizan esos servicios para su ganancia particular. El último de sus embates ha pasado más inadvertido, al coincidir con el derrumbe de los mercados financieros internacionales, pero resulta muy emblemático de este proceder.

Se trata del recorte del 30% de los gastos de personal de las Universidades Madrileñas, decidido unilateralmente e impuesto autoritariamente por la CAM. Para quienes no estén familiarizados con los términos presupuestarios, es un recorte brutal del llamado Capítulo 1, es decir, gastos relativos al pago de los salarios del personal docente y no docente de las universidades madrileñas. Y es una decisión que no se ha anunciado para los próximos presupuestos, sino que modifica y revoca un acuerdo entre instituciones, el llamado Contrato-Programa, en el que estas sumas estaban comprometidas. La medida habla por si misma. No se refiere a las obras de infraestructuras en marcha – que afectaría a compromisos con constructoras y otras empresas – ni a otros capítulos presupuestarios. El salario del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios es el objetivo de esta medida del gobierno de Madrid que se justifica totalitariamente en aras a un interés superior y general, el recorte de gastos debido a la crisis económica. Inútil comparar el montante de esta suma con lo que se invierte en publicidad institucional, o con el mantenimiento de los fastos que adornan la región. Los trabajadores de la Universidad Pública no pueden recibir sus salarios pero es imprescindible anunciar los logros sociales de la Región a la opinión pública.

Una actuación tan obstinada contra la idea del Estado Social jamás ha sido valorada como anticonstitucional, como peligrosa para la democracia. Sin embargo la servidumbre de la ciudadanía al mercado y la sumisión que éste genera mediante la violencia de la necesidad no ha sido el elemento que ha construido la nueva comunidad política española nucleada en torno a la Constitución de 1978. En ésta, las decisiones claves sobre los asuntos sociales globales tienen un marco muy preciso en torno a la idea del servicio público de la sanidad y de la educación, que actúan principios igualitarios de nivelación social a través de la desmercantilización de las necesidades sociales. A la Comunidad de Madrid sólo se le enfrentan por ello los sindicatos. Son los únicos que parecen haber entendido que la ciudadanía social no puede aniquilarse en un territorio autónomo en el que sus gobernantes gozan de una impunidad mediática y política inexplicable. Sobre ella se edifica sin embargo uno de los atentados más permanentes y constantes a los derechos sociales y a los ciudadanos que trabajan que se hayan producido en España en los últimos veinticinco años, es decir, uno de los mayores atentados contra la democracia que se conozca en ese tiempo.



lunes, 6 de octubre de 2008

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE: Albacete, 8 de octubre 2008


La jornada del 7 de octubre por el Trabajo Decente va a movilizar a cientos de miles de trabajadores de todo el mundo. en Parapanda ya están las columnas de ciudadanos calentando motores para la manifestación de la tarde, como se ve en la foto. En otros territorios, en concreto en la llanura albaceteña, se celebran unas interesantes jornadas para recorrer ideológica y políticamente el significado de este día de acción mundial. A darles publicidad se dedica esta entrada del blog.
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Jornada Mundial por el Trabajo Decente
Curso Académico 2008/2009
Paraninfo Universitario
E.U. Relaciones Laborales
Campus de Albacete


El Llamamiento a un dia mundial de Acción es parte de una movilización mundial que convocan la Conferencia Sindical Internacional y sus asociados de la Agrupación Global Unions para un Día Mundial por el Trabajo Decente, a celebrarse el 7 de octubre. La Confederación Europea de Sindicatos – y CC.OO. y UGT en España – unen a este tema la lucha contra la directiva de la ordenación del tiempo de trabajo y la posible ampliación de la jornada a 60 horas semanales por acuerdo individual entre trabajador y empresario.
La UCLM, a través de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales en Albacete, en colaboración con la Fundación General de laUCLM, organiza el 8 de octubre, una Jornada Interuniversitaria conmemorativa del Día Mundial sobre el Trabajo Decente y Vida Decente. Esta Jornada pretende que la UCLM constituya un lugar de encuentro de debate, de intercambio de opiniones que interactúe con los participantes, aunando esfuerzos a fin de llevar a cabo medidas y propuestas eficaces en defensa del trabajo decente, y corregir así la actual situación mundial del empleo. Casi la mitad de la población mundial percibe actualmente menos de 2 dólares diarios, 12 millones de hombres y mujeres están trabajando en condiciones de esclavitud y muchos otros mueren diariamente debido a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. De allí que el objetivo del trabajo decente tenga que ubicarse a la cabeza de las prioridades económicas nacionales e internacionales, más aun en este momento histórico en donde el evangelio neoliberal ha demostrado su fracaso estrepitoso.
La Jornada Interuniversitaria está programada en tres mesas de debate: Trabajo Decente y VidaDecente; Justicia Universal y Trabajo Decente; Erradicación del Trabajo Infantil y Vida Decente.
La inauguración de la jornada (10.30 horas), a la que está invitado el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho Chaves, correrá a cargo del rector de la UCLM, al que acompañarán, según está previsto, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda Fontes; la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver Jaquero; el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de C-LM (CECAM), Jesús Bárcenas López, así como el secretario general de Castilla-La Mancha de CC.OO., José Luis Gil González y el secretario general de la Ejecutiva Regional de C-LM de UGT, Carlos Pedrosa Serrano.
El programa académico es el siguiente:

11.30 h.: MESA REDONDA:
TRABAJO DECENTE Y VIDA DECENTE
Moderadora: Dª. Mª José Romero Rodenas
Profesora Titular Derecho del Trabajo
Subdirectora EURL
D. Rodolfo BENITO VALENCIANO
Presidente Fundación Sindical de Estudios
D. Moisés MEIK
Profesor Universidad de La Plata (Argentina) y Juez
D. Oscar ALZAGA
Presidente de la Asociación de Abogados Demócratas
(México)
13.15 h.: DEBATE
TARDE
16.30 h.: MESA REDONDA: JUSTICIA UNIVERSAL Y
TRABAJO DECENTE
Moderadora: Dª. Berta Valdés de la Vega
Catedrática de Derecho del Trabajo. UCLM
D. Nicolás GARCÍA RIVAS
Catedrático de Derecho Penal. UCLM
D. Ramón SAEZ VALCÁRCEL
Magistrado de la Audiencia Nacional
D. Christian COURTIS
Centro Internacional de Juristas. Ginebra
18.15 h.: DEBATE
18.30 h.: MESA REDONDA: ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL Y VIDA DECENTE
Moderador: D. Eliseo Cuadrao de la Guía
Director Fundación General de la UCLM
Dª. Consuelo CRESPO BOFILL
Presidenta UNICEF Comité Español
D. José Miguel CONTRERAS GOMEZ
Presidente SAVE THE CHILDREN
D. Adolfo LACUESTA ANTÓN
Presidente Proyecto Solidario
PROYECCION DEL DOCUMENTAL
“ LOS INVISIBLES”

NORMAS LABORALES Y CONTRATOS COLECTIVOS


La presentación de un libro en el Ateneo de Madrid sobre la negociación colectiva es una buena noticia. Más aún si el autor es Jesús Lahera, que inaugura con su libro Normas laborales y contratos colectivos una nueva colección en la editorial Reus, dirigida por el catedrático de derecho laboral de la UCM, Fernando Valdés. Hablar sobre la negociación colectiva desde una perspectiva doctrinal resulta siempre interesante. Por eso, como se puede observar en la foto una parte del Colectivo Bullejos del Grupo General Intellect afincado en el Ateneo parapandés, encomendaron al autor de este blog un resumen crítico sobre dicho libro.
NORMAS LABORALES Y CONTRATOS COLECTIVOS.
Por Jesús Lahera Forteza, Editorial Reus. Madrid, 2008, 342 páginas.
La negociación colectiva ha sido objeto de atención preferente por parte de la doctrina española en dos momentos históricos: en la aparición de la Constitución y la promulgación del título III del Estatuto de los Trabajadores y en lo que se puede denominar la “edad de oro” de los estudios sobre la autonomía colectiva, en torno a la reforma legislativa de 1994. Frente a otros aspectos de las relaciones colectivas de trabajo, la teorización sobre la negociación colectiva ha sido ante todo un esfuerzo doctrinal, sin perjuicio del emulsionado que sobre éste ha realizado la jurisprudencia del tribunal constitucional y, en menor medida, la labor de la sala cuarta del tribunal supremo. En todo este largo proceso de definición de los rasgos distintivos del modelo español de negociación colectiva, resultó determinante la opción legal por la eficacia normativa y general del llamado convenio estatutario, que algunos defendieron como única figura negocial colectiva posible, y que por fin resultó explicada en el marco de una relación entre el modelo constitucional y modelo legal de negociación colectiva que permitía explicar una tipología de los acuerdos colectivos a partir de esta disociación.

Es cierto que la abrumadora presencia del convenio colectivo firmado por los sindicatos y las asociaciones empresariales representativas y mayoritarias, o la extensa capacidad de los convenios de empresa firmados con las representaciones unitarias de los trabajadores en los lugares de trabajo, ha hecho que se presuponga la vigencia de un paradigma normativista a partir, precisamente, de la importancia del convenio estatutario y de las prácticas que llevan a cabo los interlocutores sociales. Además otros productos atípicos de la negociación colectiva, los llamados pactos colectivos extraestatutarios, estaban condicionados a la ruptura de la unidad de acción sindical o a maniobras empresariales para lograr evitar la aplicación generalizada de los estándares de trabajo en el ámbito funcional correspondiente, es decir, a circunstancias que los marcaban negativamente. La jurisprudencia ordinaria degradó de forma improcedente su naturaleza jurídica, y ello dio lugar a nuevos esfuerzos doctrinales para reforzar su posición en el marco de un sistema de autonomía colectiva pleno. En general, sin embargo, la referencia a la “fuerza vinculante” que se desprende del art. 37 CE resultaba un elemento seguro de interpretación de las expresiones de la negociación colectiva, y la propia concertación social aparecía encuadrada por el Tribunal Constitucional en el área de la autonomía colectiva que se desprendía de un amplio modelo constitucional. En lo que posiblemente puede denominarse un tercer modelo, el convencional, es decir, el que la propia práctica colectiva española ha ido acuñando, el juego entre normatividad y contractualidad en su dimensión colectiva, ha ido desarrollándose sin muchos sobresaltos.

Sin embargo esta dualidad entre el modelo legal y constitucional que llevaba a una consideración también diversificada entre convenio colectivo-norma o convenio – contrato colectivo, no ha sido valorada como una opción teórica coherente en el libro que se comenta. Su autor, Jesús Lahera, bien conocido en la producción doctrinal española, dedica su última monografía a criticar lo que él llama “paradigma normativista” en el derecho del trabajo español y a su sustitución por otro opuesto, el contractualista, según el cual la negociación colectiva no es fuente del derecho, sino de obligaciones colectivas con eficacia real o vinculante frente a los contratos individuales de trabajo. Utilizando la categoría doctrinal que Fernando Valdés empleó para explicar la negociación colectiva extraestatutaria, la eficacia real del convenio, Jesús Lahera desgrana en su estudio todo el entramado regulativo en materia colectiva de nuestro sistema jurídico insistiendo en la diferencia central en su razonamiento entre poder normativo laboral y autonomía colectiva privada. Los elementos de su estudio que posiblemente tengan una mayor trascendencia sean los referidos a la relación articulada entre normas legales y contratos colectivos, con una nueva lectura del art. 3.3 ET, y la revisión de la tipología de los contratos colectivos. Frente a las acusaciones de “nominalismo” que a este tipo de esfuerzo doctrinal realizaron Manuel Correa o José Luis Monereo, en el sentido que los efectos jurídicos de la norma coinciden con los de la eficacia real, Lahera dedica un último apartado a explicitar la “utilidad” y las consecuencias de este tipo de aproximación a la autonomía colectiva y la mayor fluidez del espacio de regulación y de las formas de administrarlo que a su juicio procura este nuevo paradigma explicativo.

Da la impresión al acabar este libro que el esfuerzo realizado no compensa el resultado obtenido, al menos en los ambiciosos términos en que el autor pretende cambiar radicalmente la forma de entender la negociación colectiva. En gran parte porque este fenómeno puede ser explicado doctrinalmente, pero es ante todo practicado por los sujetos colectivos que construyen realmente los elementos básicos de un proceso largo y complicado de creación de reglas sobre el trabajo y el empleo. En otro aspecto, porque la convivencia entre perspectivas mestizas de norma y contrato resulta funcional a la interpretación del cuadro jurídico actualmente vigente, sin que resulte imprescindible un esfuerzo homogeneizador en torno a un paradigma culturalmente hegemónico completamente diverso de aquél en el que se desenvuelve el sistema español. Sin embargo, el libro resulta muy gratificante en su mera vertiente doctrinal. No sólo porque Lahera se presente como alguien que cree firmemente en la virtualidad de la doctrina científica para interpretar la realidad de las normas en el sentido más adecuado, sino por la pasión con la que defiende de manera extremadamente polémica su aproximación al tema, que implica una revisión una buena parte de la doctrina laboralista especializada en el mismo – como atestigua una muy interesante referencia bibliográfica final – a la que pone frente al espejo de sus rutinas y de sus omisiones.

viernes, 3 de octubre de 2008

JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRABAJO LATINOAMERICANOS: DESAFÍOS DE FUTURO (Y PRESENTE)


En España se ha renovado el CGPJ - en la fotografía una parte del Think Tank de la Escuela de Relaciones Laborales de Parapanda comenta con cierta jocosidad la designación de su piadoso presidente - a la vez que en Brasilia un numeroso grupo de magistrados de trabajo de todos los países de Latinoamérica, se reunían y hacían público un manifiesto con los temas que entienden que constituyen los desafíos más importantes que se presentan en el momento histórico actual. Un Magistrado argentino frecuente visitante de los balnearios de Parapanda, Oscar Zas, nos lo ha enviado para su difusión, lo que con sumo placer realizamos.


CARTA DE BRASILIA DE LA ALJT

Superada con éxito la primera etapa, fundacional, de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo; consolidada con la realización de su segunda asamblea y la elección de sus nuevas autoridades para el período 2008-2010, consideramos que es su responsabilidad –para ser realizada en armonía con las asociaciones nacionales y locales hermanas-, el dar respuesta a una importante serie de nuevos y viejos DESAFÍOS:
1.- EL DESAFÍO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO: La tendencia universal a otorgar supremacía en la pirámide jurídica a las normas internacionales del trabajo; a la totalidad de los convenios, pactos, acuerdos y declaraciones sobre categorías de Derechos Humanos, Económicos y Sociales; y el nuevo énfasis en la vigencia imperativa de los Derechos Fundamentales enunciados por la O.I.T. –aún con prescindencia del nivel de ratificación de los respectivos instrumentos por los países miembros- revelan una modificación trascendental del sistema de fuentes sobre el que, tradicionalmente, se han estructurado tanto nuestro conocimiento especializado como el contenido de nuestras decisiones y sentencias.
2.- LOS DESAFÍOS DE LA REGIONALIZACIÓN: La doctrina relativa al alcance compromisorio de instrumentos que originalmente no han sido concebidos como tratados o pactos internacionales (caso de la Declaración Sociolaboral del Mercosur) se suma al creciente interés que despierta el desarrollo de los institutos jurídicos de los sistemas laborales de cada uno de los países de la región. Se genera un nuevo espacio cultural, que excede en mucho las fronteras del orden jurídico interno en el que históricamente hemos basado nuestras aptitudes funcionales.
3.- LOS DESAFÍOS DE LAS TENDENCIAS CONTRADICTORIAS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO: El proceso de internacionalización del capital y de la mercancía supone mucho más que la realidad de empresas que radican sus plantas o instalan sus servicios indistintamente en diversos países. Supone también una aceleración del proceso de migración de trabajadores; que es a un mismo tiempo estimulado por las leyes de la economía y por las necesidades sociales, y frenado por restricciones al reconocimiento de la plenitud de los derechos laborales de esos ciudadanos tan des/ciudadanizados. Esto impone, sin duda, nuevos requerimientos para la función interpretativa de los jueces de trabajo, para procurar y garantizar la realización efectiva del derecho.
4.- LOS DESAFÍOS DE LA PROTECCION NECESARIA EN CASO DE RELACIONES DE TRABAJO TRANSFRONTERIZAS: No se trata solamente de los emprendimientos binacionales y multinacionales y los problemas que suelen generar en materia de ley aplicable y jurisdicción judicial competente. También se trata de tomar plena conciencia y de contar con las herramientas técnicas para contemplar adecuadamente el estado de desprotección y desamparo de aquellos trabajadores que, como en el caso de marítimos embarcados bajo ‘banderas de conveniencia’, parecen carecer de acceso eficiente a la tutela judicial de sus conflictos.
5.- LOS DESAFÍOS DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD: Allí donde los jueces de todas las instancias ejercen control difuso de la constitucionalidad de las normas jurídicas, pasa a primer plano la necesidad de estar en aptitud de ejercer el contralor de las leyes, en un examen dialéctico del mantenimiento y superación exigible a cada una de ellas respecto de las preexistentes, así como de la razonabilidad en concreto de los obstáculos para su cabal cumplimiento por los Estados Nacionales.
6.- LOS DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN: No se abarcan en este cuadro solo las conveniencias de encontrar métodos y vías para acelerar y mejorar los niveles de intercambio de experiencias y orientaciones jurisprudenciales. También quedan comprendidas las respuestas frente a la presión externa de los medios de difusión, que puede provenir tanto de su propia postura respecto de los conflictos que debemos juzgar, como de las insuficiencias de conocimiento especializado respecto del quehacer judicial. Y, además, nuestros propios y necesarios esfuerzos para ejercitarnos en el uso de lenguajes que hagan más comprensibles los contenidos de nuestras sentencias para sus destinatarios y para la sociedad.
7.- EL DESAFÍO DE LAS NUEVAS FORMAS DE LA DEPENDENCIA LABORAL: La transformación del concepto de relación de dependencia apunta en dos direcciones: la generalización de aquellas situaciones que hoy se describen como parasubordinación –estados intermedios entre el clásico trabajo dependiente y el autónomo-, para las que es indispensable una gran capacidad de diagnóstico de los jueces. Y, por otro lado, el notable incremento de las conductas fraudulentas tendientes a evadir las responsabilidades derivadas de la aplicación de la normativa laboral, que deben encontrar en la Justicia una barrera infranqueable.
8.- EL DESAFÍO DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL: Cuando los jueces contemplamos situaciones de hecho en las que la pérdida de un empleo o las incapacidades derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad profesional se conjugan con un importante nivel de desempleo estructural, debemos estar en aptitud para examinar las pretensiones de resarcimiento integral y extratarifario; y dotados para ello de las modernas herramientas del derecho de daños, de la reparabilidad del daño moral, del daño psíquico y el estético, de la nulificación de conductas discriminatorias y de ‘mobbing’.
9.- LOS ENORMES DESAFÍOS PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS NUEVOS Y FUTUROS JUECES DEL TRABAJO: Nuestros sucesores en la rica y compleja tarea de resolver conflictos laborales y sociales deben –y merecen- contar de un modo mucho más dinámico y concreto, con el aporte de nuestra tarea, con ese patrimonio que se construye sobre las reglas de la experiencia y de una profesión dedicada a la protección de los derechos de los trabajadores.
10.- LOS DESAFÍOS CONSTANTES DE LA PRESERVACIÓN Y AFIANZAMIENTO DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL: Hoy, nada de lo que pasa en nuestro subcontinente en materia de agresiones a la independencia judicial nos puede resultar ajeno, no como un privilegio o pura prerrogativa de los jueces sino como la esencia de su compromiso con la sociedad; y debemos contar con organizaciones alertas y sensibles para su detección y denuncia, por encima de las diferenciaciones por especialidades y de las propias realidades internas. Lo que también se expresa en la urgencia de afianzar la autotutela colectiva contra las deficiencias y las deformaciones en los procesos de designación, de remoción y disciplinarios, que comprometen gravemente la independencia ante otros poderes. De proteger el derecho a la estabilidad como garantía de esa independencia. Y de mantener remuneraciones y condiciones de trabajo judicial que nos permitan cumplir satisfactoriamente con nuestras responsabilidades ante la sociedad.
Para estar a la altura de todos estos desafíos, contamos desde hace dos años con la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE JUECES DEL TRABAJO (A.L.J.T.), a la que nuevamente convocamos a asociarse a los magistrados del trabajo de cada uno de nuestros países.
Texto aprobado por la Asamblea General de la A.L.J.T, en Brasilia, el día 25 de septiembre de 2008 y encomendada su difusión al nuevo Comité Ejecutivo.