LA QUIEBRA DEL MODELO SOCIAL EUROPEO Y LA CRISIS DE LA POLÍTICA COMO ACCIÓN COLECTIVA.

La crisis financiera se sigue cobrando víctimas en Europa. El rescate de Irlanda se debe sufragar por un aumento de la "solidaridad nacional" basada en el recorte de salarios y de pensiones y en el aumento de los impuestos. Desde luego que no en el aumento del impuesto a las sociedades, el más bajo de Europa. El incremento de las desigualdades y la retorsión de la ciudadanía social no resulta ser la solución. La crisis continua. A esta problemática se refiere el texto que se inserta a continuación, fruto de un intenso intercambio de ideas en el Centro de congresos Jósé Bullejos, organizado por el Colectivo de jóvenes juristas Críticos, de la ciudad de Parapanda.

Aunque se trate de una construcción ideológica y política, el modelo social europeo es una realidad caracterizada, en líneas generales, por la existencia de sociedades que se habían sabido dotar de un Estado social activo, en las que la representación sindical del trabajo globalmente considerado era el eje de la regulación de las condiciones de trabajo y de vida de la mayor parte de las clases trabajadoras y donde, en fin, se reconocía la ciudadanía social, es decir, la ciudadanía encarnada en una precisa situación de subordinación económica, social y cultural, como el eje de las políticas públicas y de la acción colectiva en un proceso tendencialmente dirigido hacia la consecución de espacios más amplios de nivelación social. Junto a ello, y como elemento de convergencia política con la razón de ser de la Unión europea, se reconocía igualmente la dimensión social de la integración económica y monetaria de Europa. Esta dimensión social no sólo implicaba una actuación de los órganos de gobierno de la Unión en materia de política social y de armonización de las legislaciones nacionales en aspectos importantes de la regulación de las relaciones laborales y de la seguridad social, sino también en el esfuerzo de identificación y de precisión de interlocutores sociales europeos en torno al diálogo social y al reconocimiento de la negociación colectiva comunitaria, y, en último término, un amplio movimiento compensatorio de las desigualdades regionales en el proceso de desarrollo económico y social de las naciones europeas, para hacer efectivo un principio de cohesión social.

Este escenario doble – modelo social europeo que integra “las tradiciones de los países miembros” y dimensión social de la integración económica y monetaria de Europa – sufre una reorientación muy importante a partir de la ampliación al Este de la UE y la consolidación de la Europa de los 27, el frenazo a la integración política en la Carta de Niza y la posterior manifestación evidente de la renuncia a mantener en el espacio internacional una posición propia, como sucedió con la Guerra de Irak. Se aprecia en efecto una recomposición de las posiciones en liza a partir de la etapa Barroso, a partir del 2004, que conduce a la reformulación de las bases de la política social y un cambio radical en los elementos básicos caracterizadores del modelo social europeo.

Es éste el primer objetivo. El Libro verde para la modernización del Derecho del trabajo europeo, de noviembre de 2006, procede a definir unos nuevos parámetros dentro de los cuales debe a su juicio moverse un derecho laboral armonizado sobre la base de la flexiseguridad, noción de contenido variable que, una vez contraída en la de flexiguridad, será asumida como una línea de cambio en la Comunicación de la Comisión del 2007. A ello se une una paralización práctica de las medidas de política social y una renuncia a avanzar en la armonización de derechos sociales en los países miembros de la UE. Al contrario, la Comisión da via libre a iniciativas muy agresivas con ese “acervo” político, cultural y social que caracteriza el llamado modelo social de cada país, como la directiva Bolkestein de liberalización de servicios o la Directiva sobre el tiempo de trabajo. Ambas medidas darán lugar a una respuesta sindical muy contundente y al posicionamiento en contra de la práctica totalidad de la izquierda política europea en sus diversas manifestaciones. Por último, pero de manera no menos significativa, se produce un giro muy importante en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que en los casos Viking y Laval restringe el ejercicio del derecho de huelga y de la actividad sindical en el plano supranacional, y en el caso Rüffert, el derecho a la negociación colectiva, funcionalizando el ejercicio de estos derechos a las grandes libertades económicas y al dumping social.

Estos elementos presagiaban por tanto un cuestionamiento generalizado por parte de los poderes públicos que gobernaban Europa de ese entrecruzamiento entre modelos sociales nacionales fuertes y una dimensión social de la integración económica muy desarrollada. La ocasión para un verdadero cambio de ruta se ha dado a partir de febrero del 2010, a continuación de las turbulencias financieras que originaron el endeudamiento de los Estados y elevó a alturas inalcanzables el coste de la financiación de la deuda adquirida en el saneamiento del sistema financiero que se derrumbaba a finales del año 2008. Los embates en la zona euro y el juego de un capitalismo de casino con la deuda de los países periféricos de la Unión europea han provocado una crisis nacional sin precedentes en esos Estados-nación a los que la pertenencia a la moneda única no les ha servido de parapeto. De esta manera, se presentan como consecuencia inevitable de la crisis financiera y de endeudamiento, medidas claramente antisociales que buscan la erosión de los salarios, la degradación de los derechos laborales y la reducción y asistencialización de los niveles de protección social. Las políticas de recorte del gasto público, algunas de ellas de una amplitud extrema, las llamadas “reformas estructurales” del mercado de trabajo, con la implantación de fórmulas acrecidas de flexibilización de las relaciones de trabajo y de reducción de las garantías de empleo, y, en fin, las reformas de los sistemas de pensiones de vejez en la idea de alargar la vida laboral y de fortalecer el principio de contributividad, responden a esa orientación.
La situación actual, a finales del año 2010, dista mucho de estar asegurada, pese a la insistencia machacona de los comentaristas especializados y los políticos implicados en que “las aguas han vuelto a su cauce” y otras metáforas de normalización social después de las catástrofes. Vivimos en un momento líquido, donde la velocidad de los hechos, su aceleración continua y la capacidad de interactuar entre sí impiden considerar definitiva o simplemente segura la posición actual de las fuerzas en presencia. Hay sin embargo algunos temas que podrían sugerir ciertas reflexiones a partir de esta sucesión de acontecimientos que alimenten un debate sobre los mismos.

Posiblemente el primer aspecto a debatir es algo bien conocido y aludido en los discursos políticos e ideológicos actuales, la idoneidad de las políticas económicas que se están poniendo en práctica como fórmula de salida a la crisis, y que enfrentan conceptualmente a la Unión Europea con los Estados Unidos de América. En esa contraposición entre políticas de intervención activa, de expansión de la intervención pública de promoción del mercado de trabajo, y políticas de restricción de gasto público para la reducción del déficit, aun a costa de sacrificar el crecimiento económico e impedir la renovación de un modelo de crecimiento sobre parámetros de sostenibilidad, tienen una repercusión evidente en el dominio de los derechos sociales. En el caso europeo, el efecto restrictivo y degradatorio de los estándares de vida y de trabajo de la mayoría de la población que acarrean las políticas del déficit, se presenta inmerso en un discurso que establece de forma incontestable el carácter subalterno de los derechos sociales – y de la dimensión social de la integración económica – a la recuperación de la economía, estableciendo una ecuación entre crecimiento económico y mantenimiento de derechos, de una parte, y por otra, entre crisis de la economía y derogación de derechos laborales y sociales. Naturalmente que este discurso es plenamente cuestionable, aunque sea mantenido por la práctica totalidad de los exponentes de la izquierda política actualmente en el poder en los estados periféricos de Europa, y cuyo máximo exponente es el caso español.

No se valoran especialmente los efectos de esta política económica sobre el pensamiento y la identidad de la izquierda política europea contemporánea. El escenario del año 2010 ha producido una fragmentación crítica del proyecto de cambio que constituía la seña de identidad de la izquierda institucional. Puede decirse que la disociación se acentúa en función de la presencia de los partidos socialistas en el gobierno o su situación en la oposición política, pero resulta muy claro que despliega su crisis más allá de esta circunstancia. La aceptación acrítica de la línea de acción del eje Frankfurt / Bruselas como forma de sustituir en la práctica cualquier decisión divergente sobre las políticas sociales de un país, y la correlativa metabolización en el proyecto político nacional de la política económica europea como la única posible, produce efectos devastadores no sólo en la percepción ciudadana de la identidad de la izquierda como portadora del cambio y de las ideas de reforma y de progreso, sino en la propia significación de la política como anulación de la participación ciudadana y en la conciencia progresiva de la inutilidad del circuito político de la representación electoral. Las últimas elecciones municipales en Grecia demuestran dramáticamente esta percepción social del desvanecimiento de la política como forma de afirmar la voluntad de la mayoría de la ciudadanía.

A ello se une una tendencia hasta el momento no demasiado evidente salvo en circunstancias que se tenían por excepcionales, de los medios de comunicación, que se obstinan en mantener una opacidad muy extensa sobre las condiciones de existencia social de las poblaciones afectadas por la crisis económica y por las medidas arbitradas para salir de la misma que regulan la degradación de las situaciones jurídicas y políticas de la ciudadanía social. En el mejor de los casos, los medios de comunicación manifiestan un total desinterés por la dimensión social de las dinámicas económicas y una cada vez más acentuada hostilidad hacia las posiciones de resistencia colectiva a estas estrategias de salida anti-social.

Como contrapeso a esta crisis de la izquierda política y crisis de la propia política, se ha producido un desplazamiento de la defensa actual del modelo social europeo y de la autonomía relativa de la dimensión social europea respecto de las circunstancias que rodean el crecimiento económico en la región, a una izquierda social personificada en los sindicatos, que han sido capaces de articular agregaciones transversales de otros sectores sociales y culturales a su acción de resistencia a las medidas antisociales y al proyecto de reforma que defienden. Para esta izquierda sindical la crisis se presenta como una oportunidad para llevar a cabo un proyecto alternativo al diseño institucional que propone la “gobernanza” europea y que se expresa en otra política económica y otro modelo de crecimiento.
Es cierto sin embargo que el sindicalismo europeo en cuanto tal se encuentra en una situación precaria, sin dirección efectiva y a la espera de un liderazgo real y colectivo. Esto explica también, aunque no lo justifica, la renacionalización evidente del conflicto social en los distintos países afectados por la crisis y el desinterés relativo de los sindicatos nacionales de los estados “centrales” de la Unión Europea por participar en una resistencia activa contra las políticas económicas de la Comisión y del Banco Central. El diferente peso de los conflictos emprendidos, su condición fundamentalmente estatal, pese a los intentos bien orientados de confluir en movilizaciones conjuntas, como el 29 de septiembre o la próxima jornada del 15 de diciembre, revelan además la escasa fuerza y capacidad de incidencia que la izquierda social tiene en una actuación aislada y dispersa en cada país.

La fuerza normativa supra-política de los mercados financieros que pretenden orientar el desarrollo concreto de las políticas sociales de un país, lleva a constatar una situación de tutela del capital financiero de la democracia de un país con la inevitable desvirtuación del proyecto político que los ciudadanos han indicado mayoritariamente en los respectivos procesos electorales. Lo hace sobre la base de la impotencia de los Estados-nación para poder establecer sus condiciones de adaptación a la crisis y a los arbitrarios o espontáneos movimientos del capital especulativo que se renuncia a controlar en la dimensión supranacional. Esta presión repercute directamente en el desmantelamiento y desguace de derechos laborales y de protección social, de reducción de los estándares de la ciudadanía social en toda Europa y el aumento de la desigualdad social y regional entre los diferentes países miembros de la UE.

Es cierto sin embargo que, pese a la crisis de la política, el sindicalismo europeo se va afianzando en una movilización desde abajo que se consolida lentamente, en una afirmación de su vertiente socio-política. Ell mensaje que transmite es importante. Mantiene que frente a la crisis global que recorre el espacio-mundo, el problema europeo es el de encontrar su posición en la misma atendiendo a sus señas de identidad, el modelo social que le caracteriza. Lo importante es diseñar cómo se sitúa Europa – de manera integrada, no admitiendo la fragmentación culpable de las economías nacionales de la zona euro - en ese escenario de la globalización, porque frente a lo que se afirma desde Frankfurt y Bruselas, no hay un camino único para integrarse en los espacios económicos, políticos y sociales globales, y escoger el que defienden los gobernantes europeos implica la elección expresa y consciente de una opción política precisa que busca degradar el bienestar de los ciudadanos, hacer penosas sus condiciones de existencia y aumentar la desigualdad social y económica.

Esta conclusión es irrefutable y muestra la corrección de una acción sindical obstinada en articular las mayorías sociales que están interesadas en preservar un proyecto político cívico-social e igualitario frente a los caprichos del capital especulativo y relacionarse con él de manera soberana.