REPRESENTAR Y ORGANIZAR EN LA CRISIS

El sindicalismo español ha ido paulatinamente afirmando su presencia como sujeto político en el panorama español de la crisis sin descuidar sus funciones de representación en la empresa, en la rama de producción y en el territorio y la regulación negociada de las condiciones de trabajo en esos espacios. Pero progresivamente a partir del 2010, ha ido adoptando un rol más fuerte en el campo de la política, como expresión de un proyecto alternativo y contrario al diseño de los poderes económicos y financieros que desmonta el sistema de derechos laborales y el modelo social que reconoce la Constitución.

Siempre limitado por su relación compleja con las fuerzas políticas que en el plano electoral y de gobierno pretenden representar la ciudadanía social y articular un proyecto de garantía de las prestaciones sociales básicas que configuran el Estado social, el sindicalismo confederal español ha cubierto tres largos años de conflictividad social en los que su posición ha sido central como interlocutor y como antagonista.

La organización del interés general de los trabajadores – o del trabajo considerado globalmente – a cargo del sindicalismo confederal en unidad de acción entre UGT y CCOO, había dado lugar a un amplio proceso de institucionalización de éste en el espacio de la interlocución política, en una lógica de intercambios en donde el conflicto cumplía una función correctora del desequilibrio que en materia de regulación del trabajo y de la protección social se producía en un momento histórico determinado. La importancia del diálogo social tripartito y bipartito en nuestra experiencia nacional atestigua este largo proceso de compromisos formales e informales, y la creación de prácticas sociales muy arraigadas. La irrupción de la crisis ha ido transformando de forma decisiva el campo de actuación de los actores del sistema de relaciones laborales y de sus reglas de acción.

La alteración de las reglas de juego ha sido profunda y progresiva. Ante todo porque la crisis – el tratamiento de la crisis en la pragmática europea – se ha presentado como generadora de decisiones inmodificables, no negociables, frente a las que sólo cabe la adhesión de las organizaciones sociales y de los ciudadanos. Ha cobrado cuerpo un estado de excepción normativo a través de la normativa de urgente necesidad. Todo el territorio del trabajo y el empleo de un lado, y la prestación de servicios públicos y sociales, de otro, se han sometido a la regulación de urgencia del gobierno legislador. El conflicto, que permitía abrir un período de reconsideración de las políticas impulsadas por el poder público para su corrección, sólo ha funcionado de manera muy limitada en materia de seguridad social y de políticas de empleo por tan sólo seis meses después de la huelga general del 29 de septiembre de 2010, pero no modificó ni retocó la reforma laboral de la Ley 35/2010.

Con el cambio de gobierno, la tendencia de ruptura de los equilibrios institucionales se acentuó. El Decreto-Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, causó inmediatamente el estallido de una situación prolongada de conflicto social. Las confederaciones sindicales CC.OO. y UGT convocaron una jornada de huelga general para el día 29 de marzo para expresar su rechazo a la reforma laboral convalidada por el congreso con la mayoría parlamentaria del PP y de otros partidos de la derecha política y nacionalista. La presión social que supone la convocatoria de huelga general fue precedida de intensas movilizaciones el 19 de febrero, en respuesta a la promulgación de la norma “de urgente necesidad”, el 29 de febrero en relación con la jornada europea contra las medidas de austeridad y los recortes de los servicios públicos, y unas imponentes manifestaciones del 11 de marzo, en 60 ciudades españolas. La huelga general obtuvo el apoyo de más de diez millones de personas – sobre dieciesis millones de trabajadores en su conjunto – y la convocatoria sindical de las manifestaciones de esa jornada fueron clamorosamente seguidas por una inmensa mayoría de ciudadanos en ciento once ciudades españolas.

Pero esta masiva expresión de disenso social frente a la política del gobierno no ha generado la apertura de un proceso de encuentros con la finalidad de intentar revisar los contenidos y el alcance de la reforma del mercado de trabajo. Aun a costa de arruinar la práctica del diálogo social como elemento básico del sistema de relaciones laborales, la interlocución con los sindicatos para le regulación conjunta de las políticas económico – sociales, se ha perdido o ya no está - It has gone , que diría el presidente del BCE. Por lo mismo el andamiaje del modelo social que prefigura la Constitución está severamente dañado.

Y es justamente por esta depreciación del papel del sindicato como sujeto reconocido como parte negociadora en el espacio de la regulación general de las instituciones laborales, por lo que su rol político se acentúa como organizador social de la disidencia y portador de un proyecto alternativo en lo económico y en lo social que confronta con el proyecto político de gobierno enfatizando frente a él su carácter esencialmente democrático y participativo.

El sindicalismo español en la crisis por consiguiente ha ido adquiriendo una fuerte capacidad de agregación de sectores y de intereses y ha ampliado su capacidad de representación general desbordando el espacio normal de actuación de la misma, en las empresas y en los sectores de producción. Organizaciones sociales, gentes de la cultura y de la universidad, movimientos vecinales y grupos ecologistas, han sido organizados en torno a este proyecto sindical que se presenta como una propuesta alternativa y realista ante la deriva antisocial de las medidas gubernamentales justificadas como apaciguamiento de unos mercados financieros que nunca parecen conformarse. Por tanto la representación del sindicato, entendiendo por tal la que se centra en CCOO y UGT, ha resultado fortalecida en estos últimos tramos del ataque a los derechos laborales y sindicales que es excepcionalmente grave y supone una verdadera involución democrática en nuestro país. Movimientos sociales alternativos como el 15-M, cuyo punto central en el reforzamiento de la democracia real es la crítica a la representación institucionalizada desde arriba y falseada en su instrumentación técnica, en donde incluían a los “sindicatos oficiales”, han convergido con la movilización sindical en la que han participado activamente.

Estos cambios en una sociedad compleja como la española causan ciertas paradojas. Porque si la consideración del sindicato como un sujeto político en el plano de lo social, con un proyecto autónomo y alternativo al que promueve el poder público, tiene mucho que ver con la debilidad de los partidos políticos de centro izquierda y de izquierda y de la crisis evidente de su concepto de sociedad y de la capacidad de representación del espacio electoral en el que se construyen, lo cierto es que la resistencia sindical y su disposición para nuclear una protesta organizada, está generando un importantísimo desgaste del gobierno y del Partido Popular en la dimensión estrictamente político-electoral, de la que se benefician precisamente los grupos políticos de centro izquierda y de izquierda que no habían sido capaces de gobernar la primera etapa de la crisis o que habían carecido de fuera para generar consensos suficientemente importantes en torno a su proyecto de cambio. Los resultados electorales del 25 de marzo dl 2012 en Andalucía y Asturias muestran esa paradoja.

De manera que el sindicalismo ha sido capaz en la crisis de apartarse paulatinamente de su propio estereotipo impuesto y asumido a partes iguales, y confirmar que puede abrirse un espacio de acción y de reflexión que invierta la tendencia hasta ahora creciente en la Europa occidental hacia la uniformidad político-económica y el conformismo intelectual . De un lado mediante la extensión y consolidación de un período de conflictividad, que se prolongará durante un largo tiempo. La huelga general se plantea en ese contexto no como un punto de llegada, sino como una fase central de afianzamiento de la visión alternativa del marco institucional de todo el sistema de trabajo y empleo en España. En ese proceso de explicación y de consolidación del proyecto sindical, hay varios hechos que marcan una agenda de acciones institucionales, como la coordinación en el nivel europeo, la recuperación parlamentaria de la Iniciativa Popular Legislativa que avaló un millón de firmas y que diseñaba un marco regulativo de la relación de trabajo en la crisis basada en la aceptación de la flexibilidad contratada y el reforzamiento de la tutela del trabajo, la queja ante la OIT por la vulneración de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de libertad sindical y negociación colectiva y de protección legal de la terminación del contrato de trabajo, la intervención de la alta autoridad de la OIT en este proceso. Junto a ello, la impugnación constitucional de varios aspectos de la reforma laboral, de manera que se proceda a su deslegitimación política en términos radicales, y un proceso más amplio y de mayor alcance de “re-escritura” de la reforma a través de la negociación colectiva y de la interpretación judicial.

Todo ello en razón de erosionar uno de los elementos de las reformas estructurales que el poder público afirma con mayor rotundidad, la permanencia de los cambios y la irreversibilidad de los mismos. “No hay escapatoria”, “la reforma ha venido para quedarse”, o “no se modificará ni un ápice” , como expresiones coincidentes. Al margen de que se trate de expresiones retóricas que pueden verse desmentidas con relativa rapidez, lo cierto es que tanto en el discurso fuerte de las autoridades económicas y monetarias europeas como en la monótona reiteración del liderazgo potente consolidado por la mayoría absoluta obtenida en las urnas en España, el carácter definitivo de las decisiones es una consecuencia ineludible de la propia configuración de éstas como no negociables y excluidas de la verificación democrática de las mayorías de la población. Por eso el sindicalismo español incide de forma muy importante en la necesidad de re-escribir la reforma, de metabolizarla en la negociación colectiva y de descabezar los elementos más agresivos de la misma a través del control constitucional y de una labor jurisprudencial garantista, y lo hace a la vez que resiste y tensiona la base social de los ciudadanos que trabajan movilizándolos contra esta política que desarbola los derechos laborales y los servicios públicos esenciales, produciendo paro, miseria y desesperación.

Las transiciones son largas, y el actual período histórico parece iniciar una fase de las mismas cuyo destino final no se puede conocer. Pero la presencia del sindicato con un papel determinante en éstas parece asegurada.