A UN AÑO DE LA REFORMA LABORAL, EUROPA COMO PROBLEMA

Se cumple ahora un año desde la reforma laboral puesta en práctica por el gobierno del PP en el RDL 3/2012 que luego remachó la Ley 3/2012, y los datos de los que se dispone ponen de manifiesto que sus efectos han sido plenamente desastrosos tanto en términos de destrucción de empleo como de demolición de la negociación colectiva.

Esta es también la opinión no sólo de los sindicatos más representativos, sino de organizaciones sociales y partidos políticos y de una amplia mayoría de la ciudadanía, expresada a través de las encuestas de opinión. Sólo el gobierno y los empresarios mantienen las bondades de esta legislación, en el último de los casos exigiendo a su vez una mayor desregulación del trabajo como forma de asegurar plenamente el éxito de la normativa. Y se hace bandera de esta regulación “extremadamente agresiva” - como la definió  el ministro Guindos – para mostrar el compromiso del Reino de España con las “reformas de estructura” que habían exigido las autoridades financieras y la Comisión europea como forma de garantizar la solvencia económica derivada de la financiación del endeudamiento del país. 

Europa es simultáneamente la coartada y el horizonte de la regulación del trabajo y sus derechos, y esta referencia no sólo es privativa del gobierno actual, sino que se remonta al giro radical que en mayo de 2010, tras una lamentable reunión de Ecofin, imprimió el gobierno Zapatero a sus políticas, con la puesta en marcha de una reforma laboral que se ha ido deslizando progresivamente desde la Ley 35/2010 y el RDL 7/2011 – una nueva vuelta de tuerca provocada por una carta secreta del BCE – hasta la normativa actual, la Ley 3/2012, que presenta los trazos neoliberales más gruesos. Un marco de referencia en el que España, junto con otros países de la periferia del sur de Europa, ocupa una posición plenamente subordinada que se caracteriza por la devaluación drástica de los salarios y el desmoronamiento de los servicios públicos esenciales de la sanidad y de la educación, con un incremento exponencial del paro correspondiente a una fuerte desaceleración económica. Las tasas de desempleo en Grecia, en España o en Portugal, son reveladoras de esta imposición desequilibrada a los países del sur que generan el sufrimiento de una gran parte de su población, la desprotección frente a los estados de necesidad, el crecimiento de las situaciones de desigualdad y de injusticia. Los gobernantes de estos países carecen de densidad política alguna. No cuentan en el contexto europeo, están sólo para obedecer las órdenes de las autoridades monetarias y sus traductores políticos. 

Se trata de una Europa en la que se han ido construyendo mecanismos de regulación alejados de los espacios de debate político y separados de los procedimientos típicos de producción de normas en la Unión. El Pacto del Euro de marzo de 2011 y su ataque a la negociación colectiva centralizada y a las cláusulas de revisión salarial entendidas como freno al crecimiento de la competitividad, dio lugar a la carta del BCE al gobierno de España – como también al italiano, entonces presidido por Berlusconi – imponiendo la “descentralización” de la negociación colectiva, lo que fue prontamente seguido entre nosotros mediante la norma de urgencia RDL 7/2011, luego superada e intensificada en su indicaciones por el RDL 3/2012. 

La firma en febrero de 2012 del Tratado que instituye el Mecanismo Europeo de Estabilidad fue seguida de la de un “Tratado sobre la estabilidad, la coordinación y la governance de la Unión Económica y Monetaria” en marzo de 2012, conocido por su nombre en inglés Fiscal Compact y del que se abstuvieron la república checa y el Reino Unido. Este texto instaura una coordinación preventiva muy fuerte de las políticas económicas de la zona euro, con la finalidad de “conseguir los objetivos de la Unión Europea”, lo que en realidad implica afirmar las políticas de austeridad de forma muy exigente. El mecanismo puesto en marcha es de naturaleza “intergubernativa” y por tanto se sitúa fuera del espacio del debate político parlamentario europeo, separándose de los procedimientos ordinarios de creación de normas en la Unión Europea. Como han desarrollado una serie de juristas convocados por el Instituto Sindical Europeo, estos instrumentos no cumplen con los objetivos  de crecimiento sostenible, un amplio nivel de empleo y la cohesión social que deben alcanzar las políticas de la Unión, al no respetar ni garantizar derechos fundamentales, individuales y colectivos, en la definición de esa política de “austeridad”.  Se trata además de unas medidas que marginan al Parlamento y deslegitiman a las instituciones europeas ante los ordenamientos del sur que sienten que se les arrebata el contenido de su status de ciudadanía social y se les empuja a una condición de existencia precaria. La  violencia con la que se ejerce esta política se visualiza en la sumisión con la que los gobernantes de estos países se disponen a obedecer, sin ninguna capacidad de negociación o de propuesta, las decisiones del Banco Central – Bundesbank y de la Comisión o la canciller alemana.

Esta situación está generando tensiones muy fuertes en el interior de los países sobre los que se ejercita esta presión a la baja sobre el contenido del Estado Social y sobre la reducción de los derechos individuales y colectivos derivados de la relación de trabajo. Es patente el escaso margen de maniobra que se tiene desde el espacio nacional-estatal, especialmente ante la evaporación progresiva de los procedimientos democráticos de discusión y de debate y su sustitución por  medidas de aplicación inmediata, sin publicidad ni participación, enterrando cualquier iniciativa de diálogo social o de interlocución política. Junto a ello actúa también negativamente la disolución real de los programas políticos que se agitan en el espacio electoral  bipartidista en una cierta indefinición sobre las consecuencias de una política, la de austeridad, que se acepta plenamente. Estos procesos de crisis de la política y de la democracia están generando una desconstitucionalización tácita de elementos básicos de la cohesión social y de la tutela del trabajo en el espacio nacional-estatal sobre la base de una lógica material basada en las relaciones de mercado, el crecimiento de la competitividad y la financiarización de la economía.

Las resistencias a esa confiscación de derechos y de estándares de vida son muy fuertes, y la conflictividad social es extensa y mantenida. Frente al conglomerado de organizaciones sociales, entre las cuales de forma muy activa los sindicatos, movimientos y otras figuras colectivas, que manifiestan en la calle y en los espacios públicos el rechazo frontal a estas políticas, el poder público opone un muro de silencio. El gobierno practica un negacionismo obstinado del conflicto social y de la movilización social. Es plenamente opaco a reconocer una subjetividad social portadora de un programa alternativo al que ejecuta autoritariamente. Este negacionismo hace que resulte de difícil gestión el mantenimiento de un esquema de movilización permanente, sin que tenga como resultado el reconocimiento de una relación bilateral y la afirmación de un principio de negociación política con los sujetos sociales, en primer lugar con los sindicatos. Podría decirse que forma parte de la identidad profunda del gobierno y del partido que le sostiene edificar la governance  de las relaciones sociales en torno a un principio autoritario que excluye cualquier mecanismo de participación. Conforme avanza y se extiende la protesta, más se manifiesta esta tendencia, acentuada en sus perfiles más negativos. En efecto, se puede comprobar el progresivo desmantelamiento de las estructuras de participación democráticas  por un grupo reducido de personas que actúa como si las instituciones de gobierno fueran patrimonio privado de uso exclusivo de una casta dirigente irresponsable y, conforme se van conociendo más detalles sobre el caso Bárcenas y la financiación irregular del Partido Popular, profundamente corrompida.

La presión acrecentada de los sindicatos, de los movimientos sociales y de categorías profesionales enteras, como en la sanidad o en la enseñanza, junto a una cierta sensación de irritación y de furia, puede causar momentos de tensión social muy aguda. Pero esta presión en el plano interno tiene que encontrar una salida política. Y las que de forma ordinaria se da el sistema democrático están completamente cegadas por el poder público que ha confiscado cualquier espacio de participación democrática a su actuación. Por eso resulta imprescindible trabajar permanentemente en la construcción desde el polo social de los sindicatos y de los movimientos en una alternativa que sea capaz de gobernar democráticamente los procesos económicos, refundando el espacio público e impulsando, junto con las fuerzas políticas que se impliquen en este proyecto, una reforma general del sistema democrático a través de lo que se ha venido en llamar “desbordamiento democrático” que pueda converger en un nuevo proceso constituyente con las dosis de “vigoroso pragmatismo” que éste puede exigir. 

Pero este proceso no es posible si no se sitúa, simultáneamente, en el espacio europeo. Centrarse en la dimensión nacional como elemento decisivo de los procesos organizativos de la resistencia colectiva, es insuficiente.  Ignorar la dimensión europea del problema político actual es reducir en una gran medida nuestras capacidades de observación y de crítica. Hay que preguntarse si es posible que el sistema monetario unificado y el mercado común sean compatibles con la idea democrática en el ámbito de la Unión Europea. Una idea construida sobre la noción de ciudadanía europea considerada ésta no como un elemento retórico sino como una categoría política construida como un espacio de conflicto, que se mueve alrededor de una idea de democracia no sólo representativa, sino también participativa y conflictual. Y hay que proyectar el debate sobre la desconstitucionalización tácita en materia de trabajo y cohesión social que se está produciendo en España – como en otros países europeos – con la constatación de una sustancial contradicción entre un espacio normativo neoliberal expansivo y un sistema de derechos sociales garantizados constitucionalmente en los ordenamientos nacionales que son sistemáticamente degradados para preservar la Unión Económica y Monetaria que sustituye la idea de la Unión política.

Abrir el espacio – Europa como terreno de conflicto para implantar en él un principio de solidaridad, como insiste la CES y el sindicalismo europeo, es un objetivo funcional a la movilización y la lucha en el estado español. Es cierto que solo un reforzamiento - en muchas ocasiones la creación ex nihilo - de los mecanismos democráticos en el espacio europeo permite la generación con fuerza de un espacio social que se imponga a un orden económico cada vez más injusto y desigual, pero es igualmente cierto que la reivindicación de la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras europeos y la presentación de un programa articulado de propuestas para refundar la dimensión social europea es una condición de existencia de un amplio frente democrático que insista en la posibilidad de una Europa política y democrática, que mantenga un fundamento cooperativo en la relación entre sus miembros sin incidir en las desigualdades entre los diferentes estados miembros. 

En los documentos de la CES se encuentra un repertorio de propuestas sobre cómo abordar los problemas de la deuda y financiación, el crecimiento y el empleo, pero lo que resulta más interesante es la afirmación de un programa de más calado sobre el “pilar social” del gobierno económico de la Unión Europea, la vigorización de los instrumentos democráticos y la exigencia de una “refundación” de la Unión Europea, una verdadera “ruptura democrática” que invierta la tendencia presente en la deriva 2011-2012,  en especial  el antidemocrático Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza. Para ello el sindicalismo europeo ha considerado que era preciso ir construyendo un espacio europeo de resistencia real, no meramente simbólica, que permitiera la presencia del conflicto social en su dimensión transnacional. Tras la primera – y muy importante – jornada del 14 de noviembre, en la que fundamentalmente se apreció una solidaridad horizontal entre los países del sur europeo, con huelgas generales en Portugal- España e Italia, junto con Grecia, pero con importante participación de sectores el sindicalismo del “centro”, como en Bélgica y Alemania, se vuelve a plantear esta movilización “fuerte” a nivel europeo para mediados de marzo, con una manifestación que se concentre en Bruselas. La actividad europea de la CES contrasta con la muy limitada acción transnacional de los socialistas, que sin embargo tienen más actividad de propuesta en sus respectivos ordenamientos internos con ocasión de los procesos electorales en curso (en Italia primero, pero también en Alemania), y en donde “la cuestión del trabajo” ha adquirido una gran relevancia. En la izquierda política meridional hay también un extenso debate sobre Europa – protagonizado en lo fundamental por Syriza – que previsiblemente ha de obtener sus frutos en las elecciones europeas del 2014. Pero mientras se van fraguando estos cambios necesarios, la problematización del espacio europeo desde una cultura de los derechos democráticos es inseparable de la defensa de los derechos laborales, individuales y colectivos y de las prestaciones esenciales del Estado Social en el interior de cada estado-nación.