miércoles, 30 de abril de 2014

¿DE QUÉ RECUPERACIÓN ECONÓMICA ESTAMOS HABLANDO?




Hay que subvertir el sentido de las palabras buscando los contenidos que encierran. Desde hace demasiado tiempo, la opinión pública y los discursos políticos aceptan como un hecho notorio y consumado - ¿de manera irrevocable? – la incompatibilidad entre un marco económico estable basado en el libre mercado y un nivel digno de derechos laborales, individuales y colectivos. Es decir, se da como un fenómeno que no necesita ser probado, fuera de toda duda, que los derechos derivados del trabajo tienen que ser reducidos y en ocasiones eliminados como condición de existencia del desarrollo económico y productivo del país. Este discurso admite muchas variantes, pero es implícitamente reiterado en los discursos políticos hegemónicos, desde la Unión Europea y la coalición financiera que dicta sus políticas y las garantiza en los países de economías dependientes, hasta los que elaboran los gabinetes económicos del gobierno español, o los que sostiene una buena parte de la inteligentsia académica nucleada en torno a grupos de presión con fuerte incidencia en los programas socialdemócratas. Desde ese punto de vista, la “devaluación salarial”, el “contrato único”,  la “liberalización del despido”, el “recorte del gasto social” y la “redefinición de las prestaciones sociales”, son elementos funcionales a la recuperación económica que permitirá no solo salir de la crisis, sino una fuerte creación de empleo. Lo que significa que la política debe hacer posible el crecimiento económico sobre la base de la degradación del trabajo con derechos, clave para la recuperación del empleo flexible. El razonamiento no mira hacia atrás ni ajusta las cuentas con los daños producidos ni la devastación social que ha ido instalándose en el país a partir del 2010. 

Por el contrario, ya desde finales del 2013, el discurso ha ido escalando grados de autoconvicción hasta llegar a niveles de euforia, sobre la base de previsiones económicas favorables y del favor que en el ambiente financiero encuentran las políticas del gobierno español. Una mirada a la hemeroteca de los primeros meses del año 2014 lo deja de manifiesto, aunque la entonación es más enfática conforme se avecina la fecha de las elecciones europeas.

 Veamos algunos ejemplos extraídos de una prensa escrita que hace suyo el optimismo del poder público, en ocasiones, como la que se trae a colación, con un entusiasmo contagioso.  “El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, renunció a ir a Davos en enero pasado. Tenía un hueco marginal en el programa que en La Moncloa no consideraron apropiado. Este se desquitó. En una sola jornada, el Gobierno español ha logrado reunir a lo más granado de la economía nacional e internacional en el museo Guggenheim, en Bilbao, un edificio imponente en una de las capitales de la España próspera, en una jornada a la que se ha dado en llamar miniDavos. Allí, Rajoy lanzó al mundo el mensaje de que la recuperación ya está aquí y España ha vuelto a la senda del crecimiento. El FMI, la OCDE, el Eurogrupo, la Comisión Europea y algunos de los más destacados empresarios españoles lanzaron a España más flores que las que adornan a Puppy, la escultura del Guggenheim” (El Pais, 3.03.14, titular: “Rajoy vende al mundo la recuperación”). El Gobierno español no está solo en esta apreciación positiva, “el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado la previsión de crecimiento de España para este año del 0,6% al 0,9%. Son tres décimas de diferencia respecto a lo que se calculaba en enero que acercan el pronóstico del organismo al que han hecho recientemente la Comisión Europea y el Gobierno español (1%). Se trata de la tercera mejora consecutiva en las estimaciones que la institución afincada en Washington realiza sobre el país” (El Pais, 8.04.14, titular: “El FMI da tres décimas más de aire a la economía española”). El ministro de Hacienda Montoro lo afirmaba de manera categórica en la SER, “la recuperación económica está en marcha en España” (31.03.2014), y el Ministro de Economía De Guindos defendía que la recuperación económica “esta vez no es en falso” (La Razón, 03.03.2014). Es un coro al que se unen también las grandes figuras de las finanzas. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, cree que la recuperación de la economía española "es un hecho" y que 2014 va a "ser mucho mejor" porque "vuelve el crédito, vuelve el crecimiento" y, aunque más lentamente, también se recuperará el empleo. (Diario Crítico, 29.03.14).

¿Cómo es posible que la economía se reactive tras los negros momentos recorridos? La respuesta es simple y se reitera por doquier. La recuperación funciona porque se han aplicado las políticas justas. Las reformas estructurales necesarias. Los recortes del gasto social convenientes. Así el ejemplo español puede ser considerado la vía de promisión para otros países europeos, la prueba de que las políticas de austeridad son eficaces y consiguen sus objetivos de volver al crecimiento y el desarrollo, a la creación de riqueza. Así lo mantiene la CEOE-CEPYME. Los únicos que suponen una voz discordante en este coro de alabanzas son los sindicatos, que  con un cierto matiz defensivo afirman que la recuperación económica no puede llevarse adelante con desigualdad e injusticia social.

Lo cierto es que de ese ejercicio generalizado de afirmaciones taxativas que parecen pensadas para elevar la propia estima en una suerte de ejercicio ritual de autoayuda, se desgajan muchas opiniones mucho más dubitativas o escépticas respecto de las virtudes terapeúticas de la recuperación en marcha.

Hay que hacer notar que estos pronósticos optimistas se matizan también por las altas autoridades europeas cuando no hablan con la voz de la Troika. “Arreglar una crisis como la española acabará costando una década”, dijo el comisario europeo de Economía, Olli Rehn a comienzos del 2014. Se basa en algunos datos. En 2013 hubo 3,6 millones de personas ocupadas menos que en 2007 y la tasa de paro escaló al 26,4%. En unas recientes jornadas, el economista jefe para España de BBVA Research, Rafael Doménech, dio por bueno el pronóstico de superar en diez años la crisis, pero siempre que el PIB avance a una velocidad de crucero del 2,5%, “todo un reto con el endeudamiento de empresas, familias, bancos y Administraciones en niveles muy altos”. (El Pais, 01.02.14). El endeudamiento, vaya, siempre en el comienzo de la crisis y de su resolución.

La deuda pública en España ha alcanzado en el primer trimestre del 2014 el 95 % del PIB. “Pese a la mejora de los indicadores de PIB y los primeros datos de creación de empleo, el aumento de la deuda española no dará tregua este año. La fundación de las cajas de ahorros (Funcas) calcula que esta alcanzará el 99,7% del PIB al acabar 2014 y llegará al 104,3% en 2015, según sus últimas previsiones, hechas públicas la semana pasada. Son tasas similares a las estimadas por la Comisión Europa, del 98,9% y 103,3%, respectivamente, o a las del Fondo Monetario Internacional (FMI), del 99% y 102,5%.El dato más negativo en el caso del FMI es que sus expertos prevén que el lastre siga en el entorno del 105% en 2018” (El Pais, 17.03.14). Entre diciembre del 2011 y septiembre de 2013 la deuda pública ha aumentado 23 puntos. El Consejo Económico y Social ha publicado que la deuda total acumulada por la economía española en el 2013 llegó a suponer el 275,8 % del PIB. Para evitar las consecuencias extremadamente negativas que trae este ritmo de incremento y su repercusión sobre los mercados financieros, se requiere una recuperación de la actividad económica y de los niveles de empleo. (“Cauces” nº 26, abril 2014). Por no hablar de la sobrexposición a las fluctuaciones de la valoración de las agencias de rating, que ahora no encuentran motivos para alterar los intereses de la deuda, pero que sin duda estarán atentos a cualquier variación  derivada de la inestabilidad política inminente.

Pero los reiterados anuncios de recuperación económica son un arcano para quienes viven y trabajan en España. Se fundamenta principalmente en la reacción de salarios y empleo ante las reformas de estructura puestas en marcha con especial energía desde la llegada al poder con mayoría electoral absoluta, del Partido Popular, y por la capacidad que ha demostrado el aparato público de reducir el gasto social.

La percepción de esta realidad esplendorosa que festejan nuestros gobernantes y los medios de comunicación du régime y ensalzan como ejemplar los grupos financieros y políticos europeos  es diferente para otros agentes económicos de relieve. Así, aunque los directivos financieros asociados a la asociación ASSET situaron el final de la crisis entre 2013 y 2014 (un 56% así lo afirmó en octubre de 2013), la visión que estos profesionales tienen de la realidad económica y empresarial española ha empeorado. Esta es la conclusión que se extrae de los datos registrados en la encuesta de coyuntura semestral de ASSET que se han hecho públicos en la III Jornada Anual de ASSET celebrada en Madrid. Ahora, son un 53% los que afirman que la economía se recuperará a partir del bienio 2014-2015. Sin embargo, ya son un 30% que ven la recuperación económica más allá de 2015 y que, por tanto aún proyectan cuatro años más de serias dificultades económicas para la economía española. (Asociación Española de directivos de Empresa, 27.04.2014).

Por el momento el discurso no cala en la opinión pública, ya que según las encuestas del CIS, tan sólo el 9,1 por ciento de los españoles considera que la situación económica es ahora mejor que hace un año. A pesar de los esfuerzos que está desplegando el Gobierno para "vender"  que España ha mejorado y que ha dejado atrás la recesión, lo cierto es que para el 89 por ciento de los encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el panorama económico es igual o peor que hace 12 meses (Diario Crítico, 07.04.2014).

¿Cuál es por tanto la clave de esa “recuperación económica” que se comenta a los cuatro vientos como el resultado correcto de una política correcta, que sirve incluso para presentar la experiencia española como un ejemplo a seguir por los países en crisis de Europa? Atendiendo a los datos con los que se cuenta, la recuperación económica crece raquíticamente sobre  el progresivo desmantelamiento de derechos y la degradación de las condiciones de existencia de las trabajadoras y los trabajadores de este país, sobre la generalización del desempleo de masa y la ampliación de los fenómenos de exclusión del trabajo de las reglas legales, como trabajo sumergido o clandestino. El trabajo, considerado crucial desde un planteamiento político democrático, sigue en el punto de mira de la acción de gobierno pero para vaciarle de contenido social, impedir su función cohesiva y devaluar su valor económico en el proceso de producción de bienes y de servicios.
   
Se trata de una situación que se debe revertir con extrema urgencia. Aunque está generando espacios amplísimos de resistencia que conducen a una deslegitimación completa de la acción de gobierno y del método bipartidista de la gobernanza económica y social del país, lo cierto es que ésta movilización no está logrando por el momento alterar una  realidad desoladora, en la que los datos estadísticos no son capaces de nombrar correctamente la magnitud del desastre que está sucediendo. No se puede continuar ese camino hacia la cancelación de los derechos laborales y sociales que dan dignidad al trabajo y conforman una ciudadanía libre. No podemos instalarnos en ese paisaje desolado, injusto y desigual. Ni podemos conceder ningún crédito a una palabra vacía, la de recuperación económica que en su origen y en su significado actual  es sinónima de la terrible devastación social que estamos soportando.




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