Como posiblemente conocen los lectores del blog, hay más
de trescientas personas procesadas penalmente por participar en piquetes de
huelga en las huelgas generales del 2010 y del 2012. El 9 de febrero comienza
un juicio penal muy decisivo contra los ocho miembros del Comité de Empresa de
Airbus, a los que se les piden penas de cárcel de 8 años de media a cada uno.
Los sindicatos CCOO y UGT se han movilizado frente a esta agresión real al
sindicalismo de clase y están organizando una serie de actos para sensibilizar
a la opinión pública sobre este punto doliente de la democracia. Entre estos,
el próximo 19 de enero se realizará un acto público en el Auditorio Marcelino
Camacho de Madrid, a las 18,30 de la tarde, en el que entre otras cosas, se
leerá un manifiesto de los profesionales del derecho contra la criminalización
del derecho de huelga. El texto de este manifiesto se ofrece en rigurosa
primicia combinada entre el blog hermano Metiendo
Bulla y este. El objetivo es darlo a conocer y posibilitar su difusión, y
en última instancia, recabar adhesiones al mismo entre profesores, abogados y
en general juristas o asimilados que expresen su solidaridad frente a estos
fenómenos. Del acto y de los nombres que suscriben el manifiesto se dará cuenta
oportunamente también en este blog.
MANIFIESTO DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO CONTRA LA
CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO DE HUELGA
Durante cuarenta años el franquismo mantuvo una hostilidad permanente
frente al conflicto social y especialmente laboral. Era la expresión de su ADN
político, combatir la clase social de los trabajadores a los que nunca quiso
libres ni iguales. La huelga fue siempre ilegal hasta 1977, una vez muerto el
Dictador, y esa ilegalidad implicaba despidos, multas y cárcel. Fueron
necesarios muchos esfuerzos y demasiadas vidas truncadas en la lucha por las
libertades democráticas que culminó en la amnistía política y laboral y la
emanación de un texto constitucional. La Constitución supuso la remoción de la
persecución contra el conflicto laboral y social, la huelga se reconoció como
un derecho fundamental dotado de la mayor protección jurídica, junto con la
libertad sindical. El sistema democrático no es concebible sin el respeto de
los poderes públicos y privados al ejercicio de este derecho, que está
conectado directamente con el compromiso del Estado Social y de los sujetos de
relevancia constitucional como los sindicatos para promover la igualdad
efectiva eliminando las situaciones de desigualdad social, económica y
cultural.
Sobre esta normalidad democrática que lleva aparejado el reconocimiento de los
derechos colectivos de trabajo, a partir del 2010 hemos sufrido en
España un paulatino y creciente ataque a los derechos sociales de la ciudadanía
y a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país
causados por la aplicación de injustas, arbitrarias e irrazonables políticas de
austeridad que, especialmente a partir del 2012, han causado un inmenso sufrimiento
social y han incrementado la desigualdad y la exclusión en una buena parte de
las clases subalternas. El ciclo de luchas desarrollado en España en esta
etapa, especialmente entre 2010 y 2014, expresa una fuerte resistencia
ciudadana a tales medidas y es posiblemente la fase de mayor entidad y
consistencia de movilizaciones sociales, por la cantidad y diversidad de figuras
sociales comprometidas, desde la transición a la democracia, hace ya 40 años.
En esas luchas han cobrado una relevancia extraordinaria las huelgas generales
convocadas por los sindicatos en 2010 y 2012, que unieron protesta y propuesta
alternativa frente a la desregulación normativa y la deconstrucción del sistema
de derechos laborales.
La respuesta de los poderes públicos a estas intensas movilizaciones ha
consistido esencialmente en la criminalización selectiva de los participantes y
la instauración de un marco represivo general –la Ley de Seguridad Ciudadana y
el nuevo Código Penal entre otras– que disuada en el futuro frente a las
expresiones más efectivas de la protesta ciudadana. En nuestro país el
Ministerio Fiscal, siguiendo órdenes del Gobierno, ha instruido causas
criminales contra una larga serie de sindicalistas y activistas de la clase
obrera que suman ya 300 personas, entre dirigentes sindicales, miembros de los
órganos de representación de los trabajadores y,
en general, militantes sindicales. Es el
sindicalismo y su capacidad de organizar la resistencia de los trabajadores y
de las trabajadoras el objetivo de esta incriminación penal, que puede acarrear
condenas de dos a ocho años de cárcel, como se solicitan para los miembros del
comité de empresa de Airbus cuyo juicio se celebra el próximo 9 de febrero.
Los abajo firmantes, como juristas y profesionales, como investigadores
sociales y profesores, mujeres y hombres que creemos en la democracia y en la
legitimidad de los instrumentos de conflicto colectivo que reconoce nuestra
Constitución a los trabajadores y trabajadoras y a sus organizaciones
representativas para superar la desigualdad intrínseca propia de la relación de
trabajo, no podemos ni queremos callar ante esta operación que busca eliminar
el derecho de huelga y estigmatizar a los sindicatos como autores de actos de
violencia y coacción que nunca se han producido.
Alertamos a la opinión pública sobre este gravísimo atentado a las libertades
democráticas y a los derechos sociales que llevan implícitos, solicitamos al
nuevo Parlamento la revisión del Código Penal, con exclusión de los preceptos
criminalizadores que han constituido la excusa para el plan represivo del poder
público; expresamos nuestra solidaridad activa con las personas procesadas y
exigimos restaurar de forma nítida el derecho de
huelga como valor central de nuestra democracia,
reivindicando que los ciudadanos que lo
hemos ejercitado no somos delincuentes ni súbditos: somos ciudadanos que rechazan
la injusticia y la arbitrariedad afirmando el valor de la igualdad y de los
derechos que derivan del trabajo. La huelga no es un delito sino expresión
inexcusable del Estado Social y Democrático de Derecho que proclama la Constitución
Española y negar este derecho fundamental mediante la penalización de su
ejercicio retrotrae a etapas que creíamos felizmente superadas.
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