Se han celebrado en Albacete la 50ª edición de las
Jornadas de Estudio del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, organizadas
conjuntamente por este organismo y la Universidad de Castilla La Mancha, con la
colaboración de la Editorial Bomarzo y el Consejo General del Poder Judicial.
Se trata de unas Jornadas con gran tradición entre los iuslaboralistas
españoles, que se desdoblan en otras celebradas en Madrid, en enero, cuya
organización la comparte el GEJUR con la asociación Jueces para la Democracia, y que en esta
ocasión alcanzaba la cifra redonda de la Jornada número 50.
El tema seleccionado era uno muy importante y de gran interés, el relativo
a la problemática laboral de la externalización de la actividad productiva a
través de los mecanismos de subcontratación – lo que en otras áreas culturales
se conoce con el término de terciarización
- , con especial incidencia en los procesos de privatización que se han ido
desarrollando en el área de las administraciones públicas, así como las
hipótesis de reversión que en los supuestos de cambio político tanto en
ayuntamientos como en comunidades autónomas, podrían ser planteadas por los nuevos
gobiernos de progreso.
Para ello se había diseñado por los directores de las Jornadas, Jesús Rentero Jover, Magistrado de lo
Social del TSJ de Castilla – La Mancha y Joaquín
Aparicio Tovar, Catedrático de Derecho del Trabajo de la UCLM, un programa
en el que se desgranaba en varias intervenciones los múltiples aspectos de esta
“problemática laboral”. La Jornada del día 9 partía de una intervención de Maria Fernanda Fernández López, Catedrática
de la Universidad de Sevilla, a la que presentó Antonio Baylos, catedrático de la UCLM, que enmarcaba en el sistema
constitucional y en el cuadro legal general la externalización productiva y sus
repercusiones en el modelo de relaciones laborales. Se trataba de una
intervención densa, sugerente y muy potente que desarrollaba el concepto de
empresario complejo a la búsqueda de un empresario real y posible como un
concepto disponible legal y doctrinalmente para hacer frente a las alteraciones
importantes que la externalización productiva genera en el esquema bilateral
clásico de la relación de trabajo. Desde una crítica muy bien fundada a la
jurisprudencia constitucional de la crisis y su pobre noción de libertad de
empresa, la profesora Fernández López fue
desgranando los distintos campos en los que era necesario intervenir en
ocasiones desarrollando preceptos y reglas ya establecidas en la ley, como en
materia de interposición en el mercado de trabajo, la subcontratación en el
sector de la Construcción o lo relativo a la coordinación de actividades en el
ámbito de la prevención de riesgos laborales, en otros actuando de manera muy
incisiva el principio igualdad y no discriminación, y, en fin, desarrollando la
temática de las cláusulas sociales en la contratación pública y la extensión de
reglas sobre sucesión de contratas sin las interferencias de algunas últimas
decisiones del Tribunal Supremo que colisionan con la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la UE.
Esta primera intervención que desmontaba el uso de la estructura
empresarial como forma de inaplicar la legislación laboral, fue seguida por la
intervención de la Magistrada de lo Social de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo, Lourdes Arastey Sahún, que
fue presentada y moderada por el Magistrado Emérito de la misma sala y
tribunal, Mariano Sampedro Corral, en
la que se procedió a desarrollar la doctrina del Tribunal Supremo en matera de
reversión de contratas, con una importante aportación de la jurisprudencia
europea al respecto. Ya por la tarde, presentado por la profesora de la
Universidad de Murcia Belén García
Romero, el Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas Martín, efectuó un
recorrido por las decisiones judiciales más relevantes en materia de sucesión,
extinción o reducción de las contratas tanto de la Audiencia Nacional como del
Tribunal Supremo, y, para terminar ese primer día, Emilio Palomo Balda, Magistrado del TSJ del Pais Vasco, al que
presentó Eloy Hernández Lafuente, Magistrado
del Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz, enfocó el candente tema de la
externalización a través de las empresas multiservicios y las cooperativas.
El viernes 10, por la mañana, se abordaba el tema muy específico de la
reversión de los servicios externalizados a las Administraciones Públicas para
su gestión directa. Debería haber intervenido para esta ponencia el catedrático
de la Universidad de Valencia Carlos
Alfonso Mellado, que precisamente tiene un artículo publicado en la Revista
de Derecho Social 73 (2016) en el que aborda este punto ( y que puede
obtenerse aquí http://editorialbomarzo.es/comprar/articulo/la-reversion-a-la-gestion-directa-de-servicios-publicos-problemas-laborales-atencion-especial-a-las-entidades-locales-y-a-las-sociedades-mercantiles-de-capital-publico/)
pero una operación quirúrgica le ha impedido estar presente en las Jornadas y
ese cometido lo llevó a cabo Francisco
Gualda Alcalá, responsable del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO, que
fue presentado por Petra García Márquez,
magistrada del TSJ de Castilla La Mancha. La última ponencia, moderada por Henar Merino Senovilla, magistrada del
Juzgado de lo Social de Murcia, corrió a cargo del también Magistrado de lo
social del TSJ de Catalunya, Miquel
Falguera Baró, quien precisamente ha publicado un muy interesante libro
sobre los límites a la externalización en el que enuncia los fundamentos
doctrinales y judiciales de éstos y efectúa propuestas de regulación muy
novedosas ( y que puede obtenerse en este enlace http://editorialbomarzo.es/comprar/titulo/la-externalizacion-y-sus-limites/),
que procedió a la recapitulación de los
principales problemas planteados, su crítica y la necesidad de una nueva regulación
de estos mecanismos desde el Derecho del Trabajo.
Casi 300 personas se dieron cita en esta Jornada, en su gran mayoría
abogados laboralistas y sindicalistas, aunque con una importante presencia de
jueces y magistrados – la Jornada está incluida entre los Cursos de Formación
del CGPJ – y de profesores universitarios. En la apertura, en el aula magna del
Edificio Melchor de Macanaz, edificio
polivalente que acoge los estudios de Relaciones Laborales, Economía y Derecho,
han intervenido la nueva decana de la Facultad de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos de Albacete, Mª José
Romero, junto al secretario general de CCOO en Albacete, Francisco de la Rosa, y el decano
saliente de la Facultad, Joaquín
Aparicio. En la sesión de tarde, sin embargo, la Jornada se trasladó al
auditorio de la Facultad de Farmacia, para poder soportar mejor el rigor climático
de la jornada.
La decana fue la encargada de dar la bienvenida a las jornadas, destacando
de las mismas, tanto la calidad de sus ponentes como la de los temas a tratar,
en donde resaltó el debate político que se ha generado sobre la posibilidad de
que las Administraciones públicas recuperen la gestión de servicios públicos
que estaban siendo objeto de gestión por entidades privadas, en la medida en
que frente a la indicación legal y normativa – también política - de eliminar la prestación directa de servicios
públicos para derivarla hacía entidades privadas que ha acompañado la gestión de
los entes públicos durante los años del bipartidismo, en los últimos tiempos se
viene observando una reversión a la gestión directa de estos servicios, aunque
la legislación vigente pone importantes escollos a esta reversión que plantea fundamentalmente
problemas en el área pública respecto de la estabilidad en el empleo de los y las
trabajadoras de las contratas, como recientemente se ha señalado respecto de
Castilla La Mancha y del que se ha hecho eco este blog ( como puede comprobarse
en este enlace http://baylos.blogspot.com.es/2016/05/estabilidad-laboral-y-pliego-de.html)
La Jornada de Estudio ha resultado muy provechosa e intensa. El sesgo
evidente de la misma hacia la actuación en los tribunales y la defensa letrada
de los planteamientos individuales y colectivos que genera la externalización
de servicios por un lado o los problemas laborales de la reversión de los
servicios privatizados por otro, ha acentuado la presentación del tema a partir
de su judicialización. Es por tanto la doctrina judicial la que ha sido sometida
de manera muy exhaustiva a conocimiento, desarrollo y crítica, lo que es
plenamente coherente con el patrocinio del CGPJ a esta iniciativa. Las
limitaciones evidentes que este enfoque tiene, sin embargo, han sido
relativamente paliados no sólo mediante la ponencia de enfoque general a cargo
de la profesora Fernández López,
sino también en el debate – siempre rico y plural – que se ha ido desarrollando
en cada una de las ponencias y las sugerencias y propuestas de acción sindical,
en la negociación colectiva y en los pliegos de condiciones, deshaciendo equívocos
y posiciones erróneas por parte de algunos abogados y sindicalistas, pero también
en la necesidad de regulaciones autonómicas que dieran solución a algunos
problemas irresueltos por la norma estatal que han sido desatendidos por el
control judicial. Y ello sin olvidar las propuestas de re-regulación de este
punto en la hipótesis – en la que prácticamente todo el auditorio asumía como
la más positiva para el futuro de la nación – de un gobierno de progreso a
partir de las elecciones del 26 de junio próximo.
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