jueves, 20 de julio de 2017

DOS SEMANAS DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE EXPERTOS LATINOAMERICANOS Y EUROPEOS SOBRE NUEVOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA.



En medio de la década de los 80, cuando en toda Latinoamérica apretaba con fuerza las primeras medidas del neoliberalismo pujante, un antiguo funcionario de la OIT y militante socialista chileno, Pedro Guglielmetti, concibió un curso para expertos latinoamericanos en relaciones laborales en el marco de una colaboración entre la OIT y la Universidad de Bolonia, gracias a la mediación de Umberto Romagnoli. Los asistentes a estos cursos se organizaron a su vez en un colectivo de “becarios” que se reunían en algún país de América una vez al año. Este curso, que atrajo a una buena parte de las élites laboralistas de América Latina – abogados, profesores, magistrados, políticos – con una orientación democrática y pluralmente progresista, tuvo varios altibajos, debidos a la falta de financiación, y a partir de 1999, contó con la participación de la UCLM, por lo que Turin, Bolonia y Toledo compartieron las sedes del mismo. Finalmente, ha sido Toledo la sede final del Curso, a la que acuden profesores italianos la segunda semana en colaboración con la UCLM, que es la anfitriona de estas dos semanas de trabajo conjunto, bajo la dirección de Joaquín Aparicio y Laura Mora Cabello de Alba.

Este año, el Curso de Especialización para Expertas/os  Latinoamericanas/os en Relaciones Laborales empieza en un día emblemático, el 11 de septiembre de 2017. Es, como se ha dicho, una iniciativa que cuenta con más de treinta años de historia y que ha generado una amplia y activa red de ex participantes diseminados por toda América Latina. El Curso de este año viene a dar cuenta de ella y expresa la voluntad de no interrumpir los contactos con una amplia audiencia de interesadas/os potenciales. Es de destacar que la edición actual continúa y profundiza la colaboración entre las Universidades de Bolonia, Ferrara, Venecia, Verona y Castilla-La Mancha, con una ya larga vinculación al Curso, a las que se suman la Universidad Complutense de Madrid, la de Granada y el Consejo de Estado del Reino de España y el sindicato IndustriALL Global Union. Como en otras ocasiones, también cuenta con la importante participación de destacados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. 

Lo que de manera clara asemeja la edición 2017 con sus precedentes son sus características de fondo. También ésta ha sido concebida y decidida por sus tradicionales socios académicos. En efecto, la de 2017, una vez más, pretende transmitir el sentido de una iniciativa participada por el núcleo fundador del Curso.

Los modos en que se está organizando la producción de bienes y servicios, los efectos que está produciendo en la manera de trabajar y la regulación que del trabajo se está haciendo, centra la atención en esta ocasión. Para ello se han elegido algunos temas que se han considerado  más destacados con la conciencia de que hay otros muchos que no pueden ser abordados. La construcción del Derecho del Trabajo, con toda coherencia, ha tenido como eje central la figura del trabajador que tiene su contraparte en el empresario, que es el titular de la empresa y de los poderes directivos y disciplinarios. El Derecho del Trabajo es un producto de la historia del siglo XX que tuvo en la Revolución de Octubre un hito fundamental que, sin duda, influyó en su desarrollo. En los últimos años la forma de empresa está transformándose, hasta el punto que afecta a los poderes y responsabilidades del empresario y a los derechos de estos en la relación de trabajo. El valor político constitucional del trabajo está también en un proceso de cambio. El centenario de la citada Revolución de Octubre en una buena ocasión de mirar todas estas transformaciones del mundo del trabajo con ese telón de fondo. 

Al tratar esta materia se mantiene una continuidad con el “espíritu” del Curso, que no es otro que la consideración de que, si bien el Derecho del Trabajo (utilizado en su sentido más amplio) es el más eurocéntrico de los Derechos, no deja de ser cierto que en Latinoamérica ha echado raíces y, por ello, las transformaciones que sufra tienen un potencial efecto global. 

El Curso, como en años anteriores, está dirigido a juristas, economistas, sociólogas/os y psicólogas/os  expertas/os en relaciones laborales que desarrollen sus actividades en las Universidades, en la Administración del Estado, en la Judicatura, como profesionales por cuenta propia o como asesores de Organizaciones sindicales o  empresariales. Se han seleccionado mediante un concurso abierto en función de su curriculum y origen nacional, procurando compensar a aquellas naciones normalmente infrarrepresentadas en el mismo. Hay un  “numerus clausus” que se establece en 30 personas como máximo, reservándose 5 a ex-participantes que deseen cursar la presente Edición.

El Curso tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, sita en la ciudad de Toledo, en el antiguo Convento de San Pedro Mártir, que hace una década se amplió con la anexión del también antiguo Convento de la Madre de Dios, en el que durante su restauración aparecieron ruinas romanas y de otras civilizaciones que han quedado integradas en el edificio. Esta Facultad es una joya arquitectónica que, desde el siglo XIV al XVII, ha ido sumando construcciones que forman un soberbio conjunto adaptado con singular maestría a las necesidades universitarias actuales. 

Habrá traducción simultánea para las ponencias que se impartirán en italiano. Este es el programa del mismo, que habla por si solo de la calidad y el interés de estas enseñanzas.

PROGRAMA DEL CURSO 2017
Nuevos modelos de organización productiva y de regulación del
        trabajo cien años después de la Revolución de Octubre

Lunes, 11 de septiembre

10.00-10.30: Entrega de materiales y Acto de bienvenida en la Universidad de Castilla-La Mancha. Saludo a los y las participantes por autoridades académicas de la Universidad de Castilla-La Mancha.

10.30-11.30:Un poeta habla de la dignidad del trabajo. Luis García Montero. Poeta. Catedrático de Literatura Española, Universidad de Granada.
11.30-12.00: Debate
12.15-13:00: Claves feministas para hacer posible una vida digna trabajando.Yayo Herrero, Directora de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM).

13.00-13.30: Debate

13.45: Almuerzo de bienvenida

16.00: Puesta en común de las realidades nacionales

21.00: Cena


Martes, 12 de septiembre

10.00-11.00:La onda larga de la revolución bolchevique: El Estado Social y Democrático de Derecho y el proceso de integración europea. Joaquín Aparicio Tovar. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Castilla-La Mancha.
11.00-11.45. Debate

11.45-12.00. Pausa

12.00-13.00. Del siglo XX corto al inicio de un siglo XXI incierto ¿Una parábola del valor político-constitucional del trabajo?Antonio Baylos Grau. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Castilla- La Mancha.

13.00-13.45.- Debate

14.00: Almuerzo

16.30: Trabajo en grupos

21.00: Cena


Miércoles, 13 de septiembre

10.00-11.00. Un siglo después, el trabajo en proceso constituyente. Laura Mora Cabello de Alba. Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Castilla-la Mancha.
11.00-11.45.- Debate

11.45-12.00. Pausa

12.00-13.00.-. ¿Qué fue del Nuevo Orden Económico Internacional del que se hablaba en los años 70 del pasado siglo?Carlos Berzosa Alonso-Martinez. Catedrático de Economía Aplicada. Ex rector de la Universidad Complutense de Madrid



13.00-13.45. Debate

14.00.- Almuerzo

17:15.- El trabajo en la fábrica del mundo: La producción textil y del calzado en China e India. Isidor Boix. Ingeniero industrial y jurista. Sindicalista excoordinador del Acuerdo Marco Global de IndustriALL Global Union con Inditex.
21.00: Cena.


Jueves, 14 de septiembre

10.00-11.00. Economía digitalizada y relaciones laborales. Francisco Trillo Párraga, Profesor Contratado Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Castilla-La Mancha.


11.00-11.45. Debate

11.45-12.00. Pausa
12.00-13.00.- La metamorfosis del poder de control y dirección en el trabajo. Rosario Gallardo Moya. Profesora Titular de Derecho del Trabajo. Universidad de Castilla-La Mancha.

13.00- 13.45. Debate


14.00. Almuerzo.
16.30.- Trabajo en grupos
21.00: Cena.


Viernes, 15 de septiembre

10.00-11.00. El Derecho del Trabajo entre dos muros: auge y caída de la estabilidad en el empleo. Joaquín Pérez Rey. Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-La Mancha
11.00-11.45.- Debate

11.45.-12.00.-  Pausa

12.00- 13.00.-Migraciones, mujer y cuidados. Nunzia Castelli. Profesora doctora ayudante de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Castilla-La Mancha.
13.00- 13.45.- Debate

14.00. Almuerzo
21.00. Cena para quienes se queden en Toledo.


Lunes, 18 de septiembre


10.00-11.00.- La división internacional del trabajo hoy. Raymond Torres. Exdirector del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT. Ginebra.

11.00-11.45.- Debate

11.45-12.00.- Pausa

12.00-13.00.- El futuro del trabajo. Joaquín Nieto. Director de la Oficina de la OIT en España.

13.00-13.45. Debate

14.00. Almuerzo

16.30. Mesa Redonda con representantes de los sindicatos, organizaciones empresariales y de la Administración Laboral.

21.00. Cena.



Martes, 19 de septiembre

10.00-11.00.- La dimensión social de los tratados internacionales. Donata Gottardi, Professoressa ordinaria. Universidad de Verona, ex parlamentaria europea.
11.00-11.45.- Debate

11.45-12.00.- Pausa

12.00-13.00.- El trabajo en la empresa-red y las redes de empresa. Laura Calafà, Professoressa ordinaria, Universidad de Verona.

13.00-13.45.- Debate

14.00.- Almuerzo

16.30.- Trabajo en grupos

21.00.- Cena


Miércoles, 20 de septiembre

10.00- 11.00.- El sindicato y la segmentación del interés colectivo. Andrea Lassandari, Professore ordinario, Universidad de Bolonia.

11.00-11.45. Debate.

11.45-12.00.- Pausa.

12.00-13.00.- Externalización del proceso productivo y tutela del trabajo. Federico Martelloni. Ricercatore confermato. Universidad de Bolonia.

13.00-13.45. Debate

14.00.- Almuerzo.


16.30.- Trabajo en grupos

21.00.- Cena


Jueves, 21 de septiembre.


10.00-11.00.- Del trabajo a domicilio al teletrabajo (a propósito de continuidad y discontinuidad).Luigi Mariucci. Professore ordinario. Universidad de Venecia

11.00-11.45.- Debate.


11.45-12.00.- Pausa

12.00-13.00.- Ascenso y declive de los derechos sociales. Gian Guido Balandi. Professore ordinario. Universidad de Ferrara.

13.00-13.45.- Debate.

14.00.- Almuerzo


16.30.- Trabajo en grupos.

21.00.- Cena de clausura


Viernes, 22 de septiembre


10.30- 11.45.- El papel de los poderes públicos en la construcción del Derecho del Trabajo. Un dialogo entre Umberto Romagnoli, Professore ordinario de la Universidad de Bolonia y Miguel Rodriguez-Piñero, Consejero de Estado, ex presidente del Tribunal Constitucional.

11.45.- Foto de familia

12.00.- Presentación de conclusiones de los grupos de trabajo y entrega de diplomas.


martes, 18 de julio de 2017

18 DE JULIO: FASCISMO Y DICTADURA



Hace 81 años se produjo la sangrienta rebelión militar contra la II República, dando inicio a una larga guerra civil de tres años y a la instauración de una feroz y desatada represión contra los vencidos. La dictadura franquista se prolongó demasiado tiempo, favorecida por el anticomunismo de la guerra fría, y sólo fue abolida como régimen legal a partir de diciembre de 1978, con la promulgación de la Constitución democrática y la amplia disposición derogatoria de la misma. El franquismo sin embargo mantuvo su violencia sobre la memoria y la política y ha prolongado su vigencia cultural y política hasta hoy mismo. Las resistencias y los obstáculos a la memoria histórica, a la recuperación de los cuerpos de los fusilados, la negativa a poder localizar los lugares y los restos de las personas “desaparecidas” por haber sido asesinadas por los vencedores, es actualmente un lugar común en el debate político de nuestros días. Lo que subyace en la inmanencia del franquismo en la sociedad democrática actual es la permanencia de una visión de vencedores y vencidos que es inmutable y que la democracia no puede modificar ni siquiera simbólicamente. La idea en fin de la irreversibilidad de los fines cumplidos por la dictadura, la defensa de la dominación de clase y la derrota de una profunda reforma social y económica.

Hubo un tiempo en el que esta inmanencia del franquismo en la democracia se expresaba a través de un eufemismo: “el régimen anterior”. Todo para evitar hablar de dictadura y sobre todo para erradicar el término “fascismo”, que lo relacionaba con la derrota militar del nazifascismo (1939 – 1945) y, aún peor, con algunos episodios importantes de resistencia popular frente al mismo en Italia y en Francia o en los Balcanes y en Grecia, y que es una ideología considerada aberrante por las democracias occidentales europeas. Lo que trae a la mente el debate intenso en los años sesenta y setenta sobre la “naturaleza” del franquismo, que Ismael Saz Campos, en su interesante monografía “Fascismo y Franquismo “ (Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2004), resumió de manera muy útil. En efecto, en 1964, en pleno desarrollismo franquista, el sociólogo español J.J. Linz, desde la universidad de Yale en USA sostuvo que el franquismo no era una dictadura fascista sino un régimen autoritario. El franquismo se situaba así en un “limbo autoritario” intermedio entre el totalitarismo (que era la categoría acuñada para colocar en el mismo espacio al nazismo y al comunismo estalinista, lo que era funcional al discurso de la guerra fría) y los bienes de la democracia representativa de los países del occidente europeo y de los Estados Unidos. Esta definición del franquismo tuvo una gran aceptación, y fue repetida por muchos especialistas en ciencia política, aunque con algunos matices, como los que diferenciaban entre una fase “semifascista” en los primeros años del régimen (entre 1939 y 1953, es decir entre el comienzo de la posguerra y el cese de las cartillas de razonamiento y la firma del acuerdo con los Estados Unidos sobre las bases militares) y el sistema autoritario posterior, como sostuvo Stanley G. Payne.

Pero para otros muchos, lo determinante en el franquismo es su carácter de dictadura de clase, lo que permite en efecto definirlo correctamente como fascismo, aunque adopte una forma peculiar debido a la fuerte presencia de la Iglesia y el tradicionalismo católico y el peso determinante del Ejército, como recordarán Carmen Molinero y Pere Ysàs. Esta perspectiva, lo que caracteriza a este régimen político es su defensa frente a un orden social amenazado, lo que subraya el contenido de clase de la dictadura.

Puede en efecto examinarse la composición concreta de los grupos que sostienen la dominación de clase durante la dictadura, su alargamiento y su relativa transformación, pero no conviene olvidar, porque allí no hay ninguna duda, quienes fueron los perdedores del régimen que inició su sangrienta andadura mediante la rebelión del 18 de julio. Y éstos fueron ante todo la clase obrera organizada y el campesinado, así como las fracciones republicanas y liberal-demócratas de la burguesía. “Franquismo y fascismo – escribirá, apropósito de las primeras manifestaciones de aquél Luis Mariano González, de la UCLM, en su monografía del 2009 – son inseparables especialmente en los duros años de la posguerra, aunque formas y modos fascistas pervivieron en España hasta la muerte del dictador en 1975”.

Para los laboralistas, la dictadura mantuvo siempre ese rasgo distintivo, el de combatir y proscribir la vertiente colectiva de las relaciones de trabajo, arrasando a los sindicatos creados y presentes en el mundo laboral desde la etapa liberal, que se habían fortalecido de manera importante durante la II República. No sólo se disolvieron todas las organizaciones obreras – partidos y sindicatos – sino que se procedió al exterminio físico de aquellos dirigentes y militantes que no murieron en la guerra o que no se exilaron. Los bienes de estas organizaciones fueron confiscados y el aparato represivo en donde el fascismo como ideología y como violenta expresión del poder tuvo una especial presencia, reprimió con saña cualquier intento de recomposición de estas organizaciones libres. La creación de organizaciones católicas obreras fue casi inmediatamente motivo de sospecha y de persecución justamente por situarse en un espacio social que la dictadura castigó especialmente. La persecución de las centrales históricas, especialmente la UGT, pero también la CNT, corrió en paralelo a la incriminación penal de las que se pretendieron crear nuevas, como la Oposición Sindical Obrera (OSO) y semejantes. No es necesario recordar que la aparición de las Comisiones Obreras como forma peculiar de organización y defensa de los trabajadores, fue rápidamente reprimida policialmente y mediante la acción del Tribunal Supremo que las declaró asociación ilícita con la correspondiente sanción penal del Código Penal y su enjuiciamiento a través del Tribunal de Orden Público.

En cuanto  la huelga o  cualquier medida de acción colectiva, su misma evocación implicaba la triple reacción de castigo: la más eficaz sanción del despido, a cargo de los empresarios, la detención policial y, en muchos casos, la incriminación penal, aunque más frecuente mediante los delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal que mediante el delito de sedición que castigaba la huelga. Y recordemos que hasta en 1975 se efectuaron consejos de guerra, en donde la participación del ejército faccioso se requería como una prueba de fuerza, para condenar a prisión a sindicalistas por haber participado en una manifestación en defensa de su convenio, como sucedió en el Ferrol.

El odio y la violencia de la dictadura se proyectaba fundamentalmente frente a la clase obrera organizada, la única que podía poner en peligro la dominación de las sucesivas “coaliciones” de los poderes económicos que gobernaban el país impidiendo de manera permanente cualquier alteración de las posiciones de privilegio y de sometimiento de las que gozaban y que a su vez permitía la construcción de amplias capas de apoyo a la dictadura en las clases medias  mediante un capitalismo asistido y el ascenso social de grupos leales. La represión de sectores importantes de otras clases medias ilustradas, en donde el factor generacional resultaba muy importante, nunca tuvo la contundencia que sin embargo buscaba y obtenía la dictadura respecto al movimiento obrero con conciencia de tal.

Esa hostilidad permanente, a la que sólo se podrá fin mediante la amnistía laboral y la constitución, que son los ejes del cambio democrático en esta materia, se materializó asimismo en la politización indudable de este conflicto, que es el conflicto central sin el cual no se explica el franquismo ni la lucha contra la dictadura. La democracia en el Estado español, y es siempre necesario recordarlo, la trajo la lucha abierta del movimiento obrero y sus aliados de clase contra un sistema cuyo aparato represivo – fundamentalmente policía y magistratura, custodiados por las fuerzas armadas – actuó hasta el final de sus días (1977) como instrumentos directos de la dictadura de clase contra la clase trabajadora organizada.


El fascismo anidó siempre en el franquismo. Y conviene recordar que la violencia terrible de ese sistema se ejercitaba como sometimiento cultural, económico y social de los y las trabajadoras de este país. El 18 de julio no sólo fue una rebelión fascista contra un sistema democrático que quería, con sus contradicciones, llevar adelante un proceso de reformas sociales avanzadas. Fue también y de manera especial, el comienzo de un diseño de contención y disciplinamiento de los sujetos colectivos que representaban a la clase obrera española y que pretendían poner fin a tantos años de atraso y sujeción económica y social en este país. 81 años después, recordar estas verdades es siempre conveniente, más aun frente al negacionismo que tantas personas y hasta grupos políticos mantienen al respecto.

domingo, 16 de julio de 2017

NUEVAS REALIDADES LABORALES Y SOCIALES Y LA ELABORACIÓN JURÍDICA SOBRE LAS MISMAS.



Una revista científica dedicada al derecho, y en particular al derecho del trabajo y de la seguridad social, tiene necesariamente que mantenerse en un plano intermedio entre el análisis teórico, la inmediatez de los pronunciamientos judiciales o de la producción legislativa, y, fundamentalmente, con la presentación de nuevos temas y problemas que requieran un tratamiento específico no recogido hasta el momento ni por la norma ni por la jurisprudencia. Este delicado equilibrio es el que hace que una revista sea un instrumento útil y que por tanto sea seguida y examinada por sus suscriptores en primer lugar y posteriormente por los colectivos interesados en esta forma de producción de cultura jurídica, los abogados y operadores del derecho, los jueces y magistrados, los miembros de la Administración laboral y especialmente la Inspección de Trabajo, la comunidad académica y los estudiantes de derecho y de relaciones laborales y recursos humanos. La Revista de Derecho Social pretende, a través de cada uno de sus números – 4 al año – lograr este equilibrio. Recién aparecido el número 78 de la misma, que corresponde a abril-junio del 2017, la exposición de su contenido puede ser indicativo de cómo se intenta conseguir esa difícil proporcionalidad de las materias. Se subrayan así dos temas novedosos: las nuevas tecnologías digitales y los poderes empresariales, en primer lugar, y la introducción de un derecho de resistencia del trabajador frente a órdenes del empresario contrarias a la preservación del medio ambiente.

Es un lugar común sostener la importancia que la digitalización y las tecnologías de la información tienen en el mundo de las empresas y por tanto de las relaciones laborales. Las facultades de control y de vigilancia del empresario se encuentran extremadamente facilitadas y favorecidas por estos instrumentos, lo que puede colisionar con el respeto a derechos fundamentales del trabajador a su intimidad o a la protección de datos, entre otros. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido, a partir fundamentalmente de 2013, extraordinariamente permisiva respecto de los controles empresariales y ha extendido de forma muy amplia su capacidad de vigilancia, invasiva del espacio de la privacidad del trabajador y de la trabajadora. La inexistencia de una norma legal – más allá del “respeto a la dignidad humana” que afirma el art. 20.3 ET – hace que esta labor jurisprudencial sea muy determinante en la fijación de límites a los poderes empresariales. No parece por otra parte que esté cercana una reforma de la normativa laboral que, como preconizaban los sindicatos y en concreto CCOO, junto con otros documentos de procedencia mixta, como el Informe FIDE, introdujera en la ley un desarrollo de estos derechos del trabajador en cuanto ciudadanos, limitando los poderes de control del empresario. Sin embargo, no todos conocen la promulgación, en el 2016, de un Reglamento Comunitario que fuerza a que el Estado español regule esta cuestión. 

Este es el objeto del artículo de José Luis Goñi, un reputado experto en la materia, que trae a colación el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de las personas, que debe ser traspuesto en la legislación española antes del 25 de mayo de 2018, dando un plazo de dos años para ello. El reglamento contiene en su art. 88 una serie de precisiones fundamentales en el tema analizado, puesto que ese precepto obliga a contemplar concretamente, dentro de las “medidas adecuadas y específicas para preservar la dignidad humana de los interesados así como sus intereses legítimos y sus derechos fundamentales”, una regulación legal o convencional directa de “los sistemas de supervisión en el lugar de trabajo”, así como de” la transparencia del tratamiento, a la transferencia de los datos personales dentro de un grupo empresarial o de una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta”. Un conjunto de elementos que no sólo deberán ser objeto de una regulación legal, sino en donde el sindicalismo tiene necesariamente que posicionarse mediante su reglamentación a través de la negociación colectiva. En el artículo se examinan además los parámetros desde los que este tema se ha ido tratando en la jurisprudencia y su posible interpretación en un sentido más favorable al ejercicio de los derechos de los y las trabajadoras, de forma que pueda servir de guía a una futura acción colectiva, a la tutela judicial de los derechos individuales y sindicales en estos temas, y a la defensa de criterios limitativos del control y de la vigilancia en la negociación colectiva.

Una gestión empresarial no adecuada que origine peligros al medio ambiente no sólo afecta al espacio público de la ciudadanía, sino que incide directamente sobre la salud e integridad psicofísica de los trabajadores. Sin embargo no es este un tema que se haya tratado de manera completa en los estudios jurídicos al uso. El trabajo que publica en este número 78 de la RDS Juan Escribano, un autor que se ha dedicado especialmente a este tema en el volumen colectivo que coordina con Laura Mora Cabello de Alba sobre la ecología del trabajo (Bomarzo, 2015), efectúa una propuesta interpretativa global respecto de los derechos de los trabajadores ante las órdenes medioambientalmente injustas que relaciona con el derecho de resistencia no entendido genéricamente, sino a partir de la tradicional elaboración doctrinal en función de la cual sólo la ilicitud de una concreta orden empresarial justifica la negativa a cumplirla por parte del trabajador, desgranando la noción de riesgo como requisito de la desobediencia / resistencia del trabajador, no sin señalar sus deficiencias aplicativas. El artículo además sugiere otros elementos teóricos importantes, como el estatus de ciudadanía medioambiental y propone mecanismos colectivos, sobre la base de experiencias comparadas, que se concretan en derechos de acceso a la información y participación de los trabajadores en la materia medioambiental, y en la denuncia o alerta ante el peligro de daño que pueden llevar a cabo los representantes de los trabajadores, sindicales o electivos, y, en fin, la capacidad de la huelga como medida de acción colectiva que puede llevar a cabo una reivindicación en este asunto y la necesidad de que el sindicalismo de clase utilice la negociación colectiva como medio de introducción de esta problemática que cada día resulta más importante en lo que respecta a la continuidad entre la sostenibilidad del ambiente y la actitud de las empresas al respecto a partir de su propia organización del trabajo, en especial en los sectores más contaminantes, pero no sólo en ellos, sin que se entienda esta materia reservada en exclusiva a la responsabilidad social empresarial.

Dos temas resaltados por su originalidad y actualidad, pero que no agotan los contenidos de un fascículo que, como se ha dicho, tiene que equilibrar su contenido con otros temas más clásicos de una parte y de mayor contingencia o inmediatez otros. En este mismo número, en efecto, Lucía Dans propone una relectura muy interesante del diseño clásico entre poderes normativos y fuentes reguladoras de la relación de trabajo que merece la pena conocer, Miguel Basterra examina de manera exhaustiva el tema, mucho más concreto, de las reducciones y adaptaciones de jornada en razón de las necesidades personales y familiares del trabajador, y finalmente, en el apartado de Estudios, la penalista Cristina Faraldo explica críticamente el nuevo delito que tipifica el Código penal de emplear a menores o a extranjeros sin permiso de trabajo.

El examen de temas muy actuales de importancia prosigue en otros espacios de la Revista. Ante todo, en el examen de un problema que acompaña desde hace mucho tiempo al derecho europeo y que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE ha complicado su resolución mediante la introducción de parámetros derivados de la primacía de las libertades económicas sobre los derechos sociales. Se trata, en efecto, de la regulación de la libertad de desplazamiento en las últimas reformas de las directivas que la regulan y su proyección sobre el dumping social, que Giovanni Orlandini expone de forma muy precisa y clara en un texto traducido de su participación en el Seminario europeo organizado por el colectivo European Lawyers for Workers junto con la CGIL-Toscana en Florencia, en mayo del 2017, al que se ha hecho referencia en este blog (Dumping Social y Unión Europea ). Pero también un tema sobre el que no se ha trabajado mucho pese a que se incardina en el recorte del gasto público que constituye uno de los elementos centrales de las políticas de austeridad, el tema de la asistencia sanitaria y el gasto farmacéutico. El editorial de la revista se dedica a este tema, haciendo una referencia muy completa no sólo a la norma estatal, el RDL 16/2012, sino a la intervención del Tribunal Constitucional que ha amparado en su mayoría la actuación del gobierno central contra las comunidades autónomas, impidiendo de hecho la autonomía de éstas e imponiendo la igualdad a la baja, sin que éstas puedan disponer mejoras en sus prestaciones sanitarias o farmacéuticas. En relación con ese denso editorial se publican dos textos que se relacionan con ese contenido, el de Vanesa Cordero  sobre el tema de la asistencia sanitaria de los extranjeros extracomunitarios – y “sin papeles” – en España, con el análisis crítica de la STC 139/2016, y el de Carmen López Aniorte que explica la finta que ha hecho la Comunidad Valenciana para evitar el copago de la prestación farmacéutica tal como sin embargo le obligaba la norma estatal.

La Revista de Derecho Social, como se sabe, asigna un espacio muy importante a la producción del derecho a través de la interpretación judicial. En la interpretación constitucional, Juana Serrano comenta un fallo de este tribunal en el que se analiza la discriminación directa en materia de maternidad por el incumplimiento de compromisos pactados en convenio colectivo, y respecto de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que por razones obvias ha recobrad un papel dirigente en la interpretación y creación del derecho ante la desaparición de la vertiente constitucional como orientativa de la creación del derecho, plegada completamente a la defensa de la acción legislativa del gobierno, en la revista se incluye un comentario de Jose Luis Monereo y Juan Antonio Fernández Bernat a una decisión de la Sala Cuarta del TS sobre planes de pensiones y jubilación y otro de Francisco Trillo  sobre otra sentencia de la misma sala en la que se analiza críticamente la posibilidad de que la denuncia del convenio colectivo se lleve a cabo por cualquier sindicato legitimado para negociar y no por quienes han firmado el convenio. En esta parte dedicada a la jurisprudencia, se ofrecen asimismo resúmenes de las principales sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremos en las materias de derecho social. Por último, en la sección de negociación colectiva y conflictos, Antonio Baylos analiza la actuación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha respecto de sus disposiciones de imposición de servicios mínimos en los denominados servicios esenciales de la comunidad en dicha Comunidad Autónoma, además de hacer una referencia amplia a la respuesta judicial frente a estos actos de la autoridad de gobierno y su repercusión asimismo en las empresas y en las relaciones de trabajo afectadas.

La Revista dedica un último apartado a reseñar libros que se juzgan importantes o por cualquier cuestión especialmente relevantes. En esta ocasión, se da cuenta del libro colectivo, dirigido por Olga Fotinopoulou , sobre “el presente y el futuro” del desplazamiento de trabajadores en la Unión europea, con un amplio elenco de temas de indudable interés. A continuación se noticia el libro de Román Gil  sobre el derecho democrático en Weimar, un trabajo de enorme erudición y muy excepcional en los estudios sobre cultura jurídica iuslaboralista y, finalmente, se examina el libro último de Luciano Canfora, intitulado la esclavitud del capital, del que también se ha hablado en este blog en este enlace : La esclavitud del capital, por L. Canfora.

Como se decía al comienzo, una revista debe, en cada número nuevo, intentar ese equilibrio entre lo que dice y analiza hacia el futuro y lo que describe y critica en el presente, siempre atenta a la creación de una cultura jurídica centrada en los derechos de los trabajadores y en las formas más eficientes de ejercitarlos y tutelarlos.  Tiene que ser sugerente y atraer la lectura del ámbito de personas que son susceptibles de conocerla y valorarla. Confiamos en que también en esta ocasión el número 78 de la RDS haya cumplido tales objetivos.


viernes, 14 de julio de 2017

ANOTACIONES SOBRE EL 14 DE JULIO


Como en todas las cosas, hay dos versiones del 14 de julio, fiesta nacional en Francia. Una es la fiesta popular que enlaza con la sublevación del pueblo de Paris frente a los intentos absolutistas del Rey que culminó con la toma y demolición de la Bastilla, una prisión odiosa que simbolizaba la arbitrariedad y la violencia del poder del antiguo régimen. Ese Paris que luego habría de protagonizar, casi un siglo después, de marzo a mayo de 1871 – el tiempo de las cerezas - el primer experimento de gobierno proletario en Europa, y que se reinventaría en el Frente Popular de los años 30. Para ese Paris popular – que hoy se definiría quizá también populista – el 14 de julio es un momento de libertad y de fiesta, de kermesse  y de bistrots  con sus fuegos de artificio y  su reivindicación nacional de obreros y pequeños comerciantes en torno a caracteres tiernos y canallas como supo describir tan bien un director hoy olvidado, René Clair.

Hay otro 14 de julio, el que no conmemora la insurrección popular sino la fiesta nacional  impulsada en 1880 en recuerdo de la Fiesta de la Federación de la guardia Nacional, y su principal objetivo es el desfile militar tras la alocución de la Presidencia de la República. Una muestra del poderío colonial de Francia y de su potencia militar, que se ha perpetuado desde entonces al margen del cambio de las circunstancias históricas experimentadas, en especial las dos grandes guerras mundiales, la descolonización en el África occidental francesa y especialmente la guerra de Argelia, el cambio de régimen de un sistema parlamentario a una república presidencialista, el grito de libertad que supuso Mayo de 1968 y, para cerrar el ciclo constituyente de un espacio de confianza en un futuro de progreso, el programa común de 1981 como fin de ciclo.

Un desfile militar por los Campos Elíseos con la grandeza que acostumbran a tener los actos solemnes que en este año ha tenido como protagonistas a dos personajes muy especiales. El primero, Macron, un presidente que ha surgido de un movimiento autoconvocado “En Marcha” y que en tan solo seis meses ha logrado presentar listas electorales en todos los departamentos de Francia y obtener, gracias al sistema electoral cuasi mayoritario de aquel país, el 75% de los escaños en liza. Un programa político en el que una nueva reforma laboral, con un nuevo Código de Trabajo, se abrirá paso como objetivo principal.  Un presidente para el cual la igualdad es “dar a cada uno su oportunidad”, la libertad es “un gusto absoluto por la independencia” y la fraternidad es “no dejar a nadie atrás en el camino”, como ha declarado en la breve alocución del 14 de julio, y que expresamente ha querido, en esta fecha, profundizar las relaciones de amistad con Estados Unidos, invitando a su presidente, Donald Trump, a la fiesta nacional francesa. Algo que ha sido extremadamente criticado por la izquierda - la izquierda "insumisa" frente a la sometida - , dado el muy reciente rechazo de éste al Acuerdo de Paris en materia medioambiental, y a sus posiciones políticas contrarias a los derechos humanos y a la consideración de los inmigrantes com subhumanos sin derechos. Un enemigo de la paz y un negacionista de la destrucción del ambiente y del clima.

La invitación, como es lógico, lo ha sido a un 14 de julio presentado como elogio de Francia como potencia militar. Algo que ha encantado al presidente USA, que, según confesión propia, adoraría poder hacer algo así en su patria, pero que se reprime porque para los americanos, los desfiles militares se asocian a dictaduras como Corea del Norte o Rusia. “Aliados seguros”, los dos nuevos presidentes revalorizan un mundo construido sobre las potencias estatales que aseguran su dominio mediante el poder militar que garantiza su presencia económica en sus zonas de influencia. Una visión seguramente desfasada que no se corresponde con una realidad en la que el espacio de la globalización está cada vez más dominado por potencias privadas y por el capital financiero que determina sin apenas mediaciones las políticas de los Estados y la producción de normas y reglas de los mismos. Pero la presentación del viejo unilateralismo norteamericano que se impone con fuerza a partir del reconocimiento del mismo por sus “aliados” es el mensaje que lanza esta visita de Estado a Paris.


El desfile militar del 14 de julio no es, felizmente, la única versión de esta fiesta nacional. Paco Ibañez versionó al castellano una emblemática canción de Georges Brassens , la mala reputación: El dia de la fiesta nacional / me quedo en la cama igual / que la música militar / nunca me supo levantar. Que la mayoría de la ciudadanía francesa recupere esa visión popular y progresista sería una buena noticia para toda Europa. No lo es sin embargo esta escenificación simbólica de la hegemonía unilateralista norteamericana que ofrece el encuentro entre Macron  y Trump  este 14 de julio.

martes, 11 de julio de 2017

LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE Y LA INDEMNIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS INTERINOS. HABLA JOAQUIN PÉREZ REY


La serie de sentencias españolas que va recogiendo y aplicando la doctrina de las tres sentencias “españolas” del Tribunal de Justicia de la UE de septiembre del año pasado y que fundamentalmente se fijan en la Sentencia de Diego Porras, sigue adelante entre algunas vacilaciones y contradicciones. Joaquín Pérez Rey, reconocido experto en la interpretación de estas cuestiones, que formó parte de la Comisión nombrada por el Ministerio de Empleo que concluyó sus labores de manera improductiva por la oposición de la patronal y la desidia del gobierno, comenta ahora en este blog en absoluta primicia una nueva sentencia en la que se establece que los funcionarios interinos tienen derecho a una indemnización de 20 dias por año en el momento de su cese. El tema es de enorme importancia, y a él se dedica el comentario a continuación

PORRAS SIGUE AVANZANDO: LOS FUNCIONARIOS INTERINOS TIENEN DERECHO A UNA INDEMNIZACIÓN DE 20 DÍAS CUANDO CESAN

Joaquín Pérez Rey (UCLM)

A estas alturas creo que se puede decir sin caer en la exageración que no hay relación de duración determinada en un nuestro país que no se haya visto afectada por la que quizá es la sentencia de política social más famosa del TJUE en relación con nuestro país: la ya mítica sentencia Porras.

Como se sabe a partir de esta decisión se ha abierto paso en la doctrina judicial nacional una interpretación de nuestro modelo de contratación temporal, según la cual no es posible diferenciar a efectos indemnizatorios por finalización de contratos entre trabajadores temporales y trabajadores fijos cuando estos se encuentran en situaciones comparables y no existe una causa objetiva que ampare la diferencia. A partir de aquí la consecuencia más extendida es que para evitar esta discriminación es preciso, por mandato del Derecho de la UE, reconocer a los trabajadores temporales una indemnización por finalización lícita de sus contratos equivalente a la prevista para la extinción por causas objetivas, esto es, 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. Una cantidad superior, por tanto, a la prevista por el ET en art. 49.1.c) que es de 12 días en el mejor de lo casos o no existe en el peor de ellos (contratos de interinidad y formativos).

Pese a que la sentencia Porras se detenía en el caso de una trabajadora interina por sustitución, el argumento que ofrece es abstracto y susceptible entonces de abarcar modalidades de duración determinada distintas de la que en su día analizó el TJUE. Así los efectos de la doctrina Porras se han extendido como la pólvora por nuestro sistema de contratación temporal, afectando a los contratos de obra o servicio, a los eventuales por circunstancias de la producción, a las dos vertientes de la interinidad (por sustitución o por vacante), a “nuestros” particulares indefinidos-no fijos o, en muy recientes decisiones, al, controvertido a estos efectos, contrato de relevo temporal y a la contratación temporal practicada por ETTs. Sólo parecen resistirse, salvo error u omisión, los contratos formativos, los basados en motivos de empleo o el contrato (materialmente temporal) de apoyo a los emprendedores.

Esto por lo que respecta a las relaciones laborales, pero, como es bien conocido, la Directiva 99/70, que es la responsable de toda esta revolución pese a su aparente timidez, se aplica más allá de los confines que determina el art. 1.1 ET y alcanza a las relaciones temporales de naturaleza administrativa. Así lo ha confirmado el TJUE respecto de los funcionarios interinos, el personal estatutario temporal de los servicios de salud o incluso el personal eventual de la Administración.

Y este desbordamiento del ámbito laboral ha tenido enormes consecuencias en el empleo público temporal que ha visto como, en virtud del principio de no discriminación, empezaban a reconocérsele toda una serie de condiciones de trabajo que se les venían negando en atención a la temporalidad de sus relaciones: trienios, sexenios, cómputo de servicios previos, etc. o incluso, más recientemente, la imposibilidad de concentrar en los temporales administrativos las medidas de reestructuración o de atribuirles un diverso tratamiento por lo que respecta a las vacaciones. Tras Porras además surgía la duda de si entre esas condiciones de trabajo había que incorporar también las indemnizaciones por cese, recociendo a los temporales administrativos los mismos 20 días que algunos tribunales del orden jurisdiccional social otorgan a los temporales laborales. El problema en estos casos es el juicio de comparación. Si de lo que se trata es de extender a los temporales administrativos el mismo trato que el dispensado al colectivo fijo comparable, que sería el constituido por los funcionarios de carrera, lo cierto es que no cabría reconocimiento indemnizatorio al no preverse el mismo para el personal funcionario. A ello se unen además las propias limitaciones de la Directiva 99/70 que no incorpora a su ámbito la comparación de las condiciones de trabajo de los temporales entre sí, algo que parece quedar aparentemente extramuros del Derecho de la UE, pero que, en todo caso, no es ajeno a lo que disponga respecto del principio de igualdad el derecho interno.

Esta parecía ser la conclusión de parte de la doctrina y de alguna decisión judicial como por ejemplo la Sentencia 5-5-2017 (núm. 152/2017) Juzgado C-A, núm. 2, Santiago de Compostela: «tiene que concluir este juzgador que está justificado que los trabajadores laborales deban tener diferente indemnización al cesar en sus trabajos, según el tipo de contrato, causa de cese y tiempo trabajado, pero también existen tales “razones objetivas” que justifican que el personal reciba un trato diferenciado en razón al diferente régimen jurídico que los disciplina, lo que sucede con quienes resultan asimilados a los funcionarios de carrera, que gozan de derechos singulares propios de su condición, entre los cuales no se encuentra el de ser indemnizados al surgir la causa legal de su cese, como tampoco tienen tal derecho los funcionarios de carrera que cesan por las causas tasadas, ello sin perjuicio de que, en razón a que como los primeros pierden su trabajo por causas a ellos no imputables y como cotizan por la prestación de desempleo, pueden percibir la prestación contributiva por tal causa, al igual que el personal sujeto a una relación laboral».

Conclusión que no deja de ser insatisfactoria principalmente porque no es que no se contemple indemnización por cese en el caso de funcionarios es que no se prevé en verdad cese o separación del servicio salvo en circunstancias excepcionales. Ello aconsejaría atender para la comparación al personal laboral fijo, algo que el propio TJUE ha avalado en otro contexto cuando ha sugerido extender la doctrina de los indefinidos - no fijos  al abuso de relaciones administrativas temporales (Martínez de Andrés y Castrejana López).

Aunque no sea exactamente en esta dirección, pues no compara laborales fijos con temporales administrativos, sino a estos últimos con los temporales laborales, algo que aparentemente queda fuera de la Directiva 99/70, es preciso destacar la reciente, y también gallega, Sentencia 30-6-2017 del Juzgado C-A, núm.2, A Coruña (sentencia núm. 120/2017)[1]. En ella, tras recordar la consecuencias de la Directiva 99/70 en el empleo público administrativo y las consecuencias de la primacía del Derecho de la UE, se afirma de forma contundente, y por vez primera que conozcamos, que «es llano que aparece una manifiesta discriminación entre el empleado temporal laboral en la Administración Pública al que se reconoce un derecho a la indemnización por cese o finalización de la relación laboral, derecho que nace de la igualación entre las relaciones de empleo en el sector público de naturaleza temporal y las fijas justamente en aplicación de la Directiva y doctrina del TJUE que nos ocupa, y el funcionario interino al que se niega idéntica indemnización en razón exclusivamente de su condición de funcionario interino para ello conviene recordar ahora que en el ámbito de las relaciones empleo público la doctrina del TJUE ya ha reconocido la igualdad de trato en relación con el derecho a la indemnización por extinción de la relación».

Esta diversidad de tratamiento para el Juzgado gallego no encuentra justificación en razón objetiva alguna, pues «la Administración no ya es que no acredite es que ni siquiera razona cuales pudieran ser esos criterios objetivos y concretos en los que pudiera ampararse la discriminación entre el empleo público temporal laboral y el empleo público temporal en régimen funcionarial, funcionario interino, nótese que el puesto de trabajo de auxiliar administrativo que es al que se refiere el Asunto Diego Porras puede ser desempeñado con normalidad en nuestras Administraciones Públicas tanto por personal funcionario como por personal laboral aunque ello es en puridad irrelevante».

En este contexto argumentativo la conclusión de la sentencia no es otra que la de reconocer al funcionario interino el derecho al abono una indemnización de 20 días por año trabajado.

Un paso más de Porras, polémico ciertamente como todos los demás, pero del que ahora solo cabe dar cuenta dejando su análisis más sosegado y crítico para mejor ocasión.





[1] Que amablemente me ha hecho llegar el responsable de los servicios jurídicos de CCOO en Castilla-La Mancha Juan José Muñoz.

domingo, 9 de julio de 2017

PRECARIZACIÓN, CLASE Y PODER: RESPUESTAS A LA PRECARIEDAD



Si el post del 6 de julio se daba a conocer un interesante documento del Parlamento europeo en el que se anotaba un diagnóstico sobre la precariedad laboral y una serie de medidas para combatirla, basadas en lo fundamental en las propuestas de la OIT, en esta ocasión se da cuenta de un importante seminario que se celebrará en la Universidad Internacional de Andalucia (UNIA), en el Campus Antonio Machado de Baeza, entre el 4 y el 7 de septiembre, que permite inscripciones hasta el 20 de julio. El director del curso es Jaime Aja, profesor de la Universidad de Córdoba e intelectual conocido, y lo patrocinan la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), Transform Europe y la Fundación por la Europa de los Ciudadanos (FEC)

Es evidente que la precariedad laboral es uno de los principales problemas a los que se enfrenta España y tiene consecuencias especialmente negativas en Andalucía. La temporalidad, los bajos salarios, la polarización laboral y el desempleo, son características estructurales que se han visto agravadas en los años de crisis. Pero la precariedad no es un fenómeno exclusivamente laboral, sino que tiene importantes consecuencias en la vida social, desde la salud psíquica a la vida política. La finalidad que persiguen los organizadores del curso es analizar este fenómeno central en la sociedad española y sus principales consecuencias, desde distintos puntos de vista.

El curso, por tanto, tiene como objetivos más detallados los siguientes:  definir el fenómeno de la precariedad laboral y la forma en que afecta a España y a Andalucía, estudiar la evolución del trabajo y de la estructura de clase en los últimos años de crisis y analizar las principales transformaciones del derecho del trabajo, que conducen a una mayor desregulación el mercado de trabajo. Además de ello, se pretende evaluar las consecuencias psico-sociales de la precariedad, estudiar la relación entre precarización y género y analizar la relación entre crisis política y precarización. Por último, es conveniente observar la transformación de las relaciones laborales y la actividad sindical en la empresa para, finalmente, ir ensayando soluciones y alternativas a la precarización del trabajo y de la vida social.

Los ponentes son investigadores y académicos procedentes de la sociología, el derecho, la psicología, la ciencia política y la economía de evidente renombre y trayectoria política y teórica. Alberto Garzón abrirá el curso con una reflexión general sobre las políticas de ajustes y el salario, explicando la reconfiguración institucional y laboral acentuada por la crisis económica y política. A continuación intervendrá el también economista Eddy Sánchez Iglesias en la que fundamentalmente abordará el tema de la composición subjetiva de clase, de “la soledad del trabajador globalizado” a la “recomposición del obrero colectivo”, con especial atención a la formas de ejercicio del conflicto colectivo en el marco de la sociedad precaria. Este último día, en la sesión de tarde, verá la intervención de Begoña Marugán que relacionará precariedad, conciencia de clase y género. El segundo día se abre con la exposición sobre la evolución de la segmentación en el mercado e trabajo español desde 2005 al 2016, en el contexto de la crisis, que efectuará el director del Seminario, Jaime Aja. Los efectos psico-sociales derivados de la precariedad los expondrá Macarena Vallejo, de la Universidad de Málaga, y la sesión de tarde está dedicada a la reflexión sobre la precariedad desde el tratamiento jurídico-laboral, en torno por tanto a la desregulación del empleo, que efectuará el profesor de la UCLM, Francisco Trillo.

El tercer día predomina una visión sociológica. Primero a partir del examen que de la subjetividad precaria y los efectos psicosociales y políticos que ésta genera entre las clases populares de las periferias metropolitanas realiza Pablo López Calle, de la UCM, y a continuación con el interesante tema de la deconstrucción del empleo como una cuestión de gramática y semántica política, con la emersión del modelo cultural del emprendedor, que llevará a cabo la también profesora de la UCM, Amparo Serrano. Por la tarde, una mesa redonda sobre empleo, identidades y sindicalismo en la próxima década, permitirá un interesante debate sobre las cuestiones sugerida en relación con la actuación del sindicato como representante general del trabajo. El último día, Eduardo Garzón desarrollará la noción de trabajo garantizado como alternativa para combatir el desempleo y la precariedad, prosiguiendo así un trayecto teórico y político que IU había ya efectuado en su programa de las elecciones del 2015.

Como puede comprobarse, se trata de un curso de extraordinario interés, que aborda un tema actualmente central no sólo en la estructura del empleo hoy en día y en la tutela de los derechos derivados del trabajo, sino en general, en lo que viene a considerarse una condición social de existencia para jóvenes y mujeres en esta fase del capitalismo con efectos desestructuradores sobre los mecanismos de representación colectiva y sus medios de acción.

El curso tiene un precio de 58 euros y la UNIA cuenta con alojamientos en habitaciones dobles por 15 euros la noche. En este enlace se puede encontrar el programa completo y las instrucciones para la inscripción:
Programa e Inscripción del Curso

Y este es el video promocional en el que anuncia el seminario su director, Jaime Aja.

Video promocional de la UNIA : https://vimeo.com/222645120