En momentos de crisis política grave como los que estamos
viviendo, la postura de los sindicatos más representativos debe ser tenida en
cuenta porque éstos son los representantes constitucionalmente definidos de los
intereses económicos y sociales de todas las personas que trabajan en el Estado
español. La práctica política del partido del gobierno y de éste mismo, junto
con la actuación de los otros dos partidos que han hecho un bloque – unionista se
les llama y alguno de ellos se autodenominan el bloque “constitucionalista” -,
Ciudadanos y PSOE, ha ignorado por completo a estos sujetos sociales de amplia
base representativa. Achicado el espacio de juego a los tres partidos que le
garantizan una mayoría en el Parlamento, las decisiones sobre la “cuestión
catalana” han partido de la exclusión real de casi un tercio de los representantes
políticos que defendían una solución política negociada y que han sido críticos
con la intervención represiva del gobierno en el referéndum del 1-O, además de
la expulsión del tablero de juego del nacionalismo catalán. Los grandes medios
de comunicación no juzgan conveniente – salvo algunas excepciones, como los de
extrema derecha, para denunciar el “antiespañolismo” de UGT y CC.OO – dar cuenta
de la postura sindical. Y sin embargo, se trata de una voz que debería ser
atendida en lo que realmente supone respecto de la representación de los y las
trabajadoras.
Los sindicatos más representativos en efecto han jugado un papel importante
en la construcción del discurso en la opinión que acompañaba estas últimas etapas
del proceso independentista. Han manifestado claramente su oposición al
unilateralismo en el que el gobierno catalán y la mayoría parlamentaria que lo
sostiene ha ido llevando adelante hasta su última etapa, con la declaración
efectuada el viernes 27 de octubre. Pero a la vez han denunciado la intervención
autoritaria y violenta de las fuerzas de seguridad reprimiendo la votación en
el referéndum declarado ineficaz por el Tribunal Constitucional, y han
insistido especialmente en la necesidad de una negociación y de un acuerdo que
permitiera un tiempo de encuentros y de recomposición de las fracturas sociales
que se están lacerando en Catalunya. Conforme avanzaban los acontecimientos,
han sido UGT y CC.OO. partidarios de que el Presidente Puigdemont disolviera el Parlamento catalán y convocara elecciones
como forma de detener la aplicación del art. 155 de la Constitución, aplazando
al menos la adopción de esta decisión que se adoptaría, como asi fue, el propio
viernes. Esta posición, en la que los sindicatos unían su voz a Catalunya en
Comú, Podemos y las convergencias, PNV y una cierta parte del PSOE, lamentablemente
no ha podido llevarse a efecto ante la decisión del hoy destituido Presidente
de la Generalitat de no proceder a la misma. En cualquier caso, y como observan
CCOO y UGT, esos requerimientos “han sido desoídos por los unos y por los otros”
hasta llegar a la situación “más desagradable y traumática” que es la que
afrontamos en la actualidad.
El caso es que ahora nos encontramos ante una declaración de independencia
que no cuenta con los consensos políticos y sociales que requeriría – aunque tenga
una amplia base de apoyo no mayoritaria – y la adopción por el Senado de la
medida excepcional que supone el art. 155 CE que ha acabado directamente con el
autogobierno catalán entre los estruendosos aplausos de los senadores del PP
que han vitoreado al Presidente Rajoy
como si fuera un gladiador romano en una lucha sine missione. Un retorno a
1977, - libertad, amnistía y Estatuto de
autonomía - con la desaparición de las competencias del gobierno autonómico
y su sustitución por las autoridades de gobierno estatales. Éstas no obstante
han querido reducir el tiempo de la excepcionalidad política y ha convocado
elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, previa disolución del
Parlamento catalán. Este hecho ha sido valorado desde la perspectiva sindical
como la clave de una posible solución al desgarro social y político actual. Es
criticable, sin duda que esa convocatoria la tenga que hacer el gobierno
central en el marco de las medidas que abolen el autogobierno catalán, pero
debe servir para que el pueblo catalán exprese su voluntad en estos momentos complicados
y por esta vía comenzar la normalización de estos procesos.
Pero fundamentalmente CC.OO. y UGT insisten en que van a evitar por todos
los medios a su alcance la confrontación social, sin que en consecuencia estén
dispuestos a secundar medidas o propuestas que impliquen exasperación social y
que puedan desembocar en estallidos de violencia. No es difícil entender que
enunciando este compromiso, los dos sindicatos más representativos están
implícitamente desautorizando la convocatoria de un paro cívico o huelga
general – según la organización convocante – que se prevé durante 9 días a
partir del 3 de noviembre.
Pero a su vez este compromiso contra la confrontación lleva consigo una
advertencia al gobierno que a partir del viernes 27 de octubre, fecha de la
resolución de la presidencia del Senado que aprueba las medidas propuestas por
el gobierno en atención al art. 155 CE, y de la Orden PRA/1034/2017, de 27 de
octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de
octubre de 2017, por el que, “en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155
de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M.
H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de
Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la
cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se
proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del
mencionado interés general”, ejercite esos poderes excepcionales “con mesura y
prudencia”, o, como le indica el texto del Senado, efectúe “una utilización
proporcionada y responsable” de las mismas. Los sindicatos entienden que el
objetivo fundamental es el de lograr una cierta pacificación y normalidad
social y nunca poner en práctica medidas que alteren la convivencia política y
democrática de los catalanes.
Esta recomendación implícitamente se está dirigiendo a lo que Pedro Oliver recientemente ha definido
como la importante gestión de la variable represiva / antirrepresiva tras los
sucesos finales que han desembocado en la aplicación del art. 155 CE, que a su
juicio van a resultar clave en su resolución. La nefasta intervención del
Fiscal General del Estado en el caso de los dirigentes de ANC y Omnium
cultural, acusados insólitamente de sediciosos y a los que se ha ingresado en
prisión condicional, hace que en los medios de comunicación se dé por hecho que
el presidente y los consejeros cesados serán acusados del delito de Rebelión y
que se les encarcelará a la espera del cierre sumarial y el juicio oral. Algunos
autorizados exponentes del Código Pena de 1995, como López Garrido, ha entendido que no cabe en este caso hablar de
rebelión, que debe ser siempre violenta. Tampoco parece factible procesar a los
diputados que han votado la independencia cuya inviolabilidad está garantizada
en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Convenio de Roma de 1950,
cuestión esencial que no tiene que ver con que, al haberse hecho votación
secreta, no se sepa cuál ha sido el sentido del voto. En cualquier caso, si el
gobierno estatal entiende que las listas electorales de los dos grandes
partidos nacionalistas catalanes pueden estar trufadas de personas
encarceladas, la percepción de lo que debe buscar esta medida excepcional está
claramente errada.
En los próximos días seguiremos asistiendo al desarrollo de estos sucesos.
Por el momento, parece que el presidente cesado ha venido a aceptar que la
situación de excepcionalidad política que ha terminado con la autonomía política
de Catalunya es irreversible, pero que frente a ella las mayorías sociales
independentistas deben impulsar una política de resistencia pacífica cuyos
detalles no se han explicitado. En esa dirección, sería por tanto posible
concebir que la participación electoral el 21 de diciembre sería uno de los
elementos centrales para mostrar la resistencia del independentismo y su fuerza
electoral.
Lo que si es seguro es que los sindicatos han adoptado en este tema una
postura clara y comprometida con los valores constitucionales del Estado Social
de Derecho – que es la expresión constitucional y no la de “Estado de Derecho”
como es bien sabido – y que apuestan por la virtualidad democrática de la
consulta electoral del 21 de diciembre, a partir de la cual se debe abrir un
espacio profundo de diálogo y de negociación, que sin duda debe llegar a la
reforma constitucional en un sentido más amplio que el que algunas fuerzas
políticas patrocinan, tomando partido decididamente por un Estado Federal como
modelo.
Este es el texto del documento conjunto CC.OO y UGT:
Comunicado conjunto de CCOO y UGT a raíz de las
decisiones adoptadas en el día de hoy en el Parlament de Catalunya y el Senado
UGT y CCOO hemos hecho reiterados llamamientos al diálogo para enfrentar la
situación generada en Catalunya convencidos de que estamos ante un problema
político que no se podía reconducir con medidas jurídico-policiales sino desde
la negociación política.
En ese sentido hemos sido profundamente críticos con la posición que el
Gobierno de España ha mantenido hasta la fecha.
Igualmente hemos criticado la estrategia rupturista adoptada por las
formaciones que representan al independentismo en Catalunya.
Hemos llegado a plantear que la salida más razonable para configurar un
nuevo marco que fuese más favorable a la negociación y el acuerdo pasaba por
que el President de la Generalitat convocase elecciones anticipadas y que el
Gobierno del Estado suspendiese la aplicación del artículo 155 de la
Constitución.
Nuestros requerimientos han sido desoídos por unos y otros y hoy nos
encontramos ante la situación más indeseable y traumática y que más riesgos
entraña para la convivencia presente y futura entre ciudadanos y ciudadanas.
Ante esta situación, que podemos calificar de emergencia nacional, CCOO y
UGT queremos manifestar:
1.- Rechazamos la declaración unilateral de independencia. La decisión
adoptada por poco más de la mitad del Parlament de declarar la independencia se
coloca claramente fuera de la legalidad constitucional y de los parámetros por
los que se rige la Unión Europea. Esta es una estrategia de confrontación que
puede tener funestas consecuencias en la convivencia y que UGT y CCOO no
compartimos.
2.- Para CCOO y UGT en la situación creada con las decisiones adoptadas en
el día de hoy lo fundamental es preservar la convivencia y evitar la fractura
social. Por ello advertimos que no nos vamos a prestar a ninguna estrategia,
venga de donde venga, que de una u otra manera conduzca a la confrontación.
3.-UGT y CCOO piden al Gobierno mesura y prudencia a la hora de aplicar las
medidas adoptadas en el Consejo de Ministros en el ámbito de la aplicación del
artículo 155 de la Constitución, situación a la que no se debería haber llegado
nunca. Esa prudencia es esencial para evitar la confrontación social. La
convivencia democrática y pacífica debe ser el objetivo último que todas más
formaciones políticas y sociales deben perseguir, y en primer lugar el propio
Gobierno.
4.- CCOO y UGT seguimos apostando por la reconducción de la situación
presente a un clima de normalidad y convivencia mediante la celebración de
elecciones al Parlament. En ese sentido la convocatoria de elecciones el
próximo 21 de diciembre es un paso imprescindible para que los ciudadanos
catalanes puedan expresarse democráticamente. Por eso nos reafirmamos en que la
solución está en la celebración de las elecciones democráticas.
Pero la convocatoria de elecciones y el período que se abre hasta las
mismas no puede convertirse un espacio de confrontación social. Todas las
fuerzas políticas y sociales estamos obligados a hacer todo lo posible para que
se convierta en un periodo presidido por el diálogo que permita encauzar este
conflicto hacia una solución verdadera Que ponga los intereses de los
ciudadanos y ciudadanas como el principal foco en el que situar todas las
iniciativas.
En el medio plazo consideramos que las disfunciones que se han constatado
en el actual Estado de las Autonomías podrían superarse a través de una reforma
Constitucional que, entre otras medidas de carácter social y de profundización
democrática, dé forma a un Estado Federal. Reforma Constitucional que deberá
ser sometida a referéndum de la ciudadanía.
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