sábado, 18 de noviembre de 2017

MEDIDAS PROPUESTAS POR LA CES PARA DESARROLLAR EL PILAR SOCIAL EUROPEO



Como estaba previsto, en la cumbre de Gotenburgo en Suecia, los 28 países de la Unión Europea han asumido el compromiso del Pilar Social europeo, un texto no vinculante del que sin embargo se quiere sacar un resultado concreto y tangible en el nuevo impulso normativo en materia social. Este es el objetivo explícitamente asumido por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) cuyo secretario general, Luca Visentini, ha afirmado que este texto solo es útil si es el principio de otras cosas mejores, un pistoletazo de salida hacia su desarrollo normativo, porque es el momento en el que Europa se mueva de la austeridad hacia los derechos sociales y la austeridad.

La CES en efecto ha ido elaborando un conjunto de objetivos y de medidas que pretende ir planteando y eventualmente consiguiendo en los próximos meses. A continuación se desgranan algunas de estas propuestas, ante todo las que hacen referencia a la introducción de directivas en materia de empleo para concretar los derechos adquiridos en el pilar europeo para todos los trabajadores, en todos los lugares de trabajo.

El sindicato europeo acoge favorablemente las iniciativas legislativas incluidas y anunciadas en el Pilar europeo de Derechos Sociales, pero en la idea de que perseguirá activamente su puesta en práctica mediante acciones a nivel nacional y de la UE con la participación activa de sus organizaciones afiliadas. Al mismo tiempo, la CES piensa que deberían considerarse otras posibles iniciativas legislativas y propone un programa legislativo completo, que se desarrollaría en el marco de la aplicación del PEDS, y que incluiría:

A) Una Directiva sobre la Aplicación efectiva de los Derechos de los Trabajadores, porque debe haber un reconocimiento de que los trabajadores y sus sindicatos experimentan una serie de obstáculos cada vez mayor que socavan su capacidad para beneficiarse verdaderamente de los derechos laborales de la UE, y solventar este problema es una prioridad. A nivel nacional, los interlocutores sociales deberían estar implicados en la identificación de los frenos a su aplicación efectiva. Además, reconocer el derecho a esta aplicación efectiva implica presentar propuestas legislativas como medidas para garantizar que los trabajadores pueden estar representados por su sindicato; la presunción de una relación de trabajo; acciones colectivas y fortalecimiento de la capacidad de acción de los sindicatos; responsabilidad conjunta y solidaria y regulación de las plataformas online para asegurar que cumplen con sus obligaciones como empleadores.

B) Para luchar contra la flexibilidad creciente y excesiva, se impone una directiva sobre la protección de los trabajadores atípicos, que incluya medidas para asegurar el trabajo actualmente precario, el derecho al trabajo a tiempo completo, la igualdad salarial y de trato y la protección contra la precarización, así como la prevención de las prácticas de tipo cero horas.

C) Una directiva sobre una base mínima de derechos para los verdaderos trabajadores independientes o autónomos, incluido el derecho a la negociación colectiva, a la seguridad social, a la protección de la salud y de la seguridad maternal y a una remuneración adecuada que incluya salarios mínimos y convenios colectivos.

 D) Una directiva sobre el derecho a la formación y a la transición justa en el contexto de la digitalización y la industria 4.0.

E) Son necesarias una serie de directivas para mejorar la participación de los trabajadores;  esto implica un nuevo marco de la UE sobre el derecho a la información, consulta y representación en los consejos, así como una directiva que introduzca una nueva arquitectura integrada para la implicación de los trabajadores en las empresas europeas.

F) Una directiva sobre la dignidad en el trabajo, para proteger a los trabajadores frente a la vigilancia digital excesivamente intrusiva, para preservar sus datos en el marco de una relación de trabajo, para reglamentar la utilización de la inteligencia artificial y otras prácticas susceptibles de poner en peligro la dignidad y la salud y seguridad de las personas en el trabajo. Promover la salud, la seguridad y el bienestar de las personas en el trabajo significa también reconocer y responder a los nuevos desafíos. Son necesarias medidas urgentes sobre el diesel, las sustancias reprotóxicas y las nanotecnologías.

Estos objetivos normativos se acompañan de la adopción de una serie de medidas. La CES perseguirá activamente la puesta en marcha del proyecto de directiva sobre el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada que promete el Pilar Social de Derechos Sociales mediante acciones a nivel europeo y nacional, con la participación de sus organizaciones afiliadas. Participará además en la consulta sobre las propuestas para la directiva sobre la declaración escrita y el acceso a la seguridad social, y se abrirá al diálogo y la negociación con los empleadores sobre estas cuestiones y, si esto no es posible, pedirá a la Comisión que presente propuestas legislativas.

El test decisivo para el Pilar europeo de derechos sociales será su capacidad para proteger y promover el derecho social fundamental de organizarse y de negociar colectivamente a través de un sindicato. Se trata probablemente del derecho que se ha cuestionado más seriamente, aunque ocupa un lugar central en el seno de nuestra Europa social. Es especialmente positivo que el pilar europeo llame a los Estados miembros a ratificar y aplicar el Convenio de la OIT sobre el derecho de organización y de negociación colectiva. Es por tanto imprescindible promover la negociación colectiva y una convergencia salarial al alza y adoptar medidas enérgicas para poner fin a todas las prácticas de dumping social.

 En esta dirección,la CES presionará a la UE para que adopte cuatro medidas positivas:

1) Dar orientación a los Estados miembros de que los contratos públicos deben promover la negociación colectiva priorizando las ofertas en las que el empleador respeta el derecho de afiliación y de negociación colectiva.

2) Dar orientación a los Estados miembros de que la interpretación correcta de las normas de competencia de la UE no impide a los trabajadores autónomos negociar colectivamente sus salarios y condiciones de empleo.

3) Establecer metas con los interlocutores sociales para aumentar el número de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos y prestar apoyo al fortalecimiento de capacidades que permitan alcanzar estos objetivos, fijando sobre todo marcos para el establecimiento/ fortalecimiento de instituciones de negociación colectiva a nivel nacional.

4) Cambiar el enfoque de las reformas laborales para que la negociación colectiva sea reconocida como positiva es esencial, de lo contrario el Pilar Europeo de Derechos Sociales carecerá de credibilidad. Por lo tanto, es prioritario desplegar las acciones pertinentes para garantizar que todas las instituciones de la UE estén obligadas a respetar el pilar social europeo.

Se hará hincapié en el fortalecimiento de la negociación colectiva, la ampliación de su cobertura y la obtención de salarios mínimos (cuando existan) de no menos del 60% de la mediana como un paso hacia un salario vital. La campaña se centrará entonces en la construcción de estrategias y reivindicaciones para impulsar una convergencia salarial al alza garantizando específicamente la extensión de los convenios colectivos y acabando con las diferencias de salarios injustas para trabajadores que hacen el mismo trabajo en la misma empresa pero en diferentes lugares.

En la lucha contra el dumping social entiende la CES que se debe ir más lejos. La Comisión ya ha presentado algunas iniciativas legislativas para combatir el dumping social y el fraude, como la Directiva 2014/67/CE sobre la aplicación de la Directiva relativa al desplazamiento de trabajadores, las revisiones de la Directiva 96/71/CE relativa al desplazamiento de trabajadores, el Reglamento 883/2004 sobre la coordinación de la seguridad social, y la plataforma contra el trabajo no declarado. Pero hay que hacer más para marcar una verdadera diferencia en la lucha contra el dumping  social. Se debe garantizar una movilidad justa y libremente elegida, así como combatir las prácticas tipo empresas-buzón.  

La CES continuará trabajando para mejorar la legislación sobre el desplazamiento de trabajadores, además de exigir una aplicación más eficaz de los instrumentos legislativos existentes, y proseguir en la propuesta de  crear una Inspección Europea del Trabajo (Socialpol) para garantizar la aplicación transfronteriza de la normativa europea.


El problema que subyace a estas propuestas es el de la reducida capacidad de la Ces para poder actuar al margen de lo que decidan y establezcan sus organizaciones afiliadas y adheridas, asi como la diferente percepción que de los problemas de recorte social y de rebaja salarial han producido en las distintas realidades nacionales. La multiescalaridad del problema social, fragmentado en la dimensión estatal-nacional (en España con el gobierno de Rajoy que se afianza gracias a la crisis catalana durante más tiempo del previsible con el apoyo de Ciudadanos y el seguimiento del PSOE ) que por tanto es diversa y suscita correlaciones de fuerza diferentes, y la dimensión europea, con un grupo dirigente muy limitado y con una comisión de corto recorrido y alcance político muy desgastado. Aunque Juncker ha pedido que se elabore rápidamente “un plan de acción” porque en este asunto Europa se “juega su credibilidad”, ya veremos si la atonía legislativa europea consigue avanzar en este plano y si el sindicalismo europeo logra forzar acciones normativas en este terreno.

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