lunes, 27 de noviembre de 2017

NOTICIAS DE ITALIA: PRECARIEDAD, PENSIONES, HUELGA EN AMAZON



No corren buenos tiempos para el sur de Europa, condenado por la gobernanza económica europea a un futuro imperfecto de degradación salarial, recorte del gasto público e incremento de la desigualdad. Las condiciones concretas en las que se desarrolla este proceso que erosiona las libertades y los derechos de las personas que trabajan, son diferentes, pero convergen las políticas proyectadas y asimismo los efectos producidos sobre el tejido social.

El caso italiano, en efecto, es emblemático a este respecto, porque desde las primeras reformas del 2011, ha tenido una modificación permanente de elementos centrales de la regulación de las relaciones laborales, la más conocida de todos la de la eliminación de la garantía de estabilidad real que contenía el art. 18 del Statuto dei Lavoratori, pero también se ha nutrido de otros elementos degradatorios muy importantes a partir de la llamada Job Act impulsada por el centro izquierda. Esta es una de las características peculiares del supuesto italiano, que las reformas estructurales más importantes las ha llevado a cabo un gobierno de centro-izquierda dirigido por el Partido Democrático a través de la figura emblemática – y muy erosionada – de Matteo Renzi. El segundo rasgo característico de la situación italiana se encuentra en la división sindical entre la CGIL, que aparece como el sindicato de oposición a estas políticas, y la CISL y la UIL, que se colocan siempre en la postura posibilista de apoyar críticamente al gobierno en la idea de obtener algunas contrapartidas, mientras que se intenta recomponer a duras penas una cierta unidad en la negociación colectiva sectorial nacional que vertebra el sistema negocial italiano.

El crecimiento económico ha vuelto a los sistemas nacionales del sur de Europa castigados por la crisis. Italia no es una excepción. Pero la recuperación se hace sobre la base de la extensión de los contratos temporales. Se produce una caída de los nuevos contratos subvencionados “por tiempo indefinido”, al acabarse los fondos nacionales y europeos previstos para ello, y se aprecia un incremento de los contratos temporales especiales, “atípicos” en su estricta expresión. El trabajo “a llamada” ha aumentado en un 133%, y se han efectuado contrataciones altas derivadas de la “garantía juvenil” y del bonus previsto por contratar a jóvenes del Sur, también éstos con apoyo financiero público. Del millón de contratos de trabajo efectuados en los nueve primeros meses del 2017, casi 700.000 son “atípicos”, lo que para Italia es un hecho extremadamente preocupante (no así para España, donde la proporción entre indefinidos y temporales en las nuevas contrataciones se coloca en la relación 90/10 o aún menor sin que el gobierno entienda que la situación es insostenible). La desaparición de la motivación precisa, de orden temporal, para la realización de un contrato de duración determinada, ha favorecido de manera directa este incremento de contratos temporales. Y esta es una tendencia que desde el 2015 – año de la aprobación del Jobs Act- se acentúa cada año. Se trata de una tendencia al alza en toda Europa del sur y del Este: la Resolución del Parlamento europeo de 4 de julio del 2017 da cuenta de esta deriva hacia el trabajo “atípico” y la degradación de las condiciones de trabajo y de vida que este hecho conlleva.

El segundo tema es el de la reforma de las pensiones, una materia que en la definición de los objetivos últimos de la gobernanza económica europea, adquiere precisamente en estos días una importancia excepcional y sin duda en los próximos meses lo veremos también en España como un tema de debate político importante, ahora sofocado por la “cuestión catalana”. De la propuesta regulativa del gobierno italiano, ha sido el aumento de la edad de jubilación a 67 años sin apenas excepciones a esta edad pensionable,  y la retirada de algunas propuestas que había efectuado el gobierno a lo largo de la negociación con los sindicatos para compensar las bajas pensiones que podrán percibir mujeres y jóvenes, lo que ha llevado a la CGIL a convocar – en solitario – una importante movilización para el 2 de diciembre, en cinco manifestaciones diseminadas por todo el país en las que la secretaria general, Susanna Camusso intervendrá simultáneamente por Skype.

El problema de fondo es la presión que un principio de sostenibilidad financiera exigido como eje de actuación del poder público merced a la imposición de la gobernanza europea, repercute sobre el nivel de las prestaciones sociales y en concreto sobre las pensiones, conteniendo su desarrollo y recortando su cuantía. En ese punto, la perspectiva correcta sería la que ha señalado Ferrajoli - y es recordado por exponentes muy relevantes de la jurisprudencia constitucional italiana, como Silvana Sciarra – del “constitucionalismo de los bienes fundamentales” que implicaría sustraer los bienes sociales a cualquier enfrentamiento con otros bienes, al considerarse “cláusulas esenciales del pacto de convivencia”. Pero en una buena parte de los casos, las reformas incluyen medidas que pretenden una reformulación del ámbito de la protección mediante la ampliación de medidas graduales que favorecen a las franjas de trabajadores con ingresos más bajos, a costa de privar de derechos a aquellas personas que tienen un mayor nivel de renta salarial. El Tribunal Constitucional portugués ha justificado parcialmente estos propósitos sobre la base de la aplicación de un principio de “igualdad proporcional” que permite diferenciaciones de trato positivas para las personas de salarios más bajos, o diferenciando entre empleo público y privado, o en fin, condicionando los recortes al elemento temporal, de manera siempre proporcional. La CGIL no niega este tipo de intervención, pero exige una mayor intensidad que sea realmente eficaz en la tutela de jóvenes y mujeres, a la vez que insiste en pedir una intervención también “estructural” en el plano de los impuestos, sobre la corrupción y la evasión fiscal, poniendo el acento en la equidad y progresividad fiscal. Una materia que va ser decisiva en los próximos meses y que en España cuenta con proyectos importantes de origen sindical, como la iniciativa legislativa sobre la renta mínima de inserción y el proyecto de ley sobre la reforma de la Seguridad social que sin embargo ha sido vetado por el Gobierno impidiendo su tramitación a la vez que sabemos que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se ha agotado y que existe una ofensiva muy decidida por parte de algunas instituciones financieras para imponer fondos de pensiones de manera obligatoria en empresas y ramas de producción.


El último tema de actualidad en Italia hace referencia a la huelga que han protagonizado los trabajadores de Amazon en el gran Centro de Expediciones de Piacenza, el primer e histórico conflicto en este país de los trabajadores de la multinacional que se ha hecho coincidir con el black Friday como fecha más propicia en cuanto que en ella se produciría un incremento de pedidos. El tema del conflicto es el de las condiciones de trabajo, extraordinariamente gravosas, y la negociación de un convenio de empresa, así como una regulación de la flexibilidad y la externalización del trabajo. Acogidos al convenio estatal del comercio, la paga media está entre los 1.100 y los 1.200 euros. En la empresa trabajan también los llamados “interinos”, que provienen de agencias de contratación temporal o ETTS, en una proporción muy importante. 1.650 trabajadores “internos”, y más de 2.000 suministrados desde estas agencias. Una gran parte de los trabajadores son contratados expresamente para hacer el turno de noche (de las 22 a las 6 de la mañana) y otros muchos tienen un contrato de “número de horas garantizadas” que en teoría sería un contrato a tiempo parcial de tres días por semana pero que en la práctica se convierte en un contrato “a llamada”. Divididos en pickers  - los que preparan el paquete – packers – los embaladores – y los que efectúan la expedición del mismo, el trabajo más penoso es el de los pickers, que a hacen una media de 17 kilómetros al día, siempre en movimiento y agachándose, lo que produce una amplia serie de lesiones musculo-esqueléticas sin que éstas se reconozcan como enfermedad profesional o lesiones producidas por el trabajo. La huelga estaba convocada para ambas categorías de trabajadores, y pretendía un aumento salarial, la redistribución de tareas en el turno de noche e impedir la realización de horas extras hasta final de año. A la acción huelguística se han unido más del 50% de los trabajadores “internos” de Amazon, pero no así los temporales “externos”, sobre los que ha habido fuertes presiones para que trabajaran. Ahora los sindicatos convocantes – las tres centrales sindicales italianas – valorarán si estos eventuales han sustituido el trabajo de los huelguistas para definir este hecho como conducta antisindical. Un conflicto que resulta muy interesante al tratarse de una multinacional para la que la flexibilidad plena del trabajo es esencial a su razón de negocio, y que por tanto juega de forma intensa con la movilidad y fragmentación de los trabajadores. De esta manera, recomponer la estabilidad de la acción colectiva y lograr una adhesión lo más completa posible a la huelga es la condición necesaria para que la medida de presión pueda ser eficaz. Lo que por otra parte, quizá sin las características muy acusadas del uso de la flexibilidad en Amazon, sucede en una buena parte de empresas que emplean la externalización como medida de gestión del trabajo y de defensa frente a acciones colectivas para modificar sus condiciones.

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