miércoles, 20 de junio de 2018

REIVINDICAR JURÍDICAMENTE LA HUELGA COMO DERECHO



La regulación sobre la huelga integra dos grandes equívocos, el que enfrenta la realidad fáctica del conflicto y su organización colectiva con la regulación legal, de una parte, y de otra la disociación entre un modelo constitucional de huelga- derecho y los modelos legales ajenos a esta construcción que pretenden absorber y anular una buena parte de las potencialidades de la huelga como derecho. En el caso español, además, la anomalía histórica que ha impedido el desarrollo constitucional del art. 28.2 CE, volcando sobre las decisiones judiciales el control de las pautas colectivas y sindicales sobre el ejercicio de huelga, es otro factor que complica el cuadro resultante.

La realidad del conflicto exige atender a la organización concreta de la producción de bienes y de servicios para adecuar a ella el formato y el alcance de la medida de acción colectiva. Necesariamente por tanto se tienen que integrar en la dinámica del conflicto como hecho extranormativo los fenómenos de segmentación laboral y la división entre estables y precarios, así como la fragmentación de la bilateralidad empresario / trabajador a través de las prácticas de subcontratación y externalización de la actividad productiva, de cadenas de valor o de nuevas formas de concentración empresarial a través de redes de empresa. Estas figuras hacen emerger la nueva forma de una empresa compleja y revalorizan por tanto el reforzamiento de un principio de solidaridad básicamente a través del gobierno sindical del conflicto, puesto que la idea de solidaridad entre los distintos tipos de trabajadores es consustancial a la propia noción de sindicato. La huelga aquí funciona como un agente de reunificación de las colectividades que pueblan el mundo de trabajo, y contrarresta la división entre trabajadores que consolida la temporalidad en el trabajo o la fragmentación del mismo a través de los mecanismos de la subcontratación.

El derecho de huelga se confía a los trabajadores en general, es decir, en razón de su posición social cualificada por su pertenencia en tanto prestadores de servicios para otro, en una situación de subordinación o de dependencia sea cual fuera la forma con arreglo a la cual se presente en la regulación jurídica específica. Trabajador o trabajadora como categoría general no necesariamente ligada a una relación contractual, a una relación de servicio o a la pertenencia a una empresa en concreto o a una dependencia administrativa. La huelga es un hecho colectivo organizado autónomamente, y en donde la intervención sindical resulta decisiva. La dimensión individual y colectiva del derecho de huelga se conectan a través de la forma de organizar el trabajo o de la ordenación concreta de las formas que adopta la empresa y su gestión en el mercado de bienes y de servicios. Las variaciones en esta dimensión empresarial o en las propias transformaciones de los sectores anunciados, necesariamente repercuten en las reglas y pautas de organización del disenso en la producción, que busca incidir negativamente sobre la continuidad y visibilidad de este proceso de elaboración de bienes y de servicios. Pero a su vez, las reglas que se han recogido en la normativa vigente y sobre la que elabora sus líneas de actuación la jurisprudencia ordinaria, no tiene en cuenta de ninguna manera estas alteraciones del tejido productivo y los cambios organizativos que se han inducido.

A ello se une que la reabsorción del concepto y la función de la huelga en razón del modelo que establece nuestro texto constitucional se produce a través de la incorporación a la norma laboral   y especialmente a la interpretación judicial, de modelos de encuadramiento y de regulación que niegan la capacidad potente de la autotutela colectiva y sindical reconocida como el fundamento básico del sistema de huelga-derecho. De un lado, se asume un modelo contractual o bilateral privado estricto, según el cual la huelga tiene sentido sólo en el marco de una relación contractual múltiple que reproduce los respectivos contratos de trabajo de los trabajadores con sus empresarios correspondientes y que genera una dimensión colectiva plasmada en el convenio colectivo que se aplica a esta multiplicidad de relaciones contractuales. De esta manera, la huelga es un instrumento de la negociación colectiva, no un medio de acción colectiva autónomo para la defensa de los trabajadores en cuanto tales, es decir, en cuanto miembros de una clase social subalterna. Este es un modelo de fuerte ascendencia en las cartas de derechos europeas, como la Carta Social o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde la huelga se contempla como una medida de presión en el seno de un proceso de negociación colectiva de las condiciones de trabajo. Esta contractualidad se prolonga en la importación de las reglas de equilibrio recíproco en el intercambio de prestaciones que es típico del contrato y que por tanto instaura la ficción de la simetría entre los huelguistas y el empresario deduciendo reglas de conducta y orientaciones de acción “equilibradas”, como las que en el sistema español ampara el principio jurisprudencial de “proporcionalidad de los sacrificios”, o las elaboraciones consecuentes sobre el abuso del derecho referidas a las modalidades de huelga.

El otro modelo que intenta reapropiarse del contenido y alcance del derecho de huelga es el que se podría denominar modelo comunitario, que gira sobre el interés de empresa como un elemento que se impone a las posiciones de ambos contratantes, y genera una suerte de comunidad de intereses que la huelga no puede perturbar. La “adecuación “ de la huelga, su configuración como “ultima ratio” en el marco de una procedimentalización extensa que tienda a retrasar y a “enfriar” el conflicto, el control de la modalidad de la huelga sobre la base del interés de empresa – lo que se viene a indicar como un principio de no alterar sustancialmente la organización de la producción – son manifestaciones de este desplazamiento del derecho de huelga a un ambiente en el que se niega su función disruptiva, esencialmente de rechazo y subversión del orden en la producción. De manera más tosca, esta modelización de la huelga extiende su argumento más allá de la empresa, al ámbito de la economía de mercado, y defiende que el derecho de huelga no puede limitar las prerrogativas que al empresario le otorga la libertad de empresa, de manera que la huelga se resume en el acto individual de un grupo más o menos numeroso de trabajadores y trabajadoras de rehusar prestar su actividad productiva, pero sin que esto implique modificación ni restricción alguna de las libertades y poderes que configuran el status de la empresa en una economía de mercado. Ese es el camino que siguen las muy criticadas decisiones del TJUE en el cuarteto Laval según las cuales la huelga debe ser una medida adecuada y proporcional para poder ser admitida en el espacio europeo, porque las libertades económicas básicas, la de establecimiento y la de prestación de servicios, no pueden quedar comprometidas por el ejercicio de una huelga transnacional.

Estas modelizaciones , tan arraigadas en la producción teórica y la interpretación de la huelga por parte de los operadores jurídicos, deben ser consideradas incompatibles con un sistema pleno de huelga-derecho. La huelga fundamentalmente implica la subversión del orden en la producción de bienes y servicios, articula un rechazo colectivo del trabajo asalariado en cuanto éste se configura como un “artículo de comercio” sometido exclusivamente al arbitrio de la oferta y la demanda y reivindica un derecho al trabajo en mejores condiciones, una existencia social que garantice tendencialmente la igualdad en las opciones básicas de ciudadanía como la sanidad o la educación. La huelga afirma negativamente su rechazo del trabajo subordinado para reivindicar un trabajo digno, lo que se conoce como trabajo decente, y por tanto es un instrumento fundamental de realización concreta del derecho al trabajo reconocido en el art. 35 CE. Más en general, se caracteriza por ser un medio efectivo de creación de derechos individuales y colectivos sobre la base de la aplicación en cada momento concreto y en la medida en que la correlación de fuerzas lo permita, de los principios guía de la solidaridad y de la igualdad.

Por eso no es posible oponer, como intencionada y equivocadamente hacen exponentes políticos y medios de comunicación y lo recogen algunos jueces, “el derecho al trabajo” de los no huelguistas como una categoría que se confronta al ejercicio del derecho de huelga. Por el contrario, son los trabajadores y las trabajadoras que participan en la huelga quienes reclaman la actuación del derecho reconocido en el art. 35 CE y de los derechos reconocidos como consecuencia del mismo en el art. 4 del Estatuto de los Trabajadores. La huelga no extingue el contrato, sino que lo suspende y por tanto todos los trabajadores, hagan o no huelga, mantienen su relación laboral en concreto, sin que por tanto desde ese punto de vista el derecho al trabajo entendido como ocupación de un puesto de trabajo quede afectado. Los no huelguistas no ejercitan ningún derecho en positivo, y mucho menos el que tiende a garantizar un trabajo digno, sino que se posicionan en la abstención – no ejercitar el derecho – que rompe la solidaridad colectiva y obstaculiza la efectividad del derecho de huelga.

Las consecuencias jurídicas de esta opción no pueden trascender el plano individual,  porque carece de una dimensión colectiva como la que por el contrario caracteriza el derecho de huelga, y es una situación jurídica desconectada plenamente del cuadro de derechos constitucionales en cuanto medios e instrumentos de realización de un trabajo decente y garantizar condiciones de existencia suficientes y necesarias. Los no huelguistas no pueden tener por consiguiente un estatuto de protección superior al que gozan las personas que ejerzan el derecho fundamental de huelga, ni pueden entender inalterados sus derechos individuales como trabajadores aislados en la medida en que éstos colisionen con el derecho de huelga. Aunque el sistema jurídico efectúe estas limitaciones a través de la restricción de los poderes del empleador – fundamentalmente a través de la prohibición de utilizar las facultades de movilidad de funciones para sustituir a huelguistas, lo que se conoce como “esquirolaje interno” – es asimismo evidente que a los no huelguistas no puede garantizárseles el derecho a la ocupación efectiva del art. 4.2 a) ET y por tanto, correlativamente,  no se les aplicaría el art. 30 ET sobre la imposibilidad de la prestación y la obligación empresarial de retribuir el tiempo no trabajado por causa imputable a él mismo. La densidad del elemento colectivo que lleva consigo el ejercicio del derecho de huelga tiene que repercutir necesariamente en la limitación de las posiciones abstencionistas y obstruccionistas de los trabajadores individuales que se resisten a la acción de la mayoría de sus compañeros de trabajo o que se sitúan al margen de una acción de conflicto esencialmente solidaria o igualitaria.

Es necesario por tanto una revisión en profundidad de las coordenadas dentro de las que se mueve el derecho de huelga como categoría jurídica. Se requiere un esfuerzo teórico que posibilite la recuperación plena de las facultades de autotutela colectiva que este derecho supone, y que a la vez proceda a encajarlo con plena autonomía junto al resto de los derechos colectivos y sindicales que regula nuestro sistema jurídico. Es un trabajo en el que la experiencia sindical y las pautas de conducta que se está llevando a cabo en el desarrollo de los conflictos, resultará decisiva. Todo un campo de estudio y de análisis por delante.

lunes, 18 de junio de 2018

BRUNO TRENTIN EN CASTELLANO: LA PUBLICACIÓN DE LOS DIARIOS (1988-1994)



Después del verano, la editorial El Viejo Topo publicará, en coedición con la Fundación 1 de Mayo, una selección de los diarios que Bruno Trentin escribió durante su mandato como secretario general de la CGIL italiana. Se trata de una selección de los mismos que han llevado a cabo, de manera cuidadosa, Javier Aristu y Paco Rodriguez de Lecea,  con un prólogo de Ramón Górriz y una introducción de Antonio Baylos. Es un libro que contiene apreciaciones muy interesantes sobre la izquierda, la crisis y el sindicato además de un relato sobre los acontecimientos que marcaron ese período en Italia y en Europa. Sobre esta obra los lectores y lectoras que quieran anticipar su curiosidad pueden acudir a la reseña que sobre los Diarios publicó Umberto Romagnoli en la revista digital Pasos a la Izquierda nº 11, que puede consultarse  en Leyendo los diarios de Bruno Trentin y el comentario más extenso que publicó Juan Moreno en Nueva Tribuna de 19 de abril de 2018 , en Bruno Trentin, con la furia de un ragazzo . A continuación se publican algunas notas introductorias sobre el autor y su importancia evidente como intelectual y como sindicalista, confiando en que ello pueda inducir a la compra y lectura del libro tras las vacaciones de verano.

Vivimos un tiempo en el que no se estila leer documentos sindicales. No sólo porque éstos se restringen al círculo de los cuadros sindicales que luego deben traducirlos en indicaciones precisas en su acción colectiva cotidiana, sino porque el interés por el sindicato como un lugar de reflexión y análisis de la realidad social ha desaparecido del espacio que frecuenta la opinión pública. Los ejemplos recientes son abundantes. En nuestro país, la discusión en el seno del sindicato de CCOO de un documento que se titulaba “repensar el sindicato” a través del cual se canalizaba un proceso de debate sobre la propia consideración del sindicato como instrumento de organización y de acción colectiva, no ha sobrepasado el círculo de los afiliados a este sindicato que participaban en el proceso congresual que culminó con un importante cambio de la dirección confederal y la elección de Unai Sordo como secretario general, ni ha merecido atención alguna más allá de esta dimensión. Si no se atienden los documentos sindicales, la literatura en torno al sindicalismo escrita desde el sindicalismo resulta prácticamente reducida a un grupo selecto de lectores a los que a lo sumo se les concede la categoría de especialistas en un tema alejado de los que se consideran centrales en la discusión pública que afecta a un país determinado.

Sin embargo, desde el sindicalismo y precisamente a partir de la reflexión que han concitado algunos de sus exponentes más relevantes, se han elaborado textos de un interés primordial para comprender el entramado político, social y económico de determinadas sociedades en un tiempo histórico concreto. En España, es en el tiempo de la transición a la democracia cuando se desborda esta producción de textos, especialmente destinados al examen de la experiencia histórica del movimiento – organización de clase y su papel extraordinariamente relevante en la construcción del marco democrático y social que se habría de consolidar a partir de 1978. En Italia hay una tradición mayor de publicistas sindicales que resultan figuras clave en el debate intelectual y político del país, y el sindicalismo se ha dotado de una larga serie de instrumentos editoriales y de difusión que permiten la permeabilidad social de sus elaboraciones.

Bruno Trentin es una de estas figuras emblemáticas, y aunque su trayectoria personal e intelectual desborda desde luego su rol de dirigente sindical, lo cierto es que su producción teórica no se entendería sin su inserción en el seno de la CGIL y en los procesos históricos del movimiento de delegados, el otoño caliente y la unidad de acción sindical, que hicieron del sindicalismo italiano un punto de referencia fundamental para todas las izquierdas europeas. Trentin es un personaje histórico, pero también literario. Un hombre de un tiempo ya extinto, en cuya biografía caben todas las facetas posibles de un dirigente obrero y de un intelectual riguroso que ha tomado partido decididamente por el socialismo y la democracia en el convulso siglo XX. Una persona de gran estatura, no solo física, participó muy joven en la resistencia al fascismo y al nazismo – su “diario de guerra” sobre ese período ha sido publicado recientemente y es una verdadera joya literaria e histórica - y fue un dirigente sindical extremadamente influyente e importante en la conformación tanto del “sindicato de los consejos” como del proceso de “autorreforma” de la CGIL, además de desarrollar una intensa y extensa reflexión teórica y política sobre el trabajo y su subjetividad colectiva.

Bruno Trentin ha sido una gran personalidad del sindicato y de la izquierda europea, no sólo italiana. Un protagonista que contribuyó a construir la historia del sindicalismo confederal italiano y que influyó decisivamente en el debate interno del PCI y de la izquierda en aquel país. Alguien en quien se personificó la noción de militancia, larga e intensa, en la que se fusionaron las figuras del sindicalista y del intelectual, el pensamiento y la acción. Un dirigente querido por los y las trabajadoras, con una gran autoridad moral y política y enormemente firme en la defensa de sus ideas y de sus posiciones en el seno de las organizaciones de clase en las que militaba.

El conocimiento en España de la figura y la obra de Bruno Trentin se liga directamente con las consideraciones que se han hecho sobre una literatura sindical separada de las grandes líneas de análisis que influyen en la opinión pública, sin que tampoco haya adquirido presencia en la nueva literatura política alternativa. No ha sido “redescubierto” como otros autores, posiblemente por su doble condición de sindicalista y comunista, referencias cruzadas que no resultan una buena tarjeta de visita ni para la cultura del establishment ni para las nuevas coordenadas de la ilustración alternativa e indignada.

La difusión y traducción de su obra se debe realmente a la pedagogía activa de otro gran dirigente sindical, Jose Luis López Bulla, y a su capacidad de influencia sobre el espacio cultural propio del sindicato. Identificado como un elemento decisivo en la explicación de la crisis del sindicato en los años 80 en relación con la crisis del fordismo, unido a la capacidad de sus escritos de analizar la realidad social y de definir un proyecto alternativo en el que la autonomía sindical resultaba decisiva, la aportación teórica de Trentin se imbricaba perfectamente en el esfuerzo de reflexión, análisis y debate que el sindicalismo confederal español debía efectuar.

En efecto, se podía decir que Trentin llegaba tarde al panorama de lecturas y referencias “a la moda” en la izquierda de la modernización española, mucho más centrada en discusiones sobre la tercera vía y el derrumbe del socialismo real y por tanto en la necesidad de un nuevo maridaje entre liberalismo económico y democracia social, porque su rasgo identitario como teórico se relacionaba excesivamente con la problemática del trabajo y de la explotación, que colocaba en el primer plano de las urgencias del análisis, a la vez que reivindicaba la libertad como requisito de la realización de las personas que trabajaban, en una construcción especulativa en la que el sindicato aparecía como el gran agente del interés colectivo en la democratización de la economía y la asignación de derechos individuales y colectivos como eje de la acción organizada sindical. Un punto de vista laboral que enlazaba con el cuestionamiento de aspectos centrales de la política sindical mediante la necesidad de afrontar nuevas reglas en la negociación colectiva y en la política de redistribución de rentas, poniendo el énfasis en la relación entre desarrollo, crecimiento y naturaleza y ambiente y en la exigencia de democracia en las empresas.

Trentin entra por tanto en el panorama cultural de referencias ineludibles en nuestro país no a través de una reivindicación de su obra por el saber oficial o académico, sino como un autor rescatado desde el saber colectivo y sindical, y ese sesgo específico es una característica relevante. Es un descubrimiento tardío, casi coetáneo con su muerte, que se produce a través de publicaciones sindicales. En efecto, la Fundación Sindical de Estudios, en el 2007, publicó una antología de textos de Bruno Trentin que habían sido traducidos por López Bulla y Rodriguez Lecea , pero resultó fundamental la traducción y publicación de “La ciudad del Trabajo” en el 2012 por la fundación 1 de Mayo que posteriormente fue coeditada con la editorial Bomarzo, siempre bajo la traducción de López Bulla . En ese mismo año, un seminario organizado conjuntamente por la Fundación de Investigaciones Marxistas, la Fundación para la Europa de los Pueblos y la Fundación 1º de mayo,  coordinado por Eddy Sánchez, se dedicó al “Sindicalismo y conflicto social hoy: a propósito de Bruno Trentin”, en el que se debatió de manera muy extensa sobre diversas lecturas de su obra, todas ellas muy centradas en la que acababa de publicarse por la 1 de mayo.

La razón por la que su figura y sus obras son muy valoradas no sólo tiene que ver con esa biografía de honestidad política, lucidez intelectual y compromiso estratégico con la transformación social, lo que ya de por sí es un elemento especialmente valorable. Trentin en sus obras ofrece un análisis poderoso y muy sugerente sobre la crisis de la izquierda y la necesidad de rearmar ideológica y teóricamente el pensamiento teórico y reformista europeo. De manera resumida se podría decir que las razones profundas de la incapacidad de la izquierda europea para proponer una alternativa creíble al neoliberalismo tienen que ver con la influencia hegemónica del fordismo, de la organización científica del trabajo sobre la concepción del progreso como un fenómeno no político externo a la democracia y la separación de las nociones de la política de reformas de la situación material en que se produce la explotación del trabajo. Eso implica la “indiferencia” de la política de los partidos progresistas – socialdemócratas pero también de la izquierda plural, en especial de cultura comunista o post-comunista, y de los ecologistas - ante la “cuestión del trabajo”, la sumisión de esta política a los imperativos de la gobernabilidad.

El error de la izquierda europea y del pensamiento emancipador de las organizaciones de trabajadores consiste en posponer el problema de la abolición de la explotación a la conquista del Estado. “La temática de la liberación del trabajo y la acción para cambiar la organización del trabajo han sido casi siempre relegadas a un campo secundario de la acción política y social”, de manera que el trabajo y los modos de organizarlo en los lugares de producción y en la sociedad ha sido una temática periférica en las ideologías dominantes de los movimientos reformistas. Trentin lo señala de manera elegante al recordar que la búsqueda de la ampliación de la democracia – de las fronteras de la democracia política – se ha detenido en el umbral de la sociedad civil y en los “lugares privados” de trabajo en los que se desarrolla, para una gran parte de la humanidad, un trabajo subordinado y subalterno.

No es necesario decir que ese discurso es extremadamente actual, puesto que señala la relación directa entre libertad, derechos democráticos en el espacio público y el autoritarismo en el que se expresa la situación de explotación laboral, la carencia de derechos en la concreta realización del trabajo. Esta desconexión de la problemática de la libertad y de los derechos civiles del trabajo y su complejidad social y política es hoy un elemento central del debate democrático en el que estamos inmersos tras la crisis. En positivo, se habla de derechos civiles ligados a la persona que no está marcada por su posición subalterna derivada del trabajo, y en negativo, se piensa en garantizar los derechos cívicos, pero velando los lugares de trabajo como espacio opaco a los mismos. Una especie de “externalidad” democrática que hace del trabajo un elemento “privado” sometido por tanto a un espacio de autoridad privada sin límites. Desde otra perspectiva, pues, resulta difícil encontrar un discurso político sobre la violencia de la explotación como pérdida de la identidad ciudadana, sobre la necesidad de cambiar un trabajo cada vez menos libre, más sometido, sin derechos materiales ni formales de ciudadanía, única forma de superar la democracia bloqueada en la que nos encontramos.

miércoles, 13 de junio de 2018

LA IMPORTANCIA DEL PUNTO DE VISTA LABORAL




Hoy es 13 de junio, la onomástica de quienes nos llamamos Antonio, bajo la advocación del santo de Padua – en Madrid de la Florida – que dicen que es un santo casamentero para distinguirlo de San Antón, el 17 de enero, que es patrón de animales en general. Este año dieciocho será recordado por la constatación judicial de que el Partido Popular participó y se lucró directamente con los actos delictivos de malversación y cohecho que cometieron sus prepósitos durante la primera triunfante década de este siglo (lo que implica que esta definición de la participación probada del PP en este inmenso proceso de corrupción no se debe confundir con la responsabilidad penal directa del PP, imposible de establecer según el texto del Código Penal vigente durante la comisión de los delitos, tal como insisten una y otra vez los voceros de ese Partido). Y ojalá este mes de junio marque el comienzo de la reversibilidad de la reforma laboral que hemos padecido en virtud de las políticas de austeridad que todavía se mantienen como eje de la llamada gobernanza económica. En efecto, esta mañana del 13 de junio se reúnen en la Moncloa la dirección del sindicalismo confederal de CCOO y UGT con el presidente de gobierno y la ministra de trabajo. Una reunión exploratoria de los planes del gobierno en orden a modificar el marco institucional de las relaciones laborales en nuestro país, frente al cual el sindicalismo de clase se ha posicionado reiteradamente exigiendo una nueva regulación del mismo. Los sindicatos en la Moncloa defenderán la importancia del punto de vista laboral en la gobernanza de un país. Algo que sin embargo no será fácil.

En efecto, es evidente que se ha perdido el punto de vista laboral como forma de entender la propia existencia social.  Hay varias causas que explican esta pérdida de enfoque.

La estabilidad en el empleo es un elemento central en el diseño de la tutela de los derechos de los trabajadores, y el trabajo estable ocupa el centro de los preceptos que conforman la constitución del trabajo o  constitución social en nuestro Estado democrático. Sin embargo, tras décadas de disciplinamiento a partir de la segmentación y fragmentación del trabajo, una amplia franja de trabajadores y trabajadoras identifican la relación laboral con las nociones de precariedad y vulnerabilidad, y la rotación entre la desocupación, el empleo precario y la economía irregular constituye el hábitat natural de su existencia como personas que trabajan a cambio de una remuneración, donde la calidad del trabajo se ha esfumando.

El eje sobre el que se construye el pensamiento colectivo es el dinero y la capacidad instantánea de transformarlo en mercancías. Separado culturalmente del sistema económico que genera y reproduce socialmente el engarce entre producción y distribución de bienes y servicios y circulación de mercancías, la primacía del dinero induce una fuerte pulsión hacia la individualización creciente de las opciones de vida, y esta tendencia es común a cualquier persona que viva de su trabajo, sea éste estable o precario. Una buena parte de la existencia que se escinde de la presencia en el espacio público de los sujetos como ciudadanos, portadores de derechos, se afanan en la esfera privada de las relaciones de vida en el ahorro y en la producción de dinero porque la previsión de futuro depende cada vez más de decisiones individuales privadas ante la carencia de seguridad a través del trabajo y la necesidad por tanto de obtener otras rentas de subsistencia. Esto último explica la importancia actual de la vivienda entendida no como valor de uso sino como inversión de futuro y la posibilidad de obtener una renta adicional, sustitutiva en muchos casos de un trabajo sin calidad o de una pensión reducida. La propiedad aparece como el baluarte individual y familiar que es fruto de un trabajo pasado, acumulado en el ayer, que ahora sirve de garantía frente a las situaciones de no-trabajo o de trabajo inestable y rotatorio.

El punto de vista laboral se ha perdido en la política. La crisis del partido monoclase y la construcción de agregaciones políticas sobre el interclasismo ha desembocado en un relato lleno de referencias a la ciudadanía como noción desgajada del trabajo, ligándola por el contrario a necesidades abstractas, no conectadas con las reivindicaciones derivadas de la emancipación de la explotación laboral, conectándose con espacios de acción en los que la figura del trabajador se desvanece: la enseñanza, la sanidad, donde todas y todos somos usuarios de un servicio que querríamos público y eficiente. El universalismo de estos derechos se presenta también como una fórmula que desdibuja el anclaje de los mismos en una existencia social marcada por el trabajo subordinado. Un paso más allá y la consideración de la Seguridad Social como un problema ante todo actuarial, de equilibrio presupuestario, de recursos disponibles impide conceptuar este sistema de protección como una fundamental garantía institucional de derechos que tutela los estados de necesidad en su gran mayoría predeterminados por la condición del trabajo.

El trabajo como espacio clave en la emancipación política, económica y social, ha desaparecido del campo discursivo de la política. Éste reproduce como elemento fundamental la subordinación y la legitimación del dominio en los lugares de producción como un dato inexorable e irreversible del que ni siquiera es consciente.

El punto de vista laboral no aparece en el espacio de la opinión pública, de los medios de comunicación, quienes se encuentran en una etapa de concentración propietaria a partir de los grandes grupos económicos financieros. La pauta de conducta más común al respecto consiste en invisibilizar el trabajo como referencia ineludible de la acción social y considerar prácticamente superfluas las figuras sociales que lo organizan y representan. Hay todo un relato ya tópico sobre la ineficiencia de las organizaciones sindicales, su “alejamiento” de la realidad, su carácter vetusto y anacrónico o, en fin, su burocratización fuente de corruptelas y de mantenimiento de situaciones personales de ventaja. En ese objetivo se acomodan tanto los relatos neoliberales más agresivos como los argumentos ultraizquierdistas que elogian la espontaneidad de las masas. Todo agitado pero no mezclado, en la frase emblemática de James Bond. Particularmente activos en acallar el conflicto, cuando éste se desborda más allá de los lugares de trabajo y ocupa el espacio urbano, como acontece con los piquetes masivos de huelga, el mundo del trabajo se sumerge en la cotidianeidad que nunca puede ser noticia, salvo en los supuestos en los que a su través se puedan denunciar los ataques al orden público o la emergencia de intereses corporativos de parte como ejemplo del egoísmo insolidario de las y los trabajadores.

Los medios de comunicación son hostiles al punto de vista laboral, a comenzar por las propias condiciones de trabajo del personal que utiliza. Y es esta una regla a la que se ajustan los medios privados oficiales y los medios públicos, en especial radio y televisión, durante estos últimos años caracterizados por una fortísima pulsión hacia la manipulación de los hechos y el adoctrinamiento directo de los espectadores, oyentes y lectores. Lo que se ha traducido además en una muy evidente degradación de la libertad de información, transmutada en un producto mercantilizado y sesgado de consumo rápido, donde la banalización del discurso político a través de los orientadores de opinión resulta prácticamente insoportable.

Son los sindicatos quienes preferentemente adoptan el punto de vista laboral en sus análisis y proyectos. Y no tanto para hablar del valor económico del trabajo, aunque sea éste un elemento nuclear en la denuncia de la desigualdad y la necesidad de recuperar el salario real a través del incremento en convenios y el aumento del salario mínimo. La reivindicación del trabajo desde la perspectiva sindical se centra en la consideración del valor político, social y cultural del mismo, es decir en considerar que el pacto constituyente tenía como exigencia prioritaria  la integración del trabajo en el centro de las relaciones sociales y económicas, procediendo a liberarlo de su condición estrictamente mercantil y a transformarlo en elemento conductor de un proceso gradual de nivelación social y cultural, que por consiguiente debía orientar directamente las políticas públicas y la acción colectiva. El sindicalismo se mueve en el terreno de la “mesura”, no discurre por saltos bruscos sino a través de una cierta discontinuidad suavemente controlada, que acepta por tanto como punto de partida y como contexto de su acción el dominio empresarial y la explotación del trabajo, pero lo sitúa en un proyecto general de emancipación gradual de trabajadoras y trabajadores a partir de la consecución de un marco estable de situaciones jurídica y políticamente protegidas y garantizadas. Ha ido amortiguando la dinámica de la lucha de clases por una progresión en la lucha por los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo y la consecución de mayores y más amplios derechos sociales. Es un sindicalismo de los derechos cuya referencia central es el trabajo.

Este es el campo de acción del sindicalismo, donde desde hace más tiempo de lo que la opinión pública conoce, se está produciendo un proceso de “repensamiento” sindical, que se interroga sobre la gramática y la sintaxis de su actuación en relación con su punto de vista predominante: qué tipo de trabajo, más allá del trabajo asalariado, como objeto de la acción sindical, qué sujetos actúan y de qué manera en su relación con el trabajo , qué formas de tutela son las más válidas y las más eficaces, qué niveles o escalas suponen el asidero a partir del cual se debe desarrollar la organización sindical y colectiva del trabajo, qué identidades múltiples se expresan a través del sindicato como figura social enraizada en la existencia social de millares de personas.

Se abren actualmente una serie de opciones concretas en las que el sindicalismo confederal tiene que imponer el punto de vista laboral. No sólo donde está acostumbrado a hacerlo, a través de la negociación colectiva y el conflicto. Sino también a partir del diálogo social con los empresarios, en donde se ha llegado a un acercamiento de posturas que ha hecho desconvocar la jornada de movilización prevista para el sábado 16 de junio, sino también con el gobierno, en un inicio de interlocución política real que se debe apartar de los contactos episódicos y puntuales que se han ido llevando a cabo en estos últimos años.

Es de esperar que este mes de junio del 2018 también traiga novedades importantes en este aspecto. Estaremos atentos a su desarrollo y a su alcance. Siempre enfocando el análisis desde el punto de vista laboral, as usual.

martes, 5 de junio de 2018

CONTRATACIÓN TEMPORAL. UN NUEVO FALLO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA. HABLA JOAQUIN PÉREZ REY


Es bien conocida la importancia que para el ordenamiento español ha tenido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia denunciando la inadecuación de la normativa sobre contratación temporal respecto de la Directiva 70/99 que traspone el Acuerdo Marco europeo sobre contratos de duración determinada. Un nuevo fallo de este Tribunal retrocede sobre las posiciones que él mismo había mantenido en la sentencia Porras, sin duda ante las enormes presiones que el Estado español ha efectuado contra esa jurisprudencia. A continuación publicamos en rigurosa exclusiva un comentario que efectúa Joaquín Pérez Rey, uno de los expertos más reputados en esta materia, sobre la nueva decisión del TJ, cuyas conclusiones ya anticipó en otra entrada publicada en este mismo blog respecto de las conclusiones del abogado general ante este tema en esta entrada ya premonitoria ¿Cambio de doctrina del TJUE ante los contratos temporales?


Porras ¿punto y final? Comentario de urgencia a las SSTJUE Montero Mateos y Grupo Norte Facility

Joaquín Pérez Rey

La saga de Diego Porras como la califican algunos de sus más atentos observadores, los profesores Rojo Torrecilla y Beltrán Heredia, parece llegar a su fin. Hoy mismo, día 5 de junio, se han conocido las sentencias Montero Mateos y Grupo Norte Facility que siguiendo en parte las conclusiones que en su día formuló la AG Kokott admiten la diferencia de trato indemnizatorio entre fijos y temporales.
Como a estas alturas es bien conocido frente al pronunciamiento de Diego Porras algunos tribunales españoles reaccionaron elevando nuevas cuestiones prejudiciales en las que, a decir verdad, más que dudar de lo que había dicho el TJUE se expresaba el disenso respecto de la solución adoptada. El propio TS siguió esta senda, sin perjuicio de asumir, indirectamente y sin declaración expresa, algunas consecuencias derivadas de la doctrina Porras para los indefinidos no fijos de la Administración.

La presión que sobre este asunto se ha cernido sobre el TJUE ha sido intensa y ha pasado incluso por la propia deslegitimación de los jueces que suscribieron la Sentencia Porras, a los que ha sido frecuente acusar de desconocer el ordenamiento laboral español.

Todo este revuelo respecto de la que sin duda es una de las sentencias más famosas de todas las que el TJUE ha dictado en relación con nuestro país ha dado sus frutos y ahora el TJUE parece enmendarse a sí mismo.

Las sentencias recién conocidas confirman la doctrina Porras en todos sus puntos excepto en uno.

Entre lo que confirman se encuentra:

·         Entender que el concepto de «condiciones de trabajo» sobre el que opera el principio de no discriminación de la cláusula 4 de la Directiva incluye las indemnizaciones por finalización de contrato.

·         Que dicho principio opera únicamente en lo que respecta a las diferencias de trato entre trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores con contratos por tiempo indefinido que se encuentren en una situación comparables, sin alcanzar por tanto a las diferencias entre temporales entre sí.

·         Que para comprobar si las situaciones son comparables hay que atender a un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, los requisitos de formación y las condiciones laborales. Y en el caso de los interinos e incluso de los trabajadores relevistas dicha situación comparable se produce porque, en ambos casos, las tareas que desarrollan son las mismas que las de los indefinidos cuya vacante cubren o relevan.

Pero para apreciar discriminación es necesario finalmente que la diferencia de trato otorgada a las situaciones comparables no obedezca a «razones objetivas» y aquí es donde el TJUE se separa del pronunciamiento de septiembre de 2016, al entender “que el objeto específico de la indemnización por despido establecida en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores, al igual que el contexto particular en el que se abona dicha indemnización, constituyen una razón objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida”. Y también que las indemnizaciones del 49.1.c) y el 53 ET parten «de contextos fundamentalmente diferentes».

En este cambio de posición han influido tanto las posiciones del Gobierno español explicando la diferencia entre la extinción derivada del término y el despido objetivo, como las posiciones expresadas por la AG acerca de la previsibilidad o no de la extinción en el caso de contratos temporales e indefinidos.

A partir de aquí la conclusión del TJUE es permitir la diferencia indemnizatoria tanto extrema (ninguna indemnización para el temporal) como parcial (indemnización inferior que la del fijo despedido). Literalmente se advierte:

«La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del mencionado puesto, como el contrato de interinidad de que se trata en el litigio principal, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron, mientras que se concede indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva» (en idénticos términos respecto del contrato de relevo concluye la sentencia Norte Facility, dando también por bueno el pago de una indemnización inferior).

No obstante, el TJUE, para el caso de la interinidad, no deja de mostrar cierta perplejidad, me atrevería incluso a decir que insatisfacción con su propio razonamiento. La insatisfacción derivada de comprobar que en realidad la interina en el momento en que se celebró su contrato no podía saber la fecha exacta en que se proveería con carácter definitivo el puesto que ocupaba, ni saber que dicho contrato tendría una duración inusualmente larga. Por ello encarga al juez nacional que verifique si, habida cuenta de la imprevisibilidad de la finalización del contrato y de su duración, inusualmente larga, ha lugar a recalificar el contrato como fijo. Esta llamada, que no deja de ser enigmática, podría constituir un intento, no demasiado eficaz, de promover en nuestros órganos judiciales una interpretación menos formalista de las causas de temporalidad y más abierta a verificar si con ellas en realidad se cubren necesidades permanentes por mucho que se respete literalmente la dinámica de la contratación temporal (es un camino que algunas sentencias ya han transitado como por ejemplo la STSJ Cataluña 2-5-2017). Parece querer impulsar así el Tribunal europeo una suerte de tránsito desde la temporalidad lícita en la que se movía la sentencia Porras a la ilícita en estos contratos inusualmente largos, una especie de trasvase desde la cláusula 4 de la Directiva a la 5, aunque no se olvide que esta última solo se muestra operativa en los casos de sucesión contractual sin afectar a la contratación aislada.

Naturalmente, para acabar con este comentario urgente, se debe reconocer que las decisiones del TJUE restan parte de su operatividad a la doctrina Porras y su acogida por algunos tribunales españoles. Sin embargo, el debate no parece cerrarse del todo. La razón objetiva que permite salvar la diferencia de trato es según el TJUE «el objeto específico de la indemnización por despido» y «el contexto particular en el que se abona dicha indemnización». Este último inciso no permite descartar del todo que cuando dicho contexto no permita establecer diferencias entre fijos y temporales el distinto trato indemnizatorio pueda seguir considerándose discriminatorio. Piénsese, como ya el lector habrá adivinado, en los supuestos de obras y servicios vinculados a contratas y concesiones, por ejemplo.

Último capítulo, por tanto, de una de las series más seguidas por el laboralismo español que requiere sin duda de mayor reflexión y que no descarta del todo que surja alguna entretenida spin-off.

Pero sean cuál sean las derivadas de estos pronunciamientos, lo que parece claro es que sería de una grave incorrección ver en ellos un aval a nuestro sistema de temporalidad que, fiel a su estilo, sigue protagonizando nuestro sonrojo en el conjunto de la UE. Téngase presente que los problemas de compatibilidad con el ordenamiento de la UE persisten, especialmente en el empleo público y tanto por lo que al uso abusivo de la contratación temporal se refiere, como al reconocimiento de condiciones distintas de trabajo para temporales y fijos. Y téngase en cuenta también que nuestro problema con la temporalidad va mucho más allá del terreno indemnizatorio y exige de una respuesta legislativa urgente y completa destinada a garantizar esa especie en peligro de extinción que en nuestro país es la estabilidad en el empleo.



domingo, 3 de junio de 2018

DESPUÉS DE LA MOCIÓN DE CENSURA: ALGUNAS CUESTIONES



Entre el 31 de mayo y el 1 de junio se consumó la moción de censura contra el gobierno Rajoy. Empleando el calificativo que muchas veces usurpa para si la derecha española, se puede afirmar que para los demócratas de este país fue un día de júbilo, largamente esperado, que la sentencia de la Audiencia Nacional - la primera de las que se espera sobre Gürtel – y la detención de Zaplana aceleró felizmente. Son 180 votos que expresan el amplio pluralismo político que ha optado por la regeneración democrática. Enfrente quedan los diputados del PP y de Ciudadanos que defienden la estabilidad de un gobierno con cinco ministros reprobados por el Parlamento, y que obstaculiza cualquier propuesta legislativa aprobada en el congreso para evitar que las mayorías democráticas puedan regular las relaciones sociales y económicas.

Las consecuencias de esta moción de censura y el nombramiento de Sánchez están siendo comentadas en todos los medios de comunicación, públicos, privados, oficiales o independientes, y los mensajes en las redes sobre estos temas se multiplican. Como suele suceder, hay más pronósticos y opiniones que información. Se habla del desplome del PP y el encumbramiento de C’s, pero lo que parece evidente desde un observador externo es que el discurso de Rivera y Arrimadas sobre la regeneración democrática ha quedado muy devaluado con su apoyo al gobierno tras la sentencia Gürtel y su descripción de la red permanente de extorsiones y cohechos que tenía organizada el Partido Popular. Su actual leit motiv contra el nuevo gobierno democrático se concentra en execrar el apoyo nacionalista que ha tenido el candidato, sostenido por independentistas – a los que normalmente se les define como supremacistas, nazis y fascistas, sin matices – y amigos de ETA – en referencia a Bildu. Un argumentario vetusto que repite cien veces el sagrado nombre de España y que coincide plenamente con el rudo discurso de Hernando el 1 de junio en el Congreso que llenó de exabruptos y de amenazas la sala: Aquí estamos con 137 diputados y con mando en el Senado, a ver quién nos toca, vino a advertir.

Esta hostilidad del frente popular y ciudadano – hay que ver como se invierte el significado de las palabras cuando se utilizan como expresiones políticas de las clases dominantes – contra el gobierno que está por formarse, se extenderá sin duda a los medios de comunicación – prensa escrita, radio, televisión – que ya han comenzado a describir la situación como “caótica” y que actualmente se empeñan en explicar que se trata de un gobierno imposible que no podrá gobernar. Fracasado el intento de que los indicadores económicos mostraran su desaprobación a la decisión democrática del cambio de gobierno, es muy probable que ahora sus esfuerzos se concentren en la deslegitimación de cualquier acción de modificación de la regulación económica, social y ciudadana que quiera emprender el gobierno de Sánchez.

Es fácil situar el éxito de la moción de censura en el contexto del declive irreversible del bipartidismo que ha mantenido la estabilidad política del sistema junto con los nacionalismos periféricos como fuerzas compensatorias de la pérdida de mayorías absolutas de uno u otro partido. La votación del 1 de junio ha evidenciado la existencia de un pluralismo político fuerte que coincide, por motivos muy diferentes, en el rechazo al gobierno y a las fuerzas políticas que lo sostenían – PP y C’s – en el que convergían la corrupción sistemática como fórmula de financiación del partido, el progresivo desmoronamiento de las libertades cívicas, la reconstrucción de un estado unitario con desprecio de las identidades nacionales, el reforzamiento de la desigualdad social y los privilegios de clase y de casta, la degradación de los derechos laborales y sociales. Cada fuerza política que ha acumulado su voto al resto de los 180 ha ponderado más uno que otro motivo, y algunas posiblemente han considerado todos en su conjunto, pero el objetivo irrenunciable era terminar con el gobierno de Rajoy sostenido por su partido y C’s, lo que se resume en el término regeneración democrática. Un proceso en el que el sindicalismo confederal no podía intervenir directamente, pero por el que había apostado explícitamente.

En el momento de escribir esta entrada en el blog no se conoce el gobierno que va a montar Pedro Sánchez. Todo lo que se lee son pronósticos sobre los temas que van a abordarse y los nombres que suenan para este nuevo gabinete. Es cierto que la convergencia parlamentaria que le ha hecho presidente no es la que le puede sostener en su acción de gobierno, porque los intereses que representa cada fuerza política divergen. Es previsible que la “cuestión catalana”, con toda su complejidad agravada por la intervención judicial que alimenta una represión muy incisiva a través de la prisión de los imputados, tenga un trato preferente en el programa de actuación del nuevo gobierno. Como previsiblemente atraiga su atención en los primeros momentos áreas de regulación en donde el consenso anti autoritario esté más extendido: la discriminación de género y la igualdad salarial, la derogación de normas extraordinariamente represivas de las movilizaciones sociales, como la Ley de Seguridad Ciudadana. Y no conviene olvidar que el cambio de gobierno deberá suponer el cese de millares de altos cargos, algunos de ellos personajes siniestros de la última política, como Trillo, embajador en Londres, o Wert en Paris, cuya remoción supone un acto de higiene democrática que ha de ser forzosamente muy bien valorada por todos los demócratas.

En el terreno laboral, el gobierno tiene que efectuar algún movimiento positivo que afecte directamente a la reforma laboral del 2012, que es la que el PP impuso sobre su mayoría absoluta contra el sindicalismo confederal y las y los trabajadores en general. Ocho años después de las políticas “de austeridad” la situación de degradación de los derechos colectivos e individuales laborales debe ser al menos parcialmente reformulada. La CEOE sin embargo ha declarado ya el mismo día de la moción de censura, que la reforma laboral debe ser irreversible. No están por tanto dispuestos a cualquier cambio, por nimio que fuera, en el conjunto normativo de las relaciones laborales. Esta declaración tan tajante puede que se transforme en otra, más inteligente, cuando se conozcan los nombres de las personas que en el nuevo gobierno ocupen las carteras de trabajo (confiemos en que le devuelvan ese nombre al ministerio, eliminando el de empleo) y economía. A saber, la de confiar al “diálogo social” los acuerdos que posibiliten la reforma de la reforma laboral, que sólo puede llevarse a cabo si cuenta con el consenso de los interlocutores sociales. Una fórmula insincera que no tendrá recorrido político, pero que es posible que se defienda, también y especialmente por parte de los grandes medios de comunicación oficiales.

El segundo gran tema sobre el que el nuevo gobierno deberá adoptar una decisión es el relativo a las pensiones. La gran movilización de los pensionistas no puede tan sólo acabar en los resultados hasta el momento muy decepcionantes del compromiso presente en los presupuestos tras el pacto con el PNV. Es muy previsible que la reforma del 2013 pueda abolirse, pero también sería muy conveniente que en el Pacto de Toledo se plantee comenzar a abordar una revisión en profundidad de elementos centrales del sistema de pensiones que reformulen las líneas guía de la ley aprobada en el 2011. Es un tema en el que seguramente habrán de adoptarse decisiones relevantes en los primeros momentos.

La vitalidad democrática del Parlamento ha sido agredida por el gobierno del PP al vetar de manera sistemática las proposiciones de ley que obtenían la mayoría de la cámara y que tenían que ver con derechos sociales o de ciudadanía. Incluso un Tribunal Constitucional de una fuerte mayoría conservadora ha reprochado al gobierno la utilización arbitraria e inmotivada de la facultad a la que le habilita el art. 136.6 de la constitución. La STS 44/2018, de 26 de abril, ha considerado que el veto a una proposición de ley del grupo parlamentario socialista sobre la  modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los trabajadores para garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, no tenía conexión suficiente con los ingresos y gastos públicos. Liberar la capacidad legislativa de las cámaras en materia laboral es fundamental en estos momentos. Como lo es también acelerar los tiempos de tramitación de las proposiciones de ley, aceptadas por el pleno y siempre retrasadas en las comisiones, a lasque nunca se les aplica el procedimiento de urgencia y con el riesgo de que en la nueva situación el Senado, dominado por la bancada popular, ejerza una función de obstruccionismo legislativo sistemático.

Hay muchas más materias sobre las que se va a requerir una intervención del gobierno que altere el rumbo de las cosas que hasta ahora se había seguido. La lista de acciones que solo en materia de derechos laborales y sociales compromete al nuevo gobierno es inmensa, como inmensos han sido los efectos nocivos de la acción gubernamental del PP. Se abre un tiempo de revisión normativa y administrativa en el que el protagonismo del sindicalismo confederal ha de verse reforzado necesariamente. Imponer el punto de vista laboral a un proceso de regeneración democrática apenas iniciado es un objetivo claro en este nuevo tiempo político. Un nuevo horizonte que requiere una oscilación a la izquierda, buscar el apoyo parlamentario de los grupos que pueden sostener un marco normativo que revierta el actual y posibilite una mejora en puntos sensibles de las relaciones colectivas e individuales de trabajo. Estaremos atentos a los acontecimientos futuros en este blog.