miércoles, 17 de abril de 2019

LOS DEBATES DE LA PASCUA ELECTORAL: LA (NO) PRESENCIA DE LA REFORMA LABORAL EN LOS MISMOS.




Vivimos en el tiempo de la Pascua, lo que en España tradicionalmente se ha denominado Semana Santa, que por las circunstancias del calendario se ha convertido en un tiempo destinado al debate entre los partidos políticos con vistas a las elecciones generales del 28 de abril. Los periódicos y las televisiones, las redes sociales y los comentarios en los bares, están repletos de alusiones a los discursos o simplemente ocurrencias de los diferentes líderes políticos, ante todo los de la triple derecha en liza, especialmente llamativos, o a glosar los debates que, por el momento, tienen una marcada presencia femenina, a la espera del encuentro final y muy relevante de los primeros espadas, expresión taurina muy utilizada para describir a la presencia masculina de los líderes de las respectivas formaciones políticas de mayor relieve.

Los resultados hasta el momento de los debates electorales arrojan una visión no muy halagüeña para una parte de la ciudadanía especialmente vinculada a la problemática relativa a la cotidianeidad de sus condiciones de existencia social, marcada necesariamente por el trabajo y su regulación legal y colectiva como fuente de derechos individuales y colectivos. Por una parte la derecha en su doble personificación, como PP y como C’s, no ha llegado a explicitar en estos debates cuál es su proyecto regulador sobre el trabajo, centrados como se hallan en una obsesiva cruzada contra el gobierno de Sánchez y el bloque político que le sostiene, al que motejan de “comunistas”, “chavistas”, “proetarras” e “independentistas” (o “golpistas”). Lo único que asoma de este proyecto es la reducción generalizada de impuestos, lo que sugiere un mayor adelgazamiento del Estado y una minoración de la capacidad de éste de prestar servicios públicos de calidad, pero sin que este tema se evidencie de forma expresa, ante la obsesiva y reiterada alusión a la cuestión catalana como eje decisivo de su afirmación nacionalista (españolista) y la consideración brutal de los acusados del gobierno catalán del 1-O como condenados por “golpismo”  -sin que nadie mencione, faltaría más, la presunción de inocencia de estos ciudadanos y ciudadanas hasta que no haya sentencia firme- de los que se sospecha que habrán de ser indultados por un futuro gobierno socialista en coalición con Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas. El debate que se ha visto insiste en la denigración del feminismo, con intervenciones especialmente desafortunadas de la representante del PP sobre el tema de la violación, y en la proyectada reforma de la estructura territorial del Estado mediante la imposición de un modelo rígidamente unitario que es dudoso que sea compatible con la interpretación más restrictiva del marco constitucional español respecto de la configuración de las autonomías políticas de los territorios que la componen, en especial respecto de las nacionalidades que reconoce el art. 2 CE.

El tema de los servicios públicos de la sanidad y de la educación, las materias de protección social, seguridad social y pensiones, ayudas a la dependencia, han sido los elementos que más han construido el discurso propositivo de la izquierda – entendiendo por tales tanto a Unidas Podemos como al PSOE – así como el de las fuerzas nacionalistas como ERC – que sin embargo no ha explicado su rechazo a los Presupuestos Generales que incorporaban importantes medidas sociales – y como el PNV, al que tradicionalmente se sitúa en el área de la derecha política, aunque como se puede comprobar éste es un juicio extremadamente precipitado al menos en el contexto actual de una constelación de fuerzas como PP, C’s y Vox que se disputan el área de la extrema derecha y la perspectiva neoliberal más dura, mientras reclaman para si el calificativo de derecha o centro derecha.
 
En el tema de las pensiones, sin embargo, los matices son importantes entre la perspectiva de Unidas Podemos y la del PSOE, en gran parte por la ya conocida incapacidad del gobierno socialista de llevar a cumplimiento una buena parte de los compromisos pactados con el grupo parlamentario Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea sobre el tema, y que convergía con las reivindicaciones sindicales centradas en la revalorización de las pensiones conectadas al IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad tal como había sido anticipado en la reforma del 2013 por el PP. La inacción del gobierno antes de la convocatoria electoral hace que ahora el PSOE recupere lo que constituyó el incumplimiento del acuerdo político y presupuestario como un elemento enarbolado en el programa electoral que asegura se cumplirá en el próximo gobierno. Para Unidas Podemos por el contrario, el tema de las pensiones sigue siendo uno de los elementos que caracterizan su propuesta reivindicativa y su proyecto de gobierno, junto con elementos muy característicos de su programa que hacen referencia a la progresiva elaboración de garantías reales al derecho a la vivienda, a la construcción de la transición ecológica y energética, o la creación de una renta básica, además de los más conocidos propósitos de modificación del sistema impositivo y de establecimiento de un tributo especial sobre la banca que posibilite la devolución de las ingentes cantidades de dinero público invertidas para evitar su quiebra en ocasión de la crisis financiera del 2009-2010.

Este es el horizonte social del debate político. Y sin embargo nadie habla – ni siquiera se propone en el debate por los organizadores del mismo – del planteamiento que las fuerzas políticas en presencia tienen frente a la reforma laboral. Un objetivo largamente rescatado por parte de los sindicatos CCOO y UGT y que también formaba parte de los acuerdos a los que el gobierno Sánchez había llegado con la izquierda política y cuyo cumplimiento posteriormente declinó sobre la base de la dificultad de encontrar una mayoría en la Diputación Permanente, lo que se vió desmentido por los hechos respecto de los sucesivos Decretos Leyes que había ido promulgando en materia social, como se analizó en este mismo blog en este enlace La irreversibilidad de la reforma laboral. El problema de fondo lo plantea la posición del PSOE respecto de la capacidad de la patronal española de imponer un veto insuperable a cualquier iniciativa legislativa que no cuente con su aquiescencia, de manera que los acuerdos a los que llegó el gobierno en diciembre del 2018 con los sindicatos confederales respecto de la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, no podrán ser llevados a cabo ante la sumisión del PSOE a los dictados de la CEOE-CEPYME en esta cuestión. No es una afirmación gratuita. El portavoz económico del PSOE y secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, lo ha afirmado sin ambages, de manera rotunda, “No cambiaremos la reforma laboral sin consenso con la patronal”, y esta afirmación, como es natural, ha subido a los titulares de los periódicos (No cambiaremos la reforma laboral sin el consenso patronal/).

Es evidente que en este punto los sindicatos de clase tienen que decir algo y manifestar su opinión respecto de esta afirmación tajante del PSOE que no ha sido desmentida por ningún exponente de este partido, dejando por cierto en muy mal lugar no sólo a la cesante Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que se comprometió por activa y por pasiva en múltiples ocasiones a llevar adelante el acuerdo estipulado con los sindicatos, sino al propio Gobierno que llegó a un acuerdo en este sentido con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos y las confluencias, de donde se puede inferir que el incumplimiento del mismo estaba directamente relacionado con el veto de la CEOE-CEPYME al mismo, aunque no se hiciera explícito que ésta fuera la causa de tal inobservancia. Es también seguro que Unidas Podemos y sus confluencias harán valer su peso electoral – si éste es suficiente para consolidar un gobierno de progreso – para que el tema de la reforma laboral – como el de redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI – sea uno de los ejes centrales de la actuación del poder público tras las elecciones generales, y que por tanto desde la perspectiva sindical este elemento debe pesar en la valoración de las preferencias electorales de sus afilados y afiliadas y las de las y los trabajadores que entran dentro de su ámbito de influencia.

Pero lo más significativo es que el tema de la reforma laboral se haya evitado en los programas que van a enfrentar a los distintos adversarios políticos en los grandes debates televisados, es decir que este tema no se considere incluido dentro de los grandes problemas que contsruyen hoy la encrucijada democrática en la que nos encontramos. Es posible que la “escaleta” del debate deba estar pactada y sea inmodificable, pero no se debe considerar un ruego impertinente que se presione por parte de los partidos políticos que acudan al mismo para su integración en alguno de los apartados a tratar. Que se debata del diseño que se quiere para las relaciones laborales en este país y que los principales partidos políticos se posicionen ante este tema es a buen seguro una intención compartida no sólo por el texto de la entrada de hoy de este blog, sino por todas y todos sus amables lectores, además de por todas las personas que están interesadas en saber cuál es la propuesta reguladora de las relaciones de trabajo que sostienen las fuerzas políticas en liza.

Para muestra, basta un botón. En Ciudad Real, el próximo 25 de abril – día de grandes resonancias democráticas de la derrota de los fascismos italiano y portugués – discutiremos en Ciudad Real, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCLM, junto con los candidatos de Unidas Podemos Jorge Uxó y Prado Galán, sobre las alternativas a la precariedad laboral. El programa, que este blog adelanta en primicia es el siguiente:

JORNADA-COLOQUIO: ALTERNATIVAS CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES (AULA 0.01)
25 DE ABRIL DE 2019

PROGRAMA:
10,00h. Empleo y desempleo: alternativas y experiencias.
Prado Galán, Concejala del Grupo Municipal GANEMOS-CR. Candidata al Congreso UNIDAS PODEMOS por la provincia de Ciudad Real.
10,30h. Tiempos de trabajo y de vida en la era digital.
Francisco Trillo, Prof. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UCLM).
11,00h. Trabajo a tiempo parcial, desigualdad y precariedad.
Maravillas Espín, Profa. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad Autónoma de Madrid).
11,30h. La Seguridad Social ante a la precariedad laboral.
Joaquín Aparicio, Catedrático Emérito Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UCLM).
12,00h. Contra la precariedad laboral, estabilidad en el empleo.
Antonio Baylos, Catedrático Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UCLM).
12,30h. Combatir el desempleo juvenil.
Jorge Uxó, Prof. Teoría Económica (UCLM). Candidato al Congreso UNIDAS PODEMOS por la provincia de Ciudad Real.

Naturalmente quedan todos y todas invitadas a este acto. Otros muchos más jalonarán el mapa de los encuentros electorales en este período electoral. Organizados desde los sindicatos, otras organizaciones sociales o, como el que se ha reseñado, desde los propios partidos políticos en liza. Pero en todo caso, la presencia electoral de la reforma laboral debe ser asegurada como un elemento decisivo para la formación del juicio político y ciudadano que condicione el voto el próximo 28 de abril.


jueves, 11 de abril de 2019

EL FUTURO DEL TRABAJO QUE QUEREMOS: UN DEBATE GLOBAL QUE RESUME JAIME CABEZA




Se han efectuado el 10 y 11 de abril en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, con el apoyo y promoción del Departamento de Justicia y Trabajo del gobierno de Euskadi, un Encuentro internacional en el marco de los debates sobre el futuro del trabajo que ha impulsado el centenario de la OIT. El Encuentro fue inaugurado por el Lehendakari Iñigo Urkullu y han participado una larga serie de profesores y profesionales nacionales e internacionales junto a la participación de todas las fuerzas sindicales – un suceso excepcional en los eventos en Euskadi, donde la división sindical hace muy difícil la coincidencia – ELA, LAB, CCOO y UGT, con la patronal Confebask, en una sesión dedicada al análisis de la negociación colectiva y el diálogo social y las perspectivas en el Pais Vasco que ha presidido Tomás Arrieta, presidente a su vez del Consejo Vasco de Relaciones Laborales y ha presentado Noé Cormago, Director Científico del IISJ.

El Encuentro ha permitido un debate muy amplio, diverso y rico sobre las conversaciones en torno al tema del futuro del trabajo que han ido conformando el debate sobre el centenario de la OIT. Jaime Cabeza, como Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tuvo encomendada la tarea de hacer una intervención de síntesis sobre el debate desarrollado que se reproduce en rigurosa primicia en esta entrada del blog.

El centenario de OIT sucede en un momento de cambio de época. Suscita el debate esencial del futuro del derecho del trabajo, a partir de una serie de circunstancias concurrentes: el impacto tecnológico, el desarrollo de las cadenas de suministro, la expansión de la economía de plataforma, la transición energética desde el carbono a energías alternativas, el profundo cambio demográfico que afecta desigualmente en unas regiones y otras del planeta, las tendencias migratorias crecientes o la rebelión definitiva de las mujeres contra su posición históricamente subordinada producto, en no pequeña medida, de la desigual distribución del trabajo no remunerado.

El informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo presentado en enero 2019 bajo el título “Trabajar para un futuro más prometedor” aborda las reflexiones necesarias para que se lleve a la Conferencia del Centenario un debate tripartito lo suficientemente rico y denso como para generar un nuevo mandato, en forma de Declaración que responda a los desafíos de nuestro tiempo. Las diez propuestas fundamentales de la Comisión encauzan los desafíos principales para generar las condiciones necesarias del trabajo decente en el ámbito global.

En contraposición a la utopía de la reducción y desaparición del trabajo, se sitúa la distopía de un espacio creciente del trabajo forzoso y de nuevas esclavitudes. Tal vez finalmente prevalezca la utopía, pero en el corto y medio plazo se amplían modalidades de trabajo coercitivo, es decir, no totalmente libre. Una coerción que aglutina trabajos que nunca se considerarían esclavos, pero que generan amplios espacios de indefensión. Y que también es característica de los países más desarrollados, que asisten a una descomposición paulatina de los derechos de los trabajadores.

La desregularización del trabajo como resultado de la crisis en los modelos de protección (desregulación legislativa, debilitamiento de la concertación social, de la negociación colectiva y de la acción sindical) deja en evidencia la disparidad entre las relaciones de fuerza existentes (basadas en desigualdades no sólo económicas, sino también de género, de estatus migratorio, etc.) y entre las relaciones de poder amparadas en otras normas distintas al derecho del trabajo (libertad contractual, libertad de empresa, derecho de propiedad). En este contexto, se hace necesario transformar el derecho más alla de categorías y dicotomías existentes para proteger bienes jurídicos conocidos (dignidad e igualdad en el trabajo) de acuerdo con las nuevas condiciones de globalización, digitalización de la economía, flujos migratorios, etc.

El trabajo remunerado es imprescidible para asegurar una existencia libre, independiente y digna. La discriminación de la mujer se produce por una concatenación de elementos que distorsionan la relación de trabajo, en cuanto al acceso al empleo, a las condiciones de trabajo, y las carreras profesionales. La atención a la familia y al hogar produce una segregación muy intensa en la sociedad. Genera una barrera de dificultades en el empleo y la ocupación. Segrega la ocupación de hombres y mujeres y confina a éstas en los segmentos laborales más débiles. Pues el conflicto trabajo/familia es social y sistémico. Como respuesta, hay que reconocer en todo su valor el trabajo familiar y profesionalizarlo, integrarlo en la Seguridad Social y considerarlo en el PIB. Y tiene que prevalecer el discurso de la corresponsabilidad entre ambos sexos. No valen las técnicas de derecho privaso, sino que el Derecho Público tiene que aportar toda su capacidad transformadora.

Las condiciones de trabajo se relacionan estrechamente con los estereotipos. Las dificultades de conciliación, la discriminación retributiva, la promoción profesional y la violencia y el acoso en el trabajo debe superarse mediante un reconocimiento de derechos específicos a la las mujeres. El problema salarial no es la brecha en sí misma, sino la discriminación hacia las mujeres, que se concentran en las ocupaciones mal valoradas y retribuidas. La estructura salarial, en particular ciertos complementos, perjudica gravemente la igualdad, como lo hace la escasa presencia femenina en puestos de especial responsabilidad y más alta compensación económica. En empresas feminizadas los salarios son más bajos. Los permisos por maternidad y por cuidados castigan severamente la equiparación salarial. Por otra parte, a la mujer le resulta más difícil ascender y ejercer liderazgo. La lucha contra esta situación pasa por técnicas varias, sin renunciar a las acciones positivas y a las cuotas. Y, en el trasfondo, la violencia y el acoso por sexo y por género son la forma más abrupta de discriminación. Es esperanzador que OIT apruebe en en centenario un Convenio al respecto.

Es necesaria la intervención del Estado y de los poderes públicos para combatir las situaciones indignas e injustas en el mundo del trabajo. Los mecanismos de políticas públicas con finalidad de transformación de las desigualdades (que se fundan sobre estereotipos, jerarquías sociales, y otros factores) no deben aspirar simplemente a “amortiguar” las desventajas (como, por ejemplo, la conciliación o el tiempo parcial, convertidos en auténticos ghettos de la discriminación de género). Recuperar en el ámbito del trabajo y del derecho de trabajo, la centralidad de la idea de “decencia” (o dignidad) que pone al ser humano, al trabajador al centro de la acción política (tanto de los poderes públicos  como de partes sociales) constituye un reto irrenunciable.

El desarrollo de internet y de las tecnologías móviles, junto con las posibilidades abiertas por el avance del big data, de la robótica y de la inteligencia artificial han provocado una nueva revolución tecnológica, que acentúa algunos fenómenos ya conocidos, como el de la globalización y la descentralización productiva, pero también plantea nuevos retos para la consecución de un modelo de trabajo decente para todos. La dignidad del trabajador en el contexto de las innovaciones tecnológicas requiere de transparencia en el tratamiento de datos y de trazabilidad humana en las decisiones tecnológicas.

Las herramientas que permiten una captación, gestión y tratamiento masivo de datos han sido tradicionalmente aprovechadas por las empresas como un instrumento clave en la configuración de sus relaciones con los clientes y con el mercado en general. En los últimos tiempos, estas nuevas posibilidades de gestión de la información también están provocando cambios en el propio proceso de producción, al que se incorporan de manera creciente las innovaciones de la robótica y la inteligencia artificial, provocando un espacio compartido en el que se acrecienta la relación hombre-máquina. Asimismo, se difuminan las fronteras entre ejecución del trabajo y privacidad y aumentan los instrumentos de control de la actividad laboral. En este contexto el trabajador corre el riesgo de convertirse en un mero engranaje del proceso productivo respecto del cual el empresario tiene una capacidad omnipresente de control. Pero no todo lo tecnológicamente posible es lícito. La transparencia y la finalidad legítima en la información al trabajador sobre los mecanismos de vigilancia y tratamiento de datos en la empresa constituyen criterios insoslayables. Además, se hace necesario incorporar un enfoque ético en el diseño de estos nuevos sistemas de gestión de la información y en el desarrollo de la robótica.

La recuperación del concepto de pleno empleo como trabajo de calidad para todos, en contraposición con paradigmas liberales que preconizan una ocupación carente de los estándares mínimos de dignidad y de calidad, y siempre al albur de los designios de la economía, debe basarse en la recuperación de derechos y del poder negociador de los trabajadores. El desempleo no puede confiarse a la responsabilidad individual de las personas, ni a la difamación de los desempleados como sujetos que merecen su situación. El desempleo no puede implicar autoempleo involuntario, sino trabajo de calidad. De fondo late un debate en torno al propio concepto del pleno empleo que ha experimentado una evolución, desde su formulación originaria, centrada en la consecución de más empleos que trabajadores, hasta las formulaciones más modernas en las que tienen un mayor peso las teorías macroeconómicas de contención del gasto y que consideran que el crecimiento económico traerá consigo el pleno empleo. En este cambio de paradigma se produce también una pérdida del protagonismo del sindicato como agente esencial para la consecución del objetivo del pleno empleo. La OCDE y la UE han asumido este nuevo enfoque del concepto de pleno empleo y en sus políticas adquieren un peso trascendental cuestiones como la adaptabilidad y la descentralización de la negociación con el fin de crear empleo, sin afectar la inflación y aunque no sea de calidad. Así contextualizado el debate, la OIT ha de erigirse, de acuerdo con sus principios de trabajo decente, en la impulsora de una política de pleno empleo en su sentido auténtico, que garantice empleo para todos, de calidad y que tenga en cuenta el papel central de la negociación colectiva sectorial para garantizar unas condiciones de trabajo mínimas para todos los trabajadores.

A pesar de haberse reducido los índices de siniestralidad, la seguridad y salud en el trabajo es una asignatura pendiente, como demuestran tozudamente los datos. No hay trabajo decente si no es seguro y, para que sea seguro, debe cumplirse la normativa de prevención de riesgos. Las empresas han de contemplar la prevención de riesgos entre los valores fundamentales e integrarla en su gestión ordinaria. Hay que tomar conciencia de que la prevención de riesgos repercute en la vida de sus trabajadores, fortalece su autoestima y genera una sensación de bienestar. La formación específica de cada puesto de trabajo es crucial, en particular en las nuevas incorporaciones de trabajadores. Y la negociación colectiva constituye el instrumento fundamental en esta materia, para dotar de sustantividad propia la normativa general.

Los programas estratégicos de la Comisión Europea en materia de seguridad y salud en el trabajo incluyen 3 retos básicos: la aplicación de la legislación, la reducción de las enfermedades profesionales y la garantía de la salud hasta la edad de jubilación. Para el cumplimiento de estos retos se establecen 7 objetivos estratégicos, entre los que destaca el apoyo práctico a las micro y pequeñas empresas. En particular, debe destacarse el gran desafío que resulta la salud y la lucha contra las enfermedades laborales, pues más del 85% de los fallecimientos son debidos a las mismas.

Las nuevas formas de organización del trabajo determinan las reglas sobre seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. En ellas, el lugar de trabajo tiende a asumir una importancia cada vez más marginal. Si la informatización y las nuevas tecnologías lo permiten, es claro que la ecuación de organización-lugar de trabajo puede desvanecerse y la organización en la que el trabajador realiza su actividad debe entenderse sobre todo como el conjunto de reglas, a través del cual se realiza el proyecto productivo en beneficio del empleador o del cliente. No es un paradigma central la entidad física correspondiente a un lugar o centro de trabajo. De ahí la necesidad de pensar en reglas de seguridad capaces de seguir al trabajador y que ya no estén vinculados a un lugar físico específico. Esto es, seguridad del trabajador en lugar de seguridad en el lugar de trabajo.

La OIT debe esclarecer hacia donde quiere caminar y tiene que seguir orientando el concepto del trabajo decente. Deviene necesario cuestionar su prevalente orientación fabril e industrial, la propia configuración tripartita y el peso de los Estados, los localismos y reducir la ingente burocratización. Urge trabajar en una recomposición de los actuales convenios y repensar la diferencia entre Convenios de derechos fundamentales y Convenios técnicos para incluir entre aquéllos los relativos al derecho a la salud, a la vida digna, y a la seguridad social. Sería deseable la redacción de un código de normas y acometer una simplificación y actualización de las existentes, para proseguir con una revisión de la eficacia y nivel de cumplimiento de los estándares internacionales. La renovación debe dirigirse a afrontar retos actuales como la precarización, los problemas asociados a las subcontratas, las cadenas de suministros, y las nuevas formas de empleo aparecidas con la digitalización.

La era digital ha traído consigo un cambio de ciclo político en el que se perpetua la explotación violenta de los trabajadores, de la mano de un reforzamiento de la unilateralidad empresarial en la ordenación de las relaciones laborales. La irrelevancia del hecho sindical asoma, pero tal vez solo como aspiración de los poderes dominantes. Se cuestiona la propia institución del sindicato y el rol de la negociación colectiva. Se asiste a una individualización del trabajo y a una descentralización del proyecto contractual, en detrimento de una autonomía colectiva. No obstante, difícilmente podrá hablarse de trabajo decente en un contexto de ruptura de la bilateralidad. La negociación colectiva en el sector no puede ser subalterna a la negociación colectiva de empresa.

La nueva empresa aparece como un ente deslocalizado y difuso, en el que no sólo desaparece la prestación en un lugar determinado sino que resulta difícil incluso ubicar e identificar al empresario, que aparece ahora como sujeto de identidades diferentes. Precisamente, ante estas empresas opacas y no transparentes, el sindicato debe irrumpir para romper con esa opacidad. En relación a  la huelga como forma prioritaria de la expresión del conflicto, ya no interesa tanto desorganizar la producción sino demostrar y exhibir el conflicto para movilizar la opinión pública.

La participación, basada en la ida de democracia industrial, plantea el reto de la gobernanza en la empresa. Quizá pasó so momento de esplendor tras la II Guerra Mundial, pero ha dejado huella en distintos mecanismos de participación. Hay que preguntarse si el trabajador puede ser coaptado por los nuevos mecanismos de participación. Tal vez sea necesario repensar el Convenio 135 y la Recomendación 143, ahora que casi alcanzan el medio siglo.  La subordinación de las estructuras selectivas a las sindicales ha sido tal vez su orientación básica. En el nivel interno del Estado español, se a optado por una prevalencia del acuerdo de empresa frente a mecanismos más de colaboración, a salvo de unas escasas reglas en el art. 64. Y tal vez la trasposición de la Directiva de despidos colectivos ha pesado más que las que se conciben genuina y prioritariamente como de participación.
Existen dos modelos empresariales claramente diferenciados: el clásico o típicamente jerárquico y el moderno o con una configuración más horizontal y participativa. Este último se corresponde mejor con la irrupción de las nuevas tecnologías y la 4º revolución industrial, en cuyo escenario la competitividad se basa en la rapidez, la agilidad y la adaptabilidad. La autogestión y la toma de decisiones autónomas requieren un trabajador mucho más participativo, motivado y comprometido con la buena marcha y dinámica de la empresa. Es necesario un liderazgo responsable, empático y que dé oportunidad de crecimiento, una relación de trabajo en equipo colaborativa, un proyecto motivador y con objetivos compartidos.

En el contexto de Euskadi, los datos revelan que  no menos de 1/3 de los trabajadores no ven utilidad social ni personal a su trabajo, lo cual genera gran cantidad de problemas. Las TICs y el desarrollo tecnológico deben ser vistos como algo positivo por la enorme potencialidad de generación de riqueza que presentan. Sin embargo, es necesario centrar todos los esfuerzos en calibrar cómo se reparte esa riqueza, pues resulta fundamental hacer un reparto equitativo y justo de la misma para lograr un entorno social adecuado. En este sentido, debe debatirse la aprobación de una renta básica, que posibilitaría la búsqueda de empleos que realmente motiven al trabajador. A cuyo fin ha de darse una mayor implicación por parte de los agentes públicos, pero también debe darse un fortalecimiento del poder de negociación ciudadano.

En resumen, ve la revolución tecnológica como algo positivo en cuanto a su capacidad de generar riqueza pero entiende fundamental un reparto de la misma. Para ello es principal el trabajo de los agentes públicos en ese sentido y la participación de la propia sociedad en la consecución de este objetivo.

A modo de recapitulación cabe decir por tanto que el elemento colectivo y sus implicaciones organizativas y productivas son una cuestión de enorme peso que bajo ningún concepto debería ser olvidada en esta labor de planteamiento de un futuro del trabajo “digno y decente” pues indudablemente se reputa como uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el bienestar del trabajador

lunes, 8 de abril de 2019

TIEMPO DE SUBLEVACIONES, TIEMPO DE ELECCIONES



Las amables personas que frecuentan este blog sabrán perdonar la hipérbole que enlaza la sublevación con el proceso de elección de los representantes de la ciudadanía en sus órganos legislativos, pero se basa en la percepción bastante evidente de la importancia de las elecciones del 28 de abril como un momento clave en el que se resuelve la crisis democrática que hunde sus raíces en la gran crisis financiera del 2008. Una resolución que puede llevar a la consolidación y profundización de un marco institucional profundamente autoritario, que ahonde y extienda la degradación de derechos civiles y sociales, o que posibilite por el contrario un nuevo espacio público que garantice contenidos democráticos básicos y que revierta las posiciones más dañinas en materia social y económica para las clases subalternas que se han ido produciendo en este país a partir del 2010.

En una exposición celebrada en Buenos Aires hace ya un año y medio, cuyo catálogo me regaló mi amigo Guillermo Gianibelli en una de sus escapadas a la UCLM, Georges Didi-Huberman hacía una larga reflexión – que él llamaba “fragmentos” – sobre los actos que nos sublevan, el “brote de libertad” que se expresa en la rebelión, la importancia de desarrollar la potencia de lo social frente al poder público y privado, y la necesidad de un “tiempo de rebelión” como eje del deseo insatisfecho de los seres humanos sufrientes y desiguales. En un párrafo aludía a la relación entre sublevarse y rechazar, y es un texto que viene a cuento de la idea que sustenta esta entrada del blog. Dice así:

“¿No será la evidencia de las sublevaciones, de entrada, la del gesto mediante el que rechazamos cierto estado – injusto, intolerable – de las cosas que nos rodean, que nos oprimen? Pero, qué es rechazar? No es solo dejar de hacer. No es, fatalmente, acantonar el rechazo solo en el reino de la negación. Rechazar, gesto fundamental de las sublevaciones, consiste sobre todo en crear dialéctica: rehusando hacer lo que nos imponen abusivamente, no podemos (no tenemos que) conformarnos con eso, evidentemente. Uno no rechaza cierto estilo de vida limitándose a escoger no vivir. Así pues, en realidad la única forma de rechazar es decidir existir y hacer otra cosa. Allí donde algunos pretenden rehusar conformándose con el ‘preferiría no’, retirando o disminuyendo su fuerza, otros asumen el riesgo de exponer su rechazo incluso en el apoderamiento de otro hacer. Y cuando digo que se exponen, quero decir que no tienen miedo – desde su posición subalterna, su lugar de impoder – de ‘hacer algo’ en el espacio público a pesar de todo. Probablemente es lo que Walter Benjamin pretendía dar a entender mediante la expresión ‘organizar nuestro pesimismo’. Rechazar es la potencia de hacer de otro modo”.

Esta evocación del rechazo es perfectamente válida para el momento actual. En las elecciones de finales de este mes – en primer lugar, seguidas de las muy importantes elecciones europeas de finales de mayo – se pueden reconfirmar las estrategias de dominio que se han llevado a cabo a lo largo de los procesos de reformulación de los equilibrios de poder en el marco institucional a partir de la irrupción de la crisis y que se han ido imponiendo sobre la base de las exigencias de la llamada gobernanza económica europea a través de las políticas de austeridad que condicionaban políticamente el sentido de las reformas estructurales que incidían sobre la “contención” del gasto público, la reforma constitucional para imponer a regla del equilibrio presupuestario y el pago prioritario de la deuda sobre cualquier gasto social, las reformas laborales que degradaron las garantías de empleo y el poder sindical, la reducción de las prestaciones sociales y el endurecimiento del acceso a las pensiones y la emanación de normas enormemente restrictivas de las libertades de reunión y de manifestación, o la persecución de los piquetes de huelga. El curso de las reformas urgidas por la crisis se puede leer por tanto como un proceso destituyente de derechos que culmina en una seria crisis democrática todavía no resuelta, y que se inserta en un proceso de cambio de ciclo político en América del Sur (y en Estados Unidos), junto con la emergencia de un neosoberanismo político en Europa que posiblemente podrá ser medido electoralmente a partir de las elecciones europeas de mayo de 2019.

La situación en España, la denominada “oferta electoral” es terrible. La tripartición de una derecha neoliberal y autoritaria, que niega los contenidos más importantes del pacto constituyente de la Transición democrática, que permitieron la integración en el mismo de las fuerzas de izquierda y que se pueden resumir en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos, la presencia fuerte de un Estado Social con la previsión de derechos individuales y colectivos derivados del trabajo como elemento central en un compromiso de nivelación social y la definición de la estructura territorial del Estado como un estado complejo, con una suerte de federalismo asimétrico devaluado, hace ostentación de un ideario político apenas diferenciado entre sí que coincide en reducir el texto constitucional a una lectura inconcebible del mismo en clave neoliberal, junto con la exaltación de la monarquía y  de un Estado unitario con expresa intención de amputar la autonomía política a Catalunya. Todo un programa de reciclaje constitucional reaccionario que implica la deconstrucción del modelo constitucional del 78.

No cabe frente a esta amenaza real una simple posición de rechazo que se limite a denunciar lo que está sucediendo, el incremento de la desigualdad, la reducción de derechos civiles, laborales y sociales. Ante esta profunda crisis democrática que pretende transformar nuestros sistemas en una democracia de baja intensidad y en la que se penalice la dimensión colectiva de la representación del trabajo, es necesario “hacer de otro modo” es decir, plantear una alternativa que pasa por la (re)regulación de la existencia social a partir de la apropiación del espacio público por las posiciones políticas de las fuerzas que pueden dar voz a quienes nunca la tienen desde su condición subalterna. En concreto, es estratégico – y así lo vienen repitiendo una y otra vez los sindicatos confederales CCOO y UGT – que se reviertan las reformas laborales originadas en la crisis. Eso no implica retornar al punto de partida en el que se hallaba la legislación laboral en el 2009, sino reformular en el momento actual garantías colectivas e individuales del derecho al trabajo y la consolidación de un marco institucional fuerte en torno a los sujetos colectivos que representan el trabajo. Pero ante todo eliminar los aspectos más dañinos de las reformas laborales que el Gobierno de Pedro Sánchez no se ha atrevido a llevar a cabo por el procedimiento de urgencia pese a que, como se ha demostrado con los últimos Decretos Leyes en la Diputación Permanente, habrían sido convalidados. Como diría Didi-Huberman, “el miedo se revela como el primer enemigo de las sublevaciones, impone el silencio e inmoviliza los cuerpos, los gestos, los deseos, las voluntades”. Un miedo que no se conjura con 110 medidas de un programa sin compromisos seguros, como el que presenta el PSOE.

Es necesario rebelarse y sublevarse ante un “estado de cosas” que es insoportable. Ello no sólo se manifiesta a través del conflicto abierto, o la toma de las calles para demostrar la protesta. La resistencia o el rechazo tiene también que presentarse como una acción en positivo, es decir, mediante la intervención en el “mercado electoral” consciente de su carácter claramente mercantilizado – es decir sometido a las exigencias de valorización marcadas por la financiarización global de la economía –pero donde aún la autonomía relativa de lo político permite intersticios de acción alternativa en torno a un proyecto de “hacer de otro modo”. Votar en las elecciones sobre esta base, la de intentar cooperar a la resolución de la crisis democrática fomentando una salida que se oponga a la preconizada desde los centros de poder privado que dominan la escena política y mediática. Sublevarse hoy implica también votar por la emancipación pública y privada de quienes son ciudadanos y personas, exigir unas condiciones de existencia dignas, un trabajo estable y decente. Votar, como diría Fernández Buey, para poder hacernos personas a pesar del capital.

Tiempo de sublevaciones que se manifiesta en la opción electoral por una época en la que se conserven derechos y libertades básicos, dentro y fuera de los lugares de trabajo. Un tiempo que requiere una elección que es colectiva pero formalmente se manifiesta en un acto individual, y que no puede sino ser radical e indubitada por un futuro en el que reconocer el derecho a tener derechos no sea una condición de ciudadanía meramente formal  a la que se ha privado de cualquier posibilidad de garantía o de vigencia.

lunes, 1 de abril de 2019

HA FALLECIDO RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO. BREVE NECROLÓGICA



Abril ha amanecido con la noticia del fallecimiento de Sánchez Ferlosio,  un autor con el que varias generaciones han compartido etapas de formación, recuerdos de adolescencia, retazos de vida pasada. Pertenece a una raza de pensadores indómitos y, como se dice en la jerga periodística, inclasificables, lo que viene a querer decir que era capaz de dominar todos los géneros. 

Rafael Sánchez Ferlosio, hijo de un ideólogo de la Falange, Sánchez Mazas, más recordado hoy por Soldados de Salamina que por su actuación en favor del fascismo o su faceta de periodista, ha sido siempre un escritor venerado y a la vez difícil. Para muchos de mi generación, su hermano Chicho era un referente prodigioso en su capacidad de poemar canciones que luego escucharíamos en otras voces, y él era el autor de una novela seca y terrible, El Jarama, que muchos conoceríamos veinte años después de que la hubiera escrito, ligándola a otros escritores que también entonces frecuentábamos por primera vez, porque nunca se había hablado de ellos en el colegio o el instituto: Ignacio Aldecoa, Jesus Fernandez Santos, Juan García Hortelano, o, para mí más cercano desde sus obras de teatro, Alfonso Sastre. Todavía entonces creíamos que era la pareja de otra grande, también desconocida, Carmen Martín Gaite, de mayor estatura literaria cuanto más tiempo pasa desde aquel que aquí se evoca. 

A Ferlosio le leíamos en El País, donde le protegía Javier Pradera, casado con su hermana, unas páginas de opinión que estaban escritas de manera inolvidable, cultísimas y rebosantes de lucidez, corrosivas como el vitriolo. Este es el perfil del autor que más se ha mantenido en mi memoria, alimentado por regalos de amigos como Joaquín Aparicio para quien era un autor de culto. De hecho el último libro que tengo leído de él, titulado como las primeras letras del teclado de la máquina de escribir, QWERTYUIOP, que contiene sus artículos sobre enseñanza, deportes, televisión, publicidad, trabajo y ocio, es un regalo de Reyes del año pasado de Joaquín. Se le define, con razón como “uno de los más grandes prosistas de la lengua española” y fue galardonado, felizmente, con grandes premios, el Cervantes y el Nacional de las Letras.

Hoy este blog lamenta su pérdida. Y recomienda la lectura de sus ensayos, tan bien escritos como ferozmente sarcásticos.

viernes, 29 de marzo de 2019

EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA DOCTRINA PORRAS SOBRE CONTRATOS TEMPORALES E INTERINIDAD. HABLA JOAQUIN PÉREZ REY


Los juristas del trabajo andamos agitados desde ayer con la lectura de la Sentencia del pleno del Tribunal Supremo, con un voto particular de Fernando Salinas y Rosa Virolés, que ha zarandeado de nuevo el problema de la compatibilidad de nuestra legislación con la directiva europea sobre contratos temporales. El Tribunal Supremo ha entendido mayoritariamente que nada debe ser modificado en la regulación de la interinidad y de la temporalidad, en lo que supone una afirmación más conservadora que lo que propuso la comisión de expertos en materia de contratación temporal bajo el gobierno del PP. Joaquín Pérez Rey, conocido experto en la materia y fundamentalmente comentarista privilegiado en este blog, nos hace una primera valoración de este fallo (nunca mejor dicho) que, aunque sea fin de semana, se publica para general conocimiento.

El TS ejerce de sepulturero de Porras. Breve comentario la STS 13-3-2019

Joaquín Pérez Rey

Como saben los aficionados al entretenimiento televisivo las buenas series se resisten a terminar, aunque en ocasiones languidecen. Algo similar, aunque menos espectacular dado el lenguaje plúmbeo de los juristas y su deficiente manejo de twitter, sucede con la serie de más éxito laboral de los últimos tiempos, el juego de tronos del Derecho del Trabajo: la saga Porras, como acostumbra a llamarla el profesor Rojo Torrecilla.

Acabo de tener acceso al último capítulo: la STS del Pleno de 13 de marzo de 2019 (núm. 207/2019) que integra en nuestro ordenamiento la respuesta que el TJUE dio en Porras II a la cuestión prejudicial elevada por la propia Sala IV del TS.

Teníamos razón para dudar.

En ella, que cuenta con voto particular, la mayoría del Tribunal se decanta finalmente por la postura más conservadora y autocomplaciente con nuestro sistema de contratación temporal, asumiendo que el caso Porras no ha sido otra cosa que una torpeza del TJUE. Se asume el relato según el cual el Tribunal europeo fue engañado por el TSJ de Madrid (sus premisas las obtuvo de «la redacción de la cuestión prejudicial remitida por la Sala de Madrid») y actuó con palmaria ignorancia del derecho español, dando lugar a conclusiones que producían «grandes dificultades de comprensión» y que felizmente han sido «reconducidas» por el propio TJUE en Montero Mateos, Grupo Norte Facility y Porras II (todas ellas comentadas en este mismo blog), negando que «quepa considerar contraria a la Directiva la norma que permite que la extinción regular del contrato de trabajo de interinidad no de lugar a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas». Declaración que se «corresponde plenamente» con los razonamientos del TS. Teníamos razón, advierte regodeándose el Alto Tribunal español, para dudar de la indemnización de 20 días a la finalización de los contratos temporales.

Poca novedad hay aquí pues, como es bien conocido, esta negativa ya estaba plenamente operativa en la doctrina judicial como consecuencia de la rectificación del TJUE. Por eso lo más interesante de la sentencia que comentamos no es su aproximación a la cláusula 4 de la Directiva 99/70, sino sus conclusiones respecto de la incidencia que en el debate puede tener la cláusula 5 de la norma europea.

Ni 20, ni 12, ni diferencia injustificada de trato para los interinos

Recuérdese que lo más original de la cuestión elevada por el TS era la pregunta acerca de si era conforme a la Directiva en su apartado 5 la negación de indemnización a los interinos y su reconocimiento al resto de temporales. Un intento, en suma, de llevar al ámbito del Derecho de la UE las diferencias entre temporales entre sí que indudablemente quedaban fuera del principio de no discriminación, pero que podrían ser relevantes desde la prevención de abusos de la contratación temporal que es el otro eje de la norma europea.

El TJUE respondió al TS dejándole completa libertad para decidir si una indemnización reconocida al término de un contrato temporal es o no una medida «apropiada» o equivalente para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la contratación temporal sucesiva. No obstante, el Tribunal europeo no dejó de «sugerir» que este tipo de indemnizaciones nada tenían que ver con las medidas derivadas de la cláusula 5 de la Directiva.

Y esta sugerencia es asumida en su integridad por el TS para quien «la mera imposición de una indemnización, como la establecida para los otros contratos temporales, no sólo no constituye una sanción por el uso abusivo, sino que ni siquiera posee, por sí sola, el efecto disuasivo frente a esa utilización abusiva de la contratación temporal». Nada que ver entonces con las exigencias de la cláusula 5 de la Directiva.

Estas exigencias pasan, en nuestro ordenamiento, por la proscripción del fraude de ley y la transformación en indefinido del contrato lo que se garantiza a los interinos, satisfaciendo así y de «modo completo» las exigencias que respecto de ellos derivan de la cláusula 5 de la Directiva, sin que tenga, por tanto, incidencia alguna su apartamiento no solo de las indemnizaciones por fin de contrato, sino también de la regla 24/30 del art. 15.5 ET.

La conclusión no se hace esperar: los interinos -en este caso por sustitución- no tienen derecho desde luego a una indemnización de 20 días a la conclusión de su contrato, pero tampoco a la de 12 días prevista para otros temporales pues tal exigencia carece de apoyo en el Derecho de la UE.

¿Y en el derecho nacional? También cierra el TS las puertas a la posibilidad de esgrimir el ordenamiento interno como impeditivo de la diferencia de trato entre interinos y otros temporales. La diferencia se justifica por las especiales características de la interinidad por sustitución respecto de otros contratos temporales: existencia de un trabajador con reserva de su puesto, puesto que no desaparece con el cese del interino y por el hecho de que implica un modo de garantizar el derecho al trabajo de la persona sustituida (art. 35.1 CE) [esto último, por cierto, es bien discutible. Lo que garantiza el derecho al trabajo de la persona sustituida es la suspensión de su contrato con derecho a la reserva del puesto, no la solución técnica ideada para ofrecer a las empresas fórmulas de sustitución de su personal).

Voto Particular: entre los 20 días derivados de la excepción Montero Mateos y los 12 por no existir razones objetivas para excluir a los interinos


La complacencia de la sentencia mayoritaria con nuestro sistema de temporalidad y sus resultados encuentra una respuesta crítica en el voto particular que formula Salinas Molina y al que se adhiere Virolés Piñol.

En él se ofrecen dos soluciones alternativas a la posición mayoritaria.

La primera pasa por entender que en este caso era aplicable la excepción Montero Mateos (ap. 64 de la STJUE 5-6-2018) al tener el contrato analizado una duración inusualmente larga e imprevisible. Esta excepción, que la posición mayoritaria había descartado por motivos procesales, debería haber conllevado una indemnización de 20 días. Se alinea a sí el VP con algunas posiciones ya conocidas en la doctrina de los TSJ y que, dicho sea de paso, resultan discutibles en el marco de una excepción que impone «recalificar el contrato como fijo» y por tanto aplicar los cauces extintivos del despido.
La segunda, formulada de forma subsidiaria, propugna la indemnización de 12 días y lo hace básicamente por entender que es una conclusión que no impide el Derecho de la UE, al contrario, la alienta, y por descartar que existan razones objetivas que justifiquen la distinción entre interinos y los demás temporales. 

Pero más allá de estas soluciones concretas cabe destacar del voto particular su intento de hacerse cargo de la complejidad del problema, advirtiendo el deficiente funcionamiento de nuestro sistema de contratación temporal, en especial en el ámbito público y propugnando una interpretación más acorde con los principios que animan la regulación europea de la contratación temporal. Un escenario menos conformista del propugnado por la mayoría y, por qué no decirlo, más pegado a la realidad de unos contratos que, como el propio voto particular recuerda, muchas veces se perpetúan de tal modo que enlazan con la jubilación de sus titulares.

El debate por tanto sigue vivo, aunque ya muy concentrado y sin la potencialidad expansiva que propició el primer pronunciamiento Porras.

¿Qué nos queda de Porras?

Los rescoldos de Porras cada vez calientan menos, pero no se apagan del todo.  

La excepción Montero Mateos promete seguir animando el debate, una vez que ya ha sido manejada por el TS respecto del contrato de obra y servicio ligado a contratas y es esgrimida por el VP como acabamos de ver. Repárese además que la mayoría descarta su aplicación por motivos procesales y no de fondo, de modo que habrá que esperar a otra oportunidad para seguir indagando cuál es su verdadero alcance.

No es descartable tampoco, y el voto particular es un firme apoyo en esta dirección, que el trato diferencial entre interinos y el resto de los temporales dé el salto al debate constitucional para que se despeje definitivamente si el mismo obedece o no a causas justificadas.

Como advertíamos, la trama languidece en espera del volver a captar de nuevo la atención del público.

Hasta aquí este fugaz comentario sobre el que sin duda volveremos. Seguramente será la RDS, que en apenas unos días estrenará una nueva y flamante sección de comentarios a la jurisprudencia del TS, la que ofrecerá su ya proverbial hospitalidad, solo comparable a la de este blog que ahora me acoge. 

jueves, 28 de marzo de 2019

ESPAÑA DE NUEVO CONDENADA POR INCUMPLIR LA CARTA SOCIAL EUROPEA. LO EXPLICA CARMEN SALCEDO



Una nueva condena de España por incumplir la CSE que es especialmente interesante para su actuación en los tribunales. En esta nueva entrada, que este blog publica en primicia, Carmen Salcedo explica este pronunciamiento y efectúa un recorrido general sobre las decisiones del CEDS.

Conclusiones XXI-3 (2018) del Comité Europeo de Derechos Sociales: España, de nuevo, condenada por incumplir la Carta Social Europea (Constitución Social de Europa)

Carmen Salcedo Beltrán[1]

Con un poco de retraso a la fecha habitual, el 25 de marzo de 2019 se han publicado las Conclusiones XXI-3 (2018) del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Se originan en el procedimiento de control de informes, obligatorio para todos los países que tienen ratificada la Carta Social Europea (CSE 1961 o revisada) así como el Protocolo Adicional de 5 de mayo de 1988.

Se encuentra regulado en la Parte IV de la CSE (arts. 25 a 29) en el que se determina que las Partes contratantes remiten cada año al CEDS un informe en el que explican cómo están observando el Tratado al adoptar normativa o ejecutar una práctica. El contenido del examen periódico no versa sobre la totalidad del articulado sino sobre el grupo temático correspondiente a ese año, habiendo estructurado cuatro, el Grupo 1 sobre empleo, formación e igualdad de oportunidades (arts. 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 y 25 de la CSE -art. 1 del Protocolo de 1988-), el Grupo 2 sobre salud, seguridad social y protección social (arts. 3, 11, 12, 13, 14, 23 y 30 de la CSE -art. 4 del Protocolo de 1988-), el Grupo 3 sobre derechos relacionados con el trabajo y el Grupo 4 sobre niños, familia y migrantes (arts. 7, 8, 16, 17, 19, 27 y 31). Por tanto, cada uno se analiza transcurridos cuatro años.

En el año 2018 le correspondía a los derechos del Grupo 3 (arts. 2, 4, 5, 6 de la Carta Social Europea y arts. 2 y 3 del Protocolo de 1988 –para los Estados que tienen la versión revisada arts. 21, 22, 26, 28 y 29). Durante la tramitación, los sindicatos más representativos pueden presentar alegaciones (art. 23 CSE), muy importantes pues suministran información adicional que puede haber omitido el país de forma interesada. Por ello, se ha de valorar de forma destacada que CCOO y UGT así lo hicieran el 27 de abril de 2018, que han sido objeto de consideración por el CEDS como expresamente indica en la redacción de las conclusiones. Dos meses después fueron rebatidas por el Gobierno presentado un documento adicional.

Con carácter previo al análisis de los resultados de España, el CEDS ha manifestado en general, que, si bien los países han evolucionado positivamente en algunos ámbitos relativos a los derechos de los trabajadores, tienen dificultades para observar todos los requerimientos de la CSE. Esta afirmación la fundamenta con los datos que se suministran tras el examen elaborado a 35 países de los 43 que han suscrito el Tratado, en el que de 580 conclusiones emitidas, 276 son de conformidad, 206 de no conformidad y 98 son aplazadas ante la falta de información. En suma, y teniendo en cuenta que, en el supuesto de que las últimas sean ignoradas o no corregidas, pasan a ser de no conformidad, el estado de cumplimiento de la Constitución Social de Europa[2] es más que cuestionable.

La mayoría de ellas se originan en la carencia de un período razonable de preaviso en caso de despido, el derecho de los trabajadores a llevar a cabo acciones colectivas, incluido el derecho a la huelga y las reglas reguladoras del alcance en los supuestos retenciones salariales, seguidas de la fijación de salarios por debajo de un umbral adecuado (60% del salario medio neto).   
       
En cuanto a España, los datos reflejan la apreciación general en cuanto a la existencia de infracciones de los compromisos asumidos guardando cierto paralelismo con los que lleva incurriendo desde hace años.

      
Grupo 1
2016
2012
2008
Grupo 2
2017
2013
2009
Grupo 3
2018
2014
2010
Grupo 4
2015
2011
2007

En el examen particular del control ejecutado en el año 2018 se han comunicado 17 conclusiones en total, 8 supuestos son de conformidad, 7 de no conformidad y 2 han sido pospuestas -el período de referencia en cuanto a normativa y prácticas es desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016-.

Prácticamente no hay variaciones importantes respecto de las de efectuadas en el período 2010 y 2014, en los que se trataron los mismos preceptos, puesto que el Gobierno no ha corregido las anomalías detectadas y, por tanto, las condenas se reiteran. 

En éste específicamente se incumplen, en primer lugar, dos apartados del art. 2, que regula el derecho a unas condiciones de trabajo equitativas. Por lo que se refiere al primero ante la legitimidad del art. 34.2 del ET de la distribución irregular de la jornada, se produce la no conformidad debido a que “la duración máxima del trabajo puede ser superior a las 60 horas semanales en el marco de fórmulas flexibles de organización del tiempo de trabajo y para algunas categorías de trabajadores”, en coherencia con la jurisprudencia  del CEDS que ha resuelto sobre esta materia desde hace tiempo, entre otras, en la decisión de fondo de 16 de noviembre de 2001, Confédération française de l’Encadrement CFE-CGC c. France reclamación colectiva nº 9/2000.

Relacionado con este precepto, el CEDS volvió a requerir, sin éxito, información adicional sobre el número de supuestos en lo que los empresarios ha distribuido, en defecto de pacto, ese 10% de la jornada y a tener en cuenta, a efectos de las siguientes conclusiones, que se ha solicitado también sobre la caracterización de los períodos de guardia localizada y su asimilación a tiempo de trabajo o de descanso.

En cuanto al otro apartado que se incumple del precepto aludido, el tercero, se determina la no conformidad puesto que el informe presentado por el Gobierno relata que se garantiza que todos los trabajadores, como mínimo, tienen derecho a disfrutar de manera ininterrumpida de cinco días de vacaciones frente a la exigencia de que alcance a dos semanas.

En lo que atañe al art. 4, que garantiza el derecho a una remuneración equitativa, las violaciones son también conocidas. Del párrafo primero, de nuevo, el SMI del período analizado, atendiendo al parámetro que utiliza el CEDS con los datos del EUROSTAT, no garantiza “un nivel de vida decente”, ni tampoco el de determinada categoría de trabajadores de la función pública (agentes contractuales).

Con referencia al apartado segundo del art. 4 de la CSE, se reproduce la condena anterior respecto a la remuneración de las horas extraordinarias, ante la ausencia de prueba fehaciente de su mayor remuneración o descanso compensatorio.

Los incumplimientos del art. 4.4 de la CSE se producen al no considerar razonable el plazo de preaviso de 6 meses para los despidos objetivos respecto de trabajadores con más seis meses de antigüedad así como su inexistencia de los que están en período de prueba del contrato de apoyo a emprendedores (en la actualidad derogado) o en los supuestos de finalización por muerte o incapacidad del empresario.

Para terminar, el art. 6 es el que determina la vulneración, por un lado, del apartado 2 en cuanto a la normativa que legitima la decisión del empresario de inaplicar las condiciones acordadas en un convenio colectivo (art. 41 del ET) y, por otro lado, del apartado 4, al concluir que la situación no es conforme al “(…) autorizar al Gobierno a que imponga el recurso al arbitraje para poner fin a una huelga en casos que van más allá de los límites previstos por el artículo 31 de la CSE”.

Brevemente apuntaré que las dos conclusiones que se retrasan, se circunscriben, por una parte, en el art. 2.4 de la CSE, demandando información que demuestre que los trabajadores que desempeñan actividades peligrosas o insalubres tienen reconocida una reducción de jornada, días de vacaciones pagadas suplementarios, medidas preventivas adicionales así como actuaciones de la inspección de trabajo que constaten la supervisión de estos aspectos, como exige el precepto.

Y, por otra parte, en cuanto al art. 6.3 de la CSE y el arbitraje obligatorio de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios colectivos, solicitando que se concrete si su intervención es para conflictos jurídicos o de intereses así como la intervención de los sindicatos durante la sustanciación del procedimiento.

Finalizo este breve examen reproduciendo para su valoración, entre otros, la respuesta de los responsables gubernamentales españoles dieron en un Cuestionario relativo a las buenas prácticas sobre la aplicación de los derechos sociales a nivel nacional que efectuó el Grupo de redacción sobre los derechos sociales (CDDH-SOC)[3], publicado el 12 de diciembre de 2017, en el que manifestaron literalmente, respecto a la CSE, que el país “cumple” el Tratado así como las constantes referencias que, en estos días  previos a elecciones, con frecuencia se escucha a los candidatos sobre la prioridad que tienen en sus programas de los derechos sociales.

La consistencia y veracidad de esas manifestaciones, orales y/o escritas, puede cotejarse con las conclusiones que acaba de publicar el Comité Europeo de Derechos Sociales que objetivamente ponen de manifiesto que España, de forma incontestable, incumple, de nuevo, el Tratado más importante en materia de derechos sociales, en suma, como se apuntó la Constitución Social de Europa. Para un examen pormenorizado me remito a la inestimable y clásica “Crónica de jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales” que en los próximas semanas publicará Luis Jimena Quesada, ex Presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales y Catedrático de Derecho Constitucional (UV).




[1] Profesora Titular de Universidad. Departamento Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Valencia. Directrice Groupe de Recherche International «Droits de l’homme et Charte Sociale Européenne» (GIUV 2013-148). Extracto del estudio «Retos y compromisos internacionales para la consolidación del Estado Social y Democrático de derecho en España”, Lex Social, revista de derechos sociales, 2019, 9-1 (en prensa), pp. 1 a 41.

[2] Referencia que se convirtió en el núcleo del Proceso de Turín, lanzado por el Secretario General del Consejo de Europa en esa ciudad el 17 y 18 de octubre de 2014. Rapport général Conférence à haut-niveau sur la Charte Sociale Européenne, pp. 1 a 240.