lunes, 18 de febrero de 2019

NUEVAS FORMAS DE TRABAJO Y NUEVAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES. RETOS PARA EL DERECHO DEL TRABAJO




Nadie habla de Europa en el debate político actual. Todo se desarrolla como si la variable europea, que ha sido determinante en la imposición de las políticas de austeridad, no tuviera trascendencia. Tampoco se analiza la previsible quiebra de la legitimidad europea y la incapacidad de reacción de la UE pese a haber lanzado la iniciativa del pilar social europeo. Sin todo ellos temas que sin embargo asoman con relativa frecuencia a este blog, convencidos de que la interrelación entre el nivel nacional-estatal y el supranacional europeo es un elemento decisivo en orden a la articulación de un proyecto de resistencia y de reconstrucción democrática.

Claro que somos muchos los que abordamos esta perspectiva integrada europea, aunque lamentablemente este tipo de enfoque no tenga reflejo en la difusión mediática del debate político, ni por otra parte el relato mantenido fundamentalmente por las fuerzas políticas hoy en liza lo ignoren de manera expresa. La dimensión sindical y social reivindica desde hace tiempo esta perspectiva europea, pero lo hace de forma crítica, señalando sus déficits e incomprensiones respecto de lo que debería constituir el eje de actuación de la Unión Europea en torno al reforzamiento de la democracia y al desarrollo de los derechos sociales.

Desde hace mucho tiempo, este enfoque es compartido también por organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas la red de Juristas Europeos de los Trabajadores, un significativo grupo de abogados laboralistas de toda Europa – realmente en su inicio de la Europa Central, de Gran Bretaña y de Francia – que desde el comienzo de la crisis han duplicado su actuación  buscando la ampliación de la red al sur de Europa y manteniendo posiciones radicalmente opuestas a las decisiones políticas derivadas de la gobernanza económica europea.

Este año han realizado su conferencia anual en Frankfurt. Francisco Trillo  y Antonio García – Muñoz Alhambra, ambos profesores de la UCLM y este último actuando en la conferencia como consultor de CCOO, han participado en la misma como ponentes. La crónica de este evento la suministra Paco Trillo en rigurosa primicia para este blog.

Los días 15 y 16 de febrero ha tenido lugar el sexto encuentro organizado por la red European Laywers for Workers Network (ELW). Después de las Conferencias de Bruselas, París, Berlín, Madrid y Florencia, Frankfurt ha sido la ciudad anfitriona de este evento que ha reunido a más de sesenta expertos procedentes de quince países diferentes. El apoyo de otros colaboradores ha sido fundamental como es el caso de IG Metall, quien puso a disposición de los organizadores sus magníficas instalaciones.

El tema de la Conferencia, en línea con los debates más actuales del Derecho del Trabajo, ha sido la relación entre los nuevos modelos de negocio, fundamentalmente aquellos relativos a las denominadas plataformas digitales, y las formas de trabajo que estos arrojan. Para ello, la organización elaboró un programa bien trabado en el que se analizaron los aspectos de la relación laboral más expuestos al impacto de la organización empresarial que se esconde tras la Gig economy.

Tras una intervención inicial del responsable del Gabinete Jurídico de IG Metall (Frankfurt), Boris Karthaus, quien insistió en la importancia de la acción jurídica promovida por y desde la acción sindical en relación con las nuevas formas de trabajo (digitales), tuvieron lugar cinco densas intervenciones que abordaron las materias más controvertidas del Derecho del Trabajo de las plataformas digitales. Aspectos como la calificación de la relación de trabajo, los derechos colectivos, el régimen jurídico del tiempo de trabajo, o la protección de la salud de los trabajadores, fueron los principales temas abordados junto a la presentación de algunas estrategias sindicales y jurídicas desarrolladas hasta el día de hoy.  

La reconstrucción del tiempo de trabajo fue presentada por Cristina Inversi, Lecturer en la Universidad de Manchester, quien, a partir del estudio del caso Deliveroo en diversas ciudades inglesas, procedió a desmontar el misticismo del que se ha rodeado la teórica capacidad de los trabajadores de elegir la cantidad y distribución de su tiempo de trabajo. Así, llamó la atención sobre la diferente forma de expresarse aquella libertad en función de la dedicación, a tiempo parcial o completo, de los “riders”. A mayor dedicación -necesidad-, dicha libertad parece menguar en la práctica a través de la amenaza de salarios menores y de la posible desconexión del “rider”. Aude Cefaliello, contribuyó con una interesante presentación sobre los riesgos laborales que se derivan de las plataformas digitales, entre psicosociales y musco-esqueléticos, apuntando una relación entre la organización que provoca el riesgo, la identificación del empresario y la calificación de la relación de trabajo.

La segunda mesa del día 15 de febrero comenzó con la intervención de Reingard Zimmer en materia de derechos colectivos. El foco de atención de esta presentación se localizó en la importancia creciente de dotar a los trabajadores de un gran paraguas de derechos colectivos a través de los cuales hacer efectivos sus derechos, también relacionados con la calificación de la relación de trabajo. En ese sentido, Francisco Trillo, que tenía encomendado profundizar sobre las vías de reconstrucción de la laboralidad en el ámbito del trabajo en plataformas digitales, señaló la importancia que a estos efectos ha tenido la degradación/precarización del estatuto jurídico del trabajador por cuenta ajena a propósito de las políticas de austeridad, todavía hoy vigentes. Jan Cremers expuso con contundencia los fenómenos más relevantes de fraude empresarial, tanto en materia laboral, fiscal como medioambiental. De esta forma, Cremers delineó una relación directa entre estos comportamientos fraudulentos y la conformación de un mayor beneficio empresarial.

Al día siguiente, la conferencia dio comienzo con la intervención de Christiane Benner, co-secretaria general de IG Metall (Frankfurt), quien relató la experiencia del sindicato con el trabajo en plataformas en las diferentes fases de conflicto, defensa jurídica y negociación. A partir de ahí, tuvieron lugar dos paneles donde se dio cuenta de las principales estrategias sindicales y jurídicas desplegadas en el seno de algunos Estados miembro. El primer panel fue desarrollado por Esther Lynch (ETUC), Emilie Durlach (CFDT), Ewa Podgórska (NSZZ) y Antonio García-Muñoz Alhambra (UCLM/CCOO), quienes con carácter general avanzaron una serie de estrategias sindicales diferenciadas en función del desarrollo e implantación del trabajo en plataformas digitales en cada experiencia nacional. Todos ellos coincidieron en la urgente necesidad de impulsar una Europa más social a través de la movilización sindical y, más concretamente, a propósito de estas “nuevas” formas de trabajo.  

La Conferencia concluyó con una exhaustiva narración de las experiencias judiciales producidas en la materia. Este panel lo conformaron Declan Hendy (UK), Bas van Dis (Netherlands) y Elena Gramano (Italia) en donde se dieron cuenta de las convergencias judiciales hacia la laboralidad de estas nuevas identidades laborales de la digitalización.

En resumen, un encuentro entre juristas europeos – muchos de ellos dedicados a las tareas universitarias – que permite una coordinación informada sobre una de las urgencias que se plantean tanto al movimiento sindical como a la reflexión académica y profesional sobre las nuevas identidades laborales que pueblan el mundo de la digitalización y que requieren una respuesta en el marco de la regulación institucional de una parte y de la integración en las estructuras sindicales de otro.

Es un tema hoy en pleno candelero. La semana que viene el CGPJ dedicará un curso de formación a jueces y magistrados sobre los derechos digitales reconocidos en la LO 3/2018 de protección de datos, y el 28 de febrero el Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO presenta su 53ª Jornada de Estudio en Madrid sobre “Los efectos laborales de la nueva regulación de protección de datos personales”, con especial atención a las obligaciones empresariales, las garantías frente a las tecnologías de control empresarial, las facultades de los representantes de los trabajadores, y en fin el papel de la negociación colectiva. Conocer en qué medida en los países de Europa más importantes se está construyendo un espacio colectivo y normativo de regulación de las nuevas formas de trabajo en la digitalización y su consideración como fenómenos en donde ley y convenio colectivo pueden intervenir eficazmente; entender que sin la implantación de figuras de representación colectiva en ellas, estas formas de trabajar se degradan como actividad productiva y se encuadran en un marco de disminución de derechos que pone en cuestión la misma noción de trabajo decente.




viernes, 15 de febrero de 2019

CONVOCATORIA DE ELECCIONES: TANTO POR HACER




Nos lo habían dicho, pero al final hasta la comparecencia de hoy a las diez de la mañana, no ha sido oficial: el día de las elecciones generales será el 28 de abril, a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. Una fecha que coincide con el día internacional de la salud laboral y antecede al “puente” del 1 de mayo. Atrás quedan las declaraciones del presidente Sánchez en las que enfáticamente aseguraba que llegaría en todo caso al 2020 y que “si fracasan los Presupuestos, gobernaré con Decretos” (PedroSanchez gobernará aunque no le aprueben los presupuestos). Poco dura la alegría en la casa del pobre, como diría mi inolvidable tía Viti.

Dejando de lado las consabidas explicaciones sobre la necesidad de recomponer el tablero político, la inamovible cuestión catalana que sabemos reconducida al peor de los escenarios posibles, y otras zarandajas mediáticas, lo que de verdad importa es comprobar en qué medida sirvió a los intereses ciudadanos estos ocho meses de gobierno del PSOE tras la moción de censura al gobierno del PP de Mariano Rajoy y más en concreto los efectos de esta etapa de gobierno sobre la  cuestión social, que es, pese a que los grandes medios conspiran para ocultarla y hacerla invisible, la cuestión principal en este país tras los seis años de aplicación de las políticas de austeridad por los gobiernos del PP.

En los periódicos digitales más interesantes se enumeran algunas de las carencias o por mejor decir las medidas que la convocatoria de elecciones no podrá llevar a cabo. Lo que en esta entrada se quiere poner de relieve por el contrario es lo que el gobierno ha hecho hasta ahora en políticas sociales, cuáles han sido sus referencias para ello, el alcance de las reformas efectuadas y finalmente el significado de los temas que han quedado pendientes.

Conviene recordar brevemente, en efecto, que antes de la moción de censura que desalojó felizmente al nefasto gobierno del PP de Mariano Rajoy, el PSOE mantuvo una escasa actividad legislativa, y además fue paralizada por el gobierno del PP sobre la base del art. 134.6 CE según el cual el Gobierno puede negar su conformidad a una proposición de ley si ésta supone “aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”. En efecto, una proposición de ley del Grupo socialista para la modificación de la subcontratación de servicios laboral (art. 42 ET) fue vetada por el gobierno y el Tribunal constitucional en STC 44/2018, de 26 de abril, entendió que este veto es inconstitucional porque debe justificarse mínimamente. La proposición de Ley se tramitó a partir de ahí y es ese testo al que el gobierno confiaba la introducción de importantes modificaciones de la norma laboral en materia de registro de jornada y negociación colectiva, como luego se verá.

En ese período previo, la mayor actividad legislativa de reforma corresponde al Grupo Parlamentario de Unidos Podemos – En Comú  Podem. En Marea, con una larga serie de proposiciones de ley de entre las cuales solo se ha tramitado hasta el momento la proposición de ley sobre igualdad salarial y eliminación de la brecha de género, pero donde hay un dilatdo elenco de temas bien desarrollados que dan cuenta de un proyecto de regulación de las relaciones laborales que desmonta los elementos centrales de la reforma laboral del 2012 y desarrolla aspectos importantes de un programa progresista de derechos laborales. El aislamiento institucional en el que paradójicamente se mueven estas iniciativas - ¿no es el Parlamento el espacio en el que se producen los grandes debates que interesan a la opinión pública? - impiden que sean conocidas por la ciudadanía en general y ni siquiera por una buena parte de los que serían sus protagonistas, las y los trabajadores del Estado español.

A partir del 2 de junio de 2018, se entra en una fase caracterizada por una serie de declaraciones y acuerdos que no necesariamente van a tener una traducción normativa, pese a la trascendencia de alguna de estas decisiones.  En efecto, se entra en un período de declaraciones a cargo de diferentes miembros del gobierno que en muchas ocasiones se desmienten unos a otros sobre los propósitos de reformas incoherentes entre sí sobre la reforma laboral y sobre la seguridad social. Pese a que en la justificación política del nuevo gobierno resultaba un elemento clave la derogación de la reforma laboral y la reconstrucción de las garantías precisas para enlazar  las pensiones con el IPC, el resultado concreto de estos compromisos se postergaban a lo que se decidiera en el diálogo social o en el Pacto de Toledo, en el bien entendido de que el Gobierno pretendía priorizar la reforma de algunos aspectos de la reforma del 2012 especialmente en materia de negociación colectiva y la derogación de la reforma de Seguridad social del 2013.

La firma del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2018-2020 (IV AENC) en julio de 2018 entre CCOO y UGT se una parte y CEOE-CEPYME de otra, contenía dos elementos fundamentales, el establecimiento de un salario convenio mínimo de 14.000 € anuales, 1.000 € al mes y un compromiso de diálogo con los interlocutores sociales y el gobierno para intervenir sobre aspectos concretos de la reforma laboral del 2012 especialmente en materia de negociación colectiva. Esta última estipulación permitió al Gobierno incentivar el diálogo social a través de la apertura de mesas de negociación sobre este particular y por consiguiente dilatar la resolución de aspectos centrales y perentorios de la reforma esperando la conclusión de un acuerdo entre los interlocutores sociales que le garantizarían el acuerdo del Congreso en la convalidación de un Decreto Ley al respecto. Mientras tanto, la única señal de acción concreta por parte del gobierno en materia laboral fue la aprobación de un Plan Director para el Trabajo Digno el 27 de julio 2018 que comprometía la actuación de la Inspección de Trabajo en el incumplimiento del fraude en la contratación temporal y tiempo parcial y en la persecución de los supuestos de falsos autónomos, lo que habría que arrojar buenos resultados en los siguientes meses.

En octubre de 2018 se llega al trascendental Acuerdo Presupuestario entre el Gobierno y el grupo de Unidos Podemos- En Comú Podem – En Marea que contiene un importante contenido laboral y social: tanto el SMI a 900 euros, como la revalorización de pensiones, la derogación del factor de sostenibilidad, la reforma del contrato de obra y servicio desligándolo de la duración de la contrata, la eliminación de la preferencia aplicativa del convenio de empresa y el establecimiento de la ultra actividad sin límite, el subsidio de mayores de 52 años, la nueva contribución de los autónomos, la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, la ratificación de la Carta Social Europea modificada, y en general todo un programa de prestaciones en dependencia, mejoras en el desempleo, junto con la promesa de configurar un grupo de estudio para la realización de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Es mucho más que un acuerdo sobre los presupuestos, da sentido y fuerza a un programa de gobierno y permite por tanto pensar en un horizonte de reformas que reviertan durante el tiempo de la legislatura los elementos más negativos de la reforma laboral del 2012 y las reformas en materia de Seguridad social del 2013. Con este Acuerdo, la identidad social del gobierno queda marcada y definida por los objetivos sociales del mismo, aunque se asistirá posteriormente a continuas tensiones en el seno del PSOE para achatar o incluso anular el alcance de estos compromisos, que en unos casos se resolverá positivamente mediante la presión de los votos de Unidos Podemos y que en otras ocasiones se buscará su solución en el aplazamiento de la toma de decisiones al respecto.

Por último, la urgencia sindical por revertir la reforma laboral logró que en diciembre del 2018 se llegara a un preacuerdo entre Gobierno y CCOO y UGT sobre derogación de la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, reponer la ultra actividad de los convenios, establecer el registro de jornada, reformar el art 42 ET para que los trabajadores “secundarios” de la contrata cobren el salario de los trabajadores de la empresa principal, reestablecer la jubilación forzosa pactada en convenio y el subsidio de mayores de 52 años. La CEOE-CEPYME se opuso a este acuerdo con una sobreactuación en la prensa que no sólo buscaba establecer implícitamente un principio de veto ante cualquier reforma laboral que no contara con su anuencia, sino que quería bloquear la incorporación de estos temas a una norma de urgencia como el Decreto-Ley. El gobierno fue sensible a este veto y derivó la regulación de estos temas a la proposición de ley que se estaba tramitando sobre modificación del art. 42 ET sobre subcontratación de obras y servicios, donde iba a incluir las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores pactadas bilateralmente con los sindicatos y sin embargo mediados a través de las enmiendas al texto tramitado.

Es a finales de año cuando se produce el único impulso gubernativo a las reformas sociales, mediante una emanación en cadena de decretos y sobre todo de Decretos –Leyes que luego habrán de ser convalidados por el Parlamento. De manera muy sintética se pueden recordar los principales temas de esta intervención: En primer lugar y de manera destacada, el RD 1462/2018, de 21 de diciembre por el que se fija el salario mínimo para el año 2019 en 900 euros al mes / 30 € día. En la misma dirección, el RDL 24/2018, fija un incremento de las retribuciones de los empleados públicos en un 2,5 %. Se trata sencillamente de recoger el II Acuerdo para la mejora para el empleo Público firmado con los sindicatos del sector con el Ministro Montoro  que el PP no había puesto en práctica.

Además otros aspectos de relieve: Nueva jubilación parcial en el RDL 20/2018 para los trabajadores de la industria manufacturera, coeficiente de temporalidad para incremento cotización en contratos temporales de corta duración, cotización de becarios y estudiantes en prácticas a la Seguridad Social, Jubilación forzosa en convenios colectivos, todo ello en la norma “escoba” RDL 28/2018, que aun contiene otras prescripciones como la derogación de contratos e incentivos que la reforma del 2012 había previsto como “excepcionalidad social” ante las cifras de desempleo en la crisis, vinculados a la tasa de desempleo de un 15%, derogación del Contrato de Apoyo a los Emprendedores (CAE) que había sido impugnado por inconstitucional al prever un período de prueba de 1 año, del contrato de primer empleo Joven y de una larga serie de incentivos económicos aparecidos en el 2012 y 2013.

Además, el RDL 25/2018 prevé ayudas especiales y prestaciones en la “Transición justa” de la minería del carbón, fruto de un Acuerdo entre las Federaciones de Industria de CCOO y UGT  y la patronal del Carbón, o la compatibilidad de la pensión de jubilación con los derechos de autor y promesa de modificación de la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos en el RDL 26/2018. El gobierno a su vez ha iniciado los trámites para ratificar la Carta Social Europea revisada en 1995, pero no sabemos si también lo hará con el protocolo de reclamaciones colectivas. No parece tampoco que cumpla su compromiso de ratificar el Convenio 189 de la OIT.

En materia de Seguridad Social, aunque lo más importante quedaba para la Ley de Presupuestos, se establece la revalorización de las pensiones en un 1,6% y un 3% las pensiones mínimas y no contributiva y la subida de las bases mínima de cotización en el porcentaje de aumento del salario mínimo, junto con el “destope” leve – un 7% - de las bases máximas de cotización. También se prevé el incremento del período de percepción de la prestación por cese de actividad hasta 24 meses (frente a los 12 actuales) para los Trabajadores Autónomos y aumento del 1,25 % para estos de las bases mínimas de cotización en la Seguridad Social, y la creación de un “convenio especial para los afectados por la crisis”, para “recuperar” dos años de cotizaciones a la Seguridad Social perdidos durante la etapa de la crisis económica, al objeto de completar lagunas de cotización, mediante la suscripción de este convenio con la TGSS. Finalmente, mejora en la cuantía de la pensión de viudedad (un 4%).

Este tipo de reformas son sin embargo muy modestas – salvo la relativa al Salario Mínimo – en relación con las que deberían haberse aprobado y han quedado pendientes ante la convocatoria de elecciones. Basta con enunciar las más conocidas para entender su importancia: Vinculación de las pensiones al IPC y derogación del factor de sostenibilidad (el eje de la reforma del 2013 en la que tanto el pacto político como el acuerdo social eran plenamente coincidentes), ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas, y ante todo las reformas urgentes ya señaladas sobre la desvinculación del contrato de obra y servicio de la duración de la contrata, la implantación del registro de horas –al que en poco tiempo nos obligará el TJUE – el establecimiento de un principio de igualdad salarial y de condiciones de trabajo de los trabajadores subcontratados respecto de los previsto en el convenio sectorial como mínimo garantizado, la derogación del principio de preferencia aplicativa del convenio de empresa o la afirmación del principio de ultra actividad una vez extinguido el convenio colectivo, elementos todos ellos centrales en el acuerdo tanto con los sindicatos como con Unidos Podemos que sin embargo ahora decaerá al no poder terminar la tramitación del texto legislativo en el que se incluían.

La emanación de normas de urgencia por parte del Gobierno en el período que resta hasta la disolución de las cámaras y las elecciones no parece que pueda pasar el filtro de una Diputación Permanente en donde tiene mayoría el PP y Ciudadanos. Por tanto el grueso de las reformas acordadas quedarán una vez más sin poder aplicarse. Un rasgo inquietante de la actuación del gobierno del PSOE que no ha sabido – ni tal vez querido – arbitrar los medios para llevar a la práctica los pactos establecidos. Un éxito para la CEOE que ha visto confirmada su capacidad de vetar las reformas laborales que no tengan su consentimiento, y que posiblemente espera que el resultado de las elecciones le permita seguir manteniendo el eje ideológico que reivindica respecto de la negociación colectiva de empresa fundamentalmente. Un horizonte negativo para la negociación colectiva que tiene que afrontar una irresponsable actitud de algunas patronales territoriales y de sector que se niegan a aplicar los compromisos adoptados en el IV AENC en un contexto legislativo inconveniente. Un incumplimiento evidente de núcleo central de los acuerdos alcanzados en el plano social y político que posibilita una vez más la no reversibilidad de los aspectos más negativos de la reforma laboral del 2012 de la que precisamente en estos días se cumplen siete años de ominosa vigencia.

Posiblemente no es ahora el momento para insistir en la movilización ya iniciada que actualmente tiene que cambiar de rumbo ante el anuncio de elecciones generales y la amenaza de que éstas sean ganadas por la ultraderecha tripartita y neoliberal que se ha manifestado de forma explícita en la Plaza de Colón el domingo 10 de febrero. Tiempo habrá para calibrar ésta, teniendo en cuenta además que se cruza en ese tiempo la importante convocatoria de la huelga feminista del 8 de marzo. Ahora solo queda recordar qué pese a haber trabajado duramente y haberse empeñado tanto los sindicatos más representativos y la izquierda parlamentaria en sintonía con los planteamientos de la ciudadanía social, sus esfuerzos han sido baldíos no sólo por la connivencia entre las fuerzas de la derecha y las que representan el independentismo catalán, sino por la incapacidad del gobierno del PSOE en encontrar las vías apropiadas en el tiempo oportuno para dar satisfacción a los acuerdos básicos que legitimaban su presencia institucional y daban confianza en su gestión de gobierno al servicio de los que han sido castigados por las políticas de austeridad en los últimos seis años.


martes, 12 de febrero de 2019

LA INVISIBILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES SINDICALES



En los últimos días, hemos sido bombardeados con la inminencia de una manifestación en la Plaza de Colón de Madrid que tenía por objetivo preservar la unidad de la nación española y que había sido precedida de una fuerte descalificación personal y política del presidente del gobierno a cargo de los dirigentes políticos de la oposición tripartita en la que se integran, por orden de gradación a la derecha extrema Ciudadanos, Partido Popular y Vox. La manifestación ha generado a su vez innumerables comentarios sobre la base de la fotografía final de la misma con los tres partidos en pie de igualdad y la presencia en la concentración de significativas personas e instituciones, desde el ex ministro del interior Corcuera, y la incorporación del Sindicato Unificado de Policía (SUP) a la pancarta de Abascal, el líder de Vox, hasta el vedetismo de dos personajes mediáticos, el premio nobel Vargas Llosa y el ex ministro socialista francés Manuel Valls, flamante candidato a alcalde de Barcelona.

La temática sobre la que se construye la protesta era, como se sabe, la negociación del gobierno con los independentistas catalanes en el marco de las conversaciones para obtener el apoyo a los presupuestos presentados en el congreso, unos presupuestos que en líneas generales responden a unos acuerdos con Unidos Podemos y que plantean una mayor capacidad de gasto social y de inversiones. La protesta de la derecha no habla de este objetivo sino de la “traición” que supone intentar abrir un proceso de diálogo con el presidente de la Generalitat y los partidos que gobiernan Catalunya, lo que para este frente tripartito de partidos supone una claudicación de la idea nacional y por tanto un motivo seguro para la destitución del presidente del gobierno.

Todos hablan / hablamos de este asunto. Nadie sin embargo coloca la agenda social en el centro de las preocupaciones del país, como si la opinión pública no pudiera debatir más que a propósito de la estructura emocional de la nación española, envuelta en el color rojigualda de la bandera omnipresente.

Y sin embargo, coincidiendo con este evento político interno, se han producido en toda Europa en la semana pasada algunos hechos que deberían haber llamado la atención de los medios de comunicación. Si la convergencia entre la CGT francesa y el movimiento de los Chalecos Amarillos a partir de una huelga general el 5 de febrero no mereció apenas comentarios, mucho más en sordina pasó la convocatoria de una asamblea de cuadros sindicales de CCOO y UGT realizada en Madrid, en la Caja Mágica, el 8 de febrero viernes, con la asistencia de 10.000 delegadas y delegados en un mar de banderas rojas y violetas. Bajo el tema de “Más Hechos, menos palabras”, la asamblea sindical  se inscribía en la campaña de movilización acordada por las dos centrales para exigir a las organizaciones empresariales el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva; para exigir la aprobación de los consensos alcanzados con el Gobierno en las mesas de diálogo social para mejorar derechos laborales y sociales, así como la derogación de la reforma de pensiones de 2013; para impulsar la lucha por la igualdad y contra la brecha salarial; para establecer un contrapeso a las presiones que recibe el Gobierno para concretar avances sociales, y para romper el bloque sistemático que ejerce la mesa del Congreso y los grupos parlamentarios a las reformas que necesitan los trabajadores y trabajadoras. Un conjunto de temas cuya relevancia y trascendencia son evidentes, pero que apenas llamó la atención de algunos comentaristas económicos y un discreto lugar en las páginas interiores de los periódicos digitales al uso.

La movilización sindical en España no tenía nivel para situarse en las primeras noticias del día, pese a los muy cuidados e interesantes discursos de Pepe Álvarez y Unai Sordo, cuyo contenido debería ser escuchado con atención, y no solo por el Gobierno. Pero tampoco la inmensa manifestación sindical unitaria que al día siguiente, 9 de febrero, colapsó Roma y llenó la plaza de San Juan de Letrán de aquella ciudad en donde el recién elegido secretario general de la CGIL, Maurizio Landini exigió que el gobierno escuchara al pueblo del trabajo y cambiara el rumbo de la política económica, un discurso que no sólo no ha gustado a los miembros de la Lega de ese gobierno, sino que ha sido atacado en toda la línea por el inspirador del Movimiento 5 estrellas - ¿el relator del movimiento? – Beppe Grillo. Tampoco la huelga general prevista para mañana, 13 de febrero en Bélgica merecerá una sola nota de redacción de los periódicos ni desde luego las televisiones.

El trabajo no es ya un espacio sobre el que la información está interesada. Invisibilizándolo como elemento social y político, es decir como elemento central de la cohesión social y como clave de la inclusión democrática de las clases subalternas que propenden a construir espacios más amplios de ciudadanía social, se esconde también y fundamentalmente la figura social que lo representa, el sindicato como representante general de éste. La idea es la de desplazar el centro de gravedad de la discusión política hacia un espacio de debate alimentado por la crispación y el conflicto perpetuo con instituciones y adversarios predeterminados cuya solución a través de transacciones mutuas tras el conflicto no es aceptada y se denuncia como una práctica incompatible con la democracia. 

La libertad de información se transmuta en libertad de empresa, la que rige los propósitos de los grupos económicos que dominan los principales medios de comunicación privados en nuestro país. La pedagogía que llevan a cabo los medios de comunicación y a la que se arrastra a la opinión pública española – con la complicidad, voluntaria o forzosa, de los partidos democráticos – descorporeiza la realidad social que refleja la problemática material del trabajo y fomenta el desdibujamiento de los sindicatos, una subjetividad potente y activa que sin embargo es borrada del espacio virtual con la idea de obtener su desvitalización efectiva en la vida real, alejando de las preocupaciones inmediatas de la ciudadanía los temas que deberían ser su preocupación más acuciante: la nivelación salarial y la recuperación de condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva, la revalorización de las pensiones y la derogación del factor de sostenibilidad, la reversión de los elementos más negativos de la reforma laboral del 2012, cuyo séptimo aniversario tampoco ha sido recordado posiblemente para que no se pudiera hablar de las consecuencias gravosas de devaluación salarial e incremento exponencial de la desigualdad como efecto inmediato de estos procesos normativos.

Es este por tanto un aspecto extremadamente negativo que complica de forma adicional la situación de los sindicatos en nuestro país. Un país acostumbrado a la mentira y a los insultos como práctica habitual de una estrategia de la crispación que desprecia y excluye cualquier planteamiento divergente del proyecto autoritario que se quiere imponer como forma “nacional” frente a la forma democrática y la complejidad que ésta reúne. Un país donde el símbolo más evidente de la tolerancia cómplice del oligopolio de los medios de comunicación con la ultraderecha es la presencia de tres periodistas leyendo un manifiesto plagado de mentiras e inexactitudes, tres profesionales de la información cuya praxis asume la falsedad y el odio como ejercicio cotidiano de su actividad.

Reaccionar frente a esta construcción inducida de una realidad proto-fascista de la que el trabajo es inexistente porque se le niega una cualidad política o social diversa de su condición estricta de mercancía, y, en la que consecuentemente, se anula la presencia, la voz y la imagen de las figuras sociales que lo representan, los sindicatos, es cada vez más urgente. Una tarea en la que hay que ser conscientes que la democracia se juega mucho y las y los trabajadores bastante más.

jueves, 7 de febrero de 2019

CONGRESO INTERUNIVERSITARIO OIT EN SEVILLA SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO




Con ocasión del centenario de la OIT se abrió hace ya un año un espacio de debate académico que comenzó en la Universidad carlos III de Madrid, continuó mediante la coordinación de los diferentes grupos de estudio en la Universidad de Castilla La Mancha y finalmente ha culminado en el Congreso Interuniversitario sobre el futuro del trabajo que se celebra en Sevilla los días 7 y 8 de febrero de 2019.

Se trata en efecto de un evento en el que coinciden en el ámbito de la universidad la presencia de los mandantes de la OIT, es decir, empresariado, sindicatos y gobiernos en torno al objeto de discusión, el futuro del trabajo, descompuesto en torno a cuatro grandes “conversaciones” que giran sobre “Trabajo y Sociedad”, “Trabajo Decente para todos”, “Organización del trabajo y de la producción” y “Gobernanza del Trabajo”. La estructura del encuentro se hace cargo del tripartismo fundante de la OIT, y en la primera parte del mismo, una larga serie de mesas redondas se han dedicado a la comparecencia de las autoridades – con la presencia de la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio – seguida de la de los interlocutores sociales, y la presentación del Informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo de título también indicativo, Trabajar para un futuro más prometedor, que lleva a cabo Rebeca Grynspan , secretaria general de la SG Iberoamericana (SEGIB), que ha formado parte de esta Comisión Mundial, a la que ha introducido Yolanda Valdeolivas, como secretaria de estado de empleo del gobierno español.

El Congreso después se despliega en la presentación de las comunicaciones académicas en sesiones paralelas estructuradas sobre la base de las respectivas “conversaciones”, entre las cuales se han seleccionado por el comité científico tres de cada una que se expondrán el viernes como anticipo de la intervención de invitados académicos propuestos por cada uno de los grupos, empresarios, sindicatos y gobierno. Por el grupo de jóvenes investigadores de la UCLM, se expondrá una comunicación en el marco de la conversación sobre la “gobernanza” elaborada por Milena Bogoni, Oscar Contreras y Gratiela Moraru, y en el día de mañana otra por parte de Concha Sanz. El interés que ha levantado este evento se atestigua por el número muy corpulento de comunicaciones presentadas: 130 ponencias en este Congreso, 359 personas que han participado a lo largo de todo el proceso, 60 universidades españolas, 8 europeas, 12 americanas.

El motivo principal del Congreso se asienta sobre una consideración ambivalente que es simultáneamente optimista y pesimista sobre un futuro tecnológico sobre el que la imaginación despliega una larga serie de interrogantes que generan a partes iguales confianza e incertidumbres. Cambia el trabajo, la forma de producir y la manera de trabajar y estas mutaciones no sólo inciden en el empleo sino la relación entre igualdad y cohesión social como variables ancladas en las transformaciones que se experimentan en la actividad laboral.

Joaquín Nieto como Director de la Ofinic de la OIT en España mencionó una serie de fenómenos apreciables a nivel global : la importancia de las cadenas globales de suministro (en las que trabajan ahora 600 millones de trabajadores), la digitalización y el trabajo en plataformas, unas visibles y otras menos, miles de personas que buscan trabajo por internet, diseño, tratamiento de textos, nuevos trabajadores que prestan sus servicios sin Derecho del Trabajo, sin tutela laboral, los nuevos jornaleros del siglo XXI que carecen de cualquier protección laboral o social.

Desde otra perspectiva, se resalta que nuevos cambios son ineludibles si se tiene en cuenta la realidad del cambio climático, la necesidad de una transición energética que hará que decenas de millones de trabajadores empleados en sectores energéticos, deberán transformar su actividad, con evidente impacto sobre los empleos y la necesidad por consiguiente de ayudas públicas que favorezcan y disminuyan los efectos negativos de tales transiciones.

El mundo en el que vivimos no es solo un escenario de metacrilato y omnipotentes chips que acoge una aceleración frenética del ritmo de las existencias individuales en un mundo desarrollado que posibilita un mercado laboral líquido y ágil que va a dar mayores oportunidades a las personas que en él participen.  Es ante todo un mundo profundamente desigual y escindido entre regiones ricas y pobres y en el que una buena parte de sus territorios sufren la guerra y la desesperación del hambre y el peligro cotidiano que les lleva a arriesgar su seguridad, su posición social y su propio arraigo personal en un territorio determinado. Esta desigualdad impulsa flujos de inmigración mucho más potentes y multitudinarios - 260 millones de emigrantes en la actualidad, pero es un fenómeno que se incrementa exponencialmente – que a su vez plantea reacciones defensivas de los mercados de trabajo nacionales y comportamientos xenofóbicos cada vez más influyentes en los países de destino.
La atención a las “instituciones laborales” pivota ante todo sobre los nuevos modelos de negocios y el cambio en la organización del trabajo. Pero la presencia sindical y la función que estas figuras representativas pueden desempeñar en este nuevo escenario se considera en los discursos dominantes subsidiaria o impotente. Es cierto que la reflexión sobre el sistema sindical vigente, la enorme diferenciación nacional de estos modelos y la preponderancia del sindicalismo de empresa como fórmula general preferida por las ideologías economicistas neoliberales, plantea problemas específicos que sin embargo no son muy atendidos en el debate actual, salvo en lo referido a la presencia del sindicato como agente global de negociación con las empresas transnacionales.

El encuadramiento de los rasgos caracterizadores de ese “futuro del trabajo” no está por tanto cerrado, aunque haya una reflexión cuantitativamente muy importante. Es cierto que sobre lo que ya se ha debatido llega el momento de las propuestas, que es el elemento básico del título de esta discusión global, es decir, el escenario sobre el que se quiere incidir, el trabajo que queremos. Desde la OIT, cualquier proyecto de regulación tiene que enfocarse desde la metodología del diálogo social, en el marco de una nueva gobernanza compartida y participada. Además de ello, la relevancia de la formación y de la educación comprendida como un proceso permanente y continuo, parece aseverarse como una necesidad adecuada a los nuevos tiempos. La otra línea de desarrollo es la de promover una garantía laboral universal. Es decir, la consideración general y universal de un trabajo que reúna los derechos y principios fundamentales de la declaración de la OIT de 1998: prohibición del trabajo forzoso e infantil, el respeto del derecho de libre sindicación y de negociación colectiva, La garantía de un principio de igualdad en el acceso en el trabajo y de no discriminación. Este tipo de exigencias como reglas laborales fundamentales de carácter mínimo e imprescriptible, con independencia del grado de desarrollo económico de cada país y de que el mismo haya o no ratificado los convenios internacionales que los regulan y garantizan, es un objetivo largamente enunciado por la OIT pero que dista mucho de haberse realizado de manera efectiva.  Además se estima que es imprescindible un salario vital, el control del tiempo y la seguridad en el trabajo. Y procurar Invertir en la protección social en un modelo productivo más sostenible.

Lamentablemente en la agenda del futuro del trabajo no se incluyen estrategias que aborden los problemas importantísimos que la financiarización de la economía mundo está planteando precisamente a las relaciones laborales en esta etapa de la globalización, cuestiones que dificultan la extensión de los derechos laborales a nivel global y que se expresan dramáticamente en la apropiación por parte de los mercados de la deuda de las decisiones democráticas en los estados sobre la base de obtener el pago de los intereses a la vez que se exigen reformas de estructura que devalúan de manera intensa titularidad y ejercicio de los derechos laborales y sociales. La relación entre el sistema fiscal y la capacidad de generar amplias zonas de protección social es asimismo ignorada, como la existencia de paraísos fiscales frente a los cuales no se ha planteado una acción internacional decisiva. Y, entre otros grandes problemas planteados a nivel global, las formas de control de la codicia corporativa de las grandes empresas transnacionales es un punto que también queda en sordina.

El congreso por tanto ha iniciado sus trabajos y a lo largo del día de hoy se irán exponiendo en comisiones separadas las comunicaciones que se han ido presentando. Muchas de ellas no se corresponden con esa visión global, sino que reposan exclusivamente sobre la perspectiva europea o sobre análisis y propuestas respecto de instituciones nacionales, estudios de caso y otros valiosos aportes, pero posiblemente sin relación real con el objeto del congreso, el futuro del trabajo que queremos desde una perspectiva global. La extraordinaria acogida interdisciplinar a esta llamada está seguramente incentivada por el sistema de clasificación y acreditación que en España simboliza la ANECA, y la enorme cantidad de textos repercute negativamente sobre el tiempo de exposición que está más cerca de un abstract que de una contribución científica. La diversidad de los temas y la inexistencia de una selección temática interna también distrae del interés de los asistentes. Y previsiblemente su publicación, si existe, pasará completamente inadvertida salvo que el autor o la autora de la misma la rehaga y procure presentarla de forma autónoma a una revista indexada y de impacto porque en caso contrario no sacará de ello ningún provecho académico. Naturalmente no se podrá efectuar ningún debate ordenado o desordenado sobre las aportaciones efectuadas, puesto que lo que único que se pretende es que los participantes puedan defender sus ponencias y no que éstos interactúen los unos con los otros en un espacio de debate.

Pero con las reflexiones críticas que se puedan efectuar, es evidente que el esfuerzo efectuado y el mero hecho de tantas personas provenientes de la Universidad se reúnan para reflexionar y analizar propuestas y realidades derivados del trabajo es muy loable y sin duda ha permitido que una buena parte de la sociedad se implique en el proyecto dirigido y promovido por la OIT y que la Universidad asuma, aunque sea parcialmente, su misión de análisis y conciencia crítica sobre el mundo que habitamos.



miércoles, 6 de febrero de 2019

EL GOBIERNO DEBE RATIFICAR LA CARTA SOCIAL REVISADA Y EL PROTOCOLO ADICIONAL DE 1995



Uno de los compromisos que efectuó el Gobierno en el Acuerdo Presupuestario de octubre de 2018 con el grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, fue el de ratificar la Carta Social Europea revisada en 1995, que los gobiernos anteriores – socialistas y populares – se habían negado, puesto que este texto contenía importantes mejoras sociales que condicionarían la acción de gobierno en un sentido progresista. Junto con la Carta Social revisada se debería incluir asimismo el Protocolo de actuación de la misma, que permite la intervención directa ante el Comité Europeo de Derechos Sociales de los sindicatos y asociaciones colectivas con un interés legítimo en el cumplimiento de los preceptos de la Carta. En esta entrada, Luis Jimena, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia y ex presidente del CEDS, y Carmen Salcedo, profesora titular de Derecho del Trabajo en la misma universidad, que son dos expertos en el tema, defienden la necesidad de que el gobierno efectúe esta doble ratificación. El momento es además extremadamente importante puesto que el presidente del Gobierno tiene visita oficial al Consejo de Europa. Este es el comentario que amablemente nos han cedido estos dos amigos y maestros.

La Carta Social Europea revisada (Constitución Social de Europa) y el Acuerdo del Consejo de Ministros: el compromiso con los derechos y ¿con sus garantías?

Luis Jimena Quesada
Carmen Salcedo Beltrán[1]


El 1 de febrero de 2019 el Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de la Carta Social Europea revisada y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicha Carta.

Se trata de una actuación relevante, pues evidencia un avance en cuanto a la pendiente ratificación del Tratado más importante de derechos sociales, la Carta Social Europea revisada (1996), declarada oficialmente, en el marco del Proceso de Turín iniciado en el Consejo de Europa en el año 2014, como la Constitución Social de Europa. Con ello, parece ser que, por fin, dejará España de formar parte de la inadmisible lista de países europeos que no lo habían realizado, 9 frente a los 34 que sí lo han hecho.

Hasta el momento, nuestro país tiene ratificada en su totalidad la Carta Social Europea de 1961 (19 derechos) y el Protocolo Adicional de 1988 (4 derechos). Nos permitimos recordar que el propio texto es tajante al disponer que “(…) contiene obligaciones jurídicas de carácter internacional cuya aplicación está sometida únicamente al control establecido en la Parte IV” (Parte III).

La necesidad de ordenar el panorama normativo derivó en la adopción el 3 de mayo de 1996 la Carta Social Europea revisada. Su estructura es similar a la Carta Social Europea de 1961, teniendo ahora 31 preceptos vinculantes, que son los 19 de la anterior –se mejora la redacción de algunos de ellos-, los cuatro derechos del Protocolo de 1988 (arts. 20 a 23) e incorporó 8 nuevos, en particular, el derecho a la protección en caso de despido (art. 24), el derecho de los trabajadores a la tutela de sus créditos en caso de insolvencia de su empleador (art. 25), el derecho a la dignidad en el trabajo (art. 26), el derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades (art. 27), el derecho de los representantes de los trabajadores a protección en la empresa y facilidades que se les deberán conceder (art. 28), el derecho a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo (art. 29), el derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social (art. 30) y el derecho a la vivienda (art. 31).

La favorable noticia de la previsible ratificación de este texto no ha venido acompañada del mismo trámite en cuanto al procedimiento de control de su cumplimiento de reclamaciones colectivas, regulado en el Protocolo de 1995, que proporcionaría mayor visibilidad, exigibilidad y efectividad de los derechos consagrados, en suma, demostraría el interés en los derechos y en garantizar su cumplimiento. A ello se añadirían numerosas ventajas adicionales que inciden directamente en cuestiones relativas a, entre otras, la economía procesal. Así, su carácter preventivo -se traduce en la posibilidad de presentar la reclamación sin necesidad de demostrar que se han iniciado los efectos negativos de la norma o práctica que se impugna-, la innecesaridad de agotar previamente los procedimientos jurisdiccionales nacionales, su celeridad -una media de cuatro meses para pronunciarse sobre la admisibilidad y de siete meses para el fondo del asunto- o su encauzamiento para únicamente reclamaciones de carácter colectivo y fortalecer el papel de los agentes y colectivos sociales.

En la actualidad, se puede utilizar en 15 países europeos, entre los que se incluyen nuestros vecinos Portugal, Francia o Italia, ya sea por la ratificación del Protocolo regulador o por la realización de una declaración específica, al suscribir la Carta Social Europea revisada, aceptando la supervisión de sus obligaciones según el procedimiento establecido en dicho Protocolo (art. D.2 parte IV).

Por ello, si bien en el Acuerdo del Gobierno no se menciona la ratificación del Protocolo de Reclamaciones colectivas de 1995, existe aún la posibilidad de someterse al mismo a través de la realización de la aludida manifestación ad hoc (la declaración prevista en el art. D.2 de la parte IV de la propia Carta revisada) en el momento de la ratificación y es, con ese fundamento, con lo que se solicita al Gobierno y resto de fuerzas políticas que demuestren su real compromiso por los derechos sociales con el instrumento más eficaz que los garantiza. En otras palabras, la ratificación de la Carta revisada habilita explícitamente para aceptar simultáneamente ese sistema de reclamaciones. De hecho, esa vía ha sido utilizada por dos de los quince países que ya han aceptado el procedimiento de reclamaciones colectivas, en concreto: de un lado, Eslovenia, que ratificó la Carta revisada el 7 de mayo de 1999 aceptando al tiempo el sistema de reclamaciones colectivas con base en el citado art. D.2; y, de otro lado, Bulgaria, que hizo lo mismo el 7 de junio de 2000.

La paz, la democracia y el Estado Social deben ser recuperados y salir reforzados. La ratificación de la Carta Social Europea revisada y la declaración específica de sometimiento a la supervisión del Comité Europeo de Derechos Sociales, por medio de las reclamaciones colectivas, son instrumentos fundamentales para su consecución. El progreso de un país se mide atendiendo a ese parámetro, es decir, el respeto de los derechos reconocidos y sus garantías.




[1] Catedrático de Derecho Constitucional y Profesora Titular de Derecho del Trabajo. Universidad de Valencia. Grupo de investigación «Derechos humanos y Carta Social Europea» (GIUV2013-148).

lunes, 4 de febrero de 2019

EL REGISTRO DE JORNADA ES UNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL DERECHO EUROPEO. LAS CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL DEL TJ COMENTADAS POR FRANCISCO TRILLO.



La Confederación Sindical  de Comisiones Obreras (CCOO), apoyada por la UGT, ELA-STV, CIG y CGT,  interpuso una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional contra Deutsche Bank SAE con el objeto de que se declarase la obligación de dicha entidad de implantar un sistema de registro de la jornada efectiva que realiza su plantilla, porque la obligación de establecer ese sistema se deriva no sólo de la legislación nacional, sino también de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta») y de la Directiva 2003/88. La empresa se negaba aduciendo que la jurisprudencia española no lo exigía. En efecto, la Sentencia de 23 de marzo del 2017, del Tribunal Supremo, tan criticada doctrinalmente con votos particulares disidentes como jaleada por los medios empresariales y sus influencers habituales, entendió que las empresas no estaban obligadas a llevar un registro de jornada porque la ley no lo imponía expresamente y además ello podría producir un riesgo de injerencia en la vida privada del trabajador. La Audiencia Nacional ha elevado una cuestión de prejudicialidad ante el TJUE y se han hecho públicas las conclusiones del Abogado General previas a la decisión del Tribunal, que coinciden con las alegaciones de CCOO y el resto de sindicatos. Estas son ahora comentadas en exclusiva para este blog por Francisco Trillo.


LA SALA 4ª DEL TRIBUNAL SUPREMO, «ESA BOCA MUDA QUE SOLO PRONUNCIA LAS PALABRAS DE LA LEY»

Francisco Trillo  


El 31 de enero se conocieron las Conclusiones del Abogado General, Sr. Pitruzzella, relativas al Asunto C-55/18 (Federación de Servicios de Comisiones Obreras contra Deutch Bank SAE), donde se analiza la adecuación al Derecho social de la Unión por parte de la normativa española relativa a la inexistencia de obligación empresarial que permita controlar o computar la jornada ordinaria de los trabajadores. Las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional persiguen, con carácter general, conocer si la Directiva 2003/88 se opone a la interpretación del Tribunal Supremo por la cual los empresarios no deben registrar las horas ordinarias de trabajo, excepto en los supuestos especiales previstos por la normativa laboral española.  

El impacto jurídico -y político- de las Conclusiones del AG resulta ya incuestionable, pese a que queda pendiente el fallo del Tribunal de Justicia.   

“A mi juicio, la inexistencia de tales mecanismo en el ordenamiento de un Estado miembro menoscaba el efecto útil de la citada Directiva” (Párrafo 3º).
“Considero, por tanto, que la Directiva 2003/88 se opone a una normativa nacional que no imponga de modo expreso a los empresarios ninguna forma de cómputo o de control del tiempo de trabajo ordinario de los trabajadores en general” (Párrafo 4º). 

Las Conclusiones del AG invitan, sin duda, a desarrollar un estudio atento del alcance y riqueza de sus contenidos, pero también de la elección metodológica con la que éstos han sido construidos. En efecto, la metodología, estructura y argumentos con las que se han elaborado aquéllas sugieren una serie de reflexiones que desbordan el análisis más reducido de la normativa sobre tiempo de trabajo. A nuestro modo de ver, el AG, además de cumplir con su función, llama la atención [al Tribunal Supremo] sobre el papel que ha de desenvolver la justicia laboral en la interpretación y aplicación del Derecho del Trabajo. Este tipo de propuesta investigadora excede con creces las intenciones de esta nota/comentario. Por ello, se ha decidido ofrecer una primera valoración centrándonos en el diálogo que entabla el AG con el TS a propósito de la interpretación realizada por este último acerca de la inexistencia de controles empresariales de la jornada ordinaria de trabajo. Esto es, una valoración jurídica fundamentalmente de los Objetivos y contenidos de la Directiva 2003/88 en relación con el Derecho de la Unión y las normativas nacionales.

El estudio del apartado III.B captura (positivamente) la atención inmediatamente, debido muy probablemente al exotismo que hoy comporta la lectura de textos jurídicos que, como en el caso de las Conclusiones del AG, recurren a una reconstrucción del alcance y funciones -también constitucionales- atribuidos a la legalidad ordinaria en cuestión. Por ello, repárese en que el AG no hace alusión expresa a la llevanza de un registro de la jornada ordinaria de los trabajadores hasta la página 13 -de 17-, media página antes de exponer las Conclusiones (apartado IV). En cambio, el análisis de los derechos a la limitación de la jornada de trabajo y al disfrute de períodos de descanso (diario, semanal y anual), en su relación con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, constituyen el eje-guía sobre el que discurren continuamente las fundamentaciones del AG.  

“Mediante las disposiciones citadas [art. 3, 5 y 6.b D 2003/88] se aplica el artículo 31 de la Carta, que, tras reconocer en su apartado 1 que «todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad», dispone en su apartado 2 que «que todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas». Este derecho está directamente relacionado con el respeto de la dignidad humana” (Párrafo 36).

El vínculo instrumental entre la D 2003/88 y los derechos sociales fundamentales reconocidos en la Carta, en palabras del AG, tiene como consecuencia inmediata que “la interpretación de la Directiva 2003/88 y la determinación de su ámbito de aplicación deben permitir el disfrute pleno y efectivo de los derechos subjetivos que reconoce a los trabajadores, lo que implica que se deba eliminar cualquier obstáculo que en la práctica pueda limitar o menoscabar tal disfrute” (Párrafo 39). De ahí, el AG colige la necesidad insoslayable de establecer obligaciones específicas que aseguren el disfrute pleno de los derechos a la limitación de la jornada de trabajo y a períodos de descanso que, por lo demás, tomen en consideración la doctrina del Tribunal de Justicia sobre el reconocimiento del trabajador como la parte débil de la relación laboral.   
    
A diferencia de lo hasta aquí expuesto sobre el modo en el que el AG construye su interpretación jurídica, el TS, prescindiendo de cualquier consideración acerca de la vinculación instrumental entre la llevanza de un registro de la jornada ordinaria de trabajo, el derecho a la limitación de la jornada de trabajo y la protección de la salud de los trabajadores, fundó con carácter general su doctrina en la imposibilidad de interpretar de modo alternativo la norma en cuestión por el debido respeto a la separación de poderes entre los poderes judicial y legislativo. Así, los principales argumentos al respecto fueron: i) la normativa de la Unión no prevé expresamente un sistema de control del tiempo de trabajo; ii) la existencia de la obligación de llevar un registro de la jornada de trabajo en casos especiales, permite afirmar que la voluntad del legislador español fue la de eximir de esta obligación a los empresarios con carácter general; iii) el reconocimiento de la mencionada obligación empresarial podría vulnerar el derecho fundamental de los trabajadores a la intimidad; iv) la situación de crisis económica y la protección que el sistema jurídico de la Unión otorga a la libertad de empresa impiden el reconocimiento de una obligación de este tipo que comportaría que los empresarios arbitrasen un sistema de cómputo de la jornada ordinaria.

El malestar del AG por la conducta observada por el TS, ponerse de perfil -váyase a saber por qué- impregnan los apartados más relevantes de sus Conclusiones -Sobre la necesidad de garantizar el efecto útil de la Directiva 2003/88 (III.C); Cómputo del tiempo de trabajo y efectividad de la protección de los derechos del trabajador (III.D); Sobre las cuestiones prejudiciales (III.F)-. Dicho malestar se aprecia nítidamente en los fundamentos jurídicos que el AG esgrime en contraposición a los utilizados por el TS: i) el art. 288 TFUE exige a los órganos jurisdiccionales nacionales interpretar el Derecho interno “a la luz de la letra y finalidad de la directiva de que se trate para alcanzar el resultado que ésta persigue” (Párrafo 90); ii) “la obligación de interpretación conforme incluye la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en caso necesario, su jurisprudencia reiterada si ésta se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva” (Párrafo 91); iii) la protección otorgada a la libertad de empresa por el sistema jurídico de la Unión, así como la teórica imposibilidad de aplicar directamente la Directiva 2003/88, resultan insuficientes a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el efecto directo de las relaciones horizontales del art. 31.2 de la Carta -Sentencia de 6 de noviembre de 2018, C- 684/16- (Párrafo 94); iv) la doctrina del Tribunal de Justicia ha precisado que aún cuando quepa entender que los datos de un registro de la jornada de trabajo puedan ser personales, ello no se opone a una normativa nacional que obligue a poner aquél a disposición de la autoridad nacional competente para la correcta supervisión de las condiciones de trabajo (Párrafo 78); y v) el AG recuerda al TS que “la mejora de la seguridad, higiene y salud de los trabajadores en el trabajo representa un objetivo que no puede subordinarse a consideraciones de carácter puramente económicas” (Párrafo 83).  
       
Cuestiones igualmente relevantes a las desgranadas en este comentario, quedan sin analizar como la afectación de la función de la representación de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo ante la interpretación vigente del TS en la materia que nos ocupa. Al respecto, permítaseme una digresión final. La acción del Sindicalismo confederal, en nuestro caso de Comisiones Obreras, ha sido la responsable de las Conclusiones del Abogado General que aquí se comentan. Su labor de representación, conflicto y acción jurídica han alcanzado una victoria para los derechos de los trabajadores que, esperemos, convalide y materialice en breve el Tribunal de Justicia. Un reconocimiento especial merece, pues, este trabajo sindical, que en tantas ocasiones obtiene en alternativa su invisibilización mediática.

Resta tan solo concluir este comentario llamando la atención sobre la labor de interpretación y aplicación del Derecho del Trabajo en la que incurre el TS con demasiad frecuencia. Su lealtad y respeto por la letra de la ley resulta insoportable, incluso para los estándares del Derecho de la Unión. Lo que recuerda que sigue vigente aquella vieja (¿?) reivindicación impulsada durante la Transición, por la que la justicia laboral solo puede aplicar e interpretar correctamente el Derecho del Trabajo a partir de un juez constitucional, entendido en los términos expresados en aquel tiempo por Juezas y Jueces para la Democracia. La concepción del juez laboral como la boca muda que solo pronuncia las palabras de la ley resulta una reminiscencia patológica de nuestro pasado, que hoy es incompatible también con el Derecho de la Unión.        


viernes, 1 de febrero de 2019

¿PUEDEN LOS TRABAJADORES NEGAR SU CONSENTIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE BIENES QUE COLISIONAN CON EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL?



La prensa ha publicado en estos días una noticia que plantea una cuestión muy interesante. Se trata de la asunción por parte del órgano de representación de los trabajadores de una empresa manufacturera importante, especializada en la construcción de ferrocarriles, de una iniciativa ciudadana de boicot, desinversión y sanciones a Israel, en razón de la cual se niegan a construir un producto dirigido a las colonias judías de Jerusalén sobre la base de que ello contraria la legalidad internacional. El tema se ha narrado así:

“Los representantes de los trabajadores del comité de empresa no quieren ser parte de una obra que debe recorrer territorio palestino para servir las colonias judías en el este de la ciudad de Jerusalén, reconocida como la capital de Palestina. Los trabajadores consideran que empresa de CAF -con sede en la ciudad de Beasain, provincia vasca de Guipúzcoa- no tiene que participar en trabajos en contra de la legalidad internacional. El problema reside en el trazado planteado, que debe recorrer territorio palestino para servir las colonias judías en el este de la ciudad. Es decir, que el tranvía diseñado supone la expansión de la colonización de Jerusalén Este por parte del Estado de Israel.

 “Existe un consenso general respecto de la ilegalidad del proyecto, tanto por su trazado, como por ser discriminatorio al ser de uso exclusivo de colonos en tierra Palestina”, agregando que: “Cualquier proyecto de tranvía, de cualquier ciudad del mundo, y, por supuesto, de Jerusalén, debe producirse respetando los derechos humanos y la legalidad internacional. Tanto el plenario, como el Consejo de seguridad de la ONU, así como la Corte Internacional de Justicia, a través de diferentes resoluciones, se han mostrado en contra de la ocupación de los territorios donde transcurrirá el citado tranvía”. La postura del comité de empresa ha sido respaldada por la central sindical ELA-STV, sobre la base tanto de la crítica a que CAF haya acudido a la licitación de este tranvía, como del hecho de que “las personas que trabajan en CAF no merecen asumir la responsabilidad de realizar un trabajo rechazado por la inmensa mayoría de la comunidad internacional”.

El tema es interesante porque en esta ocasión la confrontación entre producción de mercancías y su directo uso en la violación de los derechos humanos o de la legalidad internacional no viene dado desde fuera de la empresa, bien a partir de instancias públicas que desautorizan esta producción, bien a través de iniciativas ciudadanas que presionan o directamente actúan sobre el consumo para boicotear tales productos. El supuesto es muy sugerente porque implica la negativa al consentimiento en la producción por parte de los propios trabajadores, en la medida en que ésta va encaminada a vulnerar la normativa internacional; expresa el rechazo del diseño organizativo de la producción de la empresa por entender que éste colisiona con el respeto de los derechos humanos y, en el caso concreto, las legítimas posiciones del pueblo palestino.

Mediante esta decisión de los representantes de los trabajadores de la empresa  – que no sabemos si conducirá a un rechazo efectivo del trabajo y por consiguiente a la generación de una situación de conflicto laboral abierto o si por el contrario se quedará en el ámbito de las declaraciones de principios como una retórica de oposición y denuncia sin conexión efectiva con el desarrollo del trabajo concreto – se imbrica de manera muy directa el interés colectivo profesional de los trabajadores con una reivindicación política que es ante todo una propuesta democrática de preservación del orden internacional y el respeto de las decisiones internacionales, demostrando de una manera muy expresiva la polivalencia de lo que puede entenderse por interés profesional de los trabajadores. Es una apreciación que sin duda tiene una aplicación inmediata en la configuración del objeto del “interés profesional” como objetivo realizable mediante la huelga al que se refiere los apartados a) y b) del art. 11 del DLRT, y evidencia la dificultad de intentar compartimentar lo “político” como algo opuesto a lo “profesional” entendiendo por tal el interés de los trabajadores “en cuanto tales”, como subraya el Tribunal Constitucional, en la medida en que “político” aquí es un significante directamente relacionado con el significado de la democracia, tanto a nivel nacional-estatal, como en el ámbito supranacional e internacional. 

De esta manera tanto un Comité de empresa como un sindicato – en este caso un sindicato más representativo de comunidad autónoma – incorporan al interés de los trabajadores elementos políticos que se funden con lo que entienden que en ese momento concreto conviene defender como “propio” de la condición obrera. No es una consideración socio-política de la reivindicación laboral, que se relaciona más bien con una observación completa y general de la existencia social de la clase trabajadora, sino una incrustación directa de la argumentación política-democrática en la construcción específica de la reivindicación de la plantilla de la empresa.

Además de ello, este rechazo de la producción se conecta materialmente con las iniciativas que condicionan la actividad empresarial con el respeto a los derechos humanos. Al margen de la importante regulación del espacio global a través de los Acuerdos Marco Globales con las empresas Transnacionales, el debate amplio y el largo proceso sobre la consecución de un tratado vinculante que imponga una responsabilidad fuerte a las Empresas Transnacionales por la vulneración de los derechos y principios fundamentales en el trabajo y en general a los derechos básicos de la persona, es un buen ejemplo de cómo se aborda ahora esta problemática. En su versión de libertad negativa, la negación del consentimiento colectivo de los trabajadores a proyectos empresariales que vulneran derechos humanos, mientras que en positivo se trata de comprometer a las empresas, en especial a las transnacionales, a preservar derechos fundamentales en cualquier punto del globo en el que se localice.

Pero más allá de los hechos que señala la noticia, en donde además la dimensión retórica de la reivindicación laboral no tiene continuidad en acciones de protesta concreta, lo más sugerente de la misma tiene que ver con algo que ésta provoca como reflexión. En efecto, trascendiendo el hecho noticiable, el elemento central es la negativa al consenso de los trabajadores en un diseño empresarial determinado de la producción. O, en su versión positiva, la determinación por parte del sujeto colectivo que representa a la totalidad de los trabajadores de la empresa, de cuáles son las líneas que deben presidir la propuesta organizativa de los procesos de producción que la dirección de la empresa puede acometer, o, más exactamente, cuáles son los objetivos que el proceso de producción no puede abordar. Es decir, aparece la idea de una participación colectiva por parte de los trabajadores en el plan de la producción empresarial expresada a través de una especie de veto a algunas iniciativas de la misma, reconduciendo la libertad empresarial y el acceso al mercado a un encaje democrático o en cualquier caso a límites que provienen de un orden de sentido que el colectivo de trabajadores impone a la dirección de la empresa.

Se abre por consiguiente un debate siempre aplazado sobre el contenido de la negociación colectiva como instrumento de diseño y reorientación de la política empresarial no sobre elementos de eficacia productiva o de conquista de mercados, sino de orientación de opciones de política empresarial, por ejemplo respecto de inversiones o de localización y estructura empresarial. En los años setenta del siglo pasado, el sindicalismo italiano desplegó un trabajo colectivo muy importante sobre la conveniencia de redirigir la inversión productiva e industrial hacia el sur del país, incluyendo este proceso de confrontación sobre la libertad de decisión empresarial en la dinámica de la negociación colectiva. Y aunque los vientos de las políticas de austeridad hayan dado como resultado un empresariado cada vez más dependiente de las instituciones financieras privadas a nivel global, la posibilidad de incorporar este tipo de variables de política industrial y política de inversiones a la dinámica de la negociación colectiva, al menos en cuanto límite negativo impracticable por parte de la dirección de las empresas, es una sugerencia para el debate muy rica. Sin una institucionalidad que implante mecanismos de cogestión en las grandes empresas, es la negociación colectiva el medio más adecuado para “contratar” – mejor que “participar” – las políticas de empresa. Y ese planteamiento no puede reducirse a la actuación en unas cuantas empresas, sino que se coordina con un diseño del sector expresado a través de la negociación de una política industrial del mismo que fije de manera precisa las líneas fundamentales y las estrategias que deberían seguir las empresas del sector.

Cierto que en la situación actual de salida con enormes costes de una fuerte ofensiva neoliberal contra los salarios y el empleo, que ha desestabilizado de manera importante los marcos de referencia del trabajo, cada vez más inestable y precario, el problema de reorientar las opciones organizativas y productivas de las empresas es muy complicado, y en las prácticas españolas, es un tema que no se discute, y si se plantea, se suele remitir a una acción estatal o pública en la que los sindicatos de trabajadores no tienen una dimensión relevante, salvo excepciones. La transición energética debería ser un ejemplo decisivo al respecto. También el debate sobre el cambio del modelo productivo español basado fundamentalmente en la construcción y el turismo, que son los sectores que generan empleo en la última encuesta EPA.

¿Algo excepcional, un tema marginal en las preocupaciones más urgentes de hoy? Posiblemente. Pero que sea un tema sobre el que no se hable no significa que no sea importante. Repensar la democracia en la empresa implica abrir un espacio de circulación de ideas y de propuestas de debate en el que retomar y revisar viejas reflexiones y experiencias de otros tiempos puede ser extremadamente útiles. A ello habrá por tanto que dedicarse en un futuro inmediato.