martes, 30 de abril de 2019

UN NUEVO BLOG SOBRE EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: EL FORO DE LABOS



El lunes 29 de abril tuvo su presentación en sociedad un nuevo blog laboralista, El Foro de Labos, en la Universidad Carlos III de Madrid. En este acto, presentado por el catedrático de esta universidad Jesús Mercader, intervinieron como invitados los dos mayores exponentes de la cultura del derecho del trabajo en las redes sociales, enormemente apreciados y seguidos por miles de usuarios, Eduardo Rojo e Ignacio Beltrán de Heredia, en cuyas experiencias sin duda se pretenden basar los nuevos blogueros.

El blog ha elegido un título que sugiere una divertida comparación con el Foro de Davos, esa asamblea anual de campeones de las finanzas y del dinero, que marca un espacio de encuentro entre líderes empresariales y políticos y genera los sueños húmedos del capital financiero a partir de la agenda global que dictan a los gobernantes mundiales. Frente a las experiencias hasta ahora practicadas, en las que el blog es gestionado y dirigido por una sola persona – aunque en algunas ocasiones, como sucede en éste, se abra a colaboraciones estelares invitadas – el Foro de Labos es una empresa colectiva que se efectúa por medio de un grupo de profesores del área de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. Son 8 personas, las profesoras Amanda Moreno Solana, Ana B. Muñoz Ruiz, Cristina Aragón Gómez y Patricia Nieto Rojas, y los profesores Daniel Pérez del Prado, Francisco Javier Gómez Abelleira, Jesús Mercader Uguina, y Pablo Gimeno Díaz de Atauri. No son todos los que son profesores en la Universidad Carlos III, pero están todos lo que son sin duda un buen equipo conjuntado bajo la dirección del profesor Mercader, que recientemente ha pasado a formar parte del estudio jurídico Uría Menéndez dejando la Fundación Sagardoy que presidía, y que sin duda podrá orientar desde la experiencia práctica el desarrollo de los temas abordados en este blog colectivo, como ya efectúa desde la revista Trabajo y Derecho en una sección de indudable interés para los operadores jurídicos.

La temática del blog es en consecuencia, extremadamente variada, pero se aleja por el momento de la preocupación de muchos juristas del trabajo que está centrada fundamentalmente en el devenir jurisprudencial, no solo de las decisiones de la jurisdicción ordinaria, sino la jurisprudencia constitucional y la europea. Como se corresponde con un espacio de encuentro que se subtitula “Toda la actualidad laboral y social”, son también objeto de atención los productos legislativos novedosos lo mismo que, con ocasión de las elecciones, los contenidos laborales de los respectivos programas de los diferentes partidos políticos. También se han examinado problemas genéricos sobre la incidencia de la robótica o de las nuevas tecnologías sobre las relaciones de trabajo, y, como no podía ser menos, aspectos relacionados con la negociación colectiva y la capacidad para convenir convenios colectivos según las reglas del Estatuto de los Trabajadores.

Un exhaustivo análisis de los temas abordados en este primer mes de existencia – y de los autores que lo han alimentado – lo ha efectuado, con la oportunidad que le caracteriza, el profesor Eduardo Rojo, en su blog, dando la bienvenida a lo que con razón denomina “nuevo y potente” blog de derecho del trabajo, y puede consultarse en este enlace: Bienvenida oficial a un nuevo y potente blog de derecho laboral . A su vez, y como suele ser habitual, el blog se expande por las redes sociales a través de su cuenta en twitter, muy activa. Se ha dado además cuenta de él en la página del Master en Responsabilidad Civil de la UC3M, tema sobre el que también, como es natural, el blog tiene algunas contribuciones recientes analizando la nueva Ley de Secretos Empresariales (Ley 1/2019, en vigor desde el 19 de marzo), una materia a la que los iuslaboralistas no solemos prestar demasiada atención.

El Foro de Labos es por tanto una nueva muestra del interés que los académicos de Derecho del Trabajo tenemos por la transferencia del conocimiento de nuestra materia de estudio a una amplia serie de personas concernidas que desbordan los márgenes de nuestra actividad profesional universitaria. Démosle la enhorabuena y registremos su presencia entre los favoritos de este blog, en el que su propósito de suministrar “Información, discusión y propuestas sobre las relaciones de trabajo y la ciudadanía social” se encuentra gratificado por la presencia de otra bitácora con la que participar ideas, reflexiones y crítica al pensamiento dominante en materia laboral.

!Bienvenidos! !y larga vida al Foro de Labos!


lunes, 29 de abril de 2019

PRIMERAS IMPRESIONES TRAS LAS ELECCIONES DE ABRIL 2019



Los resultados de las elecciones de ayer en España han sido muy importantes. Estaban en juego dos elementos muy peligrosos. De una parte, la emergencia de una fuerza de ultraderecha, Vox, que había elaborado un discurso bolsonariano, irracional y lleno de falsedades que excitaba un voto reactivo emocional sobre la base de la exaltación de los símbolos nacionales y la unidad de España frente a las pretensiones del soberanismo catalán y del pensamiento reaccionario más pronunciado, en el que prometía la “eliminación de la dictadura de los partidos” y su sustitución por una “soberanía nacional del pueblo”, y combatía a sus dos enemigos principales, la ideología de género y la inmigración. Esta ultraderecha había sido promocionada hasta extremos impensables por todos los medios de comunicación, que le dedicaron continuamente amplios espacios a publicar su ideario, y a lo largo de la campaña había mostrado una fuerte capacidad de convocatoria en sus mítines. 

De otra parte, este discurso agresivo había atraído hacia sí a las otras dos formaciones de la derecha, centrado principalmente en atacar al nacionalismo independentista catalán exigiendo la derogación permanente de la autonomía política de esta Comunidad Autónoma y queriendo confinar al PSOE y a UP en un espacio de irrelevancia política como fuerzas “no constitucionales”, acusándoles de haber pactado con “golpistas” y “terroristas”. Esta apelación a la unidad nacional en una línea de recentralización del Estado que confrontaba con la estructura territorial del mismo prevista en la Constitución, permitía colocar en segundo plano un programa económico claramente neoliberal de bajada de impuestos y privatizaciones que compartían tanto PP y C’s como la formación de la ultraderecha, Vox, sin apenas divergencias.

Este proyecto reaccionario ha fracasado, pese a que la derecha se presentaba como un frente tripartito que estaba en condiciones de producir una importante movilización del voto en todos los sectores de la población. Los datos son conocidos. La participación fue muy alta en relación con las elecciones anteriores – un 76% - y se produjo una concentración de voto en el PSOE como forma de rechazo de la propuesta de las tres derechas. Este partido obtuvo casi 7,5 millones de votos, el 28,7% de los sufragios, frente a los 4,3 millones del PP (un 16,7%) y los 4,1 millones de Ciudadanos (un 15,9%). Unidas Podemos perdió las extraordinarias posiciones del 2015, pero no se derrumbó como se esperaba, y obtuvo 3,75 millones de votos, un 14,3%. La ultraderecha, con un poco más de 2,5 millones de votos, obtuvo un 10,3%. En escaños, en función del sistema electoral de base provincial que rige en España, la suma de diputados que obtienen PSOE (123) y UP (42) es superior a la que logran las tres derechas, PP (66, el mayor descalabro de su historia, pues partía de 137 en las elecciones de 2016), Ciudadanos (57, lo que le convierte en un partido de implantación electoral en concurrencia con el PP) y la ultraderecha de Vox, con 24 escaños (que decepciona sus bravuconadas que le hacían pronosticar tres veces más), lo que hace un total de 147 diputados frente a los 165 del bloque de izquierda. Una derrota que también se manifiesta en el Senado, que tiene un sistema de composición mayoritario. Y que se prolonga con la victoria de las fuerzas progresistas en la Comunidad Valenciana que puede reeditar el Pacto del Botánico.

Al margen del estudio detallado de las diversas circunscripciones electorales, las primeras impresiones que pueden deducirse de este cuadro son las siguientes.

La primera, que el mapa electoral español que surge de estas elecciones muestra una clara derrota de las fuerzas reaccionarias que además son incapaces de generar un espacio de coincidencias políticas con ninguna otra fuerza del espectro político. La estrategia estigmatizadora de las tres derechas sobre las autonomías políticas de Cataluña y Euskadi que incluso llegaba a proponer su expulsión del parlamento si no alcanzaban el 3% estatal, imposibilita que éstas fuerzas puedan alinearse contra la previsible coalición de izquierda. La derrota y el aislamiento de las derechas tienen que ser aprovechadas por las fuerzas políticas y sociales que buscan el cambio político, impulsando alianzas que faciliten medidas progresistas que reviertan las situaciones degradatorias de derechos laborales y sociales que se han ido perpetuando desde el 2010.

La segunda, correlato de lo anterior, que el mapa de España se ha desplazado hacia la izquierda, con el fortalecimiento de la presencia de fuerzas soberanistas y republicanas que han obtenido una significativa presencia electoral. Tanto Bildu como muy señaladamente ERC han aumentado de forma muy relevante su influencia política tanto en Euskadi como en Catalunya, siendo también muy relevante el incremento exponencial de votos para ERC en detrimento de Junts per Catalunya, que ha desplazado hacia la izquierda la hegemonía entre las fuerzas independentistas. En la Comunidad Valenciana, la conjunción del PSOE, Compromís y UP ha vencido a las tres derechas confrontadas. 

La tercera impone una clara consideración de la plurinacionalidad del Estado, con la consiguiente comparecencia de subjetividades políticas propias, que revindican la especificidad nacional del territorio. En el País Vasco, las tres derechas solo consiguen el 12,79% de los votos y no han obtenido representación parlamentaria. PSE y UP suman el 37,4 % de los votos emitidos, y PNV y EH Bildu el 47,75% de los sufragios del país. En Catalunya, las tres derechas alcanzan sólo el 20,25 % de los votos, lo que se ha traducido en 5 escaños para C’s y un escaño respectivamente para el PP y otro para Vox, que se colocan en pie de igualdad en la irrelevancia política en esta Comunidad. En el lado independentista, ERC y Junts per Catalunya suman 36,65% de los sufragios, pero si la diferencia la hacemos sobre la base de la contraposición izquierda y derecha, la suma de ERC (24,5%), PSC-PSOE (23,21%) y En Comu Podem (14,9%), arroja un 62,61% de voto de izquierda en esa nacionalidad.

La cuarta hace referencia a la política de alianzas. El resultado electoral no permite recomponer mediante pactos un acuerdo transversal entre el centro izquierda y la derecha. Los tratos entre PSOE y Ciudadanos para conformar gobierno no sólo han sido rechazados la propia noche electoral por la militancia socialista ante su candidato Pedro Sánchez – “con Rivera, no” – sino que serían disfuncionales al discurso defendido durante la campaña electoral, a lo largo de la cual Ciudadanos se configuró como la fuerza de la derecha nacionalista más extrema intentando suplantar el liderazgo conservador al PP. Los resultados electorales obligan a conformar un gobierno de progreso en el que la suma de PSOE y de UP requerirá añadir otras fuerzas políticas que garanticen una mayoría política que se corresponda con una mayoría social que exige la reversibilidad de las situaciones de degradación de derechos que la ciudadanía ha venido padeciendo desde el inicio de la crisis.

Comienza ahora un nuevo ciclo de confrontación electoral, el que compromete los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el trascendental resultado en las elecciones europeas. Pero antes de ello, el 1 de mayo hará que una amplia multitud de personas se manifiesten por las calles de las principales ciudades españolas convocadas por los sindicatos. En estas concentraciones, la exigencia de un gobierno de progreso será una reivindicación compartida. Esa es la buena dirección.


sábado, 27 de abril de 2019

EL DIA DE REFLEXIÓN ANTE EL DOMINGO: A LA CALLE (A VOTAR) QUE YA ES HORA DE PASEARNOS A CUERPO



Este sábado se destina, según parece, a reflexionar sobre la decisión que determine y oriente nuestro voto el domingo 28 de abril. Nadie duda que son elecciones decisivas, porque la descomposición de la derecha política ha hecho emerger una agresiva línea ideológica que enlaza con el profundo pensamiento reaccionario español reforzado bajo la dictadura y que fundamentalmente busca un perfil identitario nacional, patriarcal y de clase, hasta hora no exhibido explícitamente en el espacio público de la opinión política. Y la fragmentación de un posible bloque de progreso que se pudo articular en torno a la moción de censura de junio del 2018 tiene como elemento crítico la cuestión catalana, cuyos partidos políticos han forzado erróneamente la disolución del Parlamento al no votar los presupuestos presentados por la mayoría social derivada del pacto entre el gobierno socialista y el Grupo confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea que beneficiaba de manera evidente la propuesta social para Catalunya. Por un lado, se plantea un riesgo real de involución democrática. Por otro se abre la posibilidad de un período de reformas que reviertan una década de autoritarismo social y político, una posibilidad que sólo podrá ser real si Unidas Podemos tiene una densidad representativa suficiente en el nuevo Parlamento. Ambas cuestiones van muy ligadas a la hora de seleccionar el voto.

Un día de reflexión, donde por consiguiente se frecuenta le lectura de los periódicos más que otros días y se recuerdan cuestiones posiblemente irrelevantes en el resultado perseguido pero que asaltan a quien, como el titular de este blog, se dedica a pensar en voz alta. Por ejemplo, el caso de Actúa. Por las calles del centro de Madrid donde habito, se pueden ver los carteles de esta formación política, con la foto de Gaspar Llamazares en ellos, como candidato a la presidencia de gobierno. En la justificación  de su presentación, se dice que es una candidatura que pretende ilusionar a la izquierda que no encuentra su espacio en la oferta electoral actual, y en su lista (al menos en la que conozco, por Madrid) incorpora a personas valiosas que siempre he respetado. ¿Era necesario intervenir en el proceso electoral para esta recién nacida formación política, justo en un momento en el que se está dilucidando la opción decisiva entre un país gobernado desde posiciones neoliberales en lo económico y autoritarias en lo social y una posibilidad de revertir una buena parte de las reformas efectuadas sobre la base de esquemas participativos y democráticos, restando votos a las dos grandes formaciones en liza? ¿No habría sido mucho más conveniente que en vez de restar votos a alguna de estas dos formaciones, configurarse como un instituto de opinión, a partir del cual incidir en la configuración de los programas electorales y de gobierno y más en general, sobre las estrategias de los partidos políticos, y de esta forma canalizar la autoridad derivada de la capacidad de análisis político y de la propia experiencia política de las personas que lo componen, pero no concurrir en el espacio electoral, en donde por otra parte la aceptación de su oferta va a ser extremadamente reducida?. Otro tanto sucede con la lista de Recortes Cero, que lidera el director de cine Fernando Colomo. ¿Era necesario competir en ese espacio para evitar condensar las opciones electorales en torno a las dos grandes fuerzas que la representan?

Los que nos colocamos, como ha señalado el manifiesto del mundo de la cultura 28 de abril. Tu decides, en la voluntad de quienes queremos que “la España real se movilice el próximo 28 de abril contra los odios de las mentiras reaccionarias y llene las urnas de bondad democrática” de manera que “la fragmentación de las ilusiones democráticas colectivas” no pueda traducirse en rencor contra las instituciones democráticas, entendemos que “sólo la democracia social puede afrontar las verdaderas causas de la pérdida de los derechos sociales, la precariedad laboral, la acumulación de la riqueza en pocas manos y la degradación del planeta”, es decir todos los objetivos que en la actualidad persiguen los poderes salvajes de esta sociedad, que no encuentran ningún límite en el respeto de los elementos estructurales del sistema democrático ni en el respeto del pluralismo político. La exclusión de las formaciones políticas que representan tendencias tendencias hacia la igualdad sustancial y que se asientan, al menos formalmente, sobre la centralidad del trabajo como elemento imprescindible de la cohesión social en torno al cual gira la comunidad nacional, es un riesgo cierto entre nosotros, que ya se ha ensayado respecto de la división entre partidos “constitucionalistas” y los que supuestamente no lo eran, en razón de sus posiciones críticas respecto a la decisión de aplicar el art. 155 CE. Una exclusión que se ha defendido como eje del programa electoral del PP, Ciudadanos y por supuesto Vox, que no ha dudado incluso en prometer el fin de lo que llama la “dictadura” de los partidos políticos, que anuncia suprimir, en una reivindicación de la soberanía nacional que naturalmente es incompatible con nuestro marco constitucional. Por eso mismo no cabe la abstención o la dejación del derecho a votar que configura el sistema de una democracia de partidos. Es preciso mostrar un cierta generosidad comunitaria y elegir dentro de las opciones posibles. El voto es un acto de responsabilidad colectiva que no implica un juicio de reproche moral personal. Es nada más - y nada menos - que el ejercicio de una responsabilidad ciudadana.

Hay muchos más datos preocupantes que permiten realmente plantearse las elecciones del 28 de abril como un momento a partir del cual se pueden sentar dos líneas contrapuestas de desarrollo de las pautas de actuación del pluripartidismo que de manera definitiva se instala en el cuadro institucional público español. No resultará el futuro de la misma manera si el despliegue político de esta nueva práctica pluripartidista se efectúa mediante la declarada criminalización de los nacionalismos y la confinación en un espacio políticamente irrelevante a los partidos que defienden una visión reformista e igualitaria de la sociedad española, a aquella posibilidad de afirmar un método de gobierno abierto que revierta la pérdida de derechos laborales y sociales y que recupere elementos de libertad y de autonomía en el ejercicio de los derechos civiles y políticos de una buena parte de la población. 

Para ello es necesario, como se ha dicho hasta la saciedad, que la izquierda se fortalezca, que sea apreciada por la mayoría de la ciudadanía como la mejor forma de estar en democracia. Son el PSOE y Unidas Podemos las dos formaciones políticas a nivel estatal que se identifican con esta atribución del espacio ideológico. En ambas existen tendencias opuestas que ha dificultado el entendimiento entre ellas. En el PSOE hay una importante ala social liberal que no está a gusto con Unidas Podemos como socio de gobierno y que pronostica formas de acción típicas de la gobernanza neoliberal en sintonía con una parte de la inteligentsia de la Unión Europea y las instituciones financieras globales. La propia memoria histórica de los socialistas favorece una fuerte oposición a concordar el programa con la izquierda política de este país. A la inversa, la trayectoria histórica del PSOE como elemento básico de la consolidación de la flexibilización laboral y la modernización económica, su dependencia de los grandes centros de poder económico y financiero, han complicado de manera importante las posibilidades de entendimiento con su izquierda, primero Izquierda Unida y luego ésta y Podemos en el período 2015- 2016. Las mayorías logradas a partir de la moción de censura de junio de 2018 podrían, sin embargo, beneficiarse del apoyo externo a un programa de reformas que los sindicatos confederales han impulsado a través del diálogo social, y que también han resultado en gran parte defraudadas ante la incapacidad del gobierno de sacarlo adelante antes de la disolución del parlamento.

Por todo ello – y esta es también una reflexión electoral – es necesario que la implantación electoral de la izquierda no solo sea importante en su conjunto, sino que sume en cada uno de sus componentes, pues de lo contrario la capacidad de formalización de un programa reformista a partir del gobierno que surja del 28 de abril puede verse descompensada y finalmente desvirtuada si la asimetría entre el PSOE y Unidas Podemos es muy alta (de 1 a 3 por ejemplo). Votar en consecuencia es por tanto muy aconsejable si se desea, como es el caso, un horizonte de democracia social comprometida con la realidad y que reconozca a los sujetos sindicales su papel determinante en el gobierno de las relaciones de trabajo.

Aguardemos los buenos pronósticos. Unidas Podemos parece que remonta del lugar en el que le habían puesto las encuestas de comienzos de mes, y el PSOE sigue ostentando el primer puesto como partido más votado según esas mismas. Yo votaré a Unidas Podemos por las razones esgrimidas, y confío en que seamos muchos los que elijamos esta opción.

En un grupo de whastapp que ha creado mi amigo Angel Martín Aguado y en el que compartimos este espacio de la mensajería electrónica una serie de gens du métier, han incluido en la última entrega, a guisa de interpelación final, el verso de Gabriel Celaya cantado por Paco Ibañez, “España en marcha”. Nada mejor que  la primera parte de este poema para afrontar con optimismo la jornada de mañana.

ESPAÑA EN MARCHA

Nosotros somos quien somos.
¡Basta de Historia y de cuentos!
¡Allá los muertos! Que entierren como Dios manda a sus muertos.

Ni vivimos del pasado,
ni damos cuerda al recuerdo.
Somos, turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos.

Somos el ser que se crece.
Somos un río derecho.
Somos el golpe temible de un corazón no resuelto.

Somos bárbaros, sencillos.
Somos a muerte lo ibero
que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero.

De cuanto fue nos nutrimos,
transformándonos crecemos
y así somos quienes somos golpe a golpe y muerto a muerto.

¡A la calle! que ya es hora
de pasearnos a cuerpo
y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo.

jueves, 25 de abril de 2019

UNA JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS A LA PRECARIEDAD




El proceso de debate público que está acompañando el curso de las elecciones generales está siendo acompañado de la creación de espacios de análisis y reflexión sobre puntos centrales de la regulación social. Sobre la base de explicar el programa electoral, Unidas Podemos está llevando a cabo un enorme esfuerzo de pedagogía política, sobre la base tanto de un examen crítico de la realidad como de la enunciación posterior de alternativas concretadas en opciones precisas de política del derecho.

Uno de los temas más solicitados y frecuentados en este proceso de discusión es el relativo a la regulación de las condiciones de trabajo y empleo, lo que implica cuestionar el marco institucional actual, generado por las reformas laborales de 2010 y fundamentalmente del 2012, y que se resume en la alusión general a una situación de precariedad laboral. Sobre esta base, la candidatura de Unidas Podemos por la circunscripción de Ciudad Real, cuyo primer puesto de la lista lo ocupa el economista y profesor de la UCLM Jorge Uxó, ha organizado para el dia 25 de abril – un dia con enormes resonancias de antifascismo tanto en Italia como en Portugal – un encuentro universitario bajo la forma de una suerte de jornada de estudio que se celebra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCLM. En ella, tras una introducción general que ha efectuado la concejala de Ganemos Ciudad Real Prado Galán, se han abordado una serie de puntos centrales en la materia que constituía el objeto de este acto.

El primer tema ha constituido una reflexión sobre la centralidad del tiempo de trabajo en el contexto no sólo de las condiciones de existencia de las y los trabajadores, sino también en el de la creación de empleo. El tema del tiempo de trabajo y la reducción del mismo se interpreta en una clave múltiple, la relativa al dominio del tiempo en una propuesta de vivir, conciliar y trabajar, pero también en términos de impedir la discriminación por género y la protección de la salud laboral. Francisco Trillo ha examinado este aspecto fundamental en el proyecto alternativo que se pone en juego en este debate, enriqueciéndolo finalmente con el contexto de la irrupción de la digitalización y de la llamada economía de plataformas, criticando el marco de desposesión de derechos laborales que en estos “nuevos” trabajadores se lleva a cabo a partir de su calificación como autónomos, intentando rebajar el nivel de tutela a ciertos ( y escasos) derechos sociales. También en el filo del tiempo de trabajo, Maravillas Espín, de la Universidad Autónoma de Madrid, examinó la modalidad devaluada del contrato a tiempo parcial, subrayando su conexión con la precariedad laboral, su carácter mayoritariamente involuntario y no elegido, que expresa una neta segregación de género, para a su vez presentar las medidas correctoras de esta situación sobre la base de la proposición de ley del Grupo confederal de Unidos Podemos – En Comu Podem – En Marea contra la precariedad y por la estabilidad en el empleo que sin embargo no fue tramitada por el Congreso.

Un tercer grupo de materias correspondió a Joaquín Aparicio, catedrático emérito de la UCLM, que desgranó todos los elementos que conectan la tutela pública derivada de la Seguridad Social con la precariedad laboral, una relación que resulta agravada ante la aplicación de las políticas de austeridad derivadas de la gobernanza económica europea que ha tenido especial incidencia sobre la relación laboral. La última cuestión se centró en el significado del principio de estabilidad del empleo y su devaluación a través de las políticas de empleo que descausalizaron las figuras de contratación temporal e impusieron un horizonte de la composición segmentada de la fuerza de trabajo en términos de 2/3 y 1/3, una cuestión que se prolonga tras la gran crisis financiera y democrática que se padece en nuestro país entre el 2012 y el 2014.  Hay que tener en cuenta que según la última EPA que acaba de ser publicada, hay 12,124 millones de contratos indefinidos y 4,223 millones de contratos temporales, lo que supone una tasa de temporalidad del 25,29%, la más alta de la Unión Europea. Antonio Baylos fue el encargado de desarrollar este aspecto, junto con la enunciación del esquema de propuestas al respecto contenidas en la ya mencionada proposición de ley contra la precariedad y por la estabilidad en el empleo.

La intervención final de la Jornada la efectuó, como estaba previsto, el candidato a diputado por Ciudad Real, Jorge Uxó, resaltando las aristas más negativas de la precariedad sobre el empleo y sobre categorías especialmente vulnerables como la juventud y el género, y resumiendo y defendiendo los elementos centrales del programa de reformas laborales que presenta Unidas Podemos como eje de su alternativa política que defenderá en el Congreso de Diputados. Se trata de fortalecer la negociación colectiva y reducir la devaluación salarial sufrida durante estos últimos años, y recuperar la estabilidad en el empleo a través de los contratos indefinidos, que deben considerarse la relación normal de trabajo, no el último eslabón de un a carrera a la que se llega tras superar una concatenación de contratos temporales. Una apuesta por la revalorización de derechos fundamentales básicos, individuales y colectivos, derivados del trabajo, cuya centralidad política se reivindica como eje de la democracia y por la organización coherente de la cohesión social en torno a un potente sistema de seguridad social. Una propuesta de regulación que merece una atenta y favorable consideración por la ciudadanía que se debe pronunciar en las urnas el próximo domingo 28 de abril.



martes, 23 de abril de 2019

CONVERSACIONES TRAS EL DEBATE ELECTORAL: IRRACIONALIDAD DEL DISCURSO Y VOTO REACTIVO EMOCIONAL COMO PELIGROS




Es ineludible en estos días referirse a los debates sobre las elecciones generales del domingo 28 de abril. Los periódicos no hablan de otra cosa, en especial tras la mesa redonda de ayer lunes en RTVE entre los cuatro candidatos a presidir el gobierno y el de esta noche en Atresmedia. Hay muchos análisis sobre la forma de presentarse en el debate, la tonalidad adoptada, la diferente posición de cada uno de los dirigentes de las cuatro formaciones que debatían. También sobre los silencios – no el que de manera tan afectada como forzada mencionaba Rivera en su “minuto de oro” que resultó un tanto patético – que emergían del debate, fundamentalmente el que hacía deducir que la opción de gobierno PSOE – Ciudadanos es una posibilidad muy real que maneja el PSOE frente a la cual solo cabe para los votantes de izquierda de este país consolidar un fuerte grupo parlamentario de Unidas Podemos, tal como se desprendía de la reiterada y no contestada pregunta de Pablo Iglesias. El caso es que todos y todas – o al menos una gran mayoría de la población -  comentamos y conversamos a partir de estas discusiones públicas directa o indirectamente, hayamos o no visto el espacio de gran audiencia televisiva que luego es replicado y comentado por todos los medios de comunicación.

Se dice que los debates televisivos buscan ante todo captar el voto de quienes aún no han decidido su voto, y este enfoque es uno de los que se resaltan en los comentarios – además de los detalles sobre la presencia y la presentación de los respectivos programas – de manera que se valora el mensaje emitido y la capacidad de convicción el mismo. Muchas personas seguimos viendo en este ejercicio democrático que debería normalizarse sobre la base del nuevo diseño del sistema de partidos ya nunca más bipartidista una forma de generar un conjunto de informaciones para que la ciudadanía pueda elegir conscientemente entre los diferentes proyectos de sociedad que se le ofrecen y votar en consecuencia a las formaciones políticas con cuyos programas esté más de acuerdo. Por eso muchos insistimos en la necesidad de que los debates aborden las cuestiones más importantes para el conjunto de la sociedad, que se discutan por tanto elementos centrales de su configuración estructural, en especial lo relativo a la regulación de las relaciones laborales, las condiciones de existencia social y la seguridad frente a los estados de necesidad, la lucha contra la injusticia social, más aún en un momento histórico como el actual en el que se puede y se debe valorar el efecto que las políticas derivadas de la gobernanza europea generaron sobre la población española en términos de incrementar la desigualdad, imponer una profunda devaluación salarial y recortar derechos sociales.

Sin embargo, no es esa la orientación que se aprecia por parte de las fuerzas de la derecha, entendiendo por tales a Vox (ausente ayer del debate salvo en las escasas referencias que hicieron Sánchez y, marginalmente, Iglesias), PP y Ciudadanos, este último convertido en un líder del nacionalismo español más recalcitrante. Estas tres formaciones políticas que ayer propusieron un gobierno entre las fuerzas “constitucionalistas”, en el que incluían sin nombrarlo a un partido como VOX y excluían expresamente – incluso impidiéndoles entrar en el parlamento español mediante una modificación de la ley electoral – a los partidos nacionalistas, a la izquierda y al PSOE,  mantienen un discurso plenamente irracional, porque nadie puede pensar que el presidente del gobierno  del PSOE sea un peligroso radical que ha vendido España a los nefastos independentismos, catalán y “proetarra”, flanqueado de perroflautas, feminazis y comunistas, como normalmente se refieren a Unidas Podemos. Al margen de lo ridículo de la imagen, este planteamiento es plenamente ofensivo de una visión democrática del pluralismo político, porque se niega existencia política a las ideologías con las que se confronta el ideario reaccionario de las derechas. Nadie puede creer que esas fuerzas políticas quieran representar a España, considerando anti español a más del 50% del electorado, insultando y mintiendo descaradamente en sus afirmaciones.

El eje del discurso irracional de la derecha se basa en datos falsos y en afirmaciones plenamente discordantes con la realidad, con detalles verdaderamente risibles si no fueran indignantes: definir los presupuestos pactados con el grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem – En Marea y el gobierno del PSOE en octubre del 2018  como presupuestos “comunistas”, entender que gravar las rentas altas con un 50% es confiscatorio, o alegar el caso de un niño de diez años arruinado por no poder pagar el impuesto de sucesiones, como ejemplo que habilita la supresión de este impuesto, son unos cuantos detalles entre tantos otros de un debate público que causan vergüenza ajena por su pobreza intelectual y su sectarismo ideológico. No hablemos de la insistencia en el indulto de quienes aún no han sido condenados por rebelión/sedición o de la supuesta venta de España al independentismo sobre la base de haber entablado conversaciones con las autoridades de la Generalitat catalana, el insistente juego con los símbolos de la unidad patria, la enseña nacional y el resto de la parafernalia nacionalista y paramilitar en el que están incursos. Y el silencio – otro más – de estos partidos que se atribuyen la condición excluyente de “constitucionalidad” sobre el espionaje orquestado por un grupo de policías al servicio del poder público sobre Podemos para intentar alegar pruebas falsas sobre su financiación bolivariana o incluso iraní, que fue profusamente aireado por los medios de comunicación que no realizan ninguna autocrítica actual al conocer este hecho de manipulación instigada por el poder.

Cabe preguntarse si esta estrategia electoral que se apoya en esta exaltación irracional de falsedades y de imputaciones inexactas como pauta de actuación, alejándose conscientemente de un debate político sobre opciones de fondo tiene alguna razón de ser. Unai Sordo, en su muro de Facebook ha reflexionado sobre esta cuestión que suscita muchos interrogantes a la gente de izquierda, y ha entendido que este proceso busca promover una lógica del voto por negación en clave reactiva, en el que lo decisivo es votar contra algo, no en favor de un programa concreto. Lo explica muy bien de la siguiente manera: “Hay una reactividad latente, de emotividades, despolitizada porque ha segregado la idea con la que la persona configura su opción política (¿cómo organizamos lo común?) de su interés político (¿cómo me interesa a mí organizar lo común?). La información es fragmentada, sin relato continuo, dosificada a través de una especie de “puntillismo” virtual que a diferencia de los cuadros impresionistas no busca un resultado final armonioso, sino una especie de zafarrancho permanente. Ruido. Por eso cualquier majadería de barra de bar ha pasado a ser casi categoría política. Hay quien va a ir a votar como quien va a una cruzada contra la anti-España. Es decir contra quien creen que cuestiona el marco de seguridades, de simbologías, de certezas. Marco que el neoliberalismo, el individualismo, el nihilismo, la despolitización, han puesto patas arriba en las últimas décadas. Pero que lejos de identificar “el culpable” en esa hegemonía postmoderna del liberalismo globalizado, lo busca en su catálogo de enemigos que cuestiona sus certezas porque rompen algunos elementos de las mismas”.

Este hecho hay que ponerlo  en relación con la pulsión antifeminista que aparece en los discursos electorales de las tres derechas, con mayor énfasis en Vox, pero con importante seguimiento en los programas de gobierno de la Junta de Andalucía o en el propio argumentario del PP y de Ciudadanos, en el que se por otra parte se confronta un feminismo liberal al anticapitalista, una de las pocas veces en las que la noción de anticapitalismo asoma de manera explícita al debate. Este antifeminismo – a cuyas militantes Vox y Hazte Oir denominan directamente feminazis – supone un rasgo caracterizador único de la situación política española. En otras naciones de Europa en las que están irrumpiendo con fuerza posiciones nacionalistas de extrema derecha, el tema clave es el de la inmigración – y el discurso fundamental el de la xenofobia – pero nunca se ha comprometido contra el feminismo como sucede en la derecha española. Ésta pone más énfasis en la defensa del patriarcado que en la xenofobia racista. Es evidente que el elemento de transformación personal y a la vez con dimensión política más potente que hoy en día existe es el feminismo, y, que éste, como señala también Unai Sordo, cuestiona roles para quien no está preparado a asumir los nuevos modelos de masculinidad, de manera que negar, degradar y restringir el alcance de ese discurso feminista es clave para oponerse a todo aquello que puede poner en riesgo la estructura de poder básica en las relaciones privadas y personales, “nuestra forma de vida como españoles”. Y esa reformulación patriarcal de un lenguaje agresivo se desplaza hacia la reivindicación de elementos antropológicamente pintorescos y retrógrados, la religiosidad ante las imágenes sagradas, el desfile de los legionarios ante un cristo yacente, la quema de Judas en la Semana Santa, que se une a la exaltación de la caza, las corridas de toros. Una forma de construir el relato político muy alejado de los parámetros de la racionalidad política que domina las fuerzas de izquierda.

Lo importante, en realidad, es que en este contexto las propuestas socioeconómicas de las derechas están pasando casi inadvertidas. El despropósito en el que éstas incurren respecto a la bajada (y eliminación) de impuestos es evidente, con lo que esto significa de carencia de financiación de las prestaciones sociales y de los servicios públicos. Si lo llevaran a efecto, provocarían un nuevo descenso de los recursos públicos para luchar contra la desigualdad y pondrían en riesgo importantes partidas de los presupuestos sociales. Realmente este programa económico, cuyas consecuencias se falsean voluntariamente en un patético ejercicio de falsedad e ignorancia, conduce a la contracción violenta del Estado social y a la reducción significativa de programas y prestaciones sociales. No hablan tampoco explícitamente de la debilitación de las garantías de empleo y la consolidación de la precariedad laboral – y social – como base del modelo económico que se quiere promover, pero este es el eje de su programa, que sin embargo no se pone al descubierto. La intensidad neoliberal de este proyecto de las derechas quiere profundizar en los aspectos más regresivos de la reforma laboral del 2012, sin que a su vez, por parte del PSOE quede clara la voluntad de modificar de forma radical el cuadro normativo en materia de relaciones de trabajo.

Se está construyendo una realidad virtual alimentada de fogonazos inconexos y de información segmentada, sesgada e intencionalmente falsa, que se relaciona con los miedos, recelos, inseguridades o fallos que cada cual, individualmente, alimenta en este tiempo de post-crisis del que no se vaticina fácilmente la salida colectiva. El análisis de la situación actual no lleva consigo una hipótesis de transición social articulada en torno a un nuevo sujeto político que trascienda la forma partido, ni se prevé un proceso de subjetivización nuevo más allá de las categorías abstractas y formales que tienen una categorización político-democrática pacíficamente aceptada, como la de ciudadanía, pero a su vez dotada de enormes problemas de determinación desde la complejidad de una clase – la clase trabajadora – en mutación. El espacio electoral hoy se encuentra sometido a una serie de pulsiones que construyen el relato y la resultante elección política muy alejados de las coordenadas de un pensamiento democrático todavía anclado en la modernidad tardía del siglo XX. Ya veremos en qué medida este hecho influye en las elecciones del próximo domingo.

Mientras lo comprobamos, no cejemos en solicitar el voto. La participación democrática siegue siendo un eje central en la construcción de nuestros sistemas políticos. Y escuchemos / visionemos el debate de esta noche para seguir construyendo el relato progresista e igualitario que el país necesita pese a la irracionalidad reactiva y emocional del discurso de las derechas. Continuará / à suivre…




sábado, 20 de abril de 2019

ACTORES QUE PRODUCEN EL DERECHO DEL TRABAJO



Cuando se habla de la legislación laboral, lo más frecuente es incidir en la descripción y crítica de los contenidos de la ley, o las implicaciones de una determinada sentencia. A propósito de las reformas laborales que arrancan con la crisis financiera del 2009 y culminan con la gran crisis democrática de la gobernanza europea entre el 2011 y el 2013, la gran mayoría de los comentarios se han centrado en explicar el alcance y los objetivos de las normas promulgadas en este período de excepción política y social, en criticar la respuesta del Tribunal Constitucional ante los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, y en ponderar la repulsa que estas normas cosecharon en otros ámbitos internacionales, desde la OIT a la Carta Social Europea y posteriormente en glosar las línea interpretativas cambiantes de la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto. Este suele ser el cometido de los juristas del trabajo, que por tanto reflexionan y comparten sus apreciaciones sobre el contenido de la normatividad vigente, sobre sus categorías e instrumentos.

Sin embargo, no suele ser común que este sector profesional se dedique a reflexionar sobre los actores que pueblan los diversos campos de producción del Derecho del Trabajo, intentando una sociología jurídíca sobre éstos. Aprovechando estas pequeñas vacaciones de primavera que en España coinciden con la Pascua cristiana y que nosotros denominamos, quizá en un exceso lingüístico, como Semana Santa, el titular del blog ha podido leer un estudio de Laurent Willemez titulado Le Travail dans son droit,  (LGDJ, 2017) que, como señala el subtítulo, contiene un ensayo de sociología histórica del derecho del trabajo en Francia desde 1891 al 2017, que pretende describir los procesos que muestran cómo nace, se desarrolla y se institucionaliza esta disciplina reconstruyendo los momentos más significativos en torno a los cuales emergieron nuevos paradigmas en este subsistema de la ciencia jurídica, a partir de la influencia de lógicas extrínsecas y discursos emprendidos por los actores más relevantes en el campo jurídico, dentro de los combates ideológicos y profesionales que caracterizan este sector.

Pensar el derecho del Trabajo a través de los actores que le dan vida, es decir, que lo producen y lo consumen, es una perspectiva bien atractiva para el jurista del trabajo, teniendo en cuenta que la producción del derecho laboral implica también su “consumo”, en el sentido que los operadores jurídicos, que son quienes “consumen” el mismo, producen a su vez categorías jurídicas utilizándolas, transformándolas o modificándolas.

Los campos de producción del Derecho del Trabajo sobre los que transitan los correspondientes agentes son, para el autor francés fundamentalmente dos, el campo académico de la doctrina científica y el campo del poder, entendiendo éste como un recinto en el que se encuentran los profesionales de la política – parlamentarios y ministros, altos funcionarios del Ministerio de Trabajo y consejeros ministeriales especialistas en lo social – y los asesores a su vez de los diputados y senadores. En el caso español, esta delimitación tendría que tener en cuenta la estructura territorial del Estado y por consiguiente incluir en este campo de la producción normativa laboral a los gobiernos y asesores de las Comunidades autónomas. En su concepción, los miembros de los altos tribunales – el Consejo de Estado y la Corte de Casación – forman también parte de estos espacios jurídicos que se consideran, a los ojos de los juristas, como los “lugares naturales” de producción del derecho.

Sin embargo, si esta propuesta la hubiera realizado actualmente un autor español, es posible que hubiera alterado este esquema, de forma que entendería que fundamentalmente los campos de producción del derecho del trabajo serían esencialmente el derivado del poder político, en parecidos términos a los que podrían referirse en Francia incluyendo por consiguiente a la capa de técnicos insertos en una cierta noblesse d’Etat, pero añadiría como el segundo campo jurídico por orden de importancia la jurisprudencia, tanto la de los altos tribunales como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, como la del resto de tribunales, tanto la Audiencia Nacional como la jurisprudencia de suplicación de los TSJ de los distintos territorios autónomos. Sólo en un tercer lugar habría añadido el campo académico, como un campo subsidiario entre otras cosas porque desde hace mucho tiempo, una buena parte de la doctrina se dedica a explayarse y glosar las decisiones de los tribunales ordinarios como única y fundamental labor científica.

Lo cierto es que otros espacios sociales, campos de la acción social, instituciones y grupos profesionales participan de forma muy activa en la fabricación del Derecho del Trabajo. Ante todo el campo sindical, que no sólo interviene directamente en la producción de las categorías jurídicas a través de la negociación policía y el diálogo social, sino que articula un sistema de reglas y de normas a través de la negociación colectiva que resulta fundamental, tanto en lo que aporta al esquema regulativo general como en lo que muestra sus carencias, endógenas y exógenas, sus insuficiencias y sus aciertos. Por último, su trabajo de presión a través de movilizaciones y conflictos sociales y laborales es decisivo a la hora de introducir reglas y prácticas en el conjunto de las relaciones laborales. La actividad jurídica cotidiana que lleva a cabo el sindicato ha sido además una fuente directa de tecnificación y de profesionalización de la organización sindical y exhibe una muy alta competencia técnica con una estrategia de actuación coherente con el proyecto general que el sindicato quiere llevar a cabo, con inmediatos efectos sobre la capacidad organizativa sindical.

Las profesiones jurídicas y judiciales, las personas que se dedican a la abogacía y a la magistratura, los graduados en relaciones laborales, el personal de los servicios de recursos humanos de las empresas, los inspectores de Trabajo, todos ellos en su conjunto desarrollan y promueven un dominio jurídico propio, una profesionalidad alrededor del Derecho del Trabajo que articula lazos y conexiones entre los diferentes actores, de una cierta geometría variable y con una intensidad diferente, también en función de la coyuntura histórica y del ciclo político en el que se hallen.

Actores que participan en un proceso de producción de un conjunto inmaterial de saberes y de prácticas que llamamos derecho del trabajo que además de expresarse en instrumentos concretos que viabilizan un discurso relativamente cerrado, como el texto legal o la sentencia, busca también desplegarse en lugares neutros (revistas científicas, coloquios, conferencias) que posibilitan una comunicación circular entre estos actores entre impulsos de autoafirmación y de autorreferencia, ciertamente, pero también como expresión libre de la propia teoricidad doctrinal, la capacidad de elaboración de un discurso colectivo sobre la base de posiciones ideológicas y de análisis críticos confrontados y la apertura de debates amplios sobre los paradigmas centrales que orientan el desarrollo del derecho del trabajo. Prolongado en los discursos que sostienen las decisiones judiciales y las normas estatales, la intersección de las líneas de debate mantenidas, la confrontación de intereses y de posiciones, explica en gran medida la institucionalización, la invención y la consolidación del Derecho del Trabajo en cada momento histórico concreto. De ahí que la acción de estos diversos sujetos que pululan en los campos jurídicos precisados determine la resultante de la dirección que éste conjunto de reglas y prácticas debe ir recorriendo, así como la importancia para los agentes que provienen del campo sindical en estar presentes en estos espacios “neutros” para asegurar su compromiso con un derecho del trabajo que organice y tutele derechos individuales y colectivos derivados del trabajo.

El Derecho del Trabajo es a la vez el producto de una coyuntura intelectual, académica, política y social, como resultado de actividades cotidianas de redacción de contratos de trabajo, de consultas jurídicas ante asesores sindicales o estudios de abogados, de presentación de demandas, de redacción de artículos doctrinales o de escritura de sentencias o de autos. Reconstruir ese trabajo jurídico cotidiano en una perspectiva histórica es el horizonte en el que se inscribe la obra de Willemez, que se interroga tanto por los actores que producen las categorías jurídicas como por los instrumentos e instituciones socio-cognitivas mediante los que se difunden éstas y que tienen actualmente una gran variedad: revistas, manuales, monografías, sitios de internet, blogs, facultades universitarias, cursos de formación sindical, etc. Es un trabajo ambicioso, que obviamente no puede llevarse a cabo por una sola persona. Sólo cabe abrir pistas, ofrecer indicios para nuevas vías de investigación en el futuro que permita avanzar en una sociología histórica del Derecho del Trabajo que una sociología, ciencia política, historia y ciencia jurídica. Una sugerencia que es extremadamente atractiva para proceder a seguirla en los estudios españoles sobre el Derecho del Trabajo.




miércoles, 17 de abril de 2019

LOS DEBATES DE LA PASCUA ELECTORAL: LA (NO) PRESENCIA DE LA REFORMA LABORAL EN LOS MISMOS.




Vivimos en el tiempo de la Pascua, lo que en España tradicionalmente se ha denominado Semana Santa, que por las circunstancias del calendario se ha convertido en un tiempo destinado al debate entre los partidos políticos con vistas a las elecciones generales del 28 de abril. Los periódicos y las televisiones, las redes sociales y los comentarios en los bares, están repletos de alusiones a los discursos o simplemente ocurrencias de los diferentes líderes políticos, ante todo los de la triple derecha en liza, especialmente llamativos, o a glosar los debates que, por el momento, tienen una marcada presencia femenina, a la espera del encuentro final y muy relevante de los primeros espadas, expresión taurina muy utilizada para describir a la presencia masculina de los líderes de las respectivas formaciones políticas de mayor relieve.

Los resultados hasta el momento de los debates electorales arrojan una visión no muy halagüeña para una parte de la ciudadanía especialmente vinculada a la problemática relativa a la cotidianeidad de sus condiciones de existencia social, marcada necesariamente por el trabajo y su regulación legal y colectiva como fuente de derechos individuales y colectivos. Por una parte la derecha en su doble personificación, como PP y como C’s, no ha llegado a explicitar en estos debates cuál es su proyecto regulador sobre el trabajo, centrados como se hallan en una obsesiva cruzada contra el gobierno de Sánchez y el bloque político que le sostiene, al que motejan de “comunistas”, “chavistas”, “proetarras” e “independentistas” (o “golpistas”). Lo único que asoma de este proyecto es la reducción generalizada de impuestos, lo que sugiere un mayor adelgazamiento del Estado y una minoración de la capacidad de éste de prestar servicios públicos de calidad, pero sin que este tema se evidencie de forma expresa, ante la obsesiva y reiterada alusión a la cuestión catalana como eje decisivo de su afirmación nacionalista (españolista) y la consideración brutal de los acusados del gobierno catalán del 1-O como condenados por “golpismo”  -sin que nadie mencione, faltaría más, la presunción de inocencia de estos ciudadanos y ciudadanas hasta que no haya sentencia firme- de los que se sospecha que habrán de ser indultados por un futuro gobierno socialista en coalición con Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas. El debate que se ha visto insiste en la denigración del feminismo, con intervenciones especialmente desafortunadas de la representante del PP sobre el tema de la violación, y en la proyectada reforma de la estructura territorial del Estado mediante la imposición de un modelo rígidamente unitario que es dudoso que sea compatible con la interpretación más restrictiva del marco constitucional español respecto de la configuración de las autonomías políticas de los territorios que la componen, en especial respecto de las nacionalidades que reconoce el art. 2 CE.

El tema de los servicios públicos de la sanidad y de la educación, las materias de protección social, seguridad social y pensiones, ayudas a la dependencia, han sido los elementos que más han construido el discurso propositivo de la izquierda – entendiendo por tales tanto a Unidas Podemos como al PSOE – así como el de las fuerzas nacionalistas como ERC – que sin embargo no ha explicado su rechazo a los Presupuestos Generales que incorporaban importantes medidas sociales – y como el PNV, al que tradicionalmente se sitúa en el área de la derecha política, aunque como se puede comprobar éste es un juicio extremadamente precipitado al menos en el contexto actual de una constelación de fuerzas como PP, C’s y Vox que se disputan el área de la extrema derecha y la perspectiva neoliberal más dura, mientras reclaman para si el calificativo de derecha o centro derecha.
 
En el tema de las pensiones, sin embargo, los matices son importantes entre la perspectiva de Unidas Podemos y la del PSOE, en gran parte por la ya conocida incapacidad del gobierno socialista de llevar a cumplimiento una buena parte de los compromisos pactados con el grupo parlamentario Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea sobre el tema, y que convergía con las reivindicaciones sindicales centradas en la revalorización de las pensiones conectadas al IPC y la eliminación del factor de sostenibilidad tal como había sido anticipado en la reforma del 2013 por el PP. La inacción del gobierno antes de la convocatoria electoral hace que ahora el PSOE recupere lo que constituyó el incumplimiento del acuerdo político y presupuestario como un elemento enarbolado en el programa electoral que asegura se cumplirá en el próximo gobierno. Para Unidas Podemos por el contrario, el tema de las pensiones sigue siendo uno de los elementos que caracterizan su propuesta reivindicativa y su proyecto de gobierno, junto con elementos muy característicos de su programa que hacen referencia a la progresiva elaboración de garantías reales al derecho a la vivienda, a la construcción de la transición ecológica y energética, o la creación de una renta básica, además de los más conocidos propósitos de modificación del sistema impositivo y de establecimiento de un tributo especial sobre la banca que posibilite la devolución de las ingentes cantidades de dinero público invertidas para evitar su quiebra en ocasión de la crisis financiera del 2009-2010.

Este es el horizonte social del debate político. Y sin embargo nadie habla – ni siquiera se propone en el debate por los organizadores del mismo – del planteamiento que las fuerzas políticas en presencia tienen frente a la reforma laboral. Un objetivo largamente rescatado por parte de los sindicatos CCOO y UGT y que también formaba parte de los acuerdos a los que el gobierno Sánchez había llegado con la izquierda política y cuyo cumplimiento posteriormente declinó sobre la base de la dificultad de encontrar una mayoría en la Diputación Permanente, lo que se vió desmentido por los hechos respecto de los sucesivos Decretos Leyes que había ido promulgando en materia social, como se analizó en este mismo blog en este enlace La irreversibilidad de la reforma laboral. El problema de fondo lo plantea la posición del PSOE respecto de la capacidad de la patronal española de imponer un veto insuperable a cualquier iniciativa legislativa que no cuente con su aquiescencia, de manera que los acuerdos a los que llegó el gobierno en diciembre del 2018 con los sindicatos confederales respecto de la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, no podrán ser llevados a cabo ante la sumisión del PSOE a los dictados de la CEOE-CEPYME en esta cuestión. No es una afirmación gratuita. El portavoz económico del PSOE y secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, lo ha afirmado sin ambages, de manera rotunda, “No cambiaremos la reforma laboral sin consenso con la patronal”, y esta afirmación, como es natural, ha subido a los titulares de los periódicos (No cambiaremos la reforma laboral sin el consenso patronal/).

Es evidente que en este punto los sindicatos de clase tienen que decir algo y manifestar su opinión respecto de esta afirmación tajante del PSOE que no ha sido desmentida por ningún exponente de este partido, dejando por cierto en muy mal lugar no sólo a la cesante Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que se comprometió por activa y por pasiva en múltiples ocasiones a llevar adelante el acuerdo estipulado con los sindicatos, sino al propio Gobierno que llegó a un acuerdo en este sentido con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos y las confluencias, de donde se puede inferir que el incumplimiento del mismo estaba directamente relacionado con el veto de la CEOE-CEPYME al mismo, aunque no se hiciera explícito que ésta fuera la causa de tal inobservancia. Es también seguro que Unidas Podemos y sus confluencias harán valer su peso electoral – si éste es suficiente para consolidar un gobierno de progreso – para que el tema de la reforma laboral – como el de redactar un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI – sea uno de los ejes centrales de la actuación del poder público tras las elecciones generales, y que por tanto desde la perspectiva sindical este elemento debe pesar en la valoración de las preferencias electorales de sus afilados y afiliadas y las de las y los trabajadores que entran dentro de su ámbito de influencia.

Pero lo más significativo es que el tema de la reforma laboral se haya evitado en los programas que van a enfrentar a los distintos adversarios políticos en los grandes debates televisados, es decir que este tema no se considere incluido dentro de los grandes problemas que contsruyen hoy la encrucijada democrática en la que nos encontramos. Es posible que la “escaleta” del debate deba estar pactada y sea inmodificable, pero no se debe considerar un ruego impertinente que se presione por parte de los partidos políticos que acudan al mismo para su integración en alguno de los apartados a tratar. Que se debata del diseño que se quiere para las relaciones laborales en este país y que los principales partidos políticos se posicionen ante este tema es a buen seguro una intención compartida no sólo por el texto de la entrada de hoy de este blog, sino por todas y todos sus amables lectores, además de por todas las personas que están interesadas en saber cuál es la propuesta reguladora de las relaciones de trabajo que sostienen las fuerzas políticas en liza.

Para muestra, basta un botón. En Ciudad Real, el próximo 25 de abril – día de grandes resonancias democráticas de la derrota de los fascismos italiano y portugués – discutiremos en Ciudad Real, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCLM, junto con los candidatos de Unidas Podemos Jorge Uxó y Prado Galán, sobre las alternativas a la precariedad laboral. El programa, que este blog adelanta en primicia es el siguiente:

JORNADA-COLOQUIO: ALTERNATIVAS CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES (AULA 0.01)
25 DE ABRIL DE 2019

PROGRAMA:
10,00h. Empleo y desempleo: alternativas y experiencias.
Prado Galán, Concejala del Grupo Municipal GANEMOS-CR. Candidata al Congreso UNIDAS PODEMOS por la provincia de Ciudad Real.
10,30h. Tiempos de trabajo y de vida en la era digital.
Francisco Trillo, Prof. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UCLM).
11,00h. Trabajo a tiempo parcial, desigualdad y precariedad.
Maravillas Espín, Profa. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad Autónoma de Madrid).
11,30h. La Seguridad Social ante a la precariedad laboral.
Joaquín Aparicio, Catedrático Emérito Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UCLM).
12,00h. Contra la precariedad laboral, estabilidad en el empleo.
Antonio Baylos, Catedrático Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UCLM).
12,30h. Combatir el desempleo juvenil.
Jorge Uxó, Prof. Teoría Económica (UCLM). Candidato al Congreso UNIDAS PODEMOS por la provincia de Ciudad Real.

Naturalmente quedan todos y todas invitadas a este acto. Otros muchos más jalonarán el mapa de los encuentros electorales en este período electoral. Organizados desde los sindicatos, otras organizaciones sociales o, como el que se ha reseñado, desde los propios partidos políticos en liza. Pero en todo caso, la presencia electoral de la reforma laboral debe ser asegurada como un elemento decisivo para la formación del juicio político y ciudadano que condicione el voto el próximo 28 de abril.


jueves, 11 de abril de 2019

EL FUTURO DEL TRABAJO QUE QUEREMOS: UN DEBATE GLOBAL QUE RESUME JAIME CABEZA




Se han efectuado el 10 y 11 de abril en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, con el apoyo y promoción del Departamento de Justicia y Trabajo del gobierno de Euskadi, un Encuentro internacional en el marco de los debates sobre el futuro del trabajo que ha impulsado el centenario de la OIT. El Encuentro fue inaugurado por el Lehendakari Iñigo Urkullu y han participado una larga serie de profesores y profesionales nacionales e internacionales junto a la participación de todas las fuerzas sindicales – un suceso excepcional en los eventos en Euskadi, donde la división sindical hace muy difícil la coincidencia – ELA, LAB, CCOO y UGT, con la patronal Confebask, en una sesión dedicada al análisis de la negociación colectiva y el diálogo social y las perspectivas en el Pais Vasco que ha presidido Tomás Arrieta, presidente a su vez del Consejo Vasco de Relaciones Laborales y ha presentado Noé Cormago, Director Científico del IISJ.

El Encuentro ha permitido un debate muy amplio, diverso y rico sobre las conversaciones en torno al tema del futuro del trabajo que han ido conformando el debate sobre el centenario de la OIT. Jaime Cabeza, como Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tuvo encomendada la tarea de hacer una intervención de síntesis sobre el debate desarrollado que se reproduce en rigurosa primicia en esta entrada del blog.

El centenario de OIT sucede en un momento de cambio de época. Suscita el debate esencial del futuro del derecho del trabajo, a partir de una serie de circunstancias concurrentes: el impacto tecnológico, el desarrollo de las cadenas de suministro, la expansión de la economía de plataforma, la transición energética desde el carbono a energías alternativas, el profundo cambio demográfico que afecta desigualmente en unas regiones y otras del planeta, las tendencias migratorias crecientes o la rebelión definitiva de las mujeres contra su posición históricamente subordinada producto, en no pequeña medida, de la desigual distribución del trabajo no remunerado.

El informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo presentado en enero 2019 bajo el título “Trabajar para un futuro más prometedor” aborda las reflexiones necesarias para que se lleve a la Conferencia del Centenario un debate tripartito lo suficientemente rico y denso como para generar un nuevo mandato, en forma de Declaración que responda a los desafíos de nuestro tiempo. Las diez propuestas fundamentales de la Comisión encauzan los desafíos principales para generar las condiciones necesarias del trabajo decente en el ámbito global.

En contraposición a la utopía de la reducción y desaparición del trabajo, se sitúa la distopía de un espacio creciente del trabajo forzoso y de nuevas esclavitudes. Tal vez finalmente prevalezca la utopía, pero en el corto y medio plazo se amplían modalidades de trabajo coercitivo, es decir, no totalmente libre. Una coerción que aglutina trabajos que nunca se considerarían esclavos, pero que generan amplios espacios de indefensión. Y que también es característica de los países más desarrollados, que asisten a una descomposición paulatina de los derechos de los trabajadores.

La desregularización del trabajo como resultado de la crisis en los modelos de protección (desregulación legislativa, debilitamiento de la concertación social, de la negociación colectiva y de la acción sindical) deja en evidencia la disparidad entre las relaciones de fuerza existentes (basadas en desigualdades no sólo económicas, sino también de género, de estatus migratorio, etc.) y entre las relaciones de poder amparadas en otras normas distintas al derecho del trabajo (libertad contractual, libertad de empresa, derecho de propiedad). En este contexto, se hace necesario transformar el derecho más alla de categorías y dicotomías existentes para proteger bienes jurídicos conocidos (dignidad e igualdad en el trabajo) de acuerdo con las nuevas condiciones de globalización, digitalización de la economía, flujos migratorios, etc.

El trabajo remunerado es imprescidible para asegurar una existencia libre, independiente y digna. La discriminación de la mujer se produce por una concatenación de elementos que distorsionan la relación de trabajo, en cuanto al acceso al empleo, a las condiciones de trabajo, y las carreras profesionales. La atención a la familia y al hogar produce una segregación muy intensa en la sociedad. Genera una barrera de dificultades en el empleo y la ocupación. Segrega la ocupación de hombres y mujeres y confina a éstas en los segmentos laborales más débiles. Pues el conflicto trabajo/familia es social y sistémico. Como respuesta, hay que reconocer en todo su valor el trabajo familiar y profesionalizarlo, integrarlo en la Seguridad Social y considerarlo en el PIB. Y tiene que prevalecer el discurso de la corresponsabilidad entre ambos sexos. No valen las técnicas de derecho privaso, sino que el Derecho Público tiene que aportar toda su capacidad transformadora.

Las condiciones de trabajo se relacionan estrechamente con los estereotipos. Las dificultades de conciliación, la discriminación retributiva, la promoción profesional y la violencia y el acoso en el trabajo debe superarse mediante un reconocimiento de derechos específicos a la las mujeres. El problema salarial no es la brecha en sí misma, sino la discriminación hacia las mujeres, que se concentran en las ocupaciones mal valoradas y retribuidas. La estructura salarial, en particular ciertos complementos, perjudica gravemente la igualdad, como lo hace la escasa presencia femenina en puestos de especial responsabilidad y más alta compensación económica. En empresas feminizadas los salarios son más bajos. Los permisos por maternidad y por cuidados castigan severamente la equiparación salarial. Por otra parte, a la mujer le resulta más difícil ascender y ejercer liderazgo. La lucha contra esta situación pasa por técnicas varias, sin renunciar a las acciones positivas y a las cuotas. Y, en el trasfondo, la violencia y el acoso por sexo y por género son la forma más abrupta de discriminación. Es esperanzador que OIT apruebe en en centenario un Convenio al respecto.

Es necesaria la intervención del Estado y de los poderes públicos para combatir las situaciones indignas e injustas en el mundo del trabajo. Los mecanismos de políticas públicas con finalidad de transformación de las desigualdades (que se fundan sobre estereotipos, jerarquías sociales, y otros factores) no deben aspirar simplemente a “amortiguar” las desventajas (como, por ejemplo, la conciliación o el tiempo parcial, convertidos en auténticos ghettos de la discriminación de género). Recuperar en el ámbito del trabajo y del derecho de trabajo, la centralidad de la idea de “decencia” (o dignidad) que pone al ser humano, al trabajador al centro de la acción política (tanto de los poderes públicos  como de partes sociales) constituye un reto irrenunciable.

El desarrollo de internet y de las tecnologías móviles, junto con las posibilidades abiertas por el avance del big data, de la robótica y de la inteligencia artificial han provocado una nueva revolución tecnológica, que acentúa algunos fenómenos ya conocidos, como el de la globalización y la descentralización productiva, pero también plantea nuevos retos para la consecución de un modelo de trabajo decente para todos. La dignidad del trabajador en el contexto de las innovaciones tecnológicas requiere de transparencia en el tratamiento de datos y de trazabilidad humana en las decisiones tecnológicas.

Las herramientas que permiten una captación, gestión y tratamiento masivo de datos han sido tradicionalmente aprovechadas por las empresas como un instrumento clave en la configuración de sus relaciones con los clientes y con el mercado en general. En los últimos tiempos, estas nuevas posibilidades de gestión de la información también están provocando cambios en el propio proceso de producción, al que se incorporan de manera creciente las innovaciones de la robótica y la inteligencia artificial, provocando un espacio compartido en el que se acrecienta la relación hombre-máquina. Asimismo, se difuminan las fronteras entre ejecución del trabajo y privacidad y aumentan los instrumentos de control de la actividad laboral. En este contexto el trabajador corre el riesgo de convertirse en un mero engranaje del proceso productivo respecto del cual el empresario tiene una capacidad omnipresente de control. Pero no todo lo tecnológicamente posible es lícito. La transparencia y la finalidad legítima en la información al trabajador sobre los mecanismos de vigilancia y tratamiento de datos en la empresa constituyen criterios insoslayables. Además, se hace necesario incorporar un enfoque ético en el diseño de estos nuevos sistemas de gestión de la información y en el desarrollo de la robótica.

La recuperación del concepto de pleno empleo como trabajo de calidad para todos, en contraposición con paradigmas liberales que preconizan una ocupación carente de los estándares mínimos de dignidad y de calidad, y siempre al albur de los designios de la economía, debe basarse en la recuperación de derechos y del poder negociador de los trabajadores. El desempleo no puede confiarse a la responsabilidad individual de las personas, ni a la difamación de los desempleados como sujetos que merecen su situación. El desempleo no puede implicar autoempleo involuntario, sino trabajo de calidad. De fondo late un debate en torno al propio concepto del pleno empleo que ha experimentado una evolución, desde su formulación originaria, centrada en la consecución de más empleos que trabajadores, hasta las formulaciones más modernas en las que tienen un mayor peso las teorías macroeconómicas de contención del gasto y que consideran que el crecimiento económico traerá consigo el pleno empleo. En este cambio de paradigma se produce también una pérdida del protagonismo del sindicato como agente esencial para la consecución del objetivo del pleno empleo. La OCDE y la UE han asumido este nuevo enfoque del concepto de pleno empleo y en sus políticas adquieren un peso trascendental cuestiones como la adaptabilidad y la descentralización de la negociación con el fin de crear empleo, sin afectar la inflación y aunque no sea de calidad. Así contextualizado el debate, la OIT ha de erigirse, de acuerdo con sus principios de trabajo decente, en la impulsora de una política de pleno empleo en su sentido auténtico, que garantice empleo para todos, de calidad y que tenga en cuenta el papel central de la negociación colectiva sectorial para garantizar unas condiciones de trabajo mínimas para todos los trabajadores.

A pesar de haberse reducido los índices de siniestralidad, la seguridad y salud en el trabajo es una asignatura pendiente, como demuestran tozudamente los datos. No hay trabajo decente si no es seguro y, para que sea seguro, debe cumplirse la normativa de prevención de riesgos. Las empresas han de contemplar la prevención de riesgos entre los valores fundamentales e integrarla en su gestión ordinaria. Hay que tomar conciencia de que la prevención de riesgos repercute en la vida de sus trabajadores, fortalece su autoestima y genera una sensación de bienestar. La formación específica de cada puesto de trabajo es crucial, en particular en las nuevas incorporaciones de trabajadores. Y la negociación colectiva constituye el instrumento fundamental en esta materia, para dotar de sustantividad propia la normativa general.

Los programas estratégicos de la Comisión Europea en materia de seguridad y salud en el trabajo incluyen 3 retos básicos: la aplicación de la legislación, la reducción de las enfermedades profesionales y la garantía de la salud hasta la edad de jubilación. Para el cumplimiento de estos retos se establecen 7 objetivos estratégicos, entre los que destaca el apoyo práctico a las micro y pequeñas empresas. En particular, debe destacarse el gran desafío que resulta la salud y la lucha contra las enfermedades laborales, pues más del 85% de los fallecimientos son debidos a las mismas.

Las nuevas formas de organización del trabajo determinan las reglas sobre seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. En ellas, el lugar de trabajo tiende a asumir una importancia cada vez más marginal. Si la informatización y las nuevas tecnologías lo permiten, es claro que la ecuación de organización-lugar de trabajo puede desvanecerse y la organización en la que el trabajador realiza su actividad debe entenderse sobre todo como el conjunto de reglas, a través del cual se realiza el proyecto productivo en beneficio del empleador o del cliente. No es un paradigma central la entidad física correspondiente a un lugar o centro de trabajo. De ahí la necesidad de pensar en reglas de seguridad capaces de seguir al trabajador y que ya no estén vinculados a un lugar físico específico. Esto es, seguridad del trabajador en lugar de seguridad en el lugar de trabajo.

La OIT debe esclarecer hacia donde quiere caminar y tiene que seguir orientando el concepto del trabajo decente. Deviene necesario cuestionar su prevalente orientación fabril e industrial, la propia configuración tripartita y el peso de los Estados, los localismos y reducir la ingente burocratización. Urge trabajar en una recomposición de los actuales convenios y repensar la diferencia entre Convenios de derechos fundamentales y Convenios técnicos para incluir entre aquéllos los relativos al derecho a la salud, a la vida digna, y a la seguridad social. Sería deseable la redacción de un código de normas y acometer una simplificación y actualización de las existentes, para proseguir con una revisión de la eficacia y nivel de cumplimiento de los estándares internacionales. La renovación debe dirigirse a afrontar retos actuales como la precarización, los problemas asociados a las subcontratas, las cadenas de suministros, y las nuevas formas de empleo aparecidas con la digitalización.

La era digital ha traído consigo un cambio de ciclo político en el que se perpetua la explotación violenta de los trabajadores, de la mano de un reforzamiento de la unilateralidad empresarial en la ordenación de las relaciones laborales. La irrelevancia del hecho sindical asoma, pero tal vez solo como aspiración de los poderes dominantes. Se cuestiona la propia institución del sindicato y el rol de la negociación colectiva. Se asiste a una individualización del trabajo y a una descentralización del proyecto contractual, en detrimento de una autonomía colectiva. No obstante, difícilmente podrá hablarse de trabajo decente en un contexto de ruptura de la bilateralidad. La negociación colectiva en el sector no puede ser subalterna a la negociación colectiva de empresa.

La nueva empresa aparece como un ente deslocalizado y difuso, en el que no sólo desaparece la prestación en un lugar determinado sino que resulta difícil incluso ubicar e identificar al empresario, que aparece ahora como sujeto de identidades diferentes. Precisamente, ante estas empresas opacas y no transparentes, el sindicato debe irrumpir para romper con esa opacidad. En relación a  la huelga como forma prioritaria de la expresión del conflicto, ya no interesa tanto desorganizar la producción sino demostrar y exhibir el conflicto para movilizar la opinión pública.

La participación, basada en la ida de democracia industrial, plantea el reto de la gobernanza en la empresa. Quizá pasó so momento de esplendor tras la II Guerra Mundial, pero ha dejado huella en distintos mecanismos de participación. Hay que preguntarse si el trabajador puede ser coaptado por los nuevos mecanismos de participación. Tal vez sea necesario repensar el Convenio 135 y la Recomendación 143, ahora que casi alcanzan el medio siglo.  La subordinación de las estructuras selectivas a las sindicales ha sido tal vez su orientación básica. En el nivel interno del Estado español, se a optado por una prevalencia del acuerdo de empresa frente a mecanismos más de colaboración, a salvo de unas escasas reglas en el art. 64. Y tal vez la trasposición de la Directiva de despidos colectivos ha pesado más que las que se conciben genuina y prioritariamente como de participación.
Existen dos modelos empresariales claramente diferenciados: el clásico o típicamente jerárquico y el moderno o con una configuración más horizontal y participativa. Este último se corresponde mejor con la irrupción de las nuevas tecnologías y la 4º revolución industrial, en cuyo escenario la competitividad se basa en la rapidez, la agilidad y la adaptabilidad. La autogestión y la toma de decisiones autónomas requieren un trabajador mucho más participativo, motivado y comprometido con la buena marcha y dinámica de la empresa. Es necesario un liderazgo responsable, empático y que dé oportunidad de crecimiento, una relación de trabajo en equipo colaborativa, un proyecto motivador y con objetivos compartidos.

En el contexto de Euskadi, los datos revelan que  no menos de 1/3 de los trabajadores no ven utilidad social ni personal a su trabajo, lo cual genera gran cantidad de problemas. Las TICs y el desarrollo tecnológico deben ser vistos como algo positivo por la enorme potencialidad de generación de riqueza que presentan. Sin embargo, es necesario centrar todos los esfuerzos en calibrar cómo se reparte esa riqueza, pues resulta fundamental hacer un reparto equitativo y justo de la misma para lograr un entorno social adecuado. En este sentido, debe debatirse la aprobación de una renta básica, que posibilitaría la búsqueda de empleos que realmente motiven al trabajador. A cuyo fin ha de darse una mayor implicación por parte de los agentes públicos, pero también debe darse un fortalecimiento del poder de negociación ciudadano.

En resumen, ve la revolución tecnológica como algo positivo en cuanto a su capacidad de generar riqueza pero entiende fundamental un reparto de la misma. Para ello es principal el trabajo de los agentes públicos en ese sentido y la participación de la propia sociedad en la consecución de este objetivo.

A modo de recapitulación cabe decir por tanto que el elemento colectivo y sus implicaciones organizativas y productivas son una cuestión de enorme peso que bajo ningún concepto debería ser olvidada en esta labor de planteamiento de un futuro del trabajo “digno y decente” pues indudablemente se reputa como uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el bienestar del trabajador