SEGÚN ANTONIO BAYLOS...

LA FUNCIÓN DE LA LEY LABORAL Y LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. (UNA REFLEXIÓN DE MARIA EMILIA CASAS BAAMONDE)

2012-01-28T23:52:00.001+01:00

La Universidad Carlos III de Madrid nombró ayer, 27 de enero, doctores honoris causa a María Emilia Casas y a Nicolás Sánchez – Albornoz. El acto, en el que asimismo se entregaban los premios extraordinarios de doctorado y otros honores académicos, estuvo acompañado de una fuerte protesta de los trabajadores de la Universidad que reclamaban contra la política de recortes impulsada por el gobierno autonómico de la CAM y su aceptación entusiasta por los rectores de las universidades madrileñas, que se han apresurado a comunicar sus intenciones de poner en práctica inmediatamente esta política de restricción de la calidad del servicio público universitario. La comitiva de doctores, tradicionalmente ataviada con los ropones académicos de origen eclesial, pasó entre un pasillo de trabajadores que rechazaban los recortes presupuestarios y exigían la dimisión del Rector y en donde predominaba la camiseta verde reclamando escuela pública para todos. Todo un símbolo de las contradicciones de la Universidad en las que se mueve esta institución. En el acto, los gritos y consignas de los trabajadores se siguieron oyendo de forma nítida hasta el momento en el que se produjo la alabanza de María Emilia Casas, efectuada por el secretario general de la Universidad y profesor de Derecho del trabajo, Jesús Mercader. Al dar inicio a su discurso de investidura, los trabajadores y trabajadoras de la Universidad permitieron que el acto se desarrollara sin ningún incidente, respetando el significado democrático de las trayectorias humanas y profesionales de las dos personas honradas por la Universidad. El discurso de la doctora honoris causa que ha sido la primera presidenta del Tribunal Constitucional, se centró en la función que debería desempeñar la ley laboral en relación con las políticas de empleo. Se trata por tanto de una opinión cualificada que discurre preferentemente en el campo de la regla jurídica y sus interrelaciones con la realidad laboral y social. Algunas de estas reflexiones, de indudable interés, se transcriben a continuación.

“Les propongo una breve reflexión sobre la función de la ley laboral nacional, expresión de la voluntad democrática, ante la pérdida de su centralidad o protagonismo, por causas de las exigencias del ordenamiento europeo y de ‘los mercados’. Pero también de su sometimiento a un proceso de reforma parcial continua e inacabada, que ha recurrido con demasiada frecuencia a la excepcional legislación de urgencia y terminado por dañar severamente la seguridad jurídica del disperso ‘marco regulador’ del mercado de trabajo y de la protección social, con quebranto de su calidad técnica y democrática y de ordenación del conjunto del sistema que está en la base del conjunto del sistema que está en la base de nuestro modelo de desarrollo y de sociedad”.

La autora no quiere referirse en esta ocasión a la relación entre la ley y la negociación colectiva, los espacios compartidos y la obligación constitucionalmente garantizada de que la ley deba asegurar el espacio propio de la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Se quiere centrar por el contrario en las tensiones entre la falta de empleo – con una tasa de desempleo de 22,9% de personas en edad de trabajar, un 50% en los jóvenes menores de 25 años – y la función de la ley laboral, a la que se acusa de destruir el empleo, reducir su campo de aplicación a un grupo de insiders y, cuya reforma, por tanto, ha de tener virtudes evidentes en la generación de empleo. Esta supuesta capacidad creadora de puestos de trabajo de la ley de reforma de la legislación laboral es negada tozudamente por los hechos, en especial respecto de la experiencia española de 2010 y 2011. “La ley laboral reformadora parece haberse convertido en una especie de ‘camino de quita y pon’ como el que poseía el Mago de Merlín y familia, del gran fabulador Cunqueiro, al servicio de la generación de empleo”. Estos encantamientos no son propios de la legislación de trabajo, y “las últimas reformas legislativas laborales, ordenadas ‘a recuperar la senda de la creación de empleo y reducir el desempleo’, no lo han conseguido, y ello pese a haber situado a los empresarios ‘en una posición mucho mejor’ ante los riesgos de la contratación de trabajadores (Rodríguez-Piñero, 2010) que la que tenían bajo unas leyes bajo cuya regulación, en cambio, la ocupación se incrementó en casi ocho millones de personas de 1995 a 2007” (…) “La inestabilidad crónica de las normas sobre política de empleo y modalidades de contratación laboral o los continuos ensayos sobre formación profesional e intermediación laboral prueban la radical e innegable capacidad de esas urgentes y fragmentarias normas reformadoras sucesivas para conseguir los fines que quieren alcanzar. En su reforma continúan está el reconocimiento mismo de su fracaso”.

El caso es que el diseño de las políticas de empleo es en una buena parte inútil y contraproducente, al estar basado principalmente en un esquema que incentiva la contratación empresarial mediante bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social o subvenciones. Se trata de una “agotada” política de fomento de la contratación indefinida, que proviene de 1997 y ha sido continuada con las leyes 46/2006 y, ya en la senda reformista de la crisis, con la Ley 35/2010. No ha mantenido el empleo, que se condiciona en su duración a la de las bonificaciones en las cuotas empresariales a la seguridad social, ni ha podido desbancar la contratación temporal, “que en su utilización descausalizada ha subvertido sus fines convirtiéndose virtualmente en un contrato único, al retirarse las limitaciones legales a su celebración durante dos años” en el RDL 10/2011. En efecto, “la reforma del 2010 no actuó con la debida convicción y contundencia sobre la reconducción a sus cauces causales de la contratación laboral temporal, y, ante el estancamiento de la economía, la crisis de la deuda soberana y el crecimiento del desempleo, volviendo a la vieja regla de que más vale un mal empleo que ninguno, la sobrevenida reforma de quita y pon de 2011 aparcó temporalmente el limitado propósito inicial de vencer esa ‘anomalía’ en el contexto europeo”. El resultado final que aprecia la ex presidenta del Tribunal Constitucional se expresa de manera contundente: “De ese modelo de regulación laboral que se ha ido diseñando a golpe de reformas sucesivas, de las que se reclaman grandes remedios que los hechos desmienten, ha resultado un Derecho del trabajo que ni siquiera sostiene al conjunto de los trabajadores y no se compensa ni corrige las desigualdades fundamentales que han aumentado notablemente entre aquellos, al tiempo que asienta un modelo económico de baja productividad. Su superación es una necesidad casi unánimemente aceptada y un asunto absolutamente fundamental”. No es necesario subrayar lo imperativo de esta conclusión, por lo demás rigurosamente cierta aunque choque con las posiciones gubernamentales y empresariales que reiteran como un mantra la necesidad de seguir reformando la ley laboral como condición para la recuperación económica y la creación de empleo.

¿Cuál es entonces la propuesta que hace la autora? Naturalmente que no plantea un programa de acción, pero si unas nuevas coordenadas dentro de las cuales se debe mover el discurso del análisis crítico de la función normativa de la ley laboral. El objetivo de ésta no es crear empleo ni puede reducirse a ser el instrumento de la política de empleo, y desde luego no de “políticas de empleo agotadas que han resquebrajado tan profundamente el ordenamiento laboral y ejercido una enorme presión sobre el sistema de protección social”. Las políticas de empleo deben existir y “dirigirse a los trabajadores”, pero la ley laboral no puede estar hipotecada por la política de empleo. Las políticas activas de empleo tienen que implicar a los servicios públicos de empleo, descansar en la formación y desarrollarse con arreglo a fórmulas que combinen prestaciones y salarios, de forma que “a estas políticas y a las situaciones de transición podría destinarse el gasto social que tan indebidamente ‘incentiva’ la contratación”.

La función de la ley laboral es establecer el marco jurídico protector del trabajo y de los trabajadores, ciudadanos que obtienen de su trabajo su dignidad personal y sus condiciones de vida, y las reglas de juego del sistema laboral con el entramado de piezas que lo conforman. Fijando “en lo concreto” esta propuesta, desplegando una capacidad de mediación y de resolución de los problemas de adaptación a la realidad social y del empleo, la ley laboral recupera “su existencia”, asegura objetivos de estabilidad laboral, de formación, de calidad y de productividad del trabajo y de certeza jurídica y política. “La búsqueda de la productividad y de la competitividad en la reducción de derechos y en el coste del trabajo, y no en su calidad, no lleva a un crecimiento económico sano y a una competitividad reforzada, sino a un modelo productivo más expuesto a las crisis y a un mayor número de trabajadores al desempleo”.

En efecto, la crisis global, con nuestras “particularidades estructurales”, no conduce a un “choque inevitable” con un Derecho del Trabajo y un Derecho de la Seguridad Social “condenados a no ser, sino precisamente a ser”, en esta situación tan difícil, un medio necesario para el reconocimiento de los derechos constitucionales y el cumplimiento de los fines que la Constitución encomienda al Estado. Ambos derechos son “ejes vertebradores del estado social democrático y de derecho en que España se ha constituido por la constitución que nos hemos dado para ordenar nuestro sistema político, también en las actuales circunstancias de estancamiento económico, desempleo y mayor necesidad – y mayores costes- de protección social (…) La Constitución es, como dijo el tribunal Constitucional tempranamente, ‘un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo’ (STC 11/1981), pero es la norma superior que establece los límites que el legislador democrático no puede traspasar. Esos límites aseguran la existencia de los Derechos del Trabajo y de la Seguridad Social.”

JUECES Y JUICIOS (EL DOMINGO 29 A MANIFESTARSE EN APOYO DE GARZÓN)

2012-01-27T00:12:00.001+01:00

Coincide en estos días una persecución judicial y política contra Garzón y la decisión del jurado de exculpar al presidente Camps por cohecho impropio respecto del Caso Gürtel" en el que está inculpado el propio magistrado Garzón por escuchas ilegales y violación del derecho a la defensa. El movimiento pendular de considerar inocente al político e inculpar al magistrado´, se está percibiendo socialmente como un síntoma gravísimo de la degradación democrática y la entronización de la corrupción como fisiología del sistema. (En la foto los convocantes de la manifestación en apoyo del Juez Garzón).

Si en el caso de Camps la decisión del jurado es un efecto de lo que Ferrajoli denomina despolitización masiva de la ciudadanía y disolución de la opinión pública, la persecución a Garzón evidencia una fuerte componente corporativa y reaccionaria en la alta magistratura de nuestro país que se muestra públicamente como un grupo de poder autónomo que escarmienta al juez "rebelde" a la vez que establece claras reglas del juego en relación con los que detentan el poder económico y político. En el fallo del jurado se expresa la corrupción del sentido común - no había sino escuchar las conversaciones telefónicas de Camps y su mujer, o de Ricky Costa - y el desmoronamiento del imaginario popular en materia de democracia, y resulta por ello explicable que para la mayoría de los miembros del jurado popular la forma en la que procedió el molt honorable careciera de cualquier reproche jurídico y que los regalos, obsequios y confianzas con el Bigotes no afectaran a la gestión del interés general. El veredicto evidencia que en su decisión mayoritaria se manifesta una opinión pública transformada y corrompida por la demagogia desarrollada por el sistema político-mediático.

El procesamiento "en racimo" de Garzón indica ante todo que hay límites que el juez no puede traspasar en el conocimiento de los hechos delictivos y en la persecución de los mismos, y que esos límites son fijados y definidos como absoluta inmunidad de un poder arbitrario y corrupto que se considera plenamente liberado de cualquier responsabilización. También expresa que esta inmunidad plena se proyecta hacia atrás, hacia los crímenes del franquismo y la feroz represión que este régimen desplegó, de forma que ni la tendencia a la universalización de los derechos y el castigo de los peores crímenes cometidos por los tiranos y sus cómplices, pueden ser tenidos en cuenta en el debate ideológico y jurídico que se ha desarrollado en torno a la investigación de las fosas comunes en España. El papel preponderante que en este juicio se ha dado a Falange Española y al grupúsculo franquista "Manos Limpias" es un insulto a la democracia y a tantas vidas segadas o irremediablemente truncadas en la lucha antifranquista por la conquista de las libertades.

En el caso de la persecución a Garzón todos sabemos que el veredicto está escrito mucho antes que el texto de la sentencia. También que la indefensión a la que se ha sometido al juez, y el acoso jurídico que ha impedido el derecho a su defensa merecerán - merecen ya - la repulsa internacional y previsiblemente una sentencia del TEDH condenando al Estado español por esta caza de brujas. Pero igual que intuimos que Garzón está condenado ya, sospechamos asimismo que no sólo Camps será absuelto, sino también Fabra verá prescritas sus acciones y el juicio penal, de celebrarse, no encontrará responsabilidad penal en ellas, como también, en fin, la forma peculiar de hacer negocios del yerno del Rey y la organización de sociedades para canalizar importantes sumas de dinero sustraidas a la legalidad impositiva se entenderá plenamente lícita, aunque a lo sumo, censurable moralmente ante la peculiar posición que se ocupa en el interior del Estado.

Es decir, estamos convencidos que una importante parte del poder judicial ha asumido un principio no democrático en su actuación y que lo impone autoritariamente con el desprecio consiguiente de los efectos culturales y políticos de estas decisiones sobre la percepción ciudadana de la calidad (e incluso de la subsistencia en algunos aspectos) de la vida democrática. El enrocamiento en la defensa del franquismo y de la relación inescindible entre el privilegio de los poderes económicos y las oligarquías burocráticas de los partidos es una postura que ya esta produciendo un movimiento muy amplio de repulsa y de deslegitimación de los jueces y magistrados, como síntoma del desmoronamiento progresivo del marco de libertades democráticas.

Una primera muestra va a ser la manifestación que a las 12 horas de la mañana saldrá de la Plaza de la Villa de Madrid, frente al Tribunal Supremo, en apoyo al Juez Garzón el domingo 29 de enero, convocada en el Ateneo de Madrid por un grupo de intelectuales y artistas. Hoy mismo una multitudinaria - y espontánea - manifestación ha sacudido Valencia en protesta por el veredicto del Jurado. Expresar colectiva y masivamente el disenso con estas tendencias que apuntalan la corrupción, la interferencia del poder económico en el poder político y la negación de la democracia es una obligación moral y un compromiso político inabdicable. Aunque estemos en un estado de excepcionalidad social o justo por ello mismo. Así que todos a la calle. De momento el domingo 29 de enero, en Madrid, a las doce de la mañana.

SESION DE CLAUSURA DEL CURSO DE POSGRADO SOBRE TRABAJO DECENTE Y GLOBALIZACIÓN

2012-01-26T00:28:00.001+01:00

El curso de posgrado de la UCLM organizado por el área de Derecho del Trabajo, que abordaba el tema del trabajo decente en la globalización y que estaba dedicado a la memoria de Oscar Ermida Uriarte, se ha clausurado en la mañana del día 25 de enero con una conferencia de Miguel Rodriguez-Piñero.

Joaquín Aparicio introdujo al conferenciante, que abordó el tema central del seminario, el trabajo decente, relacionándolo con la situación europea actual en medio de la crisis, en donde se está produciendo una erosión del modelo social y un desacoplamiento entre los clásicos parámetros que habían ligado desarrollo económico y de mercado, bienestar social y derechos laborales robustos. De esta forma la noción de trabajo decente que parecia destinada a una reivindicación en paises en vias de desarrollo, cobra un vigor insospechado en un panorama político como el de la Unión europea en el que se ha dejado de hablar el lenguaje de los derechos. La necesidad pese a ello de recuperar el espacio supranacional europeo como terreno de propuestas y de debate político y jurídico, de una parte, y la advertencia de Sinzheimer en 1928 sobre la necesidad originada por la crisis - de los años 20 del pasado diglo - de hacer un importante esfuerzo teórico para aposentar en el marco de la ciencia jurídica el derecho del trabajo junto con el derecho al trabajo fueron las conclusiones de un discurso abierto a problematizar el conjunto normativo-laboral, pero reacio a su demolición más o menos controlada.

A continuación se formó la mesa redonda en la que se dedicaba el homenaje a Oscar Ermida como profesor invitado permanente de los cursos de osgrado de Toledo desde su primera edición en el año 2000 hasta la de 2011 en la que el avanzado estado de su enfermedad le impidió desplazarse. Presidió la mesa el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Pedro Carrasco, quien fué dando la palabra primero a Joaquín Aparicio, que glosó la personalidad del amigo, del prfoesor y del teórico, luego a Miguel Rodríguez Piñero, que pasó revista a muchas de las intervenciones de Oscar Ermida en relación con los grandes problemas a los que se enfrenta hoy el Derecho laboral, a continuación a Antonio Baylos, quien se refirió a la relación estrecha entre el curso presente con las preocupaciones teóricas y culturales de OEU, como firmaba siempre, y que se habían materialziado en tantos proyectos editoriales, académicos y de debate, para por fin dejar a paso a Martin Ermida, abogado y profesor en la Universidad de la República de Uruguay, donde su padre era catedrático, quien agradeció el homenaje e hizo un muy medido recuerdo de la relación de Oscar Ermida con el curso de posgrado de Toledo.

La entrega de diplomas se realziará el dia 26 en el paraninfo de la Facultad, el convento de San Pedro Mártir.

SEMINARIO DE FORMACIÓN EN EL AREA DE DERECHO DEL TRABAJO UCLM SOBRE LAS REFORMAS LABORALES RECIENTES

2012-01-23T18:17:00.001+01:00

Aprovechando el curso de posgrado de derecho que se está desarrollando en Toledo, el área de derecho del trabajo de la UCLM ha organizado dos seminarios para analizar algunas de las últimas reformas laborales de mayor alcance, a los que ha invitado a los participantes latinoamericanos en el curso de posgrado, cuya gran mayoría ha participado en los mismos.

El primer seminario ha examinado la reforma de la seguridad social, y en él Joaquín Aparicio realizó un enfoque general sobre el derecho de la seguridad social como función del estado social y su concreta organización en el estado español, para a continuación pasar a analizar de forma detallada el nuevo sistema de la pensión de jubilación, que expuso, incidiendo en sus relieves críticos, Luis Collado. El debate colectivo sobre los nuevos contornos de la jubilación fue muy extenso y en él hubo también una intervención muy amplia del grupo de los estudiantes del curso de posgrado además de los miembros del área de Derecho el Trabajo.

El segundo seminario se ha realizado el lunes 23 de enero se ha dedicado al examen de las reformas de la Ley concursal, casi todas ellas centradas en el ERE judicial y que no son reformas sustanciales que aborden elementos centrales sobre la relación entre el concurso y los derechos laborales, sino que pretenden cubrir lagunas o mejorar el funcionamiento de aspectos concretos. La exposición, minuciosa y crítica, ha corrido a cargo de Aurelio Desdentado, magistrado del Tribunal Supremo. El análisis de las dudas provenientes de la experiencia anterior y la posible interpretación de algunos aspectos de la reforma han mantenido vivo el debate en el que las intervenciones de Luis Collado y Joaquín Pérez Rey han sido muy determinantes.

Como segunda parte del seminario está previsto el debate y el análisis de la reforma legal del sistema de negociación colectiva, que conducirá Amparo Merino y en donde se analizará prioritariamente la tendencia a la “empresarialización” de la negociación colectiva tanto mediante la inaplicación de aspectos concretos del convenio sectorial (salarios o jornada) mediante la conclusión de un acuerdo de empresa por motivos económicos, técnicos o productivos (flexibilidad interna y descuelgue salarial), como mediante la tendencia a la preferencia aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial, salvo que se prohíba por reglas de concurrencia o encuadramiento convencional.

Se entra en la última semana del curso de posgrado en el que el estudio de los mecanismos de garantía judicial en diversos planos va a constituir el centro del curso. La complementariedad de estos seminarios de formación con el desarrollo ordinario del curso ha permitido conocer las tendencias de desarrollo de la reforma más actuales en el ordenamiento laboral español.

LA PERSECUCIÓN PENAL DEL JUEZ GARZÓN. UN COMUNICADO DE "XUSTIZA E SOCIEDADE"

2012-01-23T00:43:00.001+01:00

Causa bochorno a cualquier ciudadano mínimamente informado la persecución judicial a la que ha sido sometido el Juez Baltasar Garzón. La instrucción sumarial y los tres casos que se acumulan contra él son hechos bien conocidos que implican una clara decisión previa de incriminación del magistrado que se atrevió a investigar una de las tramas de corrupción más relevantes que afecta al PP, hoy partido que gobierna todos los segmentos de la administración pública estatal, de comunidad autónoma y local. Para mayor infamia, se ha convocado el próximo día 24 de enero, cuando se cumplen 35 años del asesinato de los abogados laboralistas en el despacho de Atocha, la apertura de juicio oral al juez Garzón acusado de prevaricar al ordenar investigar los crímenes del franquismo. Una coincidencia posiblemente buscada como forma de manifestar una vez más el desprecio hacia quienes fueron eliminados físicamente por los aparatos militares y policiales de la dictadura franquista. La Asociación Xustiza e Libertade de Galicia, ha hecho pública una nota sobre el juicio a Garzón que se publicará en los periódicos autonómicos. Matías Movilla la ha enviado a su corresponsal en Parapanda y nosotros lo publicamos con gran placer. Se llama "El derecho a investigar" y se coloca a continuación.

EL DERECHO A INVESTIGAR

El Derecho es un instrumento para resolver los problemas de convivencia de la ciudadanía. Son las normas que nos damos para regular los comportamientos en Sociedad.

En la abogacía sabemos hasta qué punto es necesario tener una "imaginación creativa", para buscar soluciones jurídicas a los problemas humanos que se nos presentan, a veces muy complejos y acuciantes.

Y el Derecho es, además, una herramienta útil, en la medida en que, con pleno respeto de unas reglas de juego -las normas procesales como garantía fundamental-, combinamos preceptos, acuñamos expresiones y vamos alumbrando, con mas o menos osadía, nuevos caminos.

Pero el cuerpo legal no debe petrificarse. La evolución natural del Derecho empieza por esos ensayos concretos que la abogacía presenta como pretensiones en los juzgados. Ya sea el derecho de los familiares a saber dónde están enterrados sus muertos, o a denunciar conductas corruptas, o a entregar en pago el piso por la hipoteca. La aspiración del ideal de Justicia es siempre el horizonte infinito.

Y, prosperen o no, puede caber recurso –siempre, en el caso de la Justicia Penal-. Y puede accederse, por consiguiente, a un Tribunal Superior colegiado, que estima o desestima, no siempre con unanimidad, esa demanda. Incluso formulando algún magistrado un "voto particular" discrepante con la opinión mayoritaria, que acata, pero contra la que argumenta razonadamente. Y esta discrepancia, que es la semilla de la evolución, nunca puede considerarse delito.

Si toleráremos que la discrepancia de los jueces se convirtiera en delito de prevaricación, estaríamos acabando con la independencia del poder judicial, y encerrándolos en la pobreza mental del pensamiento único. El cual, como aseguraba Saramago, deriva hacia el pensamiento cero, hacia el electroencefalograma plano.

Por todo eso, el triple procesamiento del juez díscolo no encaja en absoluto en la lógica, sino en la "envidia creativa". La vanidad no es un crimen, pero sí lo es, aunque moral, la envidia ciega, el mensaje emitido por los Magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a la judicatura de instancia: que sepan que si se dedican a investigar la corrupción, les va a salir muy caro. Están resucitando la idea de una sociedad estamental: que hay una justicia para los ricos, para los que evaden capitales, para los que trafican con los dineros públicos, para con los poderosos y con poderosas defensas. Sin ser conscientes –queremos pensar- del daño que le están provocando a la credibilidad de la Institución.

Sólo queda por ver si les basta con haber humillado al Juez "estrella" sentándolo en el banquillo, o si se atreverán a condenarlo.

A sabiendas de que cualquier solución es mala para el Alto Tribunal, preferimos que la cordura campe nuevamente por la Sala de los Pasos Perdidos y se dicte una sentencia que reponga la legalidad en la actuación judicial y permita a los jueces de instrucción seguir investigando con independencia, sin miedo a ser denunciados por los delincuentes a los que persiguen.

Tenemos en juego el Estado de Derecho. Y también la esperanza.

DERECHO DEL TRABAJO Y GLOBALIZACIÓN: EL TRABAJO DECENTE COMO PROYECTO DE REGULACIÓN UNIVERSAL.

2012-01-21T18:37:00.001+01:00

Con el título Derecho del trabajo y globalización: el trabajo decente como proyecto de regulación universal, se está realizando en Toledo, un Curso de Posgrado para estudiantes latinoamericanos, dirigido y coordinado por Antonio Baylos y Joaquín Pérez Rey. El curso está dedicado a la memoria de Oscar Ermida Uriarte, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República de Uruguay y posiblemente el teórico académico más importante del derecho laboral latinoamericano, fallecido desgraciadamente en junio de 2011. Oscar Ermida había sido profesor invitado en estos Cursos de Posgrado de la UCLM desde la primera edición de los mismos.

El curso de posgrado parte de una realidad oculta de la globalización, la tendencia contradictoria pero permanente a considerar como un elemento civilizatorio el siglo XXI la vigencia universal de derechos sociales básicos, que la OIT ha podido formular sintéticamente bajo la noción de trabajo decente. Se trata en definitiva de un proceso cultural que tiene muchas dificultades para su afirmación plena pero que se va determinando cada vez más de forma prescriptiva en los proyectos políticos de progreso en todas partes del planeta. Esa tendencia muestra caracteres específicos en la Unión Europea, con contradicciones muy fuertes acentuadas por la crisis y que tensionan las relaciones entre el espacio integrado económico y monetariamente y las restricciones al modelo social europeo que se centran especialmente en determinados ordenamientos internos. Por razones evidentes, el dato europeo es muy relevante en el desarrollo académico del curso, al permitir visualizar un espacio normativo en materia social supranacional, con sus reglas y sus sujetos delimitados en esa dimensión europea, junto a sus contradicciones y tensiones con las libertades económicas fundamentales, y la demolición parcial de sus estructuras básicas como consecuencia de las consecuencias de la crisis global desatada a finales del 2008 con especial incidencia en Europa, y la presión especulativa de los mercados financieros.

Los contenidos del curso discurren analizando tres grandes bloques de temas. En primer lugar ha parecido conveniente poner de relieve la problemática de los sujetos que actúan en el mundo global. Indirectamente se analiza a través de esa personificación, la actividad llevada a cabo y sus aspectos más llamativos. Los organismos internacionales son los sujetos llamados vocacionalmente a desempeñar ese papel activo en el mundo global, y naturalmente se han elegido dos de los organismos internacionales que tienen una mayor repercusión en la construcción de ese tejido universal de enunciación y respeto de los derechos laborales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que permite además recuperar un debate entre los espacios más idóneos para forzar la garantía de los derechos laborales y que tiene que ver con las formas de re-territorializar el trabajo con garantías políticas y jurídicas. A su lado, actúan en la globalización como sujetos de pleno derecho y potencia las empresas transnacionales, en donde se aprecian importantes tendencias a definir su responsabilidad social externa en términos de preservación de un contenido mínimo de derechos laborales en todos los lugares en los que ésta actúe. Es este un espacio progresivamente negociado con el otro sujeto colectivo que emerge en la globalización y que también se sitúa en un plano de la extra-normatividad, el sindicato global, que desarrolla una actividad de representación y reivindicación del trabajo global definido expresamente como trabajo decente.

El segundo bloque de problemas se refiere a los instrumentos que son relevantes en la regulación de los derechos laborales y sociales en el espacio de la globalización. En este punto, tienen una importancia especial los pactos y declaraciones de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales. Es aquí donde se va desarrollando ese espacio de validez y de garantía de los derechos, en una relación entre declaración universal, reformulación de esos derechos en espacios regionales integrados con mayor o menor fortaleza, tribunales internacionales y recepción de estos en los ordenamientos estatales-nacionales a través fundamentalmente de la garantía de esos derechos por los órganos jurisdiccionales del mismo. El examen de los textos de los organismos internacionales al respecto se enlaza con la problemática más específica europea, con una reflexión sobre el alcance y estructuración del reconocimiento y garantía de los derechos de la ciudadanía europea en materia laboral y social a partir del principio de subsidiariedad y de competencia común y el examen de los dos tribunales europeos, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como modelos de dos tipos de construcción del control jurisdiccional de la actividad de los Estados en materia de derechos laborales y sociales.

La temática de los instrumentos empleados como formas especiales de creación de reglas sobre el trabajo en la globalización, hace que sea ineludible remitirse asimismo a la negociación colectiva transnacional, con una especial referencia a la negociación colectiva comunitaria en el marco del diálogo social como forma de creación de normas sobre política social y derechos laborales en la UE, y toda la batería de técnicas calificadas como soft law.

En ese contexto, cobra una importancia central la consideración del trabajo y el empleo como derechos universales, concebidos tanto en el interior de los estados nacionales como en su dimensión general en los flujos migratorios globales. El examen de esta cuestión desde una doble mirada, la construcción como derecho en un plano internacional del derecho a migrar, y la regulación de éste como movimiento en mercados unificados regionalmente, como en el caso europeo, forma parte de los contenidos del Curso, junto con el examen del tratamiento de las deslocalizaciones productivas a partir de un proceso de desterritorialización del trabajo en la experiencia Europea y en sus últimas manifestaciones en medio de las turbulencias de la crisis.

El último bloque se dedica a los diversos medios y técnicas de garantía de estos derechos en el espacio de la globalización. Desde las experiencias muy interesantes de denuncia política, bajo forma de juicio de desvalor jurídico al comparar la acción de estados o de empresas transnacionales en relación con los derechos laborales o sociales reconocidos en las declaraciones universales, hasta los mecanismos de control previstos en la OIT a partir del Comité de Libertad Sindical, o la tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Pero también mecanismos de solución nacidos en la negociación colectiva, los llamados medios autónomos de solución de conflictos. Como último punto se encuentra siempre la peculiar estructura de la organización jurisdiccional del estado-nación, que en España ha sido reformulada con la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que de este modo se expone en sus puntos más generales.

A lo largo del curso, en el que participan un nutrido grupo de profesoras y profesores del área de derecho del trabajo y de la seguridad social de la UCLM, se han insertado algunas conferencias que abordan de forma específica temas relacionados directamente con los desarrollados en las sesiones “ordinarias”, pero que permiten otro enfoque metodológico o narrativo. Así, se examina el análisis que realiza de la crisis económica y las propuestas frente a la misma la Confederación Europea de Sindicatos (CES) – conferencia que pronunció Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1 de mayo - la tutela penal de los derechos laborales en un mundo globalizado – lo que fue abordado por Juan Terradillos, catedrático de derecho penal en la Universidad de Cádiz, y, en fin, el significado del trabajo decente como prescripción normativa en la tutela de los derechos sociales, que realizará el miércoles 25, Miguel Rodríguez-Piñero, Consejero de Estado y ex Presidente del Tribunal Constitucional.

El acto de clausura consistirá en un homenaje a Oscar Ermida, en cuyo trabajo teórico confluía precisamente la relación entre las dos categorías centrales del Curso, el trabajo decente y la universalización de los derechos laborales y sociales. En el recuerdo de este maestro de iuslaboralistas, profesor permanente del curso y gran amigo personal, intervendrán, bajo la presidencia del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, Pedro Carrasco, los profesores Rodríguez-Piñero, Aparicio y Baylos, junto con Martín Ermida, el hijo del profesor prematuramente desaparecido.

“ODIO A LOS INDIFERENTES”, UNA RECOPILACIÓN DE ARTÍCULOS E INTERVENCIONES DE ANTONIO GRAMSCI

2012-01-16T23:24:00.001+01:00

En la foto, Joaquín Aparicio y Tarso Genro comentan sus respectivas vacaciones de invierno y de verano (Italia y Cuba), congratulándose de la cada vez más extensa presencia de clásicos marxistas en las librerías del mundo, y en especial en las hispano-luso parlantes. A uno de estos textos se refiere el "post" que se transcribe a continuación, como otra de las "lecturas de invierno" que en el blog se han ido proponiendo.

Sobre la base de una edición italiana del 2010, la editorial Ariel ha publicado, traducido por Cristina Marés, un conjunto de textos de Antonio Gramsci provenientes en general del texto La ciudad futura, que contiene escritos de 1917-1918, restablecidos en su versión completa y no censurada por el trabajo de Sergio Caprioglio, que ha restituido muchos de ellos a su versión original. El libro incorpora como última parte un texto que se distingue claramente del tenor del resto. Se trata de la intervención del diputado Gramsci en el Parlamento exponiendo su opinión contraria a la legislación antimasónica como síntoma de un endurecimiento del papel totalitario del Estado fascista y cómo una señal de aplicación extensiva de esta norma a partidos y organizaciones políticas rivales. Este texto había sido ya publicado por Il Manifesto en su reputada colección de mensajes o discursos políticos breves en su edición de bolsillo.

No se trata por tanto de textos derivados de los “Cuadernos desde la cárcel” ni anteriores, de la experiencia de los consejos y la discusión en torno a “Ordine nuovo” y la revolución consejista de 1919-1920. Las intervenciones de Gramsci tienen un carácter marcadamente cultural y en ellas sobresale la crítica a la mediocridad cultural y política de una Italia decadente y burguesa. Esta crítica a las estructuras administrativas, políticas y culturales de Italia predomina sobre las referencias a la clase obrera y a la problemática de la acción colectiva de resistencia y de construcción de una alternativa política. Sus reflexiones sugieren una situación de extrañamiento del intelectual respecto de un país egoísta y subsumido en la pereza, la incuria y el reflejo autoritario, donde los arquetipos de la modernización que se ignora y no se practica en Italia están ausentes de la vida de un país en el que se constata un enorme vacío político y cultural respecto de los países más desarrollados de Europa, achacable al atraso de la burguesía nacional: “En Italia todos los males que aquejan a las pocas personas inteligentes y activas son resultado necesario de la ineptitud, de las condiciones de deterioro y de descontrol en la que se encuentra esa cierta parte de la población que nosotros, haciéndole el honor del lenguaje socialista, llamamos clase burguesa” (p. 65)

Hay algunos textos especialmente impactantes, en donde la crítica cultural resulta especialmente ácida y precisa, como los relativos a la educación y a la familia, y el rechazo, tan actual, a la escuela privada, o los textos dedicados a la burocracia del estado italiano – “los males del estado italiano”- donde los funcionarios, sus corruptelas y sus insuficiencias son puestos de manifiesto de manera nada piadosa. De especial interés son sus intervenciones sobre la necesidad de respetar los derechos democráticos y sus garantías como forma de protegerse frente a un “capitalismo fuera de control”, y sus diatribas precisas y muy sugerentes respecto de la guerra y la necesidad de construir intelectualmente la inutilidad de la muerte como forma de abordar la oposición directa a la guerra imperialista.

Por último, algunos textos ponen el acento sobre la mirada subjetiva del autor respecto de las tendencias presentes en la sociedad de su tiempo. A este tipo de textos se corresponde el que da título al libro –“odio a los indiferentes” – pero también debería resaltarse el que cierra las intervenciones de 1917-1918, que de forma sintomática se denomina “hace falta que cambiemos nosotros mismos”. En él, hablando de sus lecturas, señala que “estos libros no son para mi nada más que estímulos, oportunidades para pensar, para indagar en mi mismo, para reencontrar en mí mismo las razones profundas de mi ser, de mi participación en la vida del mundo. Estas lecturas me convencen una vez más de que los socialistas aún tenemos un gran trabajo por hacer: un trabajo de interiorización, trabajo de intensificación de la vida moral (…). Es preciso que cambiemos nosotros mismos, el método de nuestra acción. Estamos envenenados por una educación reformista que ha destruido el pensamiento (…). Somos revolucionarios en la acción mientras somos reformistas en el pensamiento. Obramos bien y razonamos mal (…) somos temperamentos más que caracteres”.

Los artículos recogidos en este libro pertenecen a un Gramsci que tiene 26 años. Un hombre que, dice el prologuista David Bidussa, se caracteriza por una “mirada atenta, una buena sonrisa, exigente, categórico, reforzado por una concepción estoica de la vida y de la moral y dotado de una fuerte vocación pedagógica” al que le quedaba un largo aprendizaje político tras la posguerra y su detención en noviembre de 1926. Pero en el que la necesidad de ver la vida real, “de hacerse cargo del agotamiento de los que han perdido”, es una constante en su trabajo intelectual. Profundizar en la realidad, estudiarla, es el objetivo, para evitar así que la nueva cotidianeidad pueda aparecer como el único mundo posible. Lo que tantas veces se nos presenta ahora como condición irremediable, por cierto.

Antonio Gramsci. Odio a los indiferentes. Editorial Ariel, Barcelona, 2011. 105 pp.

LA CRISIS (DEL EURO) QUE NO TERMINA NUNCA. UN NUEVO NÚMERO DE INSIGHT

2012-01-16T01:27:00.004+01:00

Sigue la crisis con el nuevo año, aún mas agravada ante la incorrección suicida de las políticas adoptadas para combatirla. El colapso salarial en los países periféricos y la expansión inmensa de un mercado de trabajo sin garantías políticas ni jurídicas, está conduciendo a una situación de grave peligro de fractura social. Como cada mes, Insight profundiza en los desarrollos de la crisis y ofrece, en el laboratorio de ideas que aspira a ofrecer, una serie de intervenciones sobre este proceso de enorme interés que se resumen más adelante, antes de copiar el índice completo del número. En él se apreciará en algunos artículos dos versiones en razón del idioma en el que se dispone de dicho texto, uno de ellos, el de Romagnoli sobre la recuperación de la licencia para despedir, fué publicado en primicia por la blogosfera de Parapanda.

2012, enero / En este Número

Insight - http://www.insightweb.it/

Insight es una publicación multilingüe que tiene como objetivo analizar la crisis y sus desarrollos económicos y sociales.

Los lectores interesados en recibir los siguientes boletines pueden registrarse en la página.

Mientras la crisis italiana se enlaza con la de la eurozona, el nuevo gobierno Monti, tras las medidas de austeridad, se dirige ahora a la liberalización de los despidos

(Romagnoli y Lettieri). Pero la crisis del euro está bien lejos de hallar una solución. Discuten sobre este punto una serie de intervenciones (Amoroso y Jespersen, Colitti, Paladini).

Mientras tanto, en los Estados Unidos, con la apertura de la campaña presidencial, los republicanos van directamente al ataque contra Obama (Dean Baker y Robert Kuttner).

En la sección Papers, un ensayo de Mario Nuti examina la marcha de la crisis global y sus posibles desarrollos. Y además, se incluyen escritos sobre la post- crisis argentina, sobre trabajo y desigualdad en América y sobre las posibles soluciones a la crisis del euro.

Artículos

• Bruno Amoroso and Jesper Jespersen

On board Titanic: The EMU in stormy weather

Il sistema monetario europeo nella tempesta

Umberto Romagnoli

El retorno de la licencia para despedir

Il ritorno della libertà di licenziare

• Antonio Lettieri

Articolo 18 - Se passa il modello americano

• Marcelo Colitti

Le paure della Germania aggravano la crisi

Ruggero Paladini

An old taboo: the balanced budget

Il taboo del pareggio del bilancio

• Dean Baker

Will Romney Lie His Way to the White House?

• Robert Kuttner

Obama's Populism

• John Weeks

Estimating the UK one percent: A public service message

• Papers

Scenari possibili dopo la crisi globale

Domenico Mario Nuti

La historia del éxito económico argentino y sus implicaciones

CEPR

Lavoro, sindacato e diseguaglianza in America

Antonio Lettieri

A Modest Proposal for Overcoming the Euro Crisis

Yanis Varoufakis and Stuart Holland

En Views , entre otros, artículos de: Robert Reich, Tarso Genro, Etienne Balibar, Joseph Stiglitz

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Editor Antonio Lettieri Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos

Editorial Board Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Marcello Colitti; Oscar Ermida; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Jayati Ghosh; Guillermo Gianibelli; Stuart Holland; David Howell; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis; Mario Nuti; Ruggero Paladini; Thomas Palley; Guido Rey; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Herman Schmid; Hartmut Seifert

DÉJÀ VU

2012-01-13T20:29:00.002+01:00

En uno de los programas que hizo la espléndida banda británica Monty Python, un psiquiatra quería explicar a los televidentes lo que significaba como síntoma dismnésico la sensación de déjà vu, típico trastorno neuropsiquiátrico, y al hacerlo continuamente se repetían los mismos hechos y volvía a comenzar la explicación hasta que por fin salía desesperado huyendo del programa para continuamente volver a escapar de él. Sobre este recuerdo, se construye el texto que se presenta a continuación, que hemos podido sustraer a la redacción de la Revista de Derecho Social, en donde lo están manejando como base de un editorial del inminente número 56, último del año 2011. Este es el texto:

El cambio del mapa político español tras las elecciones del 20-N ha impuesto un nuevo escenario. Todos los comentaristas, creadores de opinión y los propios protagonistas de esta nueva época lo proclaman con cierta solemnidad. Se ha alumbrado un nuevo gobierno y se han adoptado unas medidas de choque como forma de encarar la crisis fundamentalmente mediante la reducción del déficit público. Se previene no obstante a la ciudadanía que otras medidas aún “menos gratas” habrán de adoptarse una vez celebradas las elecciones andaluzas, reconociendo así de forma evidente que se quiere preservar frente a posibles resistencias a nuevas medidas “de rigor” la respuesta del electorado andaluz. Al lado de las medidas de congelación salarial y de plantilla de las administraciones públicas junto con supresión de mejoras colectivas y el aumento de la jornada máxima en este sector, la congelación del salario mínimo y el recorte de gasto público en inversiones en obras públicas y en I+D, se abre de nuevo un período de negociación entre los agentes sociales en donde la patronal y los sindicatos han sido capaces de encontrar algún espacio de coincidencia en temas importantes, como el de reformar el instrumento convencional colectivo de resolución de conflictos adecuado a las exigencias de las últimas reformas laborales, se septiembre de 2010 y de junio de 2011. Hay también la novedad de la subida de impuestos, especialmente el que grava los rendimientos de las personas físicas, descompensado respecto de las rentas de capital, y la subida del IBI. Las pensiones se revalorizan modestamente en un 1%, sin que esta cifra impida la pérdida de poder adquisitivo de las mismas y por tanto obligue a la actualización que se debe producir a fin de año ante la desviación producida respecto del IPC. Para cerrar el panorama, los nuevos gobernantes afirman estar en plena sintonía con sus decisivos pares europeos – la entente franco alemana – y el Banco Central.

Pese a lo que se comenta como una “nueva etapa” que rompe de forma abrupta con la experiencia política anterior, los iuslaboralistas tienen ante estos hechos una sensación de déjà vu. Es decir, perciben una continuidad repetitiva con hechos ya asumidos colectivamente como un proceso histórico pasado. Las medidas de contención del déficit son una nueva vuelta de tuerca al sector de los empleados públicos que verán una vez más recortado su salario real y aumentadas sus obligaciones de trabajo. La congelación de plantillas y la no reposición de las vacantes por jubilación u otras causas, prolonga las muy controvertidas medidas en algunas comunidades autónomas en donde los recortes del presupuesto se han cebado en sanidad y ante todo en la educación. El paro sigue aumentando inexorablemente y se sigue hablando de la necesidad de una nueva reforma laboral que insista en el abaratamiento del despido y su inmunidad en cuanto a acto definitivo del empresario no controlable. Incluso el procedimiento para lograr que el gobierno legisle en soledad sobre este tema es también conocido.

Un tiempo de negociación – que en este caso, como se ha dicho, consigue acuerdo en cuatro cuestiones de importancia, pero no en otros asuntos muy sensibles, como el crecimiento salarial a través de los convenios colectivos – que la asociación empresarial considera superfluo puesto que es el gobierno quien debe imponer unilateralmente los modelos de regulación del empleo propuestos y extremados por el empresariado, porque juzgan innecesario intentar una solución de transacción con los sindicatos a través del acuerdo social. Incluso es el mismo reparto de papeles entre los diferentes protagonistas, uno afable aunque severo, el presidente de la patronal a nivel estatal, y otro duro y radical, que es el presidente de la asociación empresarial madrileña y al que compete anunciar la inconveniencia del pacto. Las propuestas de reforma son también conocidas, sigue estando presente la peregrina idea del “contrato único”, pero fundamentalmente se trata de lograr que el despido improcedente se deslice hasta la cifra por el momento estimada como óptima de 20 días por año de servicio, es decir, se reduzca en más de un 120% la sanción indemnizatoria por ejercitar incorrecta y arbitrariamente la facultad de rescindir el contrato de trabajo. Y naturalmente también insistir en que el despido no debe ser enjuiciado ni controlado por una instancia judicial si se basa en las necesidades organizativas, productivas o económicas de la empresa, apreciadas libre y vinculantemente por el empleador.

El ritornello es el mismo: se requiere una reforma laboral que cree empleo porque la anterior – que se justificó con el mismo motivo – no ha servido a esta finalidad. Y, como se aprecia fácilmente, sigue produciendo sus nocivos efectos en términos de desprotección social que a la postre estimula la destrucción de empleo. Y así sucesivamente. Con el agravante que la deriva de las normas sobre el empleo, a partir de la ley constitutiva 35/2010, han seguido una espiral de confusión y últimamente de regresividad con el último jalón de agosto de 2011, que desarrolla el espacio de los contratos formativos como contratos precarios y baratos, instaura un periodo de gracia para la temporalidad fraudulenta y se continua en la definición de relaciones de trabajo excluidas del derecho laboral sobre la base del componente exclusivamente formativo. Cada nueva pincelada sobre la regulación del empleo emborrona el cuadro y deteriora el marco legal estable de los derechos laborales.

Y ni siquiera los mercados son proclives a comprender que en España se ha producido una nueva era que implica un cambio fundamental en la gobernanza económica y social de la nación. Nada más conocerse las medidas aprobadas el 30 de diciembre del año pasado, la desconfianza de los mercados se puso de manifiesto y subió la prima de riesgo. Y las autoridades europeas felicitan la acción de recorte del déficit emprendida por el nuevo gobierno, pero le exigen más decisión y nuevas medidas para equilibrar las finanzas y “recuperar la confianza” de los inversores.

Esta sensación de que todo lo que sucede es una repetición de lo que ya nos ha sucedido, genera la idea de un bucle temporal continuo del que es imposible escapar al menos colectivamente, como el protagonista del Día de la marmota, atrapado en la reiteración de los mismos hechos durante un lapso temporal que se reinicia cada mañana. Puede sugerir por tanto una cierta congelación de las acciones de los sujetos políticos y sociales que se desenvuelven en nuestro país y que por varios motivos no sintonizan con ese programa de reiteración en la desprotección y en el incremento de la desigualdad y de la inseguridad en que se resume la actuación de los poderes públicos frente a la crisis.

Es más probable sin embargo entender que la alteración del mapa político en España y el despliegue de un programa continuista del gobierno como forma de afrontar la crisis permanente, esté obligando a los sujetos políticos y sociales a comenzar de nuevo el juego, a fijar la apertura de las piezas antes de realizar los movimientos más determinantes. Es seguro asimismo que hay mayor capacidad de resistencia social que de presentación de alternativas plausibles en el plano político-electoral avaladas por un gran número de ciudadanos. Y también que la constatación de esta situación ha puesto en el punto de mira de los esfuerzos de los medios de comunicación sostenidos por los grandes grupos económicos y por los creadores de una opinión pública despolitizada, la agresión al sindicato como sujeto que puede organizar de manera eficaz la resistencia en torno a un proyecto de sociedad que tenga en su centro el trabajo y sea capaz todavía de reivindicarlo. Junto a ello hay señales aún más inquietantes. La desafección de una parte de la población ante la posibilidad de respuesta a unas medidas que cada vez más hunden al país en una situación de postración económica y de desestructuración social, es un objetivo prioritario de los poderes públicos y económicos que, pese a las importantes movilizaciones sociales que han recorrido Europa en diversos espacios nacionales, niegan cualquier salida, cualquier capacidad de incidencia para lograr un tipo de acuerdo transaccional entre las fuerzas en juego. Se quiere transmitir la idea de que la resistencia social expresada en el conflicto no tiene “capacidad de intimidación”, es decir, fuerza suficiente para detener, alterar o modificar el proyecto central de devaluación de las condiciones salariales y de trabajo de la población trabajadora, y la restricción plena de las capacidades de regulación colectiva de las relaciones laborales.

En este sentido, la atención a los aspectos de la acción sindical especialmente relacionados con el sujeto del conflicto en que se resume la capacidad de hacer presente el proyecto emancipatorio alternativo que éste encarna, parece que deberán ser atendidos con cuidado, favoreciendo posiblemente la extensión de la información, del debate y la discusión sobre las formas de respuesta a las medidas “de rigor” entre todos los trabajadores, cuya orientación y resultados son por otra parte plenamente conocidos y sabidos a partir del giro regulativo que se produjo en España a partir de mayo de 2010.

Y aunque se trate de algo también conocido, es importante asimismo que la respuesta a las medidas de recorte de derechos de trabajadores, empleados públicos y ciudadanos en general encuentre una organización y una teoría de la acción en el espacio europeo. Cada día se aprecia con mayor nitidez la identidad en el esquema de las “reformas estructurales” puestas en práctica en Grecia, Portugal, España e Italia sobre las relaciones de trabajo y las garantías de empleo, como a su vez son convergentes las iniciativas en la reformulación de los sistemas de seguridad social y de asistencia además de en estos países, también en Francia, Irlanda, Bélgica y, de forma muy extrema, en Gran Bretaña. Estas iniciativas están afectando de forma muy directa la estructura y la dinámica de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo y que socavan las condiciones de ciudadanía social. El inicio de recomposición del sindicalismo europeo como un sujeto con nervio y con capacidad de organizar un proyecto alternativo, debe proseguirse y profundizarse en este año de forma prioritaria, y en esa dirección, sería muy significativo la convocatoria de una jornada de lucha y de movilizaciones en toda la Unión Europea por la Confederación Europea de Sindicatos ante la situación de colapso económico y de crisis política e ideológica en la conducción del gobierno de Europa.

EL RETORNO DE LA LICENCIA PARA DESPEDIR (HABLA UMBERTO ROMAGNOLI)

2012-01-11T00:16:00.001+01:00

En actuación sincopada de la blogosfera de Parapanda, las bitácoras de Joaquín Aparicio y José Luis López Bulla han publicado al unísono la traducción al castellano - obra de Joaquín Aparicio - de un artículo de Umberto Romagnoli aparecido en Il Manifesto del lunes, y que aborda con su lucidez habitual el rumbo de las reformas presentes sobre el despido en el contexto de la crisis económica en Italia. Las palabras de Romagnoli son naturalmente exportables a la situación española.

El trabajador puede legítimamente dimitir en todo momento sin ni siquiera decir por qué. Pero, si es despedido, puede obligar al empresario a que convenza al juez de que el despido es justificado y, si este no es capaz de hacerlo, será indemnizado. Es lo que he enseñado a mis estudiantes durante muchos lustros. Pero no antes del año académico de 1966-67. En efecto, fue en julio de 1966 cuando una ley rompió con una larga tradición jurídica, codificada en 1942, según la cual para extinguir el contrato de trabajo bastaba la voluntad de una de las partes, con la única obligación de preavisar; aunque el despido sea una medida que, mientras para quien realiza puede ser incluso un capricho, para quien lo sufre puede ser un drama.

Probablemente, sin embargo, durante el año académico 2011-2012 los estudiantes de los cursos de derecho del trabajo deberán metabolizar conceptos sensiblemente diversos. En efecto, parece inminente la revisión de la legislación vigente que presumiblemente equiparará la libertad económica del empresario a la libertad personal del trabajador a su servicio, en la medida en que el despido tendrá un tratamiento más próximo al previsto para la dimisión y menos penalizante que el actual.

Esa proximidad no exige la abrogación del art. 18 del Statuto dei Lavoratori (1) . De hecho, ahora es impropio colocarla en el centro de la reforma; como por el contrario sucedió hace diez años, cuando la norma estatutaria recibió los dardos del gobierno Berlusconi por su dureza sancionatoria, que (como es sabido) toca el punto más alto con la reconstrucción, no solo formal de la relación de trabajo sino con la efectiva reintegración del trabajador sustituible por una indemnización de 15 meses a elección del trabajador injustamente despedido. Esta vez, no. La agresión no viene propuesta en estos términos. En parte porque es una insensatez desafiar de nuevo la ira popular y en parte porque en estos 40 años de experiencia se ha comprendido que la readmisión del trabajador injustamente despedido no es en absoluto automática: o es espontánea o no es.

Si se mira bien, el ataque a la regulación vinculante del despido ha cambiado de dirección. No es ya la radicalidad del aparato sancionatorio el dato normativo a eliminar. Más bien es la radicalidad de la revocación de la licencia para despedir sancionada en la ley del 1966. En realidad esta es la ley que desarrollando los input de la preexistente contratación colectiva interconfederal en el sector de la industria, prohíbe los despidos impuestos no solo por motivos ligados a comportamientos del trabajador reconducibles a “notables” incumplimientos contractuales, que el léxico jurídico define como “subjetivos”, sino también por motivos “inherentes a la actividad productiva, a la organización del trabajo y al regular funcionamiento de la misma”, que el mismo léxico define “objetivos”.

La extensión de la prohibición y la indeterminación de su formulación textual lo transforman en un vínculo destinado a retroactuar sobre la gestión de la empresa y, por lo tanto, a chocar con la garantía constitucional de la libertad de iniciativa económica, pero no es que la disposición legal sea anticonstitucional. Puesto que, según la constitución, la libertad de empresa “no puede desplegarse en contra de la utilidad social”, es pura ideología sostener que el despido –solamente porque sea impuesto por motivos objetivos- sea en si socialmente útil. Usado para hacer cuadrar las cuentas de la empresa, se constituye como el resultado de un cálculo de conveniencia que el empresario efectúa contrastando la utilidad económica de mantener al trabajador y las ventajas que le procuran su despido. Pero, de acuerdo con lo pensado por los autores de la ley del 1966, toca al juez -¿y a quien si no?- establecer la entidad del sacrificio que razonablemente impone a la empresa. Por esto los reflectores han estado siempre apuntando a la aplicación que los jueces hacen de la ley limitativa del despido.

Para apreciar de modo pleno el impulso que han tomado los propósitos revisionistas, de los que hoy están llenas las crónicas, con la mirada puesta en la praxis jurisprudencial, es suficiente referirse a la indulgencia de la casta empresarial (y de sus abogados de confianza) hacia la disposición legislativa de 2001 que consiente “la adición de un término a la duración del contrato frente a razones de carácter técnico, productivo, organizativo”. Sin embargo, también aquí se está en presencia de una definición legal del motivo justificado de la predeterminación de la duración del contrato de trabajo que, como en el caso del motivo justificado de despido, deja al juez una amplia discrecionalidad valorativa de resultado incierto. Aunque el efecto limitativo de aquella norma no puede decirse que se haya debilitado por el filtro judicial, se está de hecho produciendo bien sea porque el fenómeno de la precarización está alimentado por una impresionante cantidad de contratos estructurados de diverso modo por la ley de 2003 como alternativa a la figura clásica del contrato a término, bien sea porque son muchos los factores que impiden a los precarios acudir al juez, muchos más de los que pueda tener un trabajador despedido. En suma, el contencioso judicial relativo a la licitud de la imposición de un término final a la relación de trabajo, cuantitativamente inferior al de la controversia en materia de despido, no preocupa.

Esto significa que también la presión para re-regular el despido sería menos violenta si no hubiese decisiones acumuladas de los jueces (del pretor de provincia hasta la casación) que se las ingenian –con la sabiduría empírica de que son capaces y el patrimonio de conocimientos de que disponen- de buscar un aceptable equilibrio entre la tutela del interés de los ocupados a la conservación del puesto de trabajo y el interés del empresario a reducir los costes empresariales. Por esto, todo el problema nace del hecho de que la casta empresarial esperaba que la magistratura se limitase a aceptar la coherencia del nexo de causalidad entre la motivación del despido y la decisión de despedir, convalidando la valoración hecha por la empresa. Viceversa, ha asistido con creciente frustración a la formación de una orientación tendencialmente hostil a la idea de que despedir por motivos “objetivos” sea una medida de adecuación automática a las exigencias objetivas que solo la empresa es capaz de evaluar. Es decir, la jurisprudencia es considerada un obstáculo a la llamada flexibilidad de salida porque es propensa a considerar injustificados los despidos que, aún siendo adoptados por motivos objetivos, se han decidido sin tomar en adecuada consideración el interés sacrificado.

Una actitud de este tipo –hija de una concepción de la libertad de empresa alejada de la cultura tecnocrática dominante- no ha agradado jamás a los gobiernos Berlusconi, los cuales han comenzado pronto a manifestar su contrariedad: en principio en el Libro Blanco de 2001 y, de seguido, creando un conjunto de incentivos para la composición extrajudicial de los litigios de trabajo que expresa una incomprensible desconfianza hacia los jueces. En esta dirección va una norma contenida en el chapucero paquete legislativo denominado “ collegato lavoro” (relacionado con el trabajo) aprobado por el Parlamento en 2010, en donde se afirma que “en todos los casos en los cuales las disposiciones legales contengan clausulas generales” –como en materia de despido o de contratación de trabajadores a tiempo determinado y, en general, de “ejercicio de poderes de dirección”- “el control judicial queda limitado exclusivamente a la comprobación del presupuesto de legitimidad y no puede extenderse al análisis de fondo sobre valoraciones técnicas, organizativas y productivas que competen al empresario”. Con este tono, tan profesoral y fuera de lugar, se imparte a los jueces la directiva hermenéutica de imitar el íter argumentativo querido a los sofistas: “post hoc ergo propter hoc”. Se puede también ironizar sobre el deseo del legislador de condicionar el proceso de formación del convencimiento del juez a fin de privilegiar a priori uno de los intereses en juego. Va dado, sin embargo, que la estrategia de deslegitimación y marginación del papel de los jueces (no solo) del trabajo, teorizada en la era berlusconiana, ha gozado siempre de consensos políticos transversales y son tantos los que comparten que, si se quiere en serio que el papel de estos jueces sea sustancialmente de estilo notarial, es necesario establecer netamente que el asunto del despido por causas “objetivas” quede fuera de cualquier control. No por casualidad el gobierno Monti mira con simpatía un proyecto de ley (que no es del Partido Democrático, pero está en la operación) presentado por un grupo de parlamentarios del PD (el primer firmante Pietro Ichino), donde se prefigura un singular acto civilmente licito y, no obstante esto, productivo de daños en alguna media resarcibles: como, por ejemplo, el despido por motivos “objetivos” que se convierte así en un instrumento ordinario y normal de gestión de la empresa fuera de control. En efecto, también este es un modo de celebrar la apología de la escuela de pensamiento que predica “más sociedad, menos Estado”. Un Estado cuyos jueces tienden a considerar el despido una extrema ratio, cohonestándolo solo si se persuaden que no hay otra alternativa.

Si al final viene a la luz esta especie de salvoconducto judicial de una de las más significativas manifestaciones del poder de directivo empresarial, la primacía de la empresa en la sociedad será reconfirmada y el proceso de restauración de la autoridad patronal acelerado. Pero sería arbitrario, porque la constitución atribuye al conjunto de los componentes de la Republica – sin exclusión alguna- la tarea de “promover las condiciones hacen efectivo el ejercicio del derecho al trabajo”: entre los cuales está comprendida una verificación del correcto ejercicio del poder de despedir.

(1) Se refiere al art. 18 de Lo Statuto dei lavoratori que impone la reintegración al puesto de trabajo, como se explica más adelante, haciendo referencia a la ley del 66, la cual da al juez la facultad de declarar la nulidad del despido sin justa causa o motivo justificado (Nota del traductor).

FORMAS NUEVAS Y VIEJAS DE EXPRESIÓN DEL CONFLICTO

2012-01-09T23:32:00.001+01:00

Siguiendo las reflexiones que sobre el conflicto social iniciaba ayer López Bulla, a continuación se coloca en el blog una serie de apreciaciones sobre el conflicto que nacen de un debate largo en la Fundación 1 de Mayo durante el pasado otoño.

Se constata desde hace mucho tiempo la especialidad de la organización del servicio en la determinación del alcance del conflicto. Es más actual sin embargo comprobar cómo los cambios en la organización empresarial y la acción combinada de la privatización y la externalización de los servicios “esenciales” no sólo han generado cambios importantes en las formas de acceso a los derechos satisfechos a través de éstos, sino en las formas del conflicto, mucho más “horizontales” o “segregacionales” que los antiguos conflictos “generales”, lo que a su vez induce a un debilitamiento de la solidaridad y de la igualdad como motor del conflicto. En ese sentido, el auge de otras formas de protesta, no reconducibles al concepto de huelga como abandono colectivo y concertado del trabajo es una tendencia creciente que tiene que ver con la eficacia última de la medida de presión en contextos de trabajos más cualificados y posiblemente en mejores condiciones de negociar sus condiciones de trabajo. También, con carácter general, el desplazamiento indirecto de la eficacia del conflicto del área de la producción al espacio de la comunicación como forma de incidir sobre una opinión pública que se percibe determinante en el éxito o en la aceptación de las reivindicaciones sostenidas mediante la huelga.

El desplazamiento al espacio de la comunicación de una parte de la presión de los trabajadores como condición de eficacia de la misma repercute necesariamente en la práctica sindical, obligándole a “sacar” del ámbito de los lugares de trabajo la efectividad de las medidas adoptadas, o al menos, a “compartir” el lugar del conflicto: del espacio de la producción al espacio de la comunicación. Tradicionalmente este ligamen se hacía a través de la “salida” del conflicto a la calle a través de manifestaciones o las marchas desde los lugares de la empresa a la ciudad en la que se encuentran los centros de decisión económica. En los años 80, la marcha de los mineros de Crimidesa constituyó un hito en su cobertura informativa. Pero ahora el espacio de la comunicación en el que se mueve el movimiento sindical es más complejo. De un lado está totalmente enajenado, no le pertenece y es claramente hostil, en relación con los medios de comunicación clásicos, en su abrumadora mayoría favorables a la dominación económica y social. Pero ha crecido de forma exponencial un cierto espacio de comunicación informal y en alguna medida alternativo, aunque difuso y no concentrado. Por eso es importante reflexionar sobre los medios que proporciona ese “entorno” comunicativo como forma de acceder a la distribución y conocimiento de informaciones “alternativas” a aquellas por las que naturalmente discurre el flujo de información “oficial”. Conviene desarrollar un trabajo específico sobre el sindicato como “red” e “instrumento” de comunicación, y sobre los medios que éste puede utilizar para construir ese “entorno comunicativo” que asegure, extienda y fortalezca la defensa de sus posiciones en el conflicto.

Se aprecian ciertas tendencias a la “escenificación” de las posiciones en conflicto y a la “caricaturización” de las posiciones antagonistas. Una formalización en la que la imagen tiene un peso muy fuerte. En este sentido, la utilización de la técnica del “escrache” que en Latinoamérica se ha empleado ante todo para “señalar” a los verdugos de las dictaduras militares, tiene también aquí una aplicación “laboral”. En nuestro país, la movilización de los trabajadores de Sintel en el “Campamento de la esperanza” en plena Castellana, oponiendo su imagen de trabajadores sin empleo en el centro de las finanzas de Madrid, resultó extraordinariamente efectivo. Es una vía que se ha explorado en otras ocasiones, pero que requiere una organización muy compleja y una puesta en tensión de toda la solidaridad sindical posible para que pueda cumplir sus fines de forma completa.

Normalmente, la utilización de formas de expresión del conflicto que implican un daño a los bienes de la empresa, como el sabotaje, pertenece al pasado ludista del movimiento obrero. Pero en algunas huelgas se ha utilizado el sellado de cajeros o de puertas, o el recurso al sabotaje como forma de “cerrar” los centros de trabajo en huelga. Estas acciones suelen llevar aparejado un efecto muy negativo en el plano de la comunicación y de la información, puesto que son aprovechados como manera de mostrar los elementos negativos del conflicto. La repetición en todas las televisiones del país de la caída de una anciana porque durante la huelga de la limpieza del metro se había volcado aceite en los torniquetes de entrada al andén, es un ejemplo de las consecuencias negativas de una acción que daña la imagen de una lucha organizada y constante. Sin embargo recientemente la tendencia a la escenificación del conflicto que se ha señalado se confunde con la necesidad de convertir el mismo en un acto de “retorsión” de la violencia sufrida por los trabajadores ante despidos combatidos. Los secuestros de directivos que se han producido en Francia en este año, irían en esa dirección. Habría que distinguir no obstante estos nuevos secuestros que buscan llamar la atención sobre situaciones individuales, y la ocupación de la empresa con “retención” de los directivos, como forma de conflicto más ligada al mantenimiento del empleo y de la empresa como proyecto de viabilidad. Otras formas de ganar publicidad del conflicto pueden incorporar acciones clásicas del movimiento pacifista, del tipo huelgas de hambre, encadenamiento a una grúa o a algún otro lugar arriesgado.

El uso de Internet, Youtube, blogs, o mensajería móvil se viene empleando ante todo como forma de preparación de movilizaciones masivas, además del “clásico” de asambleas y reuniones con los trabajadores. Es cada vez más frecuente la apertura de páginas en redes sociales como facebook y otras que recogen conflictos concretos de empresas o de trabajadores, o en ocasiones, editar videos en youtube aprovechando fragmentos de películas o de serie que se subtitulan o se doblan sobre la base de los hechos acaecidos en el conflicto. Por esta vía se llega también a la utilización de la realidad virtual como forma de exteriorización de un conflicto antes de que éste se efectúe en la realidad. El ejemplo más conocido es la huelga de los empleados de IBM en Second Life a través de sus avatares, como primer paso antes de emprender una medida de presión clásica. También en ese plano de la expresión del conflicto como pura visibilidad, sin que éste se plasme en repercusiones sobre el trabajo o en la suspensión del mismo, se emplean pegatinas, chapas, o indumentarias especiales y excéntricas como forma de hacer ver a la empresa en primer lugar, que se está en una situación de conflicto, aunque sin llegar a la paralización de la producción.

En algunos supuestos, esta “virtualización” relativa de la presión laboral puede que sea útil porque hay sectores en los que la experiencia de una huelga se ha perdido. Es decir, que es posible que una generación de sindicalistas y de trabajadores no hayan conocido jamás una huelga en su empresa o rama de actividad, y por tanto carezcan de la experiencia concreta de cómo prepararla y mantenerla, más allá de la participación que se les requiere en huelgas generales de un día. Y hay otros sectores nuevos, de trabajo disperso y difuso, en donde la convocatoria de una huelga es algo totalmente nuevo y posiblemente inapropiado en los términos protocolarios o rituales del conflicto en el trabajo industrial. Hay además sectores y trabajadores que se creen – y lo están – especialmente expuestos a las represalias en forma de pérdida de su empleo. En la huelga general del 2002, muchos de los trabajadores precarios no adhirieron a la convocatoria de huelga en sus centros de trabajo porque ello implicaba casi de forma segura – o al menos eso era lo que pensaban – la pérdida del empleo. Sin embargo, muchos de ellos participaron en la manifestación de la tarde de ese día de huelga general, con pleno entusiasmo.

Pero en todo caso, el proyecto sindical de tutela de los derechos de los trabajadores con carácter general debe “procesar” en su trabajo estratégico la necesidad de encontrar formas de lucha y de conflicto apropiadas tanto a los diferentes sectores en liza, con especial atención a las formas del conflicto en un panorama de descentralización productiva y de dispersión de los trabajadores, como en lo relativo a la relación que existe entre dichas formas de presión y las diferentes identidades subjetivas que pueblan el sindicato, en especial, mujeres, jóvenes e inmigrantes como sectores cualitativamente importantes y en donde el sujeto colectivo debe actuar de forma más intensa para ir suturando el desgarro en las condiciones de trabajo y empleo respecto del resto de los trabajadores. En el debate por tanto sobre la acción sindical y la tutela de los derechos, las nuevas formas que ha de adoptar el conflicto para proteger más eficientemente el interés de los trabajadores, deben ocupar un espacio importante de reflexión.

CONFLICTO SOCIAL: INTIMIDACIÓN Y FORMAS DE LUCHA (HABLA LÓPEZ BULLA)

2012-01-09T00:20:00.001+01:00

En la última entrada de su blog Metiendo Bulla, José Luis López Bulla introduce un tema para el debate de enorme trascendencia, recogiendo una idea que ya había expresado hace algunas semanas sobre la actitud de los poderes económicos y políticos de soportar las movilizaciones sociales sin variar para nada el programa de acción que en materia social, laboral y económica llevan a cabo. Se trata de la capacidad de "intimidación" de los movimientos populares y más en general del conflicto social, que lleva consigo la necesidad de un debate sobre las formas de lucha en un contexto porductivo y social transformado en el que además la crisis económica está generando una amplísima franja de no-trabajo. A continuación se reproduce la entradilla de este "post".

“Las élites económicas (o las clases altas, si se prefiere) se están desentendiendo unilateralmente del pacto del Estado del bienestar porque consideran innecesarios los costes que les pueda ocasionar, en la medida en que las clases populares han perdido capacidad de intimidación”, escribe Josep Ramoneda en su artículo en la separata de hoy en El País (el subrayado es mío). Pienso que Ramoneda da, con mucha aproximación, en el clavo.

El movimiento sindical lleva unos cuantos años con potentes movilizaciones ya sea de ámbito nacional como europeo. Y sin embargo todas ellas han sufrido un rotundo ninguneo. El problema no es, así las cosas, la ausencia o endeblez de la presión sostenida sino la ausencia de salida de las mismas o –dicho en plata— la no consecución de sus objetivos. Lo que comporta, en palabras de Ramoneda, a la “pérdida de intimidación”. Esta es una cuestión de primer orden que desafía y –no nos vayamos con remilgos— pone en entredicho las alternativas del sindicalismo confederal.

Hace tiempo que reflexioné sobre el asunto vinculando el ejercicio del conflicto social a la innovación tecnológica. Ahora el asunto se nos complica porque los poderes contrarios se encogen de hombros como diciendo “allá vosotros con lo que hacéis; no vamos a cambiar ni un ápice del guión que tenemos escrito”. Es una situación que puede acarrearnos graves complicaciones en nuestra capacidad de representación. Así las cosas es necesaria una amplía reflexión sobre ello. Y en concreto: ¿de qué manera se puede y debe ejercer el conflicto de masas para que cumpla con su objetivo?

Sugiero, por lo tanto, que es fundamental repensar estas cosas.

A continuación JLLB incorpora un texto de 1997 en el que relaciona el conflicto con un contexto productivo y tecnológico que ha modificado la práctica de la lucha derivada del fordismo. (http://www.lopezbulla.blogspot.com/2012/01/carmen-rodriguez-viuda-de-simon-sanchez.html). Pero seguramente que deberemos seguir reflexionando sobre estos asuntos en siguientes "entradillas" del blog.

NO HAY DERECHO(S). UN LIBRO DE PISARELLO Y ASENS

2012-01-07T02:12:00.000+01:00

Es de suponer que los Reyes Magos hayan traído lecturas provechosas. Aquí va una de ellas, que recomendamos fervientemente en la blogosfera de Parapanda. Se trata del libro de Gerardo Pisarello y Jaume Asens, No hay derecho(s). La ilegalidad del poder en tiempos de crisis. Icaria /Antrazyt, Barcelona, 2011, 239 pp. 18€.

Gerardo Pisarello y Jaume Asens son una "marca" bien conocida en sus intervenciones en la prensa, en especial en el periódico hoy amenazado en su supervivencia Público. Utilizando el título de una emblemática revista argentina de los años noventa en cuyo diseño trabajaron Bovino, Abramovich y Courtis, estos dos señalados exponentes del Observatorio de Derechos Sociales y Culturales (DESC) con sede en Barcelona, han cuajado un libro que recopila y ordena una serie de artículos publicados en diversos medios de comunicación entre el 2005 y el 2011 sobre un fondo común: la importancia creciente del respeto de las garantías jurídicas individuales y colectivas como elemento central no sólo del sistema democrático sino de la propia conformación de unas políticas progresistas.

Como son dos los autores, también tienen dos prologuistas. El primero de ellos, Carlos Taibo, aun desconfiando de ese planteamiento entiende que los autores abordan de forma directa y convincente los grandes temas cruciales de la política en estos años de crisis ideológica de las izquierdas políticas. El segundo, que es Ramón Sáez, coherentemente con su posición que relaciona el derecho y el poder desde una perspectiva que privilegia la razón y la cultura, revaloriza la convicción de esta extraña pareja de que el derecho es un espacio de confrontación y que es preciso intervenir en la esfera pública para “apuntalar, garantizar y dotar de eficacia a los derechos de los más débiles en un mundo dividido donde el capital se ha impuesto con paso firme, haciendo tabla rasa de muchas conquistas”.

En la introducción Pisarello y Asens explican de forma muy clara la intención de las intervenciones que siguen: la tendencia del poder económico y político de las clases dominantes a actuar saltándose la propia legalidad estatal en unos tiempos que se califican continuamente como “de excepción”. Por eso la obsesión de los “leviatanes públicos y privados” de este tiempo intentan día a día afirmar que no hay derechos, y lo vehiculan con brutalidad indisimulada a través de sus políticas de excepción. Por eso el discurso del derecho y de los derechos debe servir como arma para deslegitimar las actuaciones arbitrarias del poder.

La Comisión de Defensa del colegio de Abogados de Barcelona y el Observatorio DESC han sido el reservorio donde gran parte de los temas que abordan los autores han ido desenvolviéndose. Y los presentan agrupados temáticamente en torno a doce ítems entre los que destacan los relativos a la crítica de la globalización capitalista y el militarismo junto a la de los problemas de la seguridad y la policía y la emergencia de una cultura antirrepresiva, un amplio elenco de problemas derivados de derechos y libertades fundamentales, ante todo respecto de la libertad de expresión la reivindicación de la libertad de crítica y el derecho a la protesta, pero también la libertad religiosa y el laicismo, o los derechos sociales en tiempos de crisis y los derechos de los inmigrantes en particular, sin olvidar los temas trascendentales de la memoria histórica o los grandes problemas políticos de la configuración federal o autonómica del Estado español, de la construcción europea o “las señales del sur”, es decir, los nuevos procesos constituyentes en la América andina.

El libro se debe leer asimismo como un recordatorio de los grandes problemas que se plantean ahora de manera más aguda con la crisis. La crisis que “ha dejado al descubierto la existencia de un modelo muy singular de capitalismo inmobiliario-financiero, basado en el sobreendeudamiento privado y en la corrupción administrativa y con drásticas consecuencias desde el punto de vista social y ambiental”. Los textos reunidos en No hay derecho(s) quieren dar cuenta de toda una problemática muy extensa a partir de una suerte de collages que desde el punto de vista estilístico se inscriben en “la tradición de la polémica”, que no llega a al invectiva ni al libelo, y que además están muy bien y claramente escritos.

En síntesis, Pisarello y Asens preparan el camino para una renovación de la política y de la esfera pública a partir de un entendimiento dialéctico y radicalmente democrático del papel del derecho y de los derechos. Sus artículos, como señala su segundo prologuista, son siempre “una noble expresión de la lucha cultural contra la barbarie”

"COLLAGES" A COMIENZOS DEL AÑO DOCE

2012-01-05T20:52:00.000+01:00

Ha comenzado el nuevo año. Les suponemos ya ahitos de pastelillos y turrones, tras copiosas comidas como la que recoge la fotografía - un encuentro de hermandad en la Asociación Pashukanis, dirigida con mano de hierro en guante de seda por el trío directivo que ven el la imagen, los profesores Terradillos y Olivas y la profesora Romero - y también de las noticias nacionales que ya son cada vez más locales: nuevo gobierno, nuevas medidas. Conscientes de que conocen el interesante documento realizado por CCOO explicando críticamente el primer texto legal aprobado en el consejo de minsitros del 30 de diciembre, hemos preferido mirar alrededor y señalar algunas noticias de países tan cercanos como Grecia y Portugal. Pero lo hemos hecho utilízando la muy conocida técnica del collage. Los textos en los que se basan los recortes son tan conocidos que ni los mencionamos. Y, naturalmente, trasladamos a todos los lectores nuestors mejores augurios para el año que comienza, año doce del nuevo siglo XXI.

Ahora que nuestros lectores han visto ya desarrollarse la lucha de clases en formas políticas gigantescas, ha llegado el momento de analizar más de cerca las relaciones económicas en que descansan por igual la existencia de la burguesía y su dominación de clase, así como la esclavitud de los obreros.

La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía que su propietario, el obrero asalariado, vende al capital. ¿Para qué la vende? Para vivir. Porque la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la propia actividad vital del obrero, la manifestación misma de su vida. Y esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de vida necesarios.

El interés del capitalista y del obrero es, por consiguiente, el mismo, afirman los burgueses y sus economistas. En efecto, el obrero perece si el capital no le da empleo. El capital perece si no explota la fuerza de trabajo, y, para explotarla, tiene que comprarla. Decir que los intereses del capital y los intereses de los obreros son los mismos, equivale simplemente a decir que el capital y el trabajo asalariado son dos aspectos de una misma relación. El uno se halla condicionado por el otro, como el usurero por el derrochador, y viceversa.

Ahora bien, la expresión monetaria del precio del trabajo, el salario nominal, no coincide con el salario real, es decir, con la cantidad de mercancías que se obtienen realmente a cambio del salario. Por consiguiente, cuando hablamos del alza o de la baja del salario. no debemos fijarnos solamente en la expresión monetaria del precio del trabajo, en el salario nominal. El salario se halla determinado, además y sobre todo, por su relación con la ganancia, con el beneficio obtenido por el capitalista: es un salario relativo, proporcional. ¿Cuál es la ley general que rige el alza y la baja del salario y la ganancia, en sus relaciones mutuas? Se hallan en razón inversa. La parte de que se apropia el capital, la ganancia, aumenta en la misma proporción en que disminuye la parte que le toca al trabajo, el salario, y viceversa. La ganancia aumenta en la medida en que disminuye el salario y disminuye en la medida en que éste aumenta.

Pero el capital no vive sólo del trabajo. Este amo, a la par distinguido y bárbaro, arrastra consigo a la tumba los cadáveres de sus esclavos, hecatombes enteras de obreros que sucumben en las crisis. Vemos, pues, que, si el capital crece rápidamente, crece con rapidez incomparablemente mayor todavía la competencia entre los obreros, es decir, disminuyen tanto más, relativamente, los medios de empleo y los medios de vida de la clase obrera.

Esta reflexión sobre los medios de vida de las clases laboriosas se deben poner en relación con dos noticias recientes. Esta es la primera: La "troika" que forman el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el banco Central Europea han insistido en que el Gobierno griego rebaje el salario mínimo El salario mínimo mensual, una vez abonadas las cuotas a la seguridad social, es de 600,79 euros, que baja a los 500 para los empleados menores de 25 años. La patronal griega, la AEI, que agrupa a la gran industria y las empresas de servicios, se ha asegurado estar dispuesta a que el salario mínimo no se reduzca, aunque sí ha pedido que se recorten los salarios en general para mejorar la competitividad.

Y esta es la segunda: El gobierno portugués presentó en la Asamblea de la República un proyecto de ley que pretende aumentar la jornada de trabajo en 30 minutos diarios y dos horas y media semanales. La propuesta se justifica en aras a la creación de empleo y por eso no puede aplicarse en caso de despidos económicos y despidos disciplinarios, aunque si en el caso de extinción de contratos temporales, contrato de suministro de mano de obra y despidos por inadaptación al puesto de trabajo.

Dos caminos por tanto en la recomposición del capital en la crisis: O reducción del salario o aumento del tiempo de trabajo. Y siempre teniendo en cuenta (aquí de nuevo el recorte) que el salario no es más que un nombre especial con que se designa el precio de la fuerza de trabajo, o lo que suele llamarse precio del trabajo, el nombre especial de esa peculiar mercancía que sólo toma cuerpo en la carne y la sangre de las personas.

FIEBRE EN EL FIN DEL AÑO. ¿UNA PERCEPCIÓN ALTERADA?

2011-12-29T17:58:00.000+01:00

Es seguramente el efecto de las fiebres intermitentes que tienen postrado al titular de este blog, víctima de unas infecciones antiguas y persistentes que prometen desaparecer con el nuevo año. Pero recluido a la fuerza en su domicilio, lee y ve las cosas que pasan y le asalta una sensación de irrealidad muy potente. Siempre ha existido una narrativa oficial de las cosas que se aparta decididamente de lo que desde una posición social subalterna se percibe como la realidad cotidiana, pero esta separación en estos momentos resulta superada por una percepción alterada semejante al extrañamiento espacio-temporal. No sabemos si a los lectores y seguidores de la blogosfera de Parapanda les sucede lo mismo.

Tras las elecciones del 20 de noviembre el país entró en un periodo de stand by, un consumo de acontecimientos en espera de la gran decisión del nuevo gobierno, que se concretaba en las “medidas no gratas”, es decir, mayores recortes sociales y más sacrificios para los trabajadores y las capas sociales subalternas. La nominación de los ministros del área económica en sintonía con el capital financiero y las recetas neoliberales así lo confirmaba. El video en el que el presidente de la patronal se acercaba zalamero a Luis de Guindos, que respondía comedido a las rendidas expresiones de cariño y de afecto del representante de los empresarios decía mucho más que los discursos correctores de Montoro rechazando la palabra recortes sustituyéndola por la de reformas. Todo anunciaba una rápida decisión hasta que el tiempo en un momento dado se ha ralentizado. Hasta el último viernes del año no se completarán los cuadros dirigentes de los ministerios – los nuevos ministros despachan con los antiguos secretarios de estado – y aunque ya se adoptan medidas de restricción fuertes, se avisa con el desprecio acostumbrado hacia la publicidad democrática, que las medidas de recortes sociales más impactantes se pondrán en práctica después de las elecciones andaluzas, para no perjudicar el triunfo del candidato del PP. Se trata de un mensaje que justifica el engaño a toda la ciudadanía y que a todos les parece razonable. Mientras tanto, se congela el salario mínimo vulnerando lo pactado en el Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2010-2012, pero simultáneamente se habla de la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo entre los agentes sociales para lo que se da el generoso plazo de quince días de enero: una semana adicional a la festividad de los Reyes Magos para pactar cuyo fracaso será sustituido por decisiones unilaterales del gobierno. El problema es que todavía no sabemos qué es lo que deben acordar los sindicatos y los empresarios bajo la tutela del poder público. Por el momento los mensajes que llegan son más bien disonantes si se escucha a algunos de los emisarios de la patronal que han recobrado un empuje superior al de su ámbito de representación corporativa, como el aguerrido dirigente de la CEIM.

Enfrente, el bipartidismo agoniza por incomparecencia del rival. El partido derrotado de forma espectacular en los idus de noviembre asume su papel de looser pero sin el aura del antihéroe que caracteriza a esta figura. No están dispuestos a encabezar ninguna revuelta, ni a aparecer como defensores de la legalidad constitucional, ni tampoco a lo contrario. Mientras tanto, el debate sobre el proyecto socialista se resuelve en una duda sobre los candidatos más convenientes para aguantar el tirón de esta fase de la crisis. Algunos de sus exponentes más conocidos tropiezan con la corrupción practicada en pequeñas dosis como complemento de la política.

Y luego se inaugura la legislatura con un aplauso incomprensible al monarca que ha dicho que la ley es igual para todos pero que no se refería a su yerno con esa alusión tan voluntarista. Un parlamento que todos llaman plural porque el desmoronamiento del PSOE ha permitido algún hueco para opciones minoritarias diferentes, pero que resultará monolítico y estéril ante una mayoría absoluta que impondrá sin problemas lo decidido en otro lugar. La izquierda puede tener un papel de denuncia activa en este espacio público, enseñando con su práctica parlamentaria que hay otra forma de hacer política. Naturalmente el sectarismo ya aplicado y una cierta concepción de acomodo en la existencia grupuscular presagia resultados muy pobres en este sentido. Sin que por tanto sean previsibles resistencias eficaces que apoyen y promuevan movilizaciones sociales fuertes, las cámaras legislativas serán una máquina de registrar decisiones adoptadas más allá del debate parlamentario y sin que éste le afecte en ningún caso. Un parlamento que se estrena con un aplauso a la institución autocrática de la monarquía caracterizada por la opacidad en su patrimonio y la desigualdad radical en su esencia y funcionamiento.

Así se ven las cosas desde la febrícula. Congelación del salario mínimo, congelación de los sueldos de los funcionarios, reducción salarial generalizada como proyecto de alcance estatal. Recortes decisivos en los presupuestos autonómicos en educación y sanidad, cierre de servicios sociales. Sin embargo, los medios de comunicación insisten en que este tipo de decisiones no son nada apenas comparado con las medidas que vendrán. Así se prosigue este largo consumo de tiempo muerto hasta que por fin nos alcance el tiempo de las grandes decisiones, siempre un poco más allá, siempre impenetrables en su concreción y desde luego inmodificables como un destino cruel quizá no del todo merecido. Lo importante es que no haya ningún sujeto que medie en esa apropiación del tiempo por quienes deciden unilateral y autoritariamente la degradación de las condiciones de existencia de las clases subalternas y que no exista ninguna fuerza capaz de alterar el curso de las cosas.

La fiebre trae pesadillas. La narrativa oficial las está imponiendo como discurso generalizado. El año que viene ya veremos si se tienen en pie.

LECTURAS DE VACACIONES (III): LA TRADICIÓN DEL MARXISMO CRÍTICO

2011-12-28T17:43:00.002+01:00

En el panorama editorial español, destaca la Editorial Comares, fruto del mecenazgo de Miguel Angel del Arco, que tiene una serie de colecciones no sólo sobre derecho del trabajo y de la seguridad social, sino de obras clásicas de la teoría política, de la teoría del derecho y de la economía política. El seleccionador e introductor de todas estas obras es Jose Luis Monereo, director a su vez de la colección "Crítica del Derecho", que acaba de publicar en esa misma editorial La tradición del marxismo crítico. Esta es otra de las lecturas recomendadas para estas vacaciones.

Era evidente que en estos tiempos de crisis las referencias a Carlos Marx iban a ser muy frecuentes. La amplitud de las mutaciones en curso y los procesos ideológicos y políticos que los acompañan en los países desarrollados provoca que sea ineludible recurrir a Marx como eje de análisis y cómo forma de aproximación a las respuestas esencialmente políticas que requiere la crisis tal como resulta formulada por los gobiernos y las instituciones financieras en esta fase de la globalización neoliberal. El marxismo – mejor declinado en plural, los marxismos – es sin duda alguna la corriente teórica con mayores posibilidades de establecer un análisis crítico de la realidad política y social y de sostener un discurso ideológico alternativo basado en la emancipación de los seres humanos. Desde esta percepción, José Luis Monereo acaba de publicar en la editorial Comares su libro “La tradición del marxismo crítico”, en la que subraya la importancia del marxismo – justamente adjetivado como crítico – en el devenir de las ciencias sociales en general y del derecho en particular.

Monereo recuerda que no hay un solo marxismo, ni tampoco ya un marxismo canónico, codificado en razón de las posiciones políticas de partido o correspondiente a alguna de las fases de construcción del estado socialista. Ese código cerrado está ahí, no sólo pertenece a tiempos pretéritos en los que socialdemocracia y comunismo se disputaban la interpretación de la obra de Marx como un cuerpo enteramente homogéneo y definitivo, pero se ha ido diluyendo en su importancia ante la desaparición del estado soviético de un lado, y la agónica crisis de identidad de una social democracia a la búsqueda de un autor que abriera una “tercera vía” entre capitalismo y socialismo. Marx habría huido de la política institucional y de los partidos obreros para expandirse en la acción de los sujetos sociales y, de manera muy especial, en la producción de teoría en las ciencias sociales. Ese es el objetivo del libro comentado, que plantea en su capítulo primero la tradición del marxismo que adjetiva como “occidental” y en otras ocasiones “radical” en “el orden de la mundialización neoliberal” y su virtualidad para explicarla y criticarla. A continuación el autor describe “la persistencia” de los análisis marxistas en diversas ciencias sociales, no sólo en lo relativo a la escuela de Frankfurt, la escuela de la regulación y el llamado marxismo analítico estadounidense, sino más en general en el campo del derecho, de la economía, de la sociología, de la filosofía y psicología, de la teoría política y en el de la historia, desgranando una amplia lista de autores pertenecientes a o determinados por el análisis marxista, que seguramente será polémica más por los que no incluye en la misma que por los que incorpora.

Esa “pluralización” del marxismo no es tratado por igual. Es posible que Monereo esté preocupado por la influencia que el socialismo liberal pueda tener como marco de referencia de muchos de los análisis marxistas, por lo que le asigna un papel central en el libro en su explicación y crítica, tanto en cuanto al desarrollo del capitalismo y su “derrumbe” como en lo referente a la teoría del estado y el llamado socialismo democrático, para lo que aprovecha algunos de los materiales críticos que había utilizado al editar “El socialismo evolucionista” de E. Bernstein, poniendo en el centro del análisis los interrogantes sobre la capacidad política de la socialdemocracia y su discurso ideológico. Se trataría en definitiva de establecer un diálogo permanente entre la crítica marxista y las posiciones que conjugan liberalismo social y socialismo. Sin embargo, resulta más sugerente el análisis que efectúa de la concepción del Estado y del derecho en el marxismo, con una muy potente capacidad de allegar visiones convergentes que se sitúan “entre la tradición y la renovación”, y que son especialmente interesantes en lo que se refiere a la teoría crítica de la función del Derecho en la organización de la sociedad.

LECTURAS DE VACACIONES PARA JURISTAS DEL TRABAJO (II)

2011-12-26T01:41:00.002+01:00

Siguiendo con las recomendaciones de lectura y/o de consulta para los juristas del trabajo en estos días tan señalados, en esta entrega se hace referencia a dos de las últimas publicaciones de la siempre activa Editorial Bomarzo. Esta casa editora se ha revelado como un punto de referencia ineludible en la publicación de la producción jurídica sobre la regulación del trabajo y de la protección social. Al menos doce títulos publicados en cada año tienen necesariamente que ser consultados o constituyen obras de referencia doctrinal, lo que acredita la importantísima labor editorial de Bomarzo en el panorama de los estudios sobre el trabajo, el empleo y la seguridad social españoles. Bajo la siempre atenta guía de Luis Collado, la oferta de títulos es impresionante, como puede fácilmente comprobarse visitando su página web: http://www.editorialbomarzo.es/

En esta ocasión, el primer libro recomendado lleva por título Prevención de riesgos laborales y accidente de trabajo en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, del que es autor el catedrático de la Universidad de Valencia Carlos L. Alfonso Mellado. Al haberse publicado esta Ley que regula el proceso en el orden jurisdiccional social el once de octubre de este año que termina, serán muchos los comentarios generales a dicho texto. Acostumbrados como estábamos los laboralistas a una legislación laboral de excepción en la que so pretexto del empleo y de recuperar el mercado de trabajo, se incorporaban normas desreguladoras y reduccionista del conjunto de derechos colectivos e indivuales de los trabajadores, la nueva legislación procesal de la Ley 36/2011 (LRJS), va a contramano, porque no participa de ese encono antigarantista y reduccionista de derechos que ha tenido la legislación "sustantiva" sobre el trabajo desde mayo 2010. El texto de Alfonso se ciñe a una de las novedades más interesantes de la LRJS, la ampliación competencial y las nuevas reglas procesales en materia de siniestralidad laboral. Con sistemática clara y precisa, el autor analiza el ámbito competencial de la jurisdicción social, haciendo especial hincapié en las competencias novedosas, para en una segunda parte analizar las reglas de procedimiento en las reclamaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales, el accidente de trabajo y la enferemdad profesional, en donde las novedades en materia probatoria son muy interesantes, para describir por fin las "reglas específicas" en esta materia, donde resaltan las relativas al espinoso tema de la responsabilidad por daños derivados de accidente de trabajo y enferemedad profesional.

El segundo libro que se recomienda es un libro colectivo y está coordinado por Joaquín Aparicio y Berta Valdés (a los que se puede ver en la imagen, departiendo sobre la prometida inseminación científica de la obra), que han organizado un grupo de trabajos sobre La Responsabilidad Social de las Empresas en España: concepto, actores e instrumentos. Se trata del último fruto de un proyecto de investigación nacional del que era investigador principal Aparicio, que se correspondía con otro proyecto regional que lideraba Valdés. Este libro se debe leer en paralelo con el número monográfico de la revista Cuadernos de Relaciones Laborales vol. 27, núm 1. (2009), sobre La responsabilidad social empresarial en Europa y las corporaciones transnacionales, que dirigió, junto con los autores del presente, Margarita Barañano y que se insertaba en un proyecto europeo sobre este asunto dirigido como investigadora principal por la actual directora del COMPTRASEC de la Universidad de Burdeos 4, "Montesquieu", Isabelle Daugareilh.

Como saben los aficionados al tema, la responsabilidad social empresarial es una materia difícil y vaporosa para un jurista, sobre la que por cierto se escribe mucho más de lo que se debiera, y en la que sin embargo hay interesantes aportaciones desde la vertiente sindical, en especial a través de la web de Confia-CCOO y los siempre lúcidos análisis de Isidor Boix en la Federación de Industras del Textil-Piel, Químicas y Afines (FITEQA) de CC.OO. El libro recomendado recoge los estudios cuyos borradores fueron discutidos en un seminario realizado en abril de 2011 en Albacete, en el que predominando la aproximación jurídico-laboral, se incluían aportaciones desde la sociología. En el libro, los coordinadores abren el tema ligando la RSE a la noción de "gobernanza democrática de la empresa global", y esta dimensión por así decir transnacional acompaña a muchos de los escritos, desde el de la profesora alemana Eva Kocher, hasta el análisis sociológico sobre una importante muestra de empresas transnacionales con sede social en España de Mar Maira y Guacimara Gil, o el trabajo también genérico de Manuel Correa sobre la gobernanza en la globalización económica. En otros sin embargo se pone de relieve una versión más "interna" de la RSE, que viene a querer definir "una cierta forma de hacer empresa" con independencia de us proyección transnacional, y sobre la que Antonio Baylos ofrece una propuesta de inserción en el marco constitucional como una determinación añadida a la claúsula de libre empresa del art. 38 CE, y esta línea se prolonga en las reflexiones sobre la dimensión "macrojurídica" de la RSE de Rolando Cendón, necesariamente ligadas al análisis de este tema en el cuadro de las transformaciones del derecho en el capitalismo actual, obra del profesor de derecho constitucional de la UCM Francisco Serra, y sobre el que el investigador de la Fundación 1 de mayo, y conocido experto en el tema Fernando Rocha, efectúa sobre la RSE en tiempos de crisis desde la perspectiva sindical. La concreta mención que la Ley Orgánica de Igualdad (2007) hace a la RSE en relación a este tema, es analizado por Amparo Merino como forma de examinar las estrategias empresariales y las políticas voluntarias para hacer efectiva la igualdad en los centros de trabajo. El libro permite por tanto reconstruir los dos "itinerarios" jurídicos que el tema de la RSE presenta en sus implicaciones jurídico-laborales y por eso mismo es una obra infrecuente en el panorama de estudios jurídicos sobre esta materia.

LECTURAS DE VACACIONES PARA JURISTAS DEL TRABAJO

2011-12-24T01:48:00.000+01:00

Siempre son provechosos los días de vacaciones. En estos de Navidad y Año nuevo, es frecuente invertir el tiempo libre en frenéticas compras de regalos y de nutrientes. Comidas y cenas jalonan los días de las vacaciones, a lo que se unen las fiestas para dar y recibir regalos. Para descansar de tan ajetreado plan de ocio, es conveniente encontrar tiempo para la lectura. Diciembre es un mes propicio para la publicación de libros interesantes. Hay muchos suplementos culturales que lo pueden atestiguar. Pero en este blog pretendemos asomarnos - como hace el caballero de la foto, secundado por la colega, muchos más escéptica, si se me permite el calificativo- a una serie de lecturas recomendadas a los juristas del trabajo. Son sugerencias que iremos planteando a lo largo de tres entradas del blog. a continuación va el primer bloque de recomendaciones.

En primer lugar, se recomienda la lectura del número 55 de la Revista de Derecho Social. El tema que da lugar al editorial y que se refleja en la sección de debate es el de la repercusión de las reformas de la Seguridad Social sobre el impacto de género, es decir, las consecuencias más desfavorables que las nuevas reglas sobre el sistema de pensiones acarrea a los sectores que han tenido una trayectoria profesional más inestable e irregular, entre las cuales, y de forma muy señalada, están las mujeres ante todo las de menor cualificación profesional con obligaciones familiares. En la sección de debate, Nuria Pumar detalla este tema de las carreras profesionales irregulares y el impacto de género de forma muy crítica con la reforma de la Seguridad Social, y como contrapunto se ofrece un trabajo de Eva M. Hohnerlein sobre la rpotección social de las familias en Alemania.

La sección dedicada a los Estudios se abre con un texto de Umberto Romagnoli que resulta imprescindible para encuadrar la deriva última del panorama involucionista italiano con el pretexto de la crisis y la antisindicalidad creciente del sistema-empresa en torno a la Fiat. El ambiguo compromiso del Acuerdo Interconfederal italiano de 28 de junio de 2011 examina el difícil camino que en la actualidad debe recorrer el sindicalismo de clase italiano en la defensa de la negociación colectiva y de la presencia sindical en los lugares de trabajo. En el mismo espacio de lo colectivo, Mª Fernanda Fernández López realiza un análisis crítico y extremadamente sugerente sobre la libertad sindical en la doctrina del Tribunal Constitucional español, poniéndola en realción con la jurisprudencia del TEDH y con la doctrina de la OIT. A continuación, Lola Carrascosa efectúa una aproximación muy completa a los derechos laborales y de seguridad social de las víctimas de violencia de género, con importantes relieves críticos. Los dos últimos estudios incluídos en este número corresponden uno al tema muy actual de la regulación de la situación de cese de actividad para los trabajadores autónomos, que lleva a cabo Carmen Viqueira, y el otro al análisis del despido del trabajador por falta de adaptación a las modificaciones técnicas en su puesto de trabajo, obra de Icíar Alzaga.

Los comentarios de jurisprudencia que acompañan a los resúmenes de sentencias, versan sobre temas tambíen variados. En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, Natividad Mendoza y Juana Mª Serrano examinan un caso interesante sobre alegación de la inversión de la carga de la prueba en el marco de la aplicación del principio de no discriminación por razón de sexo y la obligación de confidencialidad de los datos obrantes en el expediente administrativo, y Paco Gualda analiza en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la doctrina de éste tribunal sobre el derecho de reunión o de manfiestación con fines sindicales o reivindicativos de la Guardia Civil. Para cerrar este espacio, Mikel Urrutikoetxea disecciona y estructura las líneas fundamentales de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la recepción y calificación jurídica de los riesgos psico-sociales.

La sección de negociación colectiva y conflictos se dedica en esta ocasión aun conflicto muy sonado hasta el verano del 2010, el de los controladores aéreos. Mª Teresa Igartúa y Inmaculada Marín enfocan el conflicto desde el punto de vista de la crisis del proyecto de convenio colectivo y la necesidad de un arbitraje en el mismo, pero soslaya los aspectos más directamente ligados a la huelga y a la reacción represiva del gobierno con la declaración del Estado de Alarma, Por último, la sección de Libros sigue conservando su característica de presentar una reseña breve y crítica de los libros seleccionados, y se acompaña la revista, también de forma acostumbrada, de un CD con las 100 últimas sentencias más interesantes de los TSJ, junto a un monográfico sobre sentencias que tratan el tema del embarazo y la maternidad.

Además de la Revista de Derecho Social nº 55, que corresponde al otoño del 2011, debe darse cuenta de una iniciativa muy interesante que ha llevado a cabo la Fundación Electra, que dirige el maestro y catedrático de Derecho del Trabajo uruguayo, Héctor Hugo Barbagelata, y que consiste en la publicación de una serie de pequeños textos que reciben el nombre de Cuadernillos de la Fundación Electra y que tienen por objeto difundir, en forma accesible no sólo para juristas, documentos de breve extensión que faciliten el conocimiento y el estudio de temas fundamentales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y cuestiones conexas de filosofía, economía, sociología o historia.

De entre ellos, debe destacarse el estudio de Oscar Ermida Uriarte, Meditación sobre el Derecho del trabajo, (Montevideo, 2011), que discurre sobre la vigencia y el impulso de los valores de protección, igualdad, dignidad, libertad y no discriminación en el Derecho del Trabajo. Es un texto típico de los que hacía Ermida, sencillo en su presentación, muy bien estructurado, y con una enorme carga política emancipatoria.

En otro registro, siempre en esta colección - de la que se han publicado casi contemporáneamente ocho volúmenes - es muy atractivo el texto de Hugo Barretto Ghione , Comprender el Derecho del trabajo a través del cine (Montevideo, 2011), en el que se defiende el uso del cine como recurso didáctico, de manera que el derecho del trabajo se pueda contemplar como un largo plano-secuencia, o se encuentren las analogías en la estructura del cine y del proceso judicial, proponiendo al final un ciclo de cine laboral asociado al programa del Derecho del trabajo.

UNA FELICITACIÓN NAVIDEÑA

2011-12-22T11:27:00.001+01:00

Al acercarse las vacaciones de Navidad, los correos electrónicos se pueblan de felicitaciones navideñas de todas las instituciones en contacto con el titular de la cuenta de correo. En el caso de esta bitácora, el aluvión de e-mails de instituciones universitarias es impresionante. Árboles, nieve, estrellas y en muchísimos casos representaciones religiosas y`piadosos deseos de amistad y solidaridad. Así que hemos considerado en el Comité de dirección del Blog la conveniencia de seguir esta misma senda y aprovechar "en abierto" el ciberespacio para felicitar las pascuas como se decía tradicionalmente. Hemos utilizado para ello un "christmas" que ha puesto en circulación el Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Castilla La Mancha. Esperamos que sea de su agrado.

POR UN 2012 ATENTOS A NUESTROS DERECHOS LABORALES

no dejes de ver lo que sucede

SOBRE MODELOS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y LA CULTURA DE LOS JURISTAS

2011-12-21T04:30:00.000+01:00

Los modelos de Derecho del Trabajo, objeto de un seminario en el Campus de Toledo

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo acogió ayer el seminario "Modelos de Derecho del Trabajo español. Democracia y fascismo en la regulación laboral (1930-1950)", promovido por el Area de Derecho del Trabajo dentro de un proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El encuentro, en el que participa una veintena de especialistas de las universidades de Castilla-La Mancha, Cádiz, Autónoma de Madrid, Barcelona y Complutense de Madrid, tiene también un carácter formativo, además de avanzar en el proyecto de investigación DER2010-19398 / JURI, tal y como explicó el profesor Antonio Baylos durante la presentación.

Este trabajo, que obtuvo el aval del Ministerio en 2010, "nació con el objetivo de extraer los modelos de Derecho del Trabajo frente a la crisis y analizar si es posible establecer una relación clara entre la construcción teórico-práctica del Derecho del Trabajo con los modelos constitucionales y etapas históricas del Derecho Español", señaló el catedrático e investigador principal del proyecto.

La sesión de mañana se dedicó al análisis de la producción normativa en materia social y laboral de la II República, a través de una introducción sobre el tema de Joaquín Aparicio, que sintetizó las líneas generales de esta etapa de construcción y de fundación del derecho laboral en nuestro país, subrayando las implicaciones que sobre este sistema tuvo la presencia de la fuerte crisis económica europea subsiguiente al "crack" de 1929. En el desarrollo del debate posterior, se contó con las intervenciones de Clara Álvarez sobre el sentido y las diversos textos básicos de la constitución republicana, de Gerardo Pisarello relacionando el universo cultural de la II República con el horizonte teórico y doctrinario de Weimar, y de Antonio de Cabo sobre el sentido de la constitucionalización democrática y la dificultad de regular el proyecto político de la misma a la vez que se construía la base social en el que se basaba éste, lo que se pone de manifiesto trágicamente con la Constitución republicana española. Tras ellos ha habido algunas otras intervenciones del público asistente -todos ellos profesores del Área de DTSS de la UCLM - que han incidido en temas colaterales a los expuestos en materia de relaciones laborales.

La sesión de tarde por el contrario se ha dedicado a la etapa del terror y de la represión y a los años de plomo del franquismo tras su insurrección para destruir el régimen republicano, con una intervención general de Mirta Nuñez sobre las condiciones que explican una situación generalizada de hambre y miseria física y moral, y la importancia de las estrategias represivas no sólo respecto de la población reclusa sino muy especialmente respecto del resto de los trabajadores y ciudadanos españoles, resumidas en la puesta en práctica de la difamación y las insidias, el desaliento y la incertidumbre, la humillación, el empobrecimiento y, en fin, la estrategia del silencio. A continuación Juan Terradillos ha explicado la connivencia con el poder político más autoritario de los "supervivientes" de la Universidad que el franquismo no había exilado, depurado o eliminado físicamente ( lo que sucedió con el 60% de los profesores unviersitarios), señalando tanto el ideario racista, fascista y violento de algunos de sus exponentes más conocidos y la influencia en este proceso de la Iglesia Católica cuyo fanatismo agravó las consecuencias de la propia acción del régimen sobre quienes consideraba "enemigos", haciendo especial hincapié en las repercusiones sobre la construcción concreta del derecho penal en nuestro pais. Tras nuevas intervenciones de otros tantos colegas, Antonio Baylos realizó una descripción de los fenómenos jurídicos que caracterizan la producción "en materia social" y sus determinaciones ideológicas en los "años de plomo" de la producción de normas sobre el trabajo, centrándose en el concepto de empresa como "comunidad de trabajo" y su inserción en un corporativismo que se quiere deslindar del corporativismo estatal como forma de explicación predominante de los aspectos económicos y sociales .de las relaciones laborales. Enrique Olivas por último desarrolló algunos elementos centrales en la determinación del derecho desde la precisión de la abstracción de los conceptos comúnmente empleados en el derecho de los contratos, poniendo de relieve las implicaciones de la ambivalencia del derecho en materia de derechos sociales.

Al final, el acto se acabó con el compromiso de convocar un nuevo seminario a mediados del año entrante, con la pretensión de introducir en él un apartado sobre la orientación metodológica de este proyecto de investigación, en donde Romagnoli y Cazzetta pudieran ofrecer una aproximación al abordaje de la temática, sin perjuicio de proseguir el avance en el examen de la regulación laboral en el franquismo desarrollista, tardofranquismo y transición democrática.

JÓVENES IUSLABORALISTAS A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES

2011-12-19T00:16:00.001+01:00

En estos días de tránsito al año doce de nuestro siglo, las reformas laborales se reclaman insistentemente de la crisis y se ofrecen como la solución a la misma. Es cierto que llevan demasiado tiempo presentándose como el único camino hacia la recuperación del empleo, y que se encabalgan desde mayo de 2010 con independencia de la procedencia ideológica de los dos grandes partidos institucionalizados en nuestro país, el PSOE y el PP. Ahora sin embargo, la inminencia de un nuevo gobierno del Estado español que coincide con la misma pertenencia política que la abrumadora mayoría de los gobiernos autonómicos y de los más importantes gobiernos locales, hace presagiar que, en cuanto se constituya y tome posesión, una nueva oleada de reformas laborales se pondrá en marcha, en la misma dirección que la que siguieron sus inmediatos precedentes bajo el gobierno del PSOE.

Tiempo habrá por tanto de insistir en el significado, la función y el objetivo real de estas reformas - viejas y nuevas - y en el valor añadido de las que se proclamen desde el gobierno de Mariano Rajoy. Es seguro que los juristas del trabajo en su gran mayoría son muy críticos con estos permanentes movimientos normativos que pretenden hacer retroceder los estándares de vida y de trabajo de una gran parte de la población trabajadora. En los últimos días, sin embargo, y posiblemente ante la cercanía de este "cambio" de gobierno, no han sido frecuentes las intervenciones públicas de los iuslaboralistas. En los encuentros colectivos recientes se han analizado fundamentalmente las reformas de tipo procesal, la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, o la reforma de la Ley Concursal, pero no se ha intervenido ni sobre los últimos desarrollos de las medidas de empleo, ni sobre la regulación de la negociación colectiva efectuada por Decreto-Ley en junio. En este sentido, y felizmente, se han mostrado más activos después de las elecciones del 20-N los economistas críticos.

Por otra parte, y en el sector académico, la política de recortes en la enseñanza pública ha afectado en algunas Comunidades Autónomas también a la Universidad, y la inminencia de los presupuestos autonómicos para el año 2012 mantiene en suspenso a los profesores universitarios, que observan la especial inquina que el poder político que se reclama de la ideología conservadora mantiene frente a los servicios públicos de la educación. Esta situación de espera incómoda de la aplicación concreta de los recortes a los fondos universitarios y a la plantilla de la universidad - PAS y PDI - ha repercutido asimismo en una suerte de mutismo provisional frente a los últimos desarrollos normativos en materia de política de empleo y - lo que a su vez es globalmente preocupante - frente a las propuestas que organizaciones como la CEOE-CEPYME, de evidente influencia en el nuevo gobierno por venir, han realizado en una línea de claro desbordamiento autoritario del marco institucional de las relaciones laborales democráticas. La propuesta de despido de 900.000 funcionarios autonómicos, o la legalización de los mini-jobs, parece que ha sustituido la melopea anterior sobre el "contrato único".

Los más jóvenes entre los iuslaboralistas siguen sin embargo atentos a estas evoluciones normativas y políticas. Como muestra, dos ejemplos nada más. El primero, las intervenciones de Joaquín Pérez Rey en el contexto de un reportaje de Público sobre la propuesta de Rosell sobre los mini-jobs.

http://www.publico.es/dinero/412775/los-minijobs-una-formula-mas-para-precarizar-el-empleo

El segundo, un artículo de Laura Mora Cabello de Alba que se publicará en el periódico Diagonal sobre el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, y que lleva por título "Trabajar gratis ¿para trabajar todos?", y en él se enlazan los tres movimientos de reforma sobre el trabajo juvenil, la ley 35/2010, el RDL de 26 de agosto de 2011 que reforma el cotnrato para la formación y el parendizaje y este último Real Decreto de 31 de octubre. El enlace preciso se suministrará más adelante, pero el sitio del digital de Diagonal es www.diagonaldigital.net .

Una buena costumbre, por tanto, que no debe perderse, ni siquiera provisionalmente.

( Y no se pierdan la jocundia del blog de Joaquín Aparicio en su entrada "La extrema derecha descubre que el derecho social no protege al trabajador" . Sólo tienen que clicar a la derecha de esta columna, en la sección de blogs amigos )

SOBRE LA LIBERTAD DE LOS MODERNOS

2011-12-18T01:27:00.001+01:00

Leyendo el libro de Gerardo Pisarello, ya recomendado en la blogosfera de Parapanda, que lleve por título Un largo Termidor (Trotta, 2011), se puede encontrar en la página 94 una cita preciosa de Benjamín Constant, al discurrir sobre la libertad de los modernos.

La libertad de los modernos se entiende por Constant como la preservación de una esfera privada: "el disfrute pacífico de la independencia privada", que se correspondía con los derechos de propiedad y con la riqueza. Y justo sobre este tema el autor se explaya en términos muy actuales.

"El dinero es el freno más eficaz contra el despotismo. Frente a él cualquier fuerza es inútil. El dinero se esconde o huye. El crédito no tenía entre los antiguos la importancia que tiene para nosotros. Sus gobiernos eran más fuertes que los individuos particulares. En cambio hoy en día en todas partes los particulares son más fuertes que el poder político. La riqueza es una fuerza que se aplica mejor a cualquier interés, y por consiguiente, resulta bastante más real y es mejor obedecida. El poder amenaza, la riqueza compensa. Se puede huir del poder engañándolo, pero para obtener los favores de la riqueza hay que servirla. La riqueza acaba siempre por ser superior al poder del gobierno".

La riqueza como base del poder privado sobre las personas y las cosas, como forma de evitar el poder público, legitimado por garantizar derechos de ciudadanía y perseguir el interés general. O como medio para anular ese poder y ponerlo directamente a su servicio. Estos son los caminos de la libertad en el pensamiento liberal.

MODELOS DEL DERECHO DEL TRABAJO ESPAÑOL. DEMOCRACIA Y FASCISMO EN LA REGULACIÓN LABORAL (1930 – 1950)

2011-12-15T23:17:00.006+01:00

Se va a celebrar en la sala de prensa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo el 20 de diciembre de 2011, en el marco de un proyecto de investigación del MICINN (DER2010-19398 / JURI), un seminario de estudios que lleva por título Modelos de Derecho del Trabajo español: democracia y fascismo en la regulación laboral (1930-1950).

En él se pretende realizar una reflexión sobre los procesos ideológicos, culturales y políticos que van construyendo el aparato regulativo de las relaciones de trabajo en España. Frente a una visión más común de un análisis limitado a la producción legislativa y su contexto histórico, la atención se dedica aquí a los procesos de construcción doctrinal y teórica que explican y dan sentido a los instrumentos de regulación del trabajo, los modelos intelectuales y políticos que los inspiran, la forma concreta de desarrollar tales influencias. Mediante este enfoque, se quiere ir diseñando los contornos de los modelos del derecho del trabajo español y sus características principales políticas e ideológicas, haciendo especial hincapié en la acción de los juristas del trabajo, en los prototipos teóricos y culturales en los que se mueven. Encuadrado el derecho históricamente determinado en una etapa concreta – la II República, el terror de la represión franquista, la primera década del Nuevo Estado – es posible llevar a cabo una tarea de clasificación y “modelización” de los significados normativos e interpretativos que en cada uno de estos momentos históricos se lleva a cabo sobre las imágenes y los paradigmas del Estado y del Derecho respecto del trabajo asalariado.

El seminario se estructura así sobre dos grandes ejes, el primero es el del momento fundante del Derecho del trabajo en España, con la II República, y en ese contexto se van a examinar circunstancias determinantes de ese modelo, como la presencia de la crisis económica aguda - que se entremezcla con la crisis política del propio Estado liberal-democrático -, la influencia importante del modelo weimariano en la constitucionalización de la política social, sus permanencias y negaciones en el período republicano y, en fin, los ejes del prototipo regulativo del trabajo asalariado en la II república. A este tema se dedica la mañana, con una intervención de Joaquín Aparicio (UCLM) que introduce las grandes líneas del debate, a la que siguen las intervenciones sobre aspectos más específicos, de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, ambos profesores de derecho constitucional en la Universidad Complutense y en la Universidad de Barcelona respectivamente, y Clara Álvarez, profesora de historia del derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

La sesión de tarde está dedicada a la irrupción del franquismo y la guerra civil de clase con la derrota de la II República y la imposición de la represión y del terror como base de la construcción del régimen. Sobre este aspecto introducirá el debate Mirta Núñez Diaz-Alabart historiadora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, a la que acompañarán las intervenciones de Juan Terradillos, penalista en la Universidad de Cádiz, y Enrique Olivas, filósofo del derecho, de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto Complutense de Estudios Jurídicos Críticos. La cultura del miedo no tiene que ser necesariamente la cultura de los juristas vencedores, y es posible interrogarse si, en lo relativo al derecho del trabajo, la declamación fascista no evita una afirmación contractual e individualista de las relaciones de trabajo, y en qué medida se emplean los materiales normativos anteriores, alterando eso sí su función. Ese es el objeto de la última sesión que introducirá Antonio Baylos, cerrando así el contenido del seminario.

Al acabar, se notificará el plan de trabajo del año sucesivo, en donde está prevista la realización de otro encuentro de debate y discusión con los juristas italianos que han iniciado un tipo de trabajo histórico-cultural sobre el derecho del trabajo que converge plenamente con este proyecto de investigación, y del que además de Umberto Romagnoli puede citarse a Giovanni Cazzetta, Lorenzo Gaeta y Paolo Passaniti. Ya iremos dando cuenta de los progresos de esta investigación.

ANALIZAR CRÍTICAMENTE LA CRISIS: "INSIGHT" DE DICIEMBRE Y LA WEB DE "ECONONUESTRA".

2011-12-12T23:27:00.002+01:00

Se precisan cada vez más insturmentos de análisis del desarrollo de esta crisis que expliquen críticamente el funcionamiento del sistema capitalista y las políticas de rigor y de ajuste que se consideran las únicas que se imponen desde la Unión Europea y el Banco Central. Para atender esa necesidad surgió, ya hace dos años, la revista Insight como revista multilingüe, dirigida por Antonio Lettieri, que ofrecía en tres niveles información y propuestas para el debate desde una perspectiva pluralista claramente de izquierdas. En España, la mirada de los economistas institucionales ha sido tradicionalmente elogiosa de las propuestas de la economía neoclásica que formaliza políticamente planteamientos neoliberales. Felizmente son ya muchos los economistas que están trabajando en un sentido contrario, y que además han obtenido un amplio consenso en la opinión pública informada. Ahora nace una página web que pretende, en sintonía con las propuestas reformistas del movimiento 15-M, ofrecer una plataforma de información y debate de propuestas alternativas en el campo de lo económico. El nombre de la página es original: EconoNuestra, y se han adherido al manifiesto más de 500 firmantes. En su página actual, incluyen además una referencia explícita al número de diciembre de Insight cuyo índice se incluye a continuación. La página de EconoNuestra se consulta en http://econonuestra.net/. El sumario del número de diciembre de Insight se inserta a continuación, como viene siendo costumbre en esta bitácora.

Diciembre 2011 / En este número

Insight es una publicación multilingüe que tiene como objetivo el análisis de la crisis y sus desarrollos económicos y sociales.

Los lectores interesados en recibir los boletines de la revista deben registrarse en la página web : http://www.insightweb.it/

En este número:

La crisis de la zona euro vista desde Europa y desde Estados Unidos. El incierto destino del euro entre propuestas erradas y posibles soluciones. Artículos de Stuart Holland, Ruggero Paladini, Joaquin Aparicio, Dean Baker, James Galbraith.

En el apartado Views la posición de los mayores sindicatos europeos (España, Italia, Francia, Alemania y Bélgica) sobre un “nuevo contrato social”, junto con artículos de Etienne Balibar, Joseph Stiglitz, Paul Krugman.

Sobre la cuestión del trabajo, la desigualdad y los sindicatos en América del Norte, artículos de Antonio Lettieri, David Howell, y un llamamiento de la AFL-CIO.

Marcello Colitti comenta el libro de Daniel Yergin sobre el futuro del petróleo y de las energías alternativas.

Artículos

• Stuart Holland

Critique of the Commission Green Paper on Stability Bonds and Twin Track Alternatives

• Ruggero Paladini

Il taboo del pareggio del bilancio

An old taboo: the balanced budget

• David Howell

Metrics of Protest: Black Friday and Low Wage America

• Dean Baker and Mark Weisbrot

La Fed dovrebbe intervenire direttamente nel mercato obbligazionario europeo

Fed should intervene directly in sovereign European bond markets

Joaquín Aparicio Tovar

• ¿Deficit? El de Democracia en la Unión Europea

Marcello Colitti

• Books - Past and future of the oil

• AFL-CIO

Cutting 6 Million Workers Off at the Knees?

James K. Galbraith

• John Maynard Keynes Knew What Occupy Wall Street Tells Us Today

Papers

Lavoro, sindacato e diseguaglianza in America

Antonio Lettieri

Crise de la dette, crise du modèle social

Joël Maurice

El trabajo decente en España. 2011

Ramón Baeza, Fernando Rocha y Elvira S. Llopis

Además, la revista ha situado siete bloques de artículos, ya aparecidos en números anteriores, clasificados hasta ahora en las siguientes rúbricas o focus, tres de ellos de carácter temático, la crisis del euro, el trabajo y su definición social, económica y política, y la globalización como referencia de época. Junto a ellos, cuatro de índole geográfica, analziando las problemáticas específicas que se plantean en Estados Unidos, Francia, Italia y España. Es previsible que el espacio de estos enfoques se vaya aumentando conforme se vayan abordando nuevos problemas en el contexto de la crisis global de los países desarrollados.

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Editor Antonio Lettieri Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos

Editorial Board Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Marcello Colitti; Oscar Ermida; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Jayati Ghosh; Guillermo Gianibelli; Stuart Holland; David Howell; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis; Mario Nuti; Ruggero Paladini; Thomas Palley; Guido Rey; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Herman Schmid; Hartmut Seifert

LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ABIERTAS EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES DE LA UFRJ

2011-12-09T19:09:00.001+01:00

Como colofón de la crónica de la estancia de investigación de la profesora Castelli en Rio de Janeiro, nuestro reporter especializado, Judas del Llano, se dedica a mostrar las líneas de investigación que se expusieron en el primer seminario de estudio en la Facultad de Derecho, de manera que se pueda comprobar la coincidencia de intereses sobre temas comunes en los grupos de investigación que desarrollan su actividad universitaria en círculos culturales supuestamente diversos. Un efecto de la globalización, pero sin duda ante todo de una cierta convergencia en las formas de arpximación a la realidad de las relaciones laborales y su regulación jurídica y política. (En la foto, Castelli y Baylos se dirigen a la biblioteca Gaetano Vardaro para releer el imprescindible trabajo de Sayonara Grillo sobre "Decisiones judiciales y (de)construcción de derechos: revisitando la interpretación de los derechos colectivos por los tribunales superiores")

La presentación de trabajos de investigación realizados por jóvenes investigadoras integrantes el programa de Postgrado en Derecho de la UFRJS era un buen observatorio sobre las líneas de trabajo en el equipo dirigido por la profesora Sayonara Grillo. Los temas discutidos se han relacionado con las siguientes temáticas:

- El tratamiento jurisprudencial de las cuestiones de género donde la investigadora alumna del programa de Postgrado Cristiane de Oliveira Igreja ha puesto de manifiesto la creciente (aunque todavía insuficiente) sensibilidad del orden jurisdiccional social hacia las cuestiones de la igualdad retributiva y de la lucha contra las discriminaciones fundamentadas en el género de los trabajadores. Se ha discutido en particular de la importancia de algunas interpretación jurisprudenciales que se apoyan en la situación de desigualdad material derivada de la actual estructuración social y cultural de la sociedad brasileña como argumento para probar la existencia de discriminaciones ilegitimas de las mujeres en las relaciones laborales y que pretenden contrarrestar así la asignación a la mujer de un papel social definido en función del género de pertenencia.

- La transformación y el desplazamiento de los mecanismos de control desde el empresario hacia la sociedad y su sistema de organización, trabajo presentado por Jamile Israel, ella también alumna del programa de postgrado. Se trata de un tema de especial actualidad en el contexto europeo en donde se registra un cada vez más acusado efecto de “disciplinamiento” de la fuerza de trabajo derivado no sólo del actual contexto de crisis económica y ocupacional, sino también de la violencia y del carácter íntimamente autoritarios de los procesos de re-organización productiva a escala transnacional a través de los cuales se materializa de manera contundente el actual proceso involutivo que pretende legitimar el intercambio de “derechos por empleo”. El desarrollo de la línea de tendencia especialmente visible desde hace unas décadas que empuja el derecho del trabajo a reorientarse hacia objetivos de empleo profundiza en esta dirección en la medida en que legitima un general desplazamiento de la atención de los poderes públicos y de los agentes sociales desde las condiciones materiales y jurídicas de trabajo, y por tanto desde la calidad del trabajo en función de la necesidad de asegurar protección a la dignidad de la persona trabajadora, hacia la redistribución del bien escaso trabajo. Esta deriva, que legitima instrumentalmente la colonización economicista del derecho del trabajo, tiende por tanto a imponer una visión mercantilizada del trabajo entendido cada vez más en términos de empleo – es decir de saldo aritmético entre demanda y oferta en el mercado del trabajo – y por tanto de mercado, y lleva a una profunda desvalorización del valor social y político del trabajo como condición básica de la ciudadanía, desvalorización que es necesario revertir cuanto antes para contrarrestar el proceso de sustancial empobrecimiento de la función tuitiva del derecho del trabajo en un contexto de precarización del empleo y fragmentación creciente de la clase trabajadora dentro y fuera de los confines materias de la fábrica, dentro y fuera de los confines territoriales del Estado.

- Las nuevas formas de acción y organización sindical de los trabajadores en el contexto de la trasnacionalización de la economía. En este sentido, el trabajo de investigación de la “maestranda” Laura N. de Carvalho se ha centrado en un interesante análisis de las consecuencias sobre el sistema de organización colectiva de los trabajadores de las empresas privatizadas y deslocalizadas, y sobre la reorientación del mismo hacia formas de actuación y acción sindical menos “clásicas”, pero no por eso menos efectivas, poniendo de manifiesto la necesidad de repensar también la estructura y los mecanismos de acción del movimiento sindical en su conjunto y la necesidad de nuevas y más estrechas sinergias con los movimientos sociales.

No parece necesario resaltar el interés evidente de estos tres temas que se sitúan en el corazón de las relaciones de poder entre capital y trabajo en un contexto de la economía global. Y, en la medida de lo posible, sería muy interesante seguir la publicación de estos textos cuando se concluya el trámite de la tesis de maestría.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO Y REFORMAS LABORALES EN EUROPA

2011-12-07T23:40:00.001+01:00

Sigue el relato de Judas del LLano sobre la estancia de la profesora Castelli en la Universidad Federal de Rio de Janeiro. En esta ocasión, el cronista da cuenta de una primera intervención sobre negociación colectiva de los empleados públicos, tema especialmente relevante en Brasil, donde se discute actualmente su reconocimiento tras la ratificación del Convenio 151 OIT, y una segunda sobre los rasgos caracterizadores de la crisis económica como elemento justificatorio de las reformas laborales emprendidas tanto en España como en Italia. (En la foto, la profesora Castelli con el profesor Aparicio antes de intervenir en una actividad conjunta en el auditorio Alain Badiou - también conocido como Le désastre obscur - en la ciudad de Parapanda).

El programa de actividades se ha seguido desarrollando el 1 de diciembre con un encuentro organizado por la Profesora Sayonara Grillo con el Colectivo Nacional de Abogados de Servidores Públicos (CNASP), una asociación de abogados de servidores públicos de los distintos Estados que conforman la federación brasileña, constituida en 2006 con el objetivo de fomentar el debate democrático de cuestiones teóricas e investigaciones que permitan la más amplia socialización de los conocimientos y de las experiencias en función del refuerzo de la efectividad de la actividad de defensa de los derechos y de los intereses de los funcionarios brasileños. El encuentro ha tenido por objeto, entre otras cosas, el análisis de los distintos proyectos de ley en examen en las Cortes brasileñas que mueven en la dirección de un reconocimiento general del derecho a la negociación colectiva funcionarial en aplicación del Convenio n. 151 de la OIT, recientemente ratificado por parte del Estado Federal Brasileño.

En el ámbito de este encuentro, la aportación de la Profesora Castelli se ha traducido en una intervención de corte comparatista sobre los modelos italiano y español de negociación colectiva en el sector público, haciendo especial hincapié sobre las cuestiones relativas al reconocimiento jurídico del derecho a la negociación colectiva, el alcance efectivo del mismo, la definición de la naturaleza y eficacia jurídica de lo acordado colectivamente y los problemas (jurídicos y jurisdiccionales) derivados de eventuales incumplimientos de lo pactado. Cociente de las dificultades y de los riesgos derivados de la adopción del método comparado, especialmente evidentes cuando se trata de comparar modelos sindicales, Castelli ha insistido también sobre la necesidad de adecuar el sistema de definición de las condiciones de trabajo y empleo del personal al servicio de las Administraciones públicas al modelo democrático de relaciones laborales diseñado por la Constitución, superando la tradicional configuración autoritaria, jerárquica y a-conflictual que ha marcado históricamente su reconstrucción jurídica.

Se ha insistido pues en la necesidad de superar el exceso de tradicionalismo que desde antiguo afecta a la definición de lo que hay que entender por “función pública” que ha llevado a atraer hacia el órbita del derecho público toda la actividad administrativa y por tanto también la relativa a las relaciones entre Administración Pública y sus empleados y el exceso de formalismo en la interpretación de la reserva de ley presente tanto en la Constitución española como en la italiana que ha obstaculizado la apertura de espacios significativos para la autónoma definición de las normas aplicables a las relaciones laborales y sindicales en el ámbito público.

Como resultaba obligado, se ha hecho referencia también a los efectos especialmente perniciosos del actual contexto de crisis que se está traduciendo en un ataque sin precedentes a “lo público” a través de intervenciones autoritarias que cifran la necesidad de reducción del déficit y del débito públicos de los países integrantes de la Zona Euro en un recorte generalizado de la financiación a los servicios públicos (educación, universidad, sanidad, transporte, etc.) y un ataque a las prestaciones sociales relacionadas con situaciones de necesidad (desempleo, viejez, dependencia, etc.), así como en un adelgazamiento del aparato estatal y administrativo que se está traduciendo en privatizaciones de sectores rentables de la economía pública, reducciones de plantillas e, incluso, en rebajas salariales para todo el personal al servicio de las administraciones públicas.

En este sentido, no ha podido faltar una referencia al conflicto social y jurídico desencadenado en España por la promulgación por parte del ya ex Gobierno socialista del RD-Ley 8/2010 (que de manera autoritaria ha dispuesto una bajada del sueldo de los empleados públicos españoles de un 5% de media sobre la masa salarial global) por sus efectos de deslegitimación de la fuerza vinculante de los acuerdos y convenios colectivos públicos vigentes y en especial del Acuerdo Gobierno-Sindicatos firmado en septiembre de 2009 consagrada sin embargo en la misma Constitución española.

El extenso y rico debate que siguió a la intervención permitió poner en común análisis, experiencias y preocupaciones comunes acerca de la recrudescencia de la deriva antidemocrática del capitalismo neoliberal actual y reflexiones compartidas acerca de los mecanismos para contrarrestarla, con respecto a la elaboración de los cuales es cada vez más necesario aquel espíritu de diálogo y elaboración teórica conjunta expresado por el Encuentro mismo.

Finalmente el último encuentro, se realizó el día 2 de diciembre en el Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales (IFCS) en el ámbito del programa de Postgrado en Sociología y Antropología de la UFRJ, en otro edificio emblemático de la historia de Rio y de Brasil, bajo la coordinación de la Profesora Elina G. F. Pessanha. Se trató de una cita focalizada en el análisis de la respuesta europea a la crisis económica, mirada a través del prisma de las principales intervenciones de reforma operadas en el contexto italiano y español. A este respecto, la profesora Nunzia Castelli se ha encargado de enmarcar las últimas reformas que han intervenido sobre la configuración actual del sistema de relaciones laborales individuales y colectivas/sindicales en ambos países el contexto de 3 ejes fundamentales:

1. La reorientación del derecho del trabajo hacia objetivos de empleo;

2. La nueva centralidad asignada a la empresa y a la protección preferente de los intereses empresariales de gestión flexible de la mano de obra y de reducción de los costes económicos y normativos ligados al trabajo y su configuración como nivel privilegiado para la definición de las reglas ordenadoras de las relaciones laborales;

3. La íntima relación entre derechos sociales y procesos democráticos de construcción el orden social, económico y político y los efectos negativos de la configuración neoliberal de los instrumentos de participación democrática como meros obstáculos a la recuperación económica y a la creación de empleo.

En este contexto, Castelli ha hecho especial hincapié sobre un dato particularmente relevante. Si bien es cierto que el crecimiento económico es condición indispensable para la creación de empleo, el mismo no es condición imprescindible para el desarrollo de los derechos sociales y de participación democrática, como demuestra la historia europea y latinoamericana del último siglo (desde Weimar y el New Deal americano, hasta los procesos de democratización de Latinoamérica). En este sentido, se ha subrayado una vez más la necesidad de un re-pensamiento general de los paradigmas del derecho del trabajo más allá de las fronteras nacionales y de la importancia del abandono de una actitud meramente defensiva frente a los avatares y los embates de la crisis neoliberal y sobre la necesidad de la reconstrucción de una estrategia global que ponga en el centro del sistema a las personas y sus necesidades básicas.

El intenso y concentrado programa de actividades ha representado una oportunidad inmejorable de alejarse de las contingencias y reflexionar sobre los procesos más amplios que están afectando a la construcción del orden social y democrático global especialmente útil en momentos tan frenéticos y por ciertos aspectos anárquicos como los actuales.

NUNZIA CASTELLI EN RIO: (I) ANTINOMIAS EN LA REGULACIÓN EUROPEA SOBRE LA INMIGRACIÓN.

2011-12-06T19:40:00.001+01:00

La Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro invitó a la profesora Nunzia Castelli, de la UCLM, para la realización de varias actividades académicas del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2011. La estancia ha sido cubierta por el conocido periodista científico, Judas del Llano, que ha enviado tres densas crónicas para el periódico Left Wing Cientifical Research, editado en Parapanda, que serán publicadas en esta bitácora hoy y los días sucesivos por autorización expresa del reputado medio de expresión especializado. (La foto muestra a la profesora Castelli entre la procuradora - fiscal - del trabajo Leite y la abogada Birgilito).

El primer encuentro, que ha tenido lugar el día 30 de noviembre en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), ha sido organizado por el Grupo de Investigación “Configuraciones institucionales y relaciones laborales” del programa de Postgrado en Derecho de la UFRJ coordinado por la Profesora Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da Silva, reconocida investigadora y docente de esa Universidad, afirmada abogada integrante de un despacho con sede en Rio que se ocupa y actúa en las áreas del Derecho del Trabajo, del Derecho Sindical y Colectivo y del Derecho Administrativo para la defensa de los derechos y de los intereses de los funcionarios públicos, además de persona especialmente sensible y extraordinariamente capacitada para llevar a cabo análisis riguroso de las profundas transformaciones que atraviesan el mundo laboral y las sociedades actuales.

La densa jornada de actividades se abrió con la presentación por parte del Profesor y Abogado José Francisco Siqueira Neto de una ponencia introductoria sobre el tema de la “Globalización y las trasformaciones del derecho del trabajo” en la que, a través del análisis riguroso del proceso de transformaciones sufridos por el derecho del trabajo como consecuencia de la crisis del modelo fordista-taylorista de organización económica y social y de la afirmación del neoliberalismo como pensamiento único, se ha puesto en evidencia el estado de crisis de los paradigmas tradicionales sobre los que se ha ido construyendo en ambos lados del océano la disciplina laboral y la necesidad de su re-pensamiento en la actualidad. En este sentido, se ha insistido sobre la necesidad de utilizar el actual contexto de crisis no sólo económica, sino también social y política que atraviesa Europa, como “oportunidad” para llevar a cabo una reflexión profunda de los nuevos presupuestos culturales, políticos y jurídicos sobre los que reconstruir la legitimación de la protección de los derechos socio-laborales del ciudadano/trabajador y de políticas públicas que recuperen objetivos desmercantilizadores y redistributivos de los recursos, los poderes, los derechos. El profesor Siqueira Neto ha insistido en particular en la necesidad de fortalecer tres ejes básicos de las políticas públicas brasileñas (y no solo), de forma tal que se apunte con más vigor, determinación y eficacia en la dirección del fortalecimiento y relegitimación de “lo público” a través, entre otras cosas, del refuerzo de la transparencia en la actuación de las Administraciones y de la lucha contra la corrupción, de la recuperación de un modelo económico redistributivo e inclusivo y en la innovación para crear valor agregado.

La jornada ha continuado con la presentación de trabajos de investigación realizados por jóvenes investigadoras integrantes el programa de Postgrado en Derecho de UFRJ, después de lo cual se produjeron, por la tarde, las intervenciones de la Profesora Nunzia Castelli (UCLM) y de la Vicedecana del Centro de Ciencias Jurídicas y Económicas y Profesora Dra. de Derecho Internacional de la UFRJ Vanessa Oliveira Batista sobre el tratamiento en el derecho internacional y europeo de las migraciones laborales trans/internacionales. Batista puso de manifiesto las deficiencias, los retrasos y el carácter íntimamente contradictorio de una normativa internacional que en el mismo momento en el que reconoce al derecho de toda persona a emigrar, niega el derecho a inmigrar en busca de mejores condiciones de trabajo y de vida, y Castelli centró su intervención en el análisis de la ordenación jurídico-política de la movilidad laboral en el espacio europeo. Relacionando el proceso de construcción europea y la definición de las reglas que rigen la movilidad laboral en su interior, puso de manifiesto el proceso de reciproco condicionamiento entre finalidades e instrumentos de la integración europea y ordenación jurídica del fenómeno migratorio intraeuropeo (libertad de circulación de trabajadores europeos y movilidad laboral en el ámbito de la libre prestación de servicios transnacionales) y extraeuropeo (inmigración propiamente dicha). Así, la reorientación de las intervenciones de las instituciones europeas hacia la garantía cada vez más incondicional de la centralidad otorgada al mercado y a las reglas de la competencia en el proyecto europeo (incluso al margen del formal reparto de competencias y contra la protección de los derechos socio-laborales asegurados por las constituciones sociales de los Estados miembros), especialmente significativa a partir de la firma y entrada en vigor del Tratado de Maastricht de 1992, ha determinado una clara funcionalización al mercado de las reglas sobre movilidad laboral (especialmente visible analizando la normativa europea en materia de inmigración extraeuropea y la actividad interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión en los casos de colisión entre libertades económicas fundamentales y derechos sociales en el mercado interior). Ello ha terminado por legitimar la superación del principio básico, elaborado en el ámbito de la ordenación de la libre circulación de los ciudadanos europeos, de la igualdad de trato y la prohibición de toda discriminación fundamentada en la nacionalidad entre trabajadores con consiguientes efectos muy negativos para la protección del trabajo (nacional, europeo e inmigrante) en el espacio europeo. En efecto, alejándose de la aplicación del principio de igualdad de trato (y por tanto de la aplicación del principio lex loci laboris), el derecho de la UE está autorizando una competición en el mercado interior fundamentada sobre las cada vez más acusadas diferencias de intensidad de protección del trabajo en los distintos Estados miembros, generando efectos distorsivos no sólo sobre el correcto funcionamiento del mercado interior (en donde la competición puede ahora jugarse sobre la base de las condiciones de trabajo y por tanto del dumping social), sino también en el presupuesto básico de la integración económica: la autonomía de los sistemas nacionales de protección de los derechos sociales. Resulta evidente pues que, actuando sobre la movilidad laboral, la UE está generando una competición a la baja entre los sistemas nacionales de derecho del trabajo que termina por afectar a la fuerza de trabajo en su conjunto.

El desanclaje del trabajo de su condición de vehículo de participación democrática del ciudadano/trabajador en la construcción del orden social, económico, político y cultural especialmente visible en el derecho europeo termina por legitimar una pérdida de pregnancia política del mismo, fomentando procesos de remercantilización tendientes a considerar los derechos de participación democrática como meros obstáculos a la consecución de los objetivos económicos de liberalización de los mercado. El debate suscitado por las dos intervenciones se ha cargado de un valor simbólico añadido puesto que éstas se ha realizado materialmente en la sala de la Facultad de Derecho de Río de Janeiro, emblemáticamente famosa por ser el escenario de la proclamación de la Republica y, antes, de la abolición de la esclavitud.

DOS MILLONES DE “SERVIDORES PÚBLICOS” EN HUELGA EN EL REINO UNIDO: LA RESISTENCIA A LA IMPLANTACIÓN DE “LA POLÍTICA DE RIGOR”

2011-12-03T18:49:00.001+01:00

El 30 de noviembre en Gran Bretaña se ha producido una formidable huelga, organizada por la federación de servicios públicos del TUC, que ha movilizado a dos millones de funcionarios públicos, civil servants, contra la política de rigor que está poniendo en práctica el gobierno liberal – conservador de David Cameron. Es la huelga mayor en ese sector desde 1979, al tratarse por primera vez desde entonces – en un contexto de formidables movilizaciones sindicales a la llegada de Thatcher al poder – de una huelga general de todos los empleados públicos.

La huelga ha sido muy importante en todo el territorio del Reino Unido, en la administración central y local, en la enseñanza y en la sanidad. Más del 75% de los centros de enseñanza de Inglaterra no abrieron sus puertas, un 80% en Gales y el 99% en Escocia. En los hospitales, con prestaciones indispensables garantizadas por los sindicatos, el 25% de las operaciones no urgentes – “benignas” en la terminología inglesa – se han anulado. Las manifestaciones de la tarde han sido espectaculares, porque se han desarrollado a lo largo de todo el país. 25.000 personas en el centro de Londres, 35.000 en Birmingham, 20.000 en Manchester…

La convocatoria de la medida de acción colectiva ha permitido la incorporación a la huelga de decenas de miles de personas que hacían huelga por primera vez en su vida y que se sienten maltratados injustamente por un plan que ha suprimido más de 150.000 puestos de trabajo – y se pretende llegar a medio millón en cinco años - y que ha puesto en práctica una reforma drástica del régimen de jubilación, aumentando la parte contributiva de los funcionarios de un 6% del salario al 9% a cambio de una pensión más baja calculada sobre una media ponderada de los salarios de toda la vida laboral del empleado y no sobre los últimos años de su trayectoria y, en fin, desplazando la edad pensionable hasta los 67 años a partir del 2024.

La huelga además ha permitido cartografiar la progresiva extinción de la noción de servicio público en Gran Bretaña. Las privatizaciones, la externalizacion de servicios y las contratas hacen que la huelga de empleados públicos se encierre en un perímetro cada vez más limitado frente a una extensa mercantilización acelerada de servicios relacionados con la satisfacción de libertades y derechos básicos.

La respuesta del Gobierno ha sido la que cada vez más se debe considerar como la tónica general en Europa. El desprecio a la protesta y la ignorancia del malestar social que ésta pone de relieve. Conscientes de la debilitación creciente de los derechos de participación democrática en todos los países afectados por la crisis y asegurados por una mayoría parlamentaria que proviene del hundimiento de los partidos socialdemócratas, los gobiernos europeos no se sienten electoralmente amenazados en sus privilegios de clase, y se benefician de la activa política intervencionista del BCE y de la Comisión europea para eliminar a nivel europeo, cualquier intento de matización, revisión o restricción de la política de rigor que busca el desmoronamiento paulatino de los derechos sociales y laborales y, a la postre de las garantías democráticas en general.

El goteo de la resistencia en el área pública frente a los planes de desmantelamiento y desvalorización del trabajo de los empleados públicos sigue adelante. En la semana que está cerrando ha habido huelgas generales de este sector en Portugal, en Gran Bretaña y, una vez más, en Grecia, junto con conflictos más sectoriales siempre en el área de lo público, como sucede emblemáticamente con las huelgas y movilizaciones en la enseñanza pública madrileña del 29 de noviembre, pero también con las movilizaciones en Italia en el sector de ferrocarril en Italia del 30 al 1 de diciembre. Es una resistencia importante pero fragmentada en razón de la respuesta a los diferentes planes de ajuste y de remercantilización que ponen en marcha los respectivos gobiernos, y que además no se visibiliza como un “continuum” que expresa reacciones dispersas a una misma orientación asumida por gobiernos de toda filiación – aunque ahora ya todos de la derecha o “técnicos” – en Europa. Esta percepción descoyuntada de un mismo movimiento de resistencia es favorecida por los medios de comunicación, pero tiene raíces más profundas en la propia manera de entender la organización de la protesta y la motivación de la misma por los sujetos colectivos – los sindicatos – que la ponen en marcha.

En el caso español, a la dispersión nacional se une la divergencia regional, porque la componente “autonómica” de estas agresiones políticas es muy acusada: Cataluña pilotada por el nacionalismo de Convergencia i unió convertido a un rabioso neoliberalismo que se ensaña con todo lo que suene a público, Madrid con la negación obstinada de cualquier negociación que pueda ralentizar su decisión de acabar con la enseñanza pública de calidad, configurándola como un residuo asistencial para la población excluida, Castilla La Mancha en su peculiar descubrimiento de la enseñanza concertada y la sanidad privada como negocio y deslizamiento de fondos públicos al sector especulativo. E cosí via. Y todo como prolegómeno de las Navidades amargas que se diseñan en el horizonte a nivel del Estado en cuanto asuma el nuevo gobierno.

Es por tanto explicable que frente a la intensidad y gravedad de estos ataques, la movilización social se dispare en lo inmediato, sin atender – posiblemente también por falta de tiempo – a la necesidad cada día más acuciante de encontrar un espacio de movilización supranacional, que coordine los esfuerzos de resistencia y los prolongue en el espacio europeo. En ese diseño tiene que estar la CES y los sindicatos nacionales europeos, ciertamente, pero también es imprescindible la conjunción de fuerzas políticas y sociales en esa misma dirección, superando anquilosamientos y vacíos en el análisis y las propuestas.

CIEN MIL VISITANTES DEL BLOG

2011-12-01T11:38:00.001+01:00

Hay cifras redondas que se deben celebrar. Llegar a cien mil visitantes de esta bitácora es una de ellas, y más si se ha alcanzado esta cifra en dos años y medio. Es comprensible que el titular del blog, junto con sus amigos Sidnei Machado y Andrea Lassandari, de la comisión ejecutiva internacional de la Parapanda Law School, brinden con alegría al haber traspasado este umbral.

En efecto, a dia de hoy, según el marcador que pueden ver al fondo de la página a la derecha, encima de la portada de la RDS, el número de visitantes de este blog asciende a 100.519. De ellos, entre enero y noviembre de 2011 han sido 47.599, lo que hace una media de más de 150 al día. Los meses "valle" coinciden con las vacaciones, diciembre y enero, julio y agosto, y los "picos" se suelen producir como las lluvias en primavera y otoño (abril, mayo y junio; octubre y noviembre). El número de páginas vistas en total es de 166.360, en los últimos 11 meses 76.747, es decir, casi 7.000 páginas al mes.

Los comentarios a las reformas laborales, o las reflexiones cercanas a procesos electorales políticos hacen que se visiten más las páginas del blog. Los visitantes son ante todo españoles, pero una buena parte están en Latinoamérica, en algunos países europeos (Italia, Francia, Alemania fundamentalmente) y una creciente porción se localiza en Norteamérica.

Nacido como instrumento de información y de comunicación de tendencias y reflexiones a propósito del derecho del trabajo y las relaciones laborales que permitiera salir de los cauces típicos de expresión de estos debates y de la propia institucionalización de los mismos en su vertiente académica, se inserta - con toda modestia - en una red de blogs convergentes - la mayoría de los que se definen como blogs amigos a la derecha de la página - y en un espacio virtual de divulgación y de circulación de ideas que busquen preguntas y respuestas en la crisis cultural, ideológica y política que estamos atravesando que puedan conducir a la formación fragmentaria de un proyecto de reformulación teórica de la regulación jurídica y política a la búsqueda de la emancipación social.

MUERE LUCIO MAGRI, POLÍTICO COMUNISTA Y FUNDADOR DE "IL MANIFESTO"

2011-11-29T21:40:00.001+01:00

Según narra la agencia EFE, "El político comunista, periodista y cofundador del diario "Il Manifesto", Lucio Magri, se quitó la vida con un suicido asistido en una clínica suiza, según recogen hoy los medios de comunicación. Los diarios "La Repubblica" e "Il Manifesto" publican hoy en sus portadas la noticia de la decisión de Magri, de 79 años, que mientras atravesaba una grave depresión tras la muerte de su mujer tomó la decisión de morir ayer en Suiza. Magri formaba parte de los llamados disidentes del Partido Comunista que en 1969 fundaron el diario "Il Manifesto", que actualmente sigue saliendo a la venta. En 1974 tras la salida del PCI, funda el Partido de la Unidad Proletaria por el Comunismo, aunque en 1984 vuelve al PCI, que de nuevo abandona en 1991 cuando se transforma en el Partido Democrático de la Izquierda (PDS) y participa en el nacimiento del Partido de la Refundación Comunista".

Para la gente de mi generación, Lucio Magri era un referente en el debate político de la izquierda italiana y por extensión de la europea. De él todavía tengo en un estante de la biblioteca Los problemas de la teoría marxista del partido revolucionario, en editorial Anagrama, un texto suyo en Crítica Marxista de 1963 que luego reprodujo y revisó desde su traducción en la New Left Review en 1970, muy leído - o al menos a mi me lo parece ahora - en las discusiones de aquellos años.

Quizá un buen homenaje a Magri sea reproducir una parte de su intervención en diciembre de 2010 cuando presentó en El viejo topo su último libro. Plantean preguntas mucho tiempo formuladas y siempre de dificil respuesta, pero que posiblemente hoy tengan, en el contexto de los resultados electorales del 20-N, más actualidad.

Palabras de Lucio Magri en la presentación de su último libro traducido al español, El sastre de Ulm. El comunismo del siglo XX. Hechos y reflexiones. El Viejo Topo, Barcelona, 2010. (Extraído de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=118059 )

(…) Debo pedir ayuda para resolver una cuestión que no he logrado resolver. Porque esta tarde he venido aquí no sólo para subrayar algunas cosas que vosotros ya sabéis y que, de todas maneras, podéis fácil y cómodamente encontrar en el momento en que leáis mi libro.

He venido, sobre todo, para plantearos un problema que considero muy importante, no sólo para vosotros sino para todos. El problema es el siguiente:

Es indiscutible que, cuando empezó la guerra civil, los comunistas españoles eran una exigua minoría. Pero es igualmente indiscutible que en los años de la guerra los comunistas se multiplicaron, tanto entre la población como en las instituciones. Esto podría deberse a varios motivos: la ayuda material de la Unión Soviética, la oleada de voluntarios que llegaban de otros países, el papel político que desempeñó Palmiro Togliatti y las cualidades organizativas de Luigi Longo.

También es indiscutible que el Partido Comunista Español, con la energía que le aportaba la juventud socialista, fue el único que, durante décadas y en la clandestinidad, se opuso al régimen franquista. Unas veces cometió errores (como el de un amago de lucha armada), otras obtuvo grandes éxitos (huelgas generales, creación de una sólida red sindical). Pero sus militantes demostraron en todo momento un extraordinario coraje individual, que muchas veces pagaron con sus vidas.

Franco murió en 1975 y debemos otorgar gran atención a ese año. En ese momento el régimen estaba dividido en conservadores moderados, influidos por el Opus Dei y partidarios de una suerte de democracia controlada, y fascistas ortodoxos. Casi simultáneamente se derrumbaban los regímenes semifascistas de Portugal (debido a la insurgencia de los oficiales del ejército orientados hacia la izquierda) y de Grecia. Los principales partidos comunistas europeos intentaban liberarse de la obediencia debida a Breznev. En Francia, el acuerdo entre el PCF y el refundado Partido Socialista estaba por llevar a Miterrand a la presidencia. En Italia, se había registrado hacía poco una clamorosa afirmación electoral del PCI. Todo el Occidente capitalista se veía sometido a una grave crisis económica. De igual modo, en el seno de la socialdemocracia europea se desarrollaba una intensa discusión.

De este conjunto de hechos nace una cuestión sobre la cual he leído y discutido mucho con muchos compañeros, pero sin lograr encontrar una respuesta adecuada: ¿Cómo se explica que el Partido Comunista Español, con el patrimonio histórico del que disponía, en un momento histórico en el que aún la suerte no estaba echada (era 1975 y no 1989), en las primeras elecciones libres tras la muerte de Franco, haya obtenido sólo un miserable 10% de los votos (porcentaje que nunca llegó a superar), por no hablar de las numerosas crisis que sufrió? ¿Cómo se explica que en España, durante décadas, se hayan alternado en el poder exfacistas remozados o socialdemócratas que poco tenían de socialistas?

No es un problema que atañe sólo a los comunistas, o sólo a los españoles. Atañe a toda la izquierda europea que se ha puesto de rodillas ante la hegemonía de los Reagan, las Thatcher, los Blair, por no hablar del horrendo Berlusconi; atañe a esa izquierda que hoy, a pesar de la crisis económica y de civilización que doblega el planeta, sigue perdiendo fuerza e identidad cultural.

Desde luego no es mi intención ni mucho menos achacaros la responsabilidad de esta decadencia. Al contrario, reconozco que en los últimos años España ha recuperado algunos rasgos de izquierda gracias a Rodríguez Zapatero, que ahora cruje fuertemente ante la crisis económica. Quisiera solamente entender por qué la ocasión de realizar un verdadero cambio fue sofocada por la voluntad de censurar el pasado y convertir en mito la modernidad que homologa a todos. En otras palabras, ¿por qué la movida ha sido más llamativa que el desempleo?

No pido ahora una respuesta, solamente espero que mi libro contribuya a estimular la reflexión. Tal vez un esbozo de respuesta lo encontremos en las palabras del mismísimo Franco cuando, sacando sus propias conclusiones, dijo: “He construido una clase media fuerte”.

PALABRAS DE UMBERTO ROMAGNOLI EN UN HOMENAJE EN BOGOTÀ, 23 DE NOVIEMBRE 2011

2011-11-27T23:49:00.001+01:00

Del 23 al 25 de noviembre en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá D.C. Colombia se llevó a cabo las jornadas en homenaje a los profesores Romagnoli y González Charry, y la presentación de un libro homenaje a ambos coordinado por Susana Corradetti, abogada argentina que forma parte del Grupo de Ex Becarios de Bolonia, Castilla La Mancha y Turín (BCLMT). El maestro no pudo asistir, pero entregó estas palabras que a continuación se insertan en este post, oportunamente traducidas por la Escuela de Traductores de Parapanda, en el convencimiento que serán bien apreciadas.

Queridos amigos y colegas

Mi estado de salud me niega la dicha de participar en el evento que generosamente habéis querido dedicarme. Lo mínimo que puedo hacer es enviaros mi emocionado agradecimiento por la demostración de estima que me crea un cierto malestar porque estoy convencido de no merecerla. El único mérito que a lo mejor he logrado se inscribe en un proyecto colectivo cuya bondad se puede apreciar con el transcurso del tiempo, como sucede a los grandes vinos de reserva.

El proyecto, que comenzó en la Universidad de Bolonia en el ya lejano 1988, era el de construir un puente de unión con los ambientes profesionales de América Latina que se ocupan de la cuestión del trabajo en una óptica interdisciplinar, y el propósito era el de abrir una comparación entre culturas hijas de historias muy distantes para comprender si el derecho del trabajo, es decir el más eurocéntrico de los derechos nacionales, estuviera destinado a permanecer clavado en su “dónde” sin poder llegar a convertirse en un punto de referencia cultural transnacional.

El proyecto se ha desarrollado en un arco temporal marcado por un cambio de época. En efecto, mientras la globalización de la economía ha galopado, la globalización de los derechos, y fundamentalmente del derecho del trabajo que es magna pars del modelo social europeo, encuentra obstáculos crecientes. Es más, en la propia Europa se debilitan las resistencias a la idea según la cual el mercado está legitimado para exigir – a cambio del trabajo que de otra forma se pierde o no se encuentra – la renuncia a los derechos individuales y colectivos que definen la identidad de las democracias contemporáneas. Pese a ello, se debería hablar no del fracaso del proyecto, sino de la necesidad de intensificar los esfuerzos para activarlo a gran escala.

Hoy más que nunca, ciertamente, los laboralistas no pueden limitarse a un rol instrumental y subordinado a una economía que pretende curar los daños producidos con el veneno que los ha provocado. Y eso porque la estrella polar que guía la evolución del derecho del trabajo es su mismo referente social: una persona de carne y hueso que reivindica la titularidad de una serie en continua expansión de intereses materiales e inmateriales pre- y post- ocupacionales. A fin de cuentas, el derecho que del trabajo toma su nombre no puede tomar su razón de ser si no es a condición de reafirmar su matriz de compromiso, reconociendo abiertamente que su origen hace de él una construcción cuya politicidad influencia la jurisprudencia teórica y práctica. De otra manera nunca se habría convertido en un corpus normativo dotado de coherencia y sistematicidad propias en el marco de principios y valores que definen su identidad. Por eso nació como derecho de frontera, en el sentido que desafiaba el orden constituido de los beati possidentes, pero ha crecido con el síndrome del universalismo que no conoce confines.

ELECCIONES Y PRONÓSTICOS. HABLA JESÚS CRUZ VILLALÓN.

2011-11-27T00:31:00.001+01:00

Aún sigue la resaca de las elecciones generales del 20 - N, con comentarios, valoraciones y pronósticos para el año que viene y los sucesivos. Jesús Cruz Villalón, colega y amigo de la blogosfera de Parapanda ha realizado un análisis seguido de pronósticos sobre la situación española que ha publicado en el diario francés Libération. Ese texto se puede encontrar en el blog personal del autor, que está incluido entre los favoritos de esta bitácora. Seria muy bueno que nuestro amigo Jesús Cruz se animara y alimentara en la medida de lo posible las páginas de su blog. Y más en los tiempos que corren. Así lo esperamos.

He aquí el encabezado del texto en francés y su dirección electrónica:

A Madrid, la crise économiques dans les urnes

Par JESÙS CRUZ VILLALÓN Professeur de droit du travail à l'université de Séville, expert auprès du Conseil économique et social d'Espagne

http://www.liberation.fr/monde/01012373136-a-madrid-la-crise-economiques-dans-les-urnes

Y este es el texto en español, extraído del blog del autor:

Las muy duras consecuencias sobre el empleo provocadas por la crisis económica han determinado de forma decisiva el resultado electoral en España. La incapacidad del Gobierno socialista, en un primer momento, para darse cuenta de la profundidad y prolongación de la crisis y, en un segundo momento, su incapacidad para adoptar medidas de reforma estructural con la celeridad que exigía el momento, han constituido la clave de este resultado. El cambio de mayorías se ha debido esencialmente al fracaso político del Gobierno de centroizquierda, por haber adoptado de forma tardía las medidas necesarias y al desconcierto ciudadano provocado por no haber sabido el partido socialista explicar con convencimiento el cambio de rumbo adoptado a partir de mayo del año pasado, cuando ya comenzaban a dispararse las presiones de los mercados financieros sobre la deuda pública española y se imponían desde Europa pautas de actuación que impedían mantener las políticas keynesianas de expansión del consumo. Escenario frente al que la oposición conservadora se ha limitado a esperar, no asumir responsabilidades por las medidas que se adoptaban, dejar simplemente que la situación se pudriera y sin que se haya molestado siquiera en formular propuestas alternativas concretas y mínimamente novedosas. El resultado abrumador a su favor de las elecciones locales en mayo ya anunciaba el éxito de esta actitud para el partido popular. Ni siquiera un asunto de tanta trascendencia como ha sido el fin de la acción terrorista en el País Vasco ha influido en el voto de la población, como tampoco lo ha tenido el apoyo generalizado a las medidas de mantenimiento de las políticas sociales y de desarrollo de políticas en materia de derechos civiles.

Se han destruido tres millones de empleos desde el comienzo de la crisis, elevándose la tasa de desempleo por encima del 20 %, cifra desconocida en el resto de Europa. Ello se ha debido esencialmente al insostenible y desmesurado peso del sector de la construcción inmobiliaria en el conjunto de la economía española. La paralización de este sector, en gran medida irreversible, y de su industria auxiliar ha provocado la destrucción del orden del 70 % de todo el empleo perdido. Como es habitual, estos escenarios acaban provocando efectos reflejos perniciosos sobre otros sectores, que caen sucesivamente como un juego de naipes: ha contaminado al sector financiero, particularmente a las entidades públicas hasta ahora potentes de las cajas de ahorros, que ha forzado a un proceso de reestructuración, de fusiones generalizadas y a su práctica privatización; ha provocado un bloqueo del gasto de las Administraciones Públicas, con fuerte repercusión sobre el sector privado dependiente de las mismas y del consumo en general.

Ese escenario, a diferencia a lo que ha sucedido en otros países europeos, se ha desarrollado sorprendentemente en un clima de casi ausencia de conflictos sociales, a pesar de la fuerte frustración de la población española y su pérdida de confianza en una recuperación efectiva de la economía. Ello se debe en gran medida a la aceptación pasiva de una crisis que se percibe como inexorable; también compensado por una acción pública de incremento del gasto destinado a los desempleados, de modo que durante todo este período la tasa de cobertura económica pública a los parados por parte de la seguridad social ha alcanzado al 70 % de los desempleados; como ha influido igualmente el retraso de la emancipación económica de los jóvenes que permanecen en el hogar paterno, el tradicional apoyo del entorno familiar a sus miembros con dificultad, así como las oportunidades esporádicas de trabajo en la economía sumergida.

Sin embargo, no es previsible que esta situación se mantenga en el futuro, pues los Gobiernos conservadores en nuestro país tienden a desplegar menores herramientas de contención del descontento social, pudiendo incurrir en el grave error de reducir la protección pública a los parados, con efectos igualmente perjudiciales sobre el consumo general, que a su vez acentúen la atonía económica. Incluso es previsible que acometa una reforma laboral traumática, que altere sustancialmente el complejo equilibrio de intereses en el mundo del trabajo; reforma laboral que con seguridad no es la clave para provocar el crecimiento del empleo, a la vista de cuales son las causas determinantes del problema y de la experiencia de otras reformas precedentes, pero que pueden acentuar los riesgos de conflictividad social.

En todo caso, el contexto español puede resultar más favorable al de otros países que pasan por situaciones de dificultad similares. El sistema político español ha funcionado debidamente, de modo que la alternancia política se ha producido con naturalidad y respeto a las reglas del juego democrático, sin que haya dado lugar a crisis institucionales de la envergadura de Grecia o Italia. A su vez el modelo político español otorga mayorías suficientes al ganador de las elecciones, dentro de un sistema bipartidista denostado por algunos, pero que ha proporcionado positivos resultados de estabilidad política, con garantía de que el partido vencedor cuenta con casi total seguridad con cuatro años de legislatura para desarrollar su programa de reformas; claramente así se presenta en este caso, en el que el partido popular ha obtenido una holgada mayoría absoluta. La derecha política en España a partir de ahora ostenta un poder político mayoritario en prácticamente todos los ámbitos (poder local, Comunidades Autónomas y Estado), de modo que tiene todas las posibilidades de adoptar sus políticas, sin poder justificarse en la herencia recibida de los socialistas, aunque con seguridad intentará echarles la culpa cuando las cosas le vengan mal dadas. El único contrapeso político vendrá de las organizaciones sindicales y, muy especialmente, de un eventual cambio de signo político en Europa, comenzando por un posible cambio en algunos de los países de mayor influencia en la Unión Europea

HUELGA GENERAL DEL SECTOR PÚBLICO EN PORTUGAL

2011-11-25T00:04:00.001+01:00

Se ha celebrado hoy una importante huelga general en el sector público, convocada por CGTP-IN y la UGT, para protestar contra el paquete de medidas adoptadas por la comisión europea y el BCE que imponen nuevos recortes al sector de la Administración y de los servicios públicos de Portugal. La exigencia de rebajas salariales, elimimanción de empleados públicos y privatizaciones es el eje de las medidas que las autoridades europeas imponen, sin contrastación democrática alguna, al gobierno portugués. La huelga ha sido un éxito, en especial en los transportes. A continuación, un resumen de noticias de prensa al respecto.

La huelga general convocada este jueves por los dos principales sindicatos portugueses para protestar por las medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno de Pedro Passos Coelho ha tenido un seguimiento mayoritario en los sectores de transporte terrestre y aéreo.

Portugal se ha quedado sin apenas servicios en ferrocarriles y con menos de una veintena de vuelos completados de los más de cien previstos, Tribunales de justicia y juicios pospuestos, toda la enseñanza secundaria, aunque en la Administración del Estado el seguimiento ha sido menor.

La Federación Nacional de Sindicatos de la Función Pública ha informado de que la aerolínea portuguesa TAP ha cancelado 121 de los 140 vuelos programados para este jueves y el Aeropuerto de Portela, en Lisboa, ha anulado todas las operaciones aéreas hasta las 17.00 horas del viernes, según recoge la prensa lusa.

En las primeras doce horas del día, el aeropuerto de Lisboa sólo ha operado un vuelo, con destino a la localidad de Terceira, en las islas Azores. La capital portuguesa ha sido uno de los puntos del país más afectados por el paro, con el servicio de metro cerrado por la huelga y con escasos tranvías circulando por la ciudad.

La Federación de Sindicatos de Transportes y Comunicaciones ha indicado a primera hora de la mañana que la empresa ferroviaria CP no cumplirá los servicios mínimos establecidos por el Gobierno porque el seguimiento de la huelga entre sus trabajadores ha sido masivo.

La paralización de los transportes en Lisboa ha llevado a la mayoría de los ciudadanos a recurrir a sus vehículos para intentar llegar a primera hora de la mañana a sus trabajos, lo que ha provocado aglomeraciones y atascos en las principales carreteras.

Los servicios de transporte fluvial en el río Tajo han quedado también paralizados por el seguimiento masivo de la huelga por parte de los empleados de las empresa Soflusa y Transtejo. En Oporto, los autocares de la compañía STCP también han dejado de operar porque todos sus trabajadores han secundado el paro general.

El seguimiento de la huelga en el sector de la sanidad se aproxima al 50 por ciento de los trabajadores del hospital Santa María de Lisboa y el total de la plantilla en los hospitales de Covilha, Coimbra, Guarda, Seia y Lagos.

La jornada de huelga general es la tercera convocada por el sindicato CGPT con el respaldo de UGT desde 1988, cuando los trabajadores pararon para protestar por una modificación de la legislación laboral que intentó sacar adelante el entonces primer ministro y ahora presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva.

Con varios centenares de piquetes informativos repartidos por todo el país, los primeros incidentes se han registrado en la zona de Alvalade y Benfica en Lisboa, según ha informado la Policía portuguesa. El primer ataque se registró en un comercio a las 8.25 horas en la calle Amélia Rey Colaço, en Benfica. Poco después, a las 9.15 horas, fueron atacadas unas instalaciones en la calle del Centro Cultural.

El mayor seguimiento de la jornada de huelga general se ha registrado en los aeropuertos, que han quedado prácticamente vacíos y no han podido operar la mayoría de los vuelos programados para este jueves. El portavoz de la Autoridad Nacional Aérea, Rui Oliveira, ha reconocido que en el aeropuerto lisboeta de Portela, el principal del país, apenas había hoy "una o dos personas".

El Sindicato Nacional de Personal de Vuelo de Aviación Civil ha afirmado en un comunicado que el paro ha contado con "una fuerte adhesión" de los tripulantes de cabina de las compañías TAP, Portugália, SATA y White.

LA CSI APOYA EL MOVIMIENTO "OCUPA WALL STREET"

2011-11-23T00:33:00.001+01:00

EL MOVIMIENTO SINDICAL INTERNACIONAL APOYA "OCUPA WALL STREET".

La CSI, a través de su secretaria general, ha manifestado su solidaridad y su apoyo al movimiento OWS (Ocupa Wall Steet).

“Apoyamos y defendemos el derecho a exigir cambios. Los trabajadores y las trabajadoras son los que sacarán al mundo de la crisis económica, no los banqueros. No debemos creer que el sistema financiero puede seguir siendo un poder invisible por sí mismo. Reconstruiremos la economía para el 99%.

Los sindicatos de todo el planeta apoyan y se unen a estos esfuerzos y se sienten inspirados por los ejemplos cotidianos del 99% que se mantiene unido. Nosotros somos el 99”, dijo Burrow.

En el blog hermano "Ciudad Nativa" se desarrolla un poco más esta noticia. Y se recomienda el visionado del mensaje de Sharan Burrow en el que manifiesta las razones de su solidaridad con OWS en Nueva York.

#links

Democracia y crisis: salir de Termidor (A propósito de un libro de Gerardo Pisarello)

2011-11-21T19:50:00.001+01:00

En un día post-electoral, nada mejor que aprovechar para reflexionar sobre el tiempo en el que estamos y sobre el que se desenvuleve nuestra acción colectiva. Gerardo Pisarello, activista conocido de la democracia y uno de los más relevantes miembros del Colectivo de Jóvenes Juristas Críticos de Parapanda, ha publicado en Trotta un libro bien interesante: “Un largo Termidor: la ofensiva del constitucionalismo antidemocrático”, Trotta, Madrid, 2011. Sobre este tema habló hace un mes en el seminario crítico que organiza ATTAC y el CEPS en la Universidad de Valencia bajo la dirección de Adoración Guamán, profesora titular de Derecho del Trabajo y flamante candidata de EUPV al senado. A continuación se presenta el texto introductorio que Pisarello ha realizado como promoción de su libro, en donde se condensan muchas de las claves de ese magnífico trabajo.

La agudización de la crisis ha colocado a la democracia en el centro de una áspera disputa. En Nueva York y Atenas, en El Cairo y en Madrid, en Marsella, Londres, Barcelona o Reikiavik, miles de jóvenes precarios, trabajadoras y trabajadores despedidos, maestros, pensionistas, personas hipotecadas e inquilinos expuestos al desahucio, artistas, migrantes, periodistas e internautas, vecinos afectados por la privatización o el deterioro de la sanidad, la educación, el agua o el transporte, denuncian la degradación de la vida política y económica. Afirman que no quieren ser «una mercancía en manos de políticos y banqueros». Y exigen, en un grito que atraviesa el planeta: “¡Democracia real ya!”.

Esta demanda democratizadora contrasta de manera visible con el desconcierto o la pasividad de las clases gobernantes. En su boca, la democracia continúa presentándose como el más legítimo de los regímenes políticos. Mientras tanto, el grueso de los elementos con los que esta suele identificarse —el gobierno de las mayorías, el pluralismo político, la protección de las minorías vulnerables, la vigencia de libertades públicas amplias— se encuentra en crisis. Decisiones cruciales para la seguridad material y la autonomía de amplios sectores de la población son adoptadas por grupos privados carentes de legitimidad electoral o de control ciudadano alguno. Entidades financieras, grandes inversores, oligopolios informativos, agencias de calificación de deuda, empresas transnacionales, concentran un poder inédito, capaz de colonizar partidos, parlamentos y tribunales y de reducir consignas como las de «una persona un voto» a poco menos que quimeras.

Naturalmente, la percepción de estos fenómenos está condicionada por la idea de democracia que se profese. Las concepciones liberal-tecnocráticas dominantes, de hecho, minimizan esta distancia entre el ideal democrático y su práctica efectiva. Para ello, suelen reducirlo a una simple técnica de recambio periódico de las élites gobernantes. Esta concepción restrictiva de la democracia, que permite descalificar como demagógica o maximalista cualquier crítica que pretenda mirar más allá de estas premisas, oculta, no obstante, su sentido histórico profundo. Y acaba por dar cobertura a regímenes que, cada vez más, operan como oligarquías isonómicas, es decir, como regímenes controlados por minorías económicas que apenas admiten, de manera selectiva, el disfrute de algunas libertades públicas.

Esta tensión entre democracia y oligarquía, o si se prefiere, entre Constitución democrática y Constitución oligárquica, no es desde luego nueva. Fue lúcidamente entrevista por pensadores como Aristóteles y atraviesa la historia de la humanidad desde la Antigüedad hasta nuestros días. En ella no faltan, al igual que hoy, teorías y prácticas empeñadas en despojar al principio democrático de su componente igualitario y emancipatorio, marginándolo o reduciéndolo a una pieza inofensiva de la organización social. Estos intentos se han presentado bajo diferentes ropajes. Como necesario antídoto contra la «tiranía de las mayorías». Como defensa de la Constitución mixta frente a la Constitución popular, siempre expuesta a los «humores de la multitud». O simplemente como una apuesta por la democracia limitada, moderada, frente a la extremista democracia pura o absoluta. Dispuestos a ganar el sentido común, estos argumentos han intentado cubrirse con la bandera de la moderación, del rechazo a la hybris, al exceso. Pero han dado voz, invariablemente, a temores e intereses exaltados, vinculados a posiciones elitistas y a plutocracias de diverso signo.

Que para identificar esta persistente corriente antidemocrática se evoque a Termidor no es baladí. Termidor fue el mes —según el calendario revolucionario francés— en que tuvo lugar el golpe de Estado de 1794 contra el movimiento democrático que surgió de la caída de la Monarquía y de la proclamación de la República. Dicho golpe supuso la interrupción de un proceso vigoroso de lucha por la extensión de los derechos políticos y sociales de la población, comenzando por sus miembros más vulnerables. Desde entonces, Termidor ha quedado identificado con los procesos de desdemocratización realizados en nombre de la gran propiedad y del gobierno de los notables (y a veces, también, con la degradación burocrática y despótica de las reacciones contra otras tiranías o plutocracias).

De ahí su importancia en los tiempos que corren. Y es que la llamada globalización neoliberal, el capitalismo financiarizado al que ha dado lugar, también podría considerarse el último capítulo de Un largo Termidor. De una honda recomposición en las relaciones de poder que, apelando al ideal democrático, ha acabado por desnaturalizarlo en beneficio de un orden constitucional con fuertes componentes oligárquicos. Esta contrarreforma tiene una fuerza innegable. Pero no es inevitable ni irreversible. Como ocurre con otros conceptos usados en vano, la noción de democracia puede ser rehabilitada, rescatada del naufragio. Para comenzar, si se vincula a su mejor herencia histórica. La que entronca con el constitucionalismo revolucionario de los siglos XVII y XVIII, con el constitucionalismo democrático republicano de entreguerras, en el siglo XX, e incluso con experiencias como las del llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, ya en el siglo XXI. La que va de Efialtes y Aspasia de Mileto a Thomas Paine y Karl Marx, de Flora Tristán y Rosa Luxemburgo a Patrice Lumumba y Martin Luther King. Ello nos ayudaría a verla, no ya como un simple mecanismo de renovación de élites, sino como una inveterada tradición emancipatoria. Una de las pocas quizás, capaz de abanderar hoy las exigencias de millones de mujeres y hombres a favor del autogobierno político y económico de todas las personas y pueblos y de la reproducción sostenible de la vida en el planeta.

EL NÚMERO DE NOVIEMBRE DE INSIGHT YA ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB

2011-11-20T00:46:00.001+01:00

Acaba de salir el número de noviembre de la revista digital Insight, dirigida por Antonio Lettieri (en la foto) y que ofrece un almacén de ideas y de reflexiones sobre la crisis y las políticas para gobernarla fuera de los paradigmas neoliberales al uso. Por eso la lectura de sus intervenciones puede ser una buena idea en el día en el que se van a elegir los representantes de los españoles en el Parlamento.

Noviembre 2011 / En este número

• Insight - http://www.insightweb.it/

Insight es una website multilingüe que se dedica al análisis de los orígenes de la crisis y de sus consecuencias sociales y económicas. A este fin recoge y publica contribuciones originales en los lenguajes respectivos (Italiano, inglés, francés, portugués y español )

Los lectores interesados en recibir los boletines de Insight pueden registrarse en la página.

• En este número

Italia es el centro del torbellino financiero europeo y Berlusconi ha sido forzado a dimitir. En cualquier caso, es importante destacar el fracaso del liderazgo de la eurozona por parte de Merkel y Sarkozy. Sobre el tema, hablan Paladini y Palaiologos sobre el colapso griego, Roncaglia y D’Ippolito acerca de la crisis italiana en concreto, Lettieri sobre las posibles alternativas a la perspectiva con la que el BCE afornta la crisis.

Además, en este número Antonio Baylos habla sobre corrupción y democracia, Marcello Colitti sobre el cambio de la forma en la que se manifiesta la globalización; Dean Baker sobre el impuesto sobre transacciones financieras y, en fin, Paola Brianti sobre la pobreza rural en China y las sombras sobre el enorme crecimiento económico de aquel país.

También conviene ver la sección de Papers y Views.

Artículos

o Ruggero Paladini

The economic consequences of the expansionary fiscal consolidation. A tale from Greece

Le conseguenze economiche del consolidamento fiscale espansivo. Una storia greca

o Antonio Lettieri

Are there alternatives to Italy’s bankruptcy and eurozone’s collapse?

L'Italia dopo la sconfitta di Cannes

o Yannis Palaiologos

Who Will Lead Greece?

o Antonio Baylos

Democracia y corrupción en la crisis del modelo social europeo

• Marcello Colitti

The reversed globalisation

La globalizzazione a rovescio

• Dean Baker

The Spurious Case Against a Financial Transactions Tax

• Andrew Fieldhouse

In favor of progressive taxation and a balanced approach to budgeting

• Paola Brianti

Il mal sottile della Cina

• Mario Nuti

After the Global Crisis

• Papers

• L’Italia: una crisi nella crisi

Carlo D'Ippoliti e Alessandro Roncaglia

• Occupy Wall Streeters are Right about Skewed Economic Rewards in the United States

Larwernce Mishel and Josh Bivens

• ¿Hacia lo contrario de un New Deal ? La huelga general de la CGIL en Italia

Antonio Lettieri

• A questão da corrupção e o garantismo

Tarso Genro

Views Europa, Italia, Brasil, China, India

_____________________________________________________

Editor Antonio Lettieri Co-Editors Bruno Amoroso, Antonio Baylos

Editorial Board Margarita Barañano; Ramón Baeza; Barry Bluestone; Carlo Clericetti; Marcello Colitti; Oscar Ermida; Jeff Faux; Jacques Freyssinet; Tarso Genro; Jayati Ghosh; Guillermo Gianibelli; Stuart Holland; David Howell; Jesper Jespersen; Elvira S. Llopis; Mario Nuti; Ruggero Paladini; Thomas Palley; Guido Rey; Umberto Romagnoli; Mario Rusciano; Herman Schmid; Hartmut Seifert

UNA NUEVA MANIFESTACIÓN CONTRA LOS RECORTES EN LA EDUCACIÓN MADRILEÑA: SE INCORPORAN LOS UNIVERSITARIOS

2011-11-18T00:06:00.001+01:00

Se ha convocado para el 17 de noviembre una jornada de huelga en toda la enseñanza no universitaria y una manifestación por la tarde, a las 18,30, bajo el lema “La educación no es un gasto, es inversión. No a los recortes”, que había sido precedida de un manifiesto sindical “por el diálogo y la calidad de la enseñanza madrileña”. La peculiariedad de esta jornada era, de un lado, su cercanía con la convocatoria de elecciones generales donde el tema de los recortes en el gasto educativo ha sido un tema muy manejado desde la izquierda como expresión de las políticas que están llevando a cabo los gobiernos autonómicos gobernados por el PP.

Se trataba de una huelga de todos los sectores de la enseñanza no universitaria: secundaria, infantil, primaria y escuelas infantiles. Los sindicatos de universidad no han considerado conveniente unirse a esa convocatoria de huelga. Sin embargo, los estudiantes de las universidades de Madrid habían convocado también a la huelga y a acudir a la manifestación de la tarde. Por su parte, CCOO de Universidad organizó una concentración ante la sede de la Universidad Politécnica por la mañana para protestar contra la actitud de los Rectores de las Universidades madrileñas que habían manifestado su conformidad con los recortes que el gobierno de la CAM ha previsto para este año, y se unía asimismo a la manifestación de la tarde junto con UGT y STEM. De esta manera, al menos formalmente, el sector universitario se incorporaba a la lucha de los profesores de secundaria contra los recortes en la enseñanza madrileña, hasta ahora ausentes.

Los sindicatos han cifrado el seguimiento de la huelga no universitaria en un 59,5 por ciento en Secundaria; un 38,2 por ciento en Infantil y Primaria, mientras que lo sitúan en un 70,1 por ciento en las Escuelas Infantiles.

La manifestación ha reunido a decenas de miles de personas, que han recorrido el centro de las calles de Madrid, desde Neptuno a Sol. Una inmensa marea verde, el color de las camisetas que reivindican la escuela pública, se ha desplegado con cánticos, batucadas y combos, en un cortejo que presidían los sindicatos del sector. Una columna de más de cinco mil personas, proveniente de Plaza de Castilla, y compuesta principalmente por estudiantes universitarios, ha ocupado el lateral de la Castellana y ha desembocado en Cibeles para esperar a la cabeza de la manifestación. Como sucede siempre, han sobrepasado a ésta y han terminado su recorrido en plena Puerta del sol, un poco más allá de donde estaba instalado el escenario desde donde habrían de hablar los sindicatos convocantes de la manifestación.

La movilización por la enseñanza pública sigue pues adelante, en un esfuerzo importante de profesores, asociaciones de padres y participación de los estudiantes. La adhesión del estudiantado universitario, que recupera viejos eslóganes anti-bolonia esta vez reorientados hacia la llamada estrategia 2015 – de dudosa realización en la crisis – se acompaña de la evidencia de unos recortes presupuestarios en las universidades madrileñas que tienen su precedente en la actitud selectiva y sectaria contra la UCM del Rector Berzosa que puso contra las cuerdas a esa Universidad el año pasado. La CAM, segura de su confirmación electoral el 20-N y de la generalización del monopolio de todos los poderes públicos por el PP a partir de esta fecha, sigue manteniendo que las huelgas y movilizaciones son políticas y que no van a proseguir después de las elecciones. Se mantiene así en su posición autoritaria, rechaza cualquier diálogo con los sindicatos, y arbitra medidas de represión ejemplares. El futuro de la enseñanza pública en España, una enseñanza de calidad que logra la inserción en la cultura, la ciencia y la técnica a miles de jóvenes, está en juego en Madrid. Es un conflicto estratégico para el futuro, mucho más allá de la coyuntura política electoral en el que todo el sector de la educación, desde las escuelas infantiles hasta la universidad, está directamente afectado.

SE CONSTITUYE EL CONSEJO ASESOR DE LA FUNDACIÓN 1 DE MAYO

2011-11-16T15:31:00.001+01:00

El pasado lunes 14 de noviembre se constituyó en la sede de la Fundación 1 de mayo, su Consejo Asesor, presidido por Carlos Berzosa. El Consejo tiene la misión de asesorar a la Fundación en su tarea de estudio y de investigación, debatiendo y proponiendo líneas de trabajo de futuro.

Con más de setenta componentes de todos los campos –la lista de nombres por orden alfabético puede consultarse en la página de la Fundación, http://www.1mayo.ccoo.es/ - relacionados con las relaciones sociales, entre los que hay académicos, profesionales y sindicalistas de diferentes áreas de la política y sociología, de la economía, la comunicación, el derecho, la medicina y la psicología social, y en un abanico ideológico muy amplio que va desde el socialismo democrático en sus diversas acepciones, el ecosocialismo y el ecopacifismo, la izquierda alternativa y representantes de movimientos sociales informales, el Consejo Asesor se constituye como un lugar libre de discusión y de reflexión situado precisamente en el interior del espacio cultural del sindicato de CCOO a través de su Fundación de estudios.

En la reunión de constitución, tras las intervenciones del Presidente de la Fundación, Rodolfo Benito, del Presidente del comité asesor, Carlos Berzosa, y la de la secretaria del mismo, Elvira S. Llopis, que planteó las líneas centrales de investigación y de reflexión sobre la intervención de Berzosa, tuvo lugar una amplia serie de intervenciones que precisaban, aumentaban o concretaban éstas.

Así, en primer lugar, se propuso continuar el análisis y causas de la crisis y las respuestas a la misma, un análisis no sólo económico sino social político e ideológico que no perdiera de vista la perspectiva global del análisis, pero que además hiciera un esfuerzo por explicar cómo se está conceptualizando la crisis y su planteamiento retórico, narrativo. Es decir, no sólo insistir en las dimensiones económicas y políticas que el uso antisocial de la crisis económica están generando, sino poner de relieve la dimensión cultural de la misma y su relación con las posiciones de dominio. A lo que se uniría la necesidad de realizar un serio esfuerzo por conocer la realidad de la situación social actual en España principalmente a través del examen de indicadores relevantes, como la pobreza, o el paro o desempleo. Como proyección de futuro, en fin, parecía necesario deducir de estos análisis los modos para abordar el modelo de la post-crisis que no se puede solamente vincular al crecimiento económico, y que busca dar un sentido muy amplio a la noción de sostenibilidad como concepto abierto a determinaciones sociales, políticas y culturales participativas y democráticas.

En ese sentido, el examen del marco europeo, sus límites y sus retos, resultaban también prioritarios en un contexto de crisis acentuada del euro, acompañada de una importante inestabilidad política y de falta de liderazgo en la Unión Europea.

Otra línea de estudio era la relativa al debate sobre la democracia en los países europeos afectados directamente por la crisis, democracia conceptuada no en sentido formal sino material, es decir, sobre la calidad democrática y los espacios abiertos a la participación ciudadana. En esa línea por tanto se produce la explicación de los derechos sociales y de los derechos político-democráticos. La constatación de un estado de excepcionalidad de los derechos sociales como consecuencia de la crisis a través de las llamadas “reformas estructurales” se está continuando en una excepcionalidad política que afecta directamente a los derechos de participación democrática y que se desarrolla junto a pulsiones muy fuertes de desinformación y de despolitización de la ciudadanía. En ese contexto, la construcción de un espacio público informativo democrático y la atención al desarrollo de un verdadero derecho a la información veraz es también un objetivo de estudio y de reflexión importante.

Naturalmente que entre todo ello los aspectos sociales – la factura social – de la crisis, resultaba otro vector de análisis imprescindible: el estudio de la fragmentación social y de los impactos negativos en términos de Estado social. La contemplación de los recortes en educación y – pese a la complacencia de los rectores actuales – también en la Universidad, así como los que se están produciendo en la sanidad, fueron especialmente tenidos en cuenta en la reunión. Ciudadanía social, pero también trabajo explotado como ejes de la fractura social acentuada por la crisis, un panorama que sólo puede ser explicado de manera completa y a la vez suficiente si se adopta una perspectiva de género transversal en el estudio de esta problemática relacionada tanto con el estado social como con el trabajo y sus diversas formas de expresión de la explotación y del dominio tanto en el trabajo asalariado como en el trabajo de cuidados.

Un último vector de trabajo era el relativo al papel de los sindicatos dentro de la empresa y su función sociopolítica en la movilización social y su capacidad de propuesta como agente dotado de autonomía. En ese aspecto, la dimensión transnacional y europea del sindicato, resulta ineludible, pese a las dificultades derivadas de la renacionalización también del hecho sindical que ha generado esta crisis y su percepción diferenciada por el sindicalismo del norte y por el sindicalismo de los países periféricos europeos.

Este tipo de debate va a tener su primera plasmación en la convocatoria de un Congreso sobre Economía, Trabajo y Sociedad, que tendrá lugar previsiblemente en junio de 2012 y en el que se abordarán en tres grandes grupos de cuestiones los elementos más interesantes para la elaboración de una propuesta de comprensión y de reforma de la sociedad actual por parte del sindicalismo como figura social que aspira a representar a la generalidad del trabajo en este país. El proceso de debate y de reflexión que se está poniendo en marcha será además enlazado con las instituciones sindicales europeas, tanto las que dependen del Ejecutivo de la CES como la red de fundaciones e instituciones de estudio sindicales de las distintas confederaciones de la UE.

Se trata, en definitiva, de un acontecimiento que impulsa de forma decisiva el papel de la Fundación 1 de mayo como laboratorio de ideas en relación directa con la acción colectiva del sindicalismo del nuevo siglo, elemento imprescindible en un contexto de crisis ideológica aguda de los sujetos políticos que venían representando a las clases subalternas en la conformación de un proyecto de reforma y de emancipación social.

LA ENCRUCIJADA EUROPEA: HABLA RODOLFO BENITO

2011-11-14T00:19:00.001+01:00

En el último número de la Revista de la Fundación 1 de mayo (número 34, correspondiente a noviembre de 2011), se incluye una columna del Presidente de la Fundación, Rodolfo Benito, sobre la clamorosa falta de liderazgo político en la Unión europea y su carácter suicida. Aunque escrito inmediatamente después de la Cumbre de Cannes del G-20 son que por consiguiente haya podido tener en cuenta los últinos acontecimientos italianos y la caída de Berlusconi, el interés del texto es evidente y se presenta así a la blogosfera de Parapanda no sin recomendar la visita a la espléndida página de la Fundación: http://www.1mayo.ccoo.es/

Las recientes cumbres europeas y la última reunión del G-20 han sido una nueva decepción, porque siguen desbrozando el camino hacia una nueva recesión en una parte importante de los países de la Unión Europea.

La desmesurada contracción del gasto público –y su correlato privado- está ahogando toda posibilidad de reactivación económica y –todavía más- de recuperación del empleo destruido. Sarcásticamente esta opción está demostrando, como ya advirtió el movimiento sindical europeo, que impide, además, el saneamiento de las cuentas públicas. Sus consecuencias pueden ser todavía más graves si se confirma la desaceleración de la actividad económica mundial o se profundiza en la latente guerra de divisas.

Desde una perspectiva política afrontamos dos gravísimos escenarios: el deterioro de la calidad de la democracia –provocado por la transferencia efectiva de la soberanía desde la ciudadanía a unos imprecisos mercados- y la creciente desafección de los europeos al proceso de integración. Europa –carente de un demos propio pierde sus fuentes de legitimidad: el bienestar social, el crecimiento económico o el erigirse en un instrumento que permita superar la fragilidad de los Estados frente a la globalización.

Y, finalmente, bordeamos peligrosamente la fractura social. La crisis la están sufriendo y pagando los que no la provocaron y los que tampoco se beneficiaron del crecimiento económico anterior; asistimos a presiones sobre salarios, pensiones o protección social insoportables. Resulta muy difícil no concluir que la crisis está siendo aprovechada para poner en cuestión un pacto social vigente durante décadas.

Con este panorama, el conflicto social sólo podrá extenderse y agravarse.

En buena medida, las políticas puestas en práctica a lo largo de los últimos años no sólo han resultado ineficaces sino que han sido contraproducentes. Los programas de ajuste que, con mayor o menor intensidad, se han adoptado en todo el territorio de la Unión Europea han sido impotentes frente al difuso objetivo de “calmar a los mercados”. La incapacidad de los líderes europeos ha facilitado que la crisis trascienda de Irlanda, Portugal y Grecia. Durante el verano de 2011,la zona euro se ha encontrado nuevamente al borde del colapso, situación que vuelve a repetirse durante

estos días. La crisis de la deuda se descontroló, amenazando gravemente a España e Italia, y ya a países centrales como Francia.

La falta de liderazgo político en Europa es clamorosa y suicida. La cumbre celebrada este fin de semana en Bruselas es buen ejemplo de ello. Conforma un perfecto caldo de cultivo para la emergencia de pulsiones nacionalistas, xenófobas, populistas o de extrema derecha.

Pero no hemos de equivocarnos. Una renacionalización de las políticas económicas europeas tendría consecuencias desastrosas tanto de los países periféricos como centrales, teniendo en cuenta el alto grado de integración del mercado interior y la existencia de la moneda única. La peor de las opciones posibles sería caer en la tentación de poner en cuestión el objetivo de alcanzar una Europa cada vez más integrada.

Las crisis de Irlanda, Portugal o Grecia, que han sido recientemente analizadas en un seminario de la Fundación 1º de Mayo, no se pueden circunscribir con exclusividad a esos países. Es la quiebra de un modelo de Unión limitado a una moneda, con deficiente integración económica y más escasa cohesión política o social. No se ha querido admitir hasta el momento y estamos pagando las consecuencias. Sólo con una más estrecha fiscalidad, un tesoro común y políticas más integradas podremos hacer frente a esta crisis que enfila su quinto año.

Por ello, cuando se ha hablado de la crisis griega, irlandesa o portuguesa, desde CC OO siempre hemos preferido referirnos a la crisis europea. Porque los problemas de cada país sólo podían entenderse y combatirse en el marco de la Unión. Todo ello, con independencia de las responsabilidades de los Gobiernos nacionales respecto a los modelos de crecimiento por el que cada uno de ellos optó, cosechando –en la mayor parte de las ocasiones- las críticas de sus respectivos movimientos sindicales.

CCOO DE LA UCLM RESPONDE A UNAS DECLARACIONES AGRESIVAS DE LA CSI-F

2011-11-12T02:10:00.001+01:00

La denuncia que el Comité de empresa de la UCLM realizó el martes pasado - recogida en este blog - ha suscitado una virulenta declaración por parte del denominado sindicato independiente CSI-F de Castilla la Mancha. Ante éste, CCOO de Universidad ha hecho público un comunicado que se transcribe a continuación y que permite conocer de manera clara el tipo de discurso dominante en la derecha política y en las organizaciones sindicales corporativas que le dan apoyo. En este sentido, las expresiones y el tenor del comunicado de CSI-F son bien significativas de lo que veremos y oiremos en los próximos meses en todo el territorio nacional.

La defensa de los trabajadores de la Universidad se debe hacer con firmeza e inteligencia. Negociación y presión son las claves de esa acción colectiva que caracteriza a los sindicatos para proteger y ampliar los derechos del personal docente e investigador y de administración y servicios. Esa actividad reivindicativa no debe llevar sin embargo a presentar ante la sociedad una imagen global de la Universidad como un antro de corrupción y de ineficiencia. Se trata a fin de cuentas de un servicio público de enseñanza superior que debe ser mejorado, pero del que no se puede afirmar que es una especie de garito en el que campean impunemente un conjunto de profesionales del timo y de la corrupción.

Este es el sentido del comunicado de la CSIF aparecido en los medios de comunicación de hoy viernes 11 de noviembre. Con extraordinaria virulencia agresiva este sindicato define a la UCLM como el lugar donde pululan – y citamos textualmente – “los profesionales de la agitación”, “los próceres de la progresía universitaria”, “los profesores milicianos” – qué bella figura con resonancias de la Guerra civil - ,”que llevan más de 20 años subidos en el machito”, en un contexto generalizado de “prebendas, de tapar chanchullos, de crear cargos para amigos traídos de otras instituciones, de comisiones, de premios, de viajes exóticos, de fincas, de institutos de investigación y de másteres ad hoc”. Estas personas – tan despreciables para la CSI-F – tienen además la osadía de pretender “que los trabajadores de la Universidad se unan a las movilizaciones en enseñanza no universitaria y a la huelga de secundaria” para lo que “manipulan a los alumnos para movilizarlos”, con “los eslóganes rancios de los “salvapatrias” de pensamiento único imperante desde hace mucho tiempo en la UCLM”.

La imagen de la UCLM que presenta la CSIF, obsesionada siempre por achacar al gobierno Barreda todas las culpas y en presentar al Gobierno Cospedal como un nuevo Moisés que guiará al pueblo escogido a su tierra prometida, es desastrosa. Se compadece mal con una Universidad, que, como se destacó en la rueda de prensa del martes, en sólo 25 años se ha posicionado en el puesto número 15 del ranking de investigación por delante de otras con más tradición, y que constituye una referencia imprescindible en el desarrollo económico de la región, en la construcción de I+D+I. El problema es sencillamente el de la financiación de la misma, puesto que si no se garantiza – por el nuevo gobierno, claro está – la financiación adecuada, la universidad corre el riesgo de convertirse sólo en una academia de educación superior al perder funciones tan importantes como la de la investigación, de forma que se desmantelaría la que actualmente es la empresa tecnológica más importante de Castilla-La Mancha, con el correspondiente impacto nefasto en la región tanto por la pérdida de competitividad como por el desempleo que se va a generar, algo que se podría solventar con una financiación anual de 160 millones de euros, sólo el 2% del gasto público de Castilla-La Mancha. Desde el punto de vista de la rentabilidad, además, frente a la media de 1,8 euros por cada euro público invertido en el resto de las universidades españolas, en el caso de la UCLM se eleva hasta los 2 euros lo que demuestra que esta institución académica no es un lujo, sino que es la empresa más rentable e imprescindible para sacar a la región del atraso en el que se encuentra.

Este es el único problema, y la Junta de Comunidades (independientemente de quien la gobierne) es quien tiene la responsabilidad de garantizar con eficiencia la calidad del servicio público universitario que presta la UCLM. Una universidad que desde luego no se corresponde en absoluto con la imagen que de ella da la CSI-F, bien reveladora del desprecio que este sindicato hace gala hacia los profesionales – docentes, investigadores y de administración y servicios – que trabajan en ella, con plena independencia y autonomía de cualquier poder, público o privado, político o económico. ¿O será eso lo que en realidad molesta a la CSI-F?

Y terminamos con alguna pregunta más: ¿A quién defiende CSI-F? ¿Al gobierno regional o a la UCLM? ¿Qué es más importante, demonizar al gobierno Barreda para justificar futuros recortes, o defender la financiación necesaria para garantizar una Universidad Pública y de Calidad?. Y, de paso conviene recordar que durante estos “20 oscuros años” ese sindicato ha firmado prácticamente todos y cada uno de los acuerdos negociados en la UCLM (en los últimos 8 años todos). No parece que haya interpuesto ni denuncias ni acciones judiciales para atajar esta supuesta corrupción, la que al parecer constituía el ser profundo de la Universidad en la visión de este sindicato.

SOBRE LOS ACUERDOS DE INVERSIONES. RELIEVES CRÍTICOS Y PROPUESTAS REGULATIVAS.

2011-11-11T00:24:00.001+01:00

Se ha celebrado en Bruselas un encuentro internacional sobre los Acuerdos Internacionales de inversiones y sus efectos nocivos sobre los países emergentes y la posibilidad por parte de los mismos de desarrollar políticas de control de estas inversiones a través de las empresas transnacionales. Por parte española a este encuentro, cuya fase final se celebró en el Parlamento europeo, ha asistido, con papel relevante, Juan Hernández Zubizarreta, conocido amigo y compañero de los círculos de Parapanda en las delegaciones de los mismos en el País Vasco. El texto del Seminario es bien indicativo:

Los Acuerdos Internacionales de Inversiones (AII) –bajo la forma de Tratados Bilaterales de Inversiones (TBIs) y tratados de Libre Comercio (TLCs)- representan una amenaza para la gobernanza democrática y el interés público. Estos acuerdos socavan el derecho de los gobiernos a legislar a favor del interés público, el trabajo decente, los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental. Los AII entregan derechos extraordinarios a las empresas transnacionales (ETNs), sin ningún tipo de obligación o contraprestación, permitiéndoles demandar estados soberanos ante tribunales internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Los inversionistas y las firmas de abogados usan cada vez más estos acuerdos y no dudan en desafiar las regulaciones nacionales a nivel social, ambiental y económico, si éstas amenazan con reducir la rentabilidad de las inversiones corporativas.

La evidencia es inequívoca al mostrar que un marco de inversiones basado en los derechos de los inversionistas sin obligaciones vinculantes no contribuye al desarrollo sustentable. No obstante, desde los años 90, los países desarrollados han presionado consistentemente por un marco vinculante de protección de los inversionistas, al tiempo que se han resistido a reconocer algún tipo de obligaciones de los mismos. Como anotó la analista política Susan George “la agenda de las empresas no ha cambiado desde finales de los 90, cuando el Acuerdo Multilateral de Inversiones, negociado secretamente dentro de la OCDE, fue derrotado por la acción ciudadana”.

En el contexto de la crisis económica global, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea (UE), así como otros países del G20 han intensificado la búsqueda de AII y TLCs, los cuales incluyen cada vez más disposiciones de protección a las inversiones.

La agenda de los regímenes de inversiones tiene actualmente un alto perfil político en la UE, pues bajo el Tratado de Lisboa, las competencias sobre inversiones se han trasladado desde los Estados miembros al nivel de la UE. Tal es el caso con las negociaciones de TLCs, en los cuales la Comisión Europea (CE) ha adquirido el poder de negociar también AIIs. Este traslado de competencias “post-Lisboa” también significa que todos los TBIs existentes deberán alinearse en esta nueva dirección política. Ello también significa que los capítulos de inversiones serán integrados a los TLCs –como ocurre, por ejemplo, en el caso del TLC UE-India. En este sentido, las ETNs son cobijadas por una arquitectura de la impunidad, que les permite demandar con el fin de generar cambios en las economías nacionales y políticas de desarrollo en los países donde planean operar.

En el caso del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) y en la actual plataforma de AIIs y TLCs, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil se han comprometido en campañas contra este régimen de comercio e inversiones, que ubica los intereses corporativos por encima del bienestar de la población y del planeta. Estas resistencias han sido exitosas no sólo en exponer los intereses de las ETNs y las violaciones de los derechos humanos, sino que también han tenido victorias significativas en la derrota del AMI, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) así como en casos específicos ante el CIADI – de los cuales Bechtel y ETI eran contra el gobierno boliviano. Por otra parte, durante la última media década, movimientos y organizaciones sociales de América Latina y Europa, reunidos en la Red Birregional Enlazando Alternativas, han resaltado estudios de caso emblemáticos que exponen la generalización de los crímenes económicos y ecológicos de las ETNs europeas que operan en el marco de una arquitectura de la impunidad, provista por los TBIs y los TLCs.

Este Foro en el Parlamento Europeo, que tiene lugar en el contexto de la Semana de Acción frente a Tratados Bilaterales de Inversiones y por un régimen Alternativo de Inversiones (Noviembre 5-8 en Bruselas), inicia un diálogo que no sólo desafía las premisas de la actual política de inversiones de la UE y del régimen global de inversiones, sino que va más allá en la generación de propuestas por un régimen alternativo y códigos vinculantes para las corporaciones Transnacionales.

Además de la denuncia del hecho, el Foro de Bruselas ha elaborado unas líneas de respuesta a estos fenómenos, basado en la creación y puesta en práctica de un modelo alternativo de inversiones, que tiene la forma de un documento debatido para su incorporación al actuar de los sindicatos y del resto de los sujetos sociales. El texto es el siguiente:

Los Tratados Internacionales de Inversiones (TII)–como ser los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y los capítulos de inversiones en los Tratados de Libre Comercio (TLC) - son parte de la arquitectura de impunidad de las empresas transnacionales y como tal amenazan la soberanía y constituciones de las naciones, tanto de países en desarrollo como desarrollados, la gobernabilidad democrática y el interés publico.

Los Tratados de Inversiones otorgan a las empresas transnacionales derechos extraordinarios sin obligaciones vinculantes, permitiendo a las corporaciones saltearse las leyes y cortes locales y nacionales y demandar a Estados soberanos por millones de dólares ante tribunales internacionales asociados con el Centro Internacional de Arreglos de Disputas en Inversiones (CIADI), la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho de Comercio Internacional (UNCITRAL), y la Cámara de Comercio Internacional (CCI). No existen, en cambio, tribunales internacionales similares en los cuales gobiernos o ciudadanos puedan llevar a las empresas transnacionales a la justicia cuando sus actividades violan los derechos humanos, sociales, laborales y medioambientales o cuando infringen los requerimientos de las políticas públicas nacionales.

Los tratados de inversiones son instrumentos que usan las corporaciones transnacionales para disciplinar y poner presión sobre los gobiernos. Estos Tratados dan un poder sin precedentes a las corporaciones y mantienen a los gobiernos rehenes en su capacidad de perseguir objetivos de políticas públicas. De esta manera, menoscaban los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales y derecho a la salud, el acceso a los servicios públicos, medios de vida básicos y la protección del medio ambiente.

La liberalización financiera y la protección de las inversiones, promovida por medio de los acuerdos de comercio e inversiones, son causas de la crisis financiera y económica actual. Sin embargo, Estados Unidos, la Unión Europea y el G20 promueven estas políticas de liberalización como una solución a la crisis económica y claramente creando las condiciones para una crisis mas profunda. Este sistema va a fortalecer aun mas el poder de las corporaciones (el 1%) y otorgar mayores protecciones a los inversionistas, pero en cambio aliena aun mas al 99% de la población.

Llamamos a:

- Poner un alto a nuevas negociaciones de tratados de inversiones, tanto bajo la forma de TLC como de los Tratados Bilaterales de Inversiones existentes

- El retiro de los países del CIADI y otros procesos de arbitraje como UNCITRAL y CCI

Llamamos a:

- los países desarrollados a parar la presión sobre países en desarrollo para firmar TBIs y provisiones sobre inversiones en los TLCs

- los países en desarrollo a examinar y revisar los impactos de los Tratados Bilaterales de Inversiones existentes sobre los pueblos en sus países

- a las Naciones Unidas a examinar el impacto de estos tratados de inversiones sobre el desarrollo y los derechos humanos.

Proponemos en cambio un marco internacional de inversiones alternativo este basado en principios democráticos y que priorice los intereses públicos sobre las ganancias privadas, que:

- Incorpore obligaciones vinculantes a las empresas relacionado con derechos humanos, económicos, laborales, sociales y medioambientales

- Excluya los mecanismos de resolución de disputas inversionista- Estado

- No otorgue a los inversores derechos mayores que a los nacionales

- Garantice a los gobiernos todo el espacio democrático para implementar políticas publicas en favor de los pueblos y el medio ambiente

- Incluya el derecho a restringir y controlar los flujos de capitales internacionales especulativos y desestabilizantes

- Determine que áreas como la salud, los alimentos, los servicios públicos y los recursos naturales deben estar bajo control e inversión publica.

LA ESTRATEGIA DEL ESTRANGULAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES: EL COMITE DE EMPRESA DE LA UCLM DENUNCIA

2011-11-09T13:11:00.004+01:00

El Comité de Empresa de UCLM denuncia que la Universidad será "una academia de educación superior" si no llega financiación

El presidente del Comité de Empresa de la UCLM, Francisco Trillo, ha denunciado el martes 8 de noviembre que, en caso de no llegar pronto financiación a la institución académica, ésta corre el riesgo de convertirse sólo en una "academia de educación superior al perder funciones tan importantes como la de la investigación, de forma que se desmantelaría la que actualmente es la empresa tecnológica más importante de Castilla-La Mancha".

En una rueda de prensa, en la que también han participado representantes de los alumnos, de los becarios y de los profesores, Trillo ha destacado que si continúa sin llegar financiación pública a la UCLM "tendrá un impacto nefasto en la sociedad de Castilla-La Mancha tanto por la pérdida de competitividad como por el desempleo que se va a generar, algo que se podría solventar con una financiación anual de 160 millones de euros, sólo el 2% del PIB de Castilla-La Mancha".

Por su parte, Juan Sisinio Pérez Garzón, en representación del profesorado ha destacado los logros que ha alcanzado la UCLM en sólo 25 años para posicionarse en el puesto número 15 del ránking de investigación por delante de otras con más tradición, un esfuerzo que podría perderse de continuar la situación actual.

Asimismo, ha hecho referencia al estudio que se hizo de la rentabilidad de las universidades españolas, que es de una media de 1,8 euros por cada euro público invertido, "una cifra que se eleva hasta los dos euros en el caso de la UCLM, lo que demuestra que esta institución académica no es un lujo, sino que es la empresa más rentable e imprescindible para sacar a la región del atraso en el que se encuentra".

Pérez Garzón, que ha defendido que la inquietud del profesorado no es sólo el cobro de las nóminas, que hasta ahora se está realizando, sino fundamentalmente poder seguir potenciando la docencia y la investigación para proteger a la actual generación de universitarios, "de los que el 90 por ciento son nietos de abuelos que no tuvieron estudios universitarios y ni siquiera concluyeron el Bachillerato".

CARENCIAS DE LOS ALUMNOS

En representación del colectivo de alumnos ha intervenido Edgar Téllez, quien ha argumentado que el impago de la deuda contraída por la Junta de Comunidades con la UCLM ya se ha dejado notar en cuestiones como que no hay presupuesto para la adquisición de nuevos libros; que la Biblioteca ha reducido su horario por falta de personal; que se ha reducido el número de plazas del programa "Aprende inglés en tu Campus" --imprescindible para obtener el B1 de inglés que exigen las nuevas titulaciones del Plan Bolonia--; o en la falta de mantenimiento de los equipos informáticos.

Finalmente, los becarios de la Junta de Comunidades Inmaculada Colmenar y José Guillén han señalado que hay compañeros que han tenido que abandonar sus tesis doctorales porque, o bien no reciben las ayudas que corresponden en los dos primeros años, o bien no se les han hecho los contratos de los dos segundos "por lo que no podemos trabajar para acabar nuestra tesis aunque queramos porque no estamos dados de alta".

DEMOCRACIA Y CORRUPCIÓN EN LA CRISIS DEL MODELO SOCIAL EUROPEO

2011-11-08T03:11:00.000+01:00

Se ha celebrado en Porto Alegre el Seminario internacional sobre la lucha contra la corrupción, organizado por el Gobierno del Estado y otras entidades públicas. El seminario constaba de varias mesas redondas en las que se abordaban diversos aspectos relacionados con el tratamiento de la corrupción. Desde el tema del lavado de dinero y el control institucional y social, hasta la descripción del complejo institucional que tiene por objeto enfrentarse a la corrupción y, en fin, la transparencia y la opinión pública como instrumento de combate contra la corrupción. Se cierra el seminario mañana con la intervneción del Ministro de Estado jefe de la controladoría general de la nación, Jorge Hage. En el día de hoy, ha tenido lugar además la conferencia del titular de este blog sobre democracia y corrupción en la crisis del modelo social europeo, presentada por el gobernador de Rio Grande do Sul, Tarso Genro. A continuación se presenta una síntesis de la misma.

Relacionar estas categorías resulta a primera vista algo forzado. Reflexionando un poco, la relación es más clara.

A los efectos que aquí interesan, hay que tener en cuenta tres significados de la palabra corrupción en relación con la noción de democracia. La primera hace referencia a una actividad delictiva de especial desvalor social, la segunda a la política que favorece la actividad o conducta delictiva haciéndola compatible con las instituciones democráticas. La tercera, plantea un contexto de degradación de la capacidad de mediación institucional de la política democrática. Se dirá algo de cada una de estos tres significados.

Como actividad delictiva, la corrupción es una conducta en la que destaca la utilización en provecho propio del poder público, o el incumplimiento en beneficio privado de las reglas que disciplinan el ejercicio correcto de las prerrogativas en el ejercicio del poder. Se trata de una categoría en aumento que tiene perfiles jurídico-penales y también ético – sociales. Son muchas las conductas que reúnen estas características, pero entre ellas son típicas las maniobras ilegales para la financiación de los partidos políticos, la utilización de la especulación inmobiliaria para el lucro privado, las comisiones para adjudicar contratos a las empresas públicas o en un proceso de licitación de concursos públicos, la creación de empresas pantalla para desviar fondos públicos o en general el clientelismo electoral aprovechando medios públicos. Se trata de fenómenos en impresionante aumento en estos últimos años, aunque siempre en estos casos hay que recordar que el incremento tiene que ver también con la visibilidad del fenómeno antes oculto y la mayor capacidad del sistema para reprimir estas conductas.

Este tipo de corrupción reúne dos características. Ante todo, la separación entre el momento de su conocimiento e información al público a través de los medios de comunicación y su inserción institucional como acto reprimido por el poder del Estado, en un proceso de judicialización de este proceso de incriminación. Lo que lleva aparejada la importancia acentuada del momento informativo, que es un momento privado, gestionado desde los parámetros ideológicos de las empresas editoras de los medios de comunicación de que se trate, que se confronta, paralelamente, con la dilación genérica del momento enjuiciatorio, lo que permite que se perciba socialmente una situación de impunidad de la corrupción en la esfera pública.

Es clara la utilización en clave ideológica del momento de la “denuncia” informativa, lo que produce la resignificación mediática de la política como hábitat natural de la corrupción. Allí anida también la utilización de este discurso en clave antisindical, asimilando a estos fenómenos las subvenciones obtenidas para la formación ocupacional, o las indemnizaciones del patrimonio sindical, o en fin, la concentración de crédito horario en lo que la prensa llama “liberados” sindicales. Se trata no obstante de una parte del discurso antisindical en circulación que no constituye el núcleo central del mismo, pero que si lo acompaña y lo refuerza.

La corrupción aparece además como elemento compatible con las instituciones democráticas. No es una paradoja que coincida un enorme desprestigio de la política como ámbito de consecución de intereses privados y, simultáneamente, que en los procesos electorales que se han realizado, los políticos corruptos – procesados – sean refrendados mayoritariamente por la población.

Se produce la asimilación del espacio de la política a un peculiar espacio de mercado – aunque de acceso restringido – en el que se busca la obtención de un lucro personal – individual o de grupo - en el contexto de un suministro de servicios a la comunidad como ejercicio de funciones públicas.

En España este hecho tiene mucho que ver posiblemente con una cierta comprensión desviada del pacto implícito en la transición democrática de la dictadura a la democracia. Es sabido que la amnistía hizo ingresar en una sola dimensión la cancelación de conductas delictivas tipificadas como tal bajo el franquismo y luego reconocidas como derechos democráticos en la Constitución, junto con la renuncia a remover los hechos y conductas lesivas de los derechos humanos fundamentales plasmadas en los crímenes de la guerra civil, las torturas y los asesinatos de Estado. La ley de Memoria Histórica del 2007 pretendió extender la reparación económica y moral a estos supuestos, pero su aplicación está siendo ralentizada y dificultada, incluso con episodios de clara indicación autoritaria como el procesamiento del magistrado Garzón.

En cualquier caso, en la continuidad franquista no revisada entraba de forma no visible la corrupción como elemento caracterizante de la actividad de los grandes grupos económicos cuya relación con el poder político estaba dirigida a la obtención de posiciones de ventaja en el mercado. Es decir, que en la dictadura, el espacio de la política era un espacio cerrado, hermético a la participación popular, como terreno de asignación de posiciones de ventaja de todo tipo, económicas, sociales y laborales, también a través de la represión de la resistencia obrera. Esta visión se difuminó y quedó como en letargo en los primeros años de la transición, ante el auge de una cierta conflictividad más difusa y el enfrentamiento complejo de los actores sociales y políticos en ese primer período. Pero a partir de 1986, con el ingreso en la OTAN y la consolidación de la “modernización” española de aquellos años, se despierta de su breve sueño de piedra y comienza a andar cada vez más adelante y con mayor determinación, a partir de los tiempos de la modernización capitalista y del “pelotazo”. Se ponen en práctica políticas públicas que favorecen esta apropiación de la política por los intereses privados individuales o grupales, y el propio modelo de crecimiento económico basado en la especulación inmobiliaria, incentiva y extiende estos fenómenos.

Actualmente se puede diagnosticar, en fin, un contexto de degradación del espacio público – democrático que favorece la erosión de los derechos sociales primero e, inmediatamente, de los propios derechos democráticos de participación ciudadana. Las líneas de tendencia señalada lo promueven. Tanto la percepción de la política como ámbito “natural” de concreción de interés privado de quienes se dedican a ella, definidos ahora como “profesionales de la política” o “clase política”, como la definición de éste ámbito como un peculiar espacio de mercado para la obtención de un lucro personal, que se define además por su hermetismo y su refracción a cualquier participación popular, auto administrado por grandes grupos de interés económico, se confirman como expresiones sociales que se corresponden con los hechos sucedidos con las reformas del 2010 – 2011.

La fuerza normativa directa de los mercados financieros sobre los distintos gobiernos periféricos de Europa y la tutela de las instituciones reguladoras de los mercados (FMI y BCE) sobre las autoridades europeas, exigiendo la adopción de “reformas estructurales” se inserta sin dificultad en las tendencias culturales e ideológicas que han fomentado las políticas de corrupción. Las reformas estructurales se imponen como programa a todos los gobiernos sea cual sea su orientación política, socialistas o conservadores, que metabolizan en su acción de manera unánime, la lógica neoliberal.

Como resultado se produce una reacción de doble dirección. La mediación institucional que cristaliza la participación popular a través de las elecciones políticas se considera ineficiente o inútil porque el proyecto de reforma social y de vigencia de derechos de ciudadanía que pretende agrupar suficientes consensos en torno a una mayoría social de progreso, se ha desvanecido al transformarse en su contrario y hacer suyo el programa neoliberal como un destino inexorable. Por ello de un lado se produce una clara separación entre las expectativas ciudadanas respecto de las figuras de la representación política, simbolizada en el lema del movimiento 15 –M:”no nos representan”, porque la democracia representativa y el mecanismo electoral se conciben como un instrumento separado de las necesidades populares, al servicio de los grandes grupos de interés económico. Y esta impresión se confirma con el incremento de los beneficios de los grandes bancos y la naturalidad con que se otorgan bonus y generosas indemnizaciones y pensiones a todos los dirigentes financieros, incluidos aquellos cuya gestión ha hecho necesaria la inyección de fondos públicos para salvar esas entidades, mientras se exigen sacrificios importantes al resto de los ciudadanos.

Pero esta separación funciona también a la inversa, generando el desapego o la desconfianza de los gobiernos respecto de los ciudadanos. La vicisitud de la reforma constitucional española por la que se incluyó en el texto constitucional el techo del déficit público es emblemática, puesto que no sólo se incorpora un dogma acuñado en Mont Pélegrin desde hace tanto tiempo, sino que el real objetivo del acuerdo entre los dos grandes partidos democráticos del gobierno y de la oposición fue el de evitar la participación democrática de los ciudadanos refrendando en las urnas la medida. Como también el ejemplo griego, anunciando un referéndum sobre las condiciones de rescate de la deuda que provocó la airada reacción de las autoridades monetarias europeas anunciando la revocación del préstamo si se producía el referéndum, demuestra la existencia de un proceso de expulsión de las garantías e instrumentos democráticos de la gestión de la política.

La reducción de los derechos sociales, el progresivo desmantelamiento controlado de aspectos importantes del modelo social europeo, se consideran correctamente como un fin directamente perseguido como forma de enriquecimiento de los poderosos y de acentuación de las desigualdades a través de la acción política de gobierno. Es un fenómeno gigantesco de expoliación de los estándares sociales de los ciudadanos en beneficio de los grupos financieros en donde se produce una inversión perversa según la cual lo público es privado y da nombre a un espacio que tendencialmente afirma la desigualdad, y que paulatinamente se acompaña de un proceso de reducción de derechos de participación democrática. Se suele presentar además de manera intencionada como un fenómeno inmodificable, especialmente mediante la entrega de la representación a los actores políticos principales a través del mecanismo electoral.

Hay sin embargo señales muy consistentes de resistencia social y política.. En primer lugar, la reivindicación de la transparencia de la acción política, la democratización de los procesos electorales y la exigencia de incorporar nuevos instrumentos de participación ciudadana y colectiva. Estos puntos están hoy en el centro del debate político de la izquierda, tanto política como social, al punto que se han incorporado posiblemente de manera definitiva al proyecto de reforma que se quiere movilizar en las elecciones políticas primero, pero también más allá de este circuito electoral. Es posible además que se produzcan en Europa en tiempo próximo ciertas mutaciones políticas de gobierno que sustituyan los gobiernos conservadores mayoritarios ahora y de una oportunidad a ir adelantando medidas de control político de los mercados, una política económica común y reformas importantes en orden a la creación de políticas europeas progresistas en materia fiscal y hacendística. Por último la reorganización de la resistencia de los sujetos sociales, en donde el sindicalismo tiene un protagonismo evidente, y que acelera fenómenos de movilización social en torno a un proyecto autónomo de ordenación social que se contiene no sólo dentro de las fronteras nacionales, sino que se despliega en una mayor coordinación europea y global.

La resistencia al estado de excepción económico que degrada y reduce derechos sociales y democráticos es cada vez más amplia. Es una actuación de los sujetos sociales que se resiste a permitir la degradación continua de la autonomía de la política y el debilitamiento de la sociedad civil.

ALGUNAS IDEAS FUERZA EN LA REFORMAS LABORALES URGIDAS POR LA CRISIS 2010 – 2011.

2011-11-05T22:14:00.001+01:00

Mientras culminan hoy sábado 5 de noviembre los trabajos del XX Encuentro de Especialistas Latinoamericanos en Relaciones laborales BCLMT, algunos de los intervinientes aprovechan uno de los escasos ratos libres para pasear por la playa de Jureré, en Florianápolis, como personajes de La dolce vita, interrogándose eso sí sobre las consecuencias y las oportunidades que en el espacio global plantea una crisis global. A continuación se insertan algunas reflexiones sobre algunas tendencias puestas de manifiesto en el contexto español en estos dos años de "reformas estructurales" (2010 - 2011).

Las reformas laborales en España han ido siguiendo un largo proceso no necesariamente lineal, con intervalos de abierta conflictividad social y de ruptura por tanto de cualquier espacio de colaboración o de interlocución, mezclados con la apertura de momentos de negociación e incluso de acuerdo como los que se desplegaron en nuestro país en enero y febrero de 2011 y que continuó con la negociación con la CEOE de la reforma legal de la negociación colectiva y con la búsqueda de compromisos para cerrar la negociación colectiva pendiente. En ese panorama, hay toda una serie de líneas de reflexión o de explicación de este período que se superponen y se confrontan, pero cuya enunciación puede permitir aislar sus características más relevantes y analizarlas críticamente. Estas ideas – fuerza tienen a su vez distintas versiones más matizadas e incluso correctoras de los perfiles más incisivos, y pueden actuar interrelacionadas entre sí. Las llamadas “reformas estructurales” frente a la crisis, de clara matriz neoliberal, han dado lugar asimismo a la elaboración de varios discursos que pretenden reconocer y explicar el sentido y la finalidad de dichas reformas.

Posiblemente la primera idea que se desprende de los procesos que se han ido desarrollando es la de constatar la pérdida de la soberanía política – democrática del Estado – nación en Europa, y su sometimiento a un estado de excepción económico heterodirigido. Esta excepcionalidad basada en una situación económica expresada en términos de desvalorización de las deudas soberanas en los mercados financieros, anula o suspende los procedimientos democráticos previstos incluso en los respectivos textos constitucionales en los distintos ordenamientos nacionales. La subordinación de las garantías y formas democráticas a la lógica del rescate financiero o a la prevalencia de la satisfacción de los deudores, construye un nuevo guardián de la constitución, material y económica, de mercado, en una Unión Europea fundada sobre las grandes libertades económicas fundamentales. La grave confrontación entre democracia y libre empresa y mercado se revela dramáticamente en el caso griego, pero las cartas del presidente del banco central europeo a los gobiernos democráticos de España e Italia indicando de forma insolente las reformas que deben necesariamente llevar a término, suponen un signo evidente de este menosprecio del marco democrático por parte de las autoridades reguladoras del mercado. En el caso español, la carta –secreta aún – del BCE dio lugar al acuerdo entre los dos grandes partidos para reformar la constitución española con el objetivo fundamental de evitar que los ciudadanos españoles pudieran participar con su voto en la aprobación o rechazo de la reforma constitucional planteada.

Con todo, otras versiones de este discurso, dando por supuesto este estado de excepción no declarado formalmente, subrayan su carácter temporal y la necesidad de gobernarlo conjunta y democráticamente en el nivel supranacional. Con ello se recupera una visión europeísta que quiere fortalecer la dimensión política y representativa de la Unión Europea y justamente encuentra en esta situación de anulación de la soberanía estatal por obra de un estado de excepción económico, un argumento adicional para reivindicarla.

Una segunda tendencia también evidente por doquier, es la que incorpora la lógica del intercambio entre empleo y derechos laborales. Es decir, que mantener el empleo o reducir el proceso de destrucción del mismo se obtiene a cambio de reducir o anular derechos laborales o de degradar el sistema de garantías del empleo. El intercambio entre estas dos magnitudes supone la ruptura del modelo social europeo en donde crecimiento, desarrollo y empleo deben ser acompañados por la consolidación de un fuerte conjunto de derechos laborales individuales y colectivos. En definitiva se trata de reproponer la vieja confrontación entre libertad de trabajo frente al reconocimiento del derecho al trabajo y sus garantías.

Junto a ello hay también una versión correctora de este argumento, que insiste en el carácter temporalmente acotado de este intercambio desigual y en la posibilidad de que sea controlado. Es decir, una fase de restricción de derechos de vigencia temporal reducida en la que deben participar los interlocutores sociales a través de mecanismos de concertación social tripartita. No niega por tanto el elemento central según el cual la creación de empleo está en directa relación con el abaratamiento y facilitación del despido, el aumento de la unilateralidad en la reorganización productiva y la libertad en la selección del tipo contractual atípico para insertarse en la empresa, pero pretende que esta se administre consecuente y participada por sindicatos y asociacionismo empresarial.

El tercer elemento de convicción es la necesidad de proceder a un cambio de modelo económico, abandonando un modo de crecimiento fundamentalmente especulativo con predominio de la construcción y trabajo de escasa cualificación. El caso español es emblemático al respecto. En este cambio de modelo se juega por tanto la salida correcta a la crisis. Un horizonte de sostenibilidad en la economía y de responsabilidad en la empresa, produce un contexto muy favorable a un crecimiento competitivo con fuerte presencia del trabajo cualificado, compatible con derechos flexibles en el trabajo gobernados por la negociación colectiva. El tránsito a la economía sostenible requiere un pilotaje en el aspecto laboral que sin embargo puede realizarse no sólo mediante la mediación de la procedimentalización colectiva en los lugares de trabajo, sino fundamentalmente a través del reforzamiento de la unilateralidad empresarial en la gestión flexible de las condiciones de trabajo y de la relación salarial.

Una cuarta tendencia – o más bien una forma de responder a la crisis y no sólo de describir sus efectos más relevantes – prescribe el fortalecimiento del control indirecto del mercado mediante la recuperación de la intervención pública redistributiva de la riqueza desigualmente repartida. Es decir, dejando de lado la deriva del mercado como formación social que crea profundas asimetrías y desigualdades, esta idea – fuerza intenta paliar alguno de sus efectos mediante la mediación redistributiva estatal y, más allá, proponiendo la creación de un sistema fiscal progresivo en el nivel supranacional europeo. Como forma de reacción frente a la crisis no promueve sólo una respuesta que constriñe los gastos, sino que interviene sobre el campo de los ingresos y la redistribución de los mismos. En el nivel nacional - estatal además solicita la inversión – en tiempos de crisis – en servicios públicos considerados estratégicos, enseñanza, investigación y sanidad, con lo que rechaza los recortes del gasto social precisamente en estos sectores, educación y sanidad. Es un discurso muy extendido como forma de respuesta a la crisis, enarbolado por muchos sectores de la izquierda social y movimientos sociales, que permite por otra parte desentenderse de las distorsiones de los mercados financieros centrándose en la nivelación redistributiva de base impositiva progresiva.

Por último, una última tendencia se centra en la radicalización democrática de la situación, es decir, el desbordamiento democrático de la excepcionalidad social a través de la repolitización conflictiva del espacio del mercado y de la autoridad privada en los lugares de trabajo. La consideración política y democrática como eje de la respuesta a la crisis se dirige sin embargo a la construcción de un espacio cultural y teórico que reconsideraría ante todo la lógica del intercambio insostenible entre empleo y derechos laborales como un proceso no democrático y por tanto fuera de la constitución y del marco de las garantías de la ciudadanía política y social. Naturalmente que el discurso de la radicalización democrática en la crisis se liga asimismo con la exigencia de una progresiva afirmación de la institucionalización democrática de la Unión europea. A su través parece producirse una cierta reprobación de la política como afirmación unívoca de decisiones de reforma de la constitución del trabajo y por tanto como cancelación de posibles proyectos diferentes de sociedad encarnados en las distintas opciones políticas en liza. Y por el contrario, una consideración prioritaria de la movilización sindical y social como clave para el desbordamiento democrático que se reivindica.

Sería relativamente sencillo atribuir cada una de estas opiniones a alguno de los protagonistas en liza en el terreno de las relaciones laborales españolas. Es una tarea que pueden hacer los lectores, teniendo en cuenta que en ocasiones estas tendencias se superponen unas sobre otras sin necesaria coherencia. El tiempo electoral es propicio también para verificar si estas hipótesis de líneas de desarrollo argumental se corresponden con la realidad. Lo cierto es que la crisis y las “reformas estructurales” que ella induce están produciendo, tras dos años de vigencia, un laboratorio de ideas que explican la repercusión de los procesos de crisis económica en el ámbito socio-laboral formulando además ciertas propuestas de intervención en los espacios cultural y político. Se actúa no sólo sobre la percepción que se tiene en la cultura jurídica dominante del derecho del trabajo y de los derechos sociales, sino también sobre la relación fundamental entre la creación de riqueza y la forma de apropiársela y la relación que estos procesos generen con la acción política y democrática llevada a cabo por los sujetos sociales.

ENCUENTRO DE IUSLABORALISTAS LATINOAMERICANOS Y EUROPEOS EN FLORIANÁPOLIS 3 – 5 NOVIEMBRE 2011.

2011-11-01T23:47:00.003+01:00

Se ha convocado en Florianápolis, Santa Caterina, Brasil, un Encuentro de trabajo al que acudirán juristas y sociólogos del trabajo de diez páises latinoamericanos junto con una representación significativa de profesores españoles (de la UCLM) e italianos (Bolonia y Ferrara). Se concibe como la continuación material del Curso de Toledo sobre Especialistas Latinoamericanos en Relaciones Laborales, que ha concluido a comienzos de septiembre pasado y del que se ha dado cumplida noticia en este blog. Asisten al Encuentro de Florianápolis los profesores de la UCLM Joaquín Aparicio, Antonio Baylos y Berta Valdés. De los debates que se planteen en este Encuentros e dará pues cumplida cuenta en los días sucesivos. (En la foto, la presidencia de apertura en el Encuentro celebrado en Viña del Mar, Chile, en el 2010)

El Encuentro comenzará el día 3 de noviembre por la tarde, con una mesa redonda sobre las reformas laborales en América Latina y en España, en la que intervendrán Tarso Genro, Gobernador de Rio Grande do Sul, Marcio Pachman, profesor y magistrado de trabajo brasileño y Antonio Baylos, de la UCLM.

El encuentro está organizado de forma que se eligen dos temas – normalmente uno de derecho sindical y otro de derecho individual del trabajo o de seguridad social – que se analizan trasversalmente en los llamados ”informes nacionales”. Un expositor procede a una relación crítica de los mismos, a partir del cual se inicia un amplio debate sobre los particulares del mismo. En este encuentro, el primer tema es el de las desigualdades en el mundo de trabajo, que debería haber llevado a cabo la profesora de la UCLM de Toledo, Rosario Gallardo, pero que ha debido excusar su asistencia pues ha sido nombrada Consejera Laboral del gobierno de España en Lima (Perú), y su lugar lo ocupará la también profesora en la UCLM, Berta Valdés de la Vega. Tras el debate de toda la mañana, a primera hora de la tarde Joaquín Aparicio expondrá el tema de la desigualdad en materia de Seguridad Social, con especial referencia a España, mientras que Andrea Lassandari, de la Universidad de Bolonia, hará lo propio respecto de Italia. El sábado 5 de noviembre se dedica el segundo tema a los informes sobre negociación colectiva y actores sindicales, cuyo relator es Antonio Baylos, y, de nuevo tras el debate de toda la mañana, se prevé una exposición específica sobre las últimas tendencias de la negociación colectiva en España e Italia, a cargo de Antonio Baylos y de Luigi Mariucci, de la Universidad de Venecia.

Al final de este día se celebra la asamblea general del Grupo Bolonia – Castilla La Mancha – Turín, que es el dinamizador de estos ya largos encuentros. La historia del Gupo merece la pena ser recordada:

En 1988 la Universidad de Bolonia, Italia, la más antigua de Europa, completó 900 años. En las conmemoraciones por la fecha fue creado el Curso de Especialización para Especialistas Latinoamericanos en Relaciones Laborales y Temas Laborales, con la intervención convergente de Pedro Guglielmetti - il nonno del Curso - y Umberto Romagnoli. Durante los primeros años, los cursos tuvieron lugar en Bolonia, ampliándose también en 1997 hacia el campus del Centro Internacional de Formación de la OIT, en Turín. En 1999, una universidad más se sumó a las instituciones ya involucradas con los especialistas latinoamericanos: la Universidad de Castilla-La Mancha, España, que colocó el campus de la histórica ciudad de Toledo a disposición para las ediciones anuales de los cursos.

El Grupo BCLMT (Bolonia-Castilla-La Mancha -Turín) se autodenomina Grupo de Bolonia, una referencia al Alma Mater Studiorum donde todo comenzó. La estrecha vinculación con el Centro de la OIT de Turín se mantiene, a pesar de que desde el 2008 el espacio físico de los cursos se haya concentrado en Toledo, España, a través del respaldo y contenidos innovadores de la Universidad de Castilla-La Mancha. En todos estos años el Grupo también cambió. Pasó del enfoque inicial en el campo del Derecho a uno multidisciplinario, reuniendo actores sociales con formaciones diferentes e intereses comunes, lo que ha enriquecido y dado solidez e independencia a los participantes. En todos los países de América Latina los integrantes del Grupo BCLMT se identifican por el avance de sus investigaciones, por el desempeño destacado en defensa de Trabajo Decente, por la vanguardia de los temas a los que se dedican anualmente en los encuentros que realizan en los diferentes países del continente latinoamericano.

(sepa más) enlace: http://bclmt.itcilo.org/

El encuentro es organizado y sostenido por un ente llamado ABETRA, que consolida la aportación brasileña al grupo. En efecto, este año, los integrantes brasileños del Grupo BCLMT presentarán la nueva entidad creada para legitimar la sección brasileña. Se trata de ABETRA, Asociación Brasileña de Especialistas en Relaciones Laborales de la que forman parte, indistintamente, todos los ex becarios brasileños que participaron de las diferentes ediciones de los cursos para Especialistas Latinoamericanos en Relaciones y Temas Laborales ABETRA tiene como propósito, según consta en sus estatutos, la valorización del trabajo y su protección social, incentivando investigaciones, intercambiando información, actualizando a sus asociados y de ellos recibiendo aportaciones para la extensa red que abarca la actividad laboral. ABETRA tiene actualmente como presidente al abogado Sidnei Machado, profesor doctor en las disciplinas de Derecho Laboral y Derecho de la Previsión Social. El Dr. Machado coordina el Grupo BCLMT para el Brasil y es secretario pro tempore del XX Encuentro del Grupo BCLMT.

La “empresa” como campo de acción sindical. Fricciones y tensiones contrapuestas en las políticas sindicales

2011-10-31T00:48:00.001+01:00

En el curso de un largo seminario sobre el futuro del sindicalismo que se viene celebrando desde hace casi seis meses en la Fundación 1 de Mayo, el titular del blog ha realizado algunas reflexiones sobre la acción sindical en la empresa y la capacidad de regulación de las condiciones de trabajo en ese espacio por parte del sindicato, que se han beneficiado asimismo de una intensa sesión de trabajo en la sede de CC.OO. de Navarra sobre el "mapa de negociación colectiva" y las últimas reformas promulgadas sobre esta materia que se celebró el viernes pasado, 28 de octubre. A continuación se insertan unas páginas de dicha reflexión.

Aunque todos pensamos que sabemos qué significa, se plantean importantes interrogantes respecto de lo que se debe entenderse actualmente por empresa. Puede parecer una afirmación banal a fuerza de ser repetida, pero la de empresa es una noción complicada que da por supuesto que bajo tal denominación se encuentra la organización económica para la que se trabaja en unas determinadas coordenadas funcionales y territoriales dadas, que suele ser definida en función de parámetros más o menos precisos. Los más utilizados son los que se refieren al tamaño, a la productividad, a la capacidad de competir o, en fin, a la forma de organizarse.

Un ejemplo claro al respecto es lo que se refiere al tamaño de la empresa y en concreto a la atención que debe darse a las pequeñas y medianas empresas, las Pymes en la jerga al uso. Cuando se habla de ellas se suele traer a colación la necesidad de establecer reglas excepcionales tanto desde la estructura orgánica del propio sindicato, sobre la base de “reforzar la presencia sindical” en las mismas a través de una cierta intervención de las estructuras territoriales en la conformación de secciones sindicales de zona, pero también desde la formulación de propuestas para crear una regla de irradiación de la potencia sindical sustitutiva de la capacidad representativa de los trabajadores cuando no existe presencia organizativa ni representación legal en los lugares de trabajo. Una versión de esta problemática se puede rastrear en la última legislación laboral de la crisis en España (2010-2011). Así, a la hora de establecer la legitimación para negociar acuerdos de empresa de reorganización productiva, de descuelgue salarial o de regulación de empleo, la ley posibilita un mecanismo dual a disposición de los propios trabajadores de las empresas sin representación legal, que pueden elegir ser representados de forma inorgánica o encomendar la representación a los sindicatos representativos. El convenio colectivo de sector puede, en este sentido, establecer reglas a través de la comisión paritaria del mismo, para imponer la representación sindical en tales casos. Además en aquellos supuestos en los que la inexistencia de representación electiva en las empresas impidiera la constitución de la comisión negociadora de un convenio colectivo, la norma hace irradiar la representatividad a las federaciones sindicales del sector como partes legitimadas de la negociación de un convenio colectivo estatutario.

Pero también el espacio-empresa tiene relevancia en la acción sindical como lugar donde es posible desarrollar políticas reivindicativas específicas en función de la especial situación de la empresa respecto al nivel de competitividad en el mercado o en relación con la productividad que ha generado. Se trata de líneas reivindicativas diferentes por tanto de las que a nivel general se prevén para el sector o rama de producción. Este es un elemento clásico de la cultura sindical de especial interés en materia de salarios en la negociación colectiva, que ha ido sufriendo ciertas metamorfosis en razón de la política de crecimiento salarial que el sindicalismo español ha ido defendiendo en cada época histórica, y que afecta también a todo el amplio temario del tiempo de trabajo.

Normalmente la posibilidad de desvío de las políticas salariales respecto del crecimiento pactado en la rama de producción o en el acuerdo marco general se contiene en el propio proceso de negociación en tales ámbitos, que en consecuencia prevén ellos mismos los márgenes de desviación que se puede permitir en función de las peculiaridades de las empresas, reduciendo de esta forma las posibles expresiones más insolidarias producto de un cierto corporativismo de empresa. Así ha sucedido en la experiencia del diálogo social en España entre los interlocutores sociales, la serie de los Acuerdos de Negociación Colectiva que a partir del 2002 se ha ido renovando entre el sindicalismo confederal y la representación general del empresariado – el último, y mucho más accidentado, el de 2010-2012 -, en donde se muestra un claro ejemplo de este encauzamiento a través del Acuerdo Marco de las posibles desviaciones salariales que éste hace pivotar fundamentalmente en incrementos retributivos sobre la base de incrementos paralelos de productividad en las empresas, aunque este concepto sea algo bien difícil de determinar y en la práctica se traduzca en una indicación cuantitativa cerrada de crecimiento salarial.

Sin embargo, es evidente que la polémica producida sobre la relación que se quiere establecer entre crecimiento de los salarios e incremento de la productividad tiene como objetivo reforzar el modelo de negociación colectiva de empresa y servir de coartada para una descolectivización de la fijación de los salarios ya iniciada con la extensión generalizada del salario variable y la diversificación salarial individualizada que permite tratos diferenciados muy acusados entre los trabajadores de una misma empresa.

A su vez, es un dato incontestado que el sindicato defiende políticas defensivas de empresa, en especial frente al empleo, caracterizadas en lo esencial por el intercambio de derechos por mantenimiento del empleo o racionalización de los procesos de destrucción del mismo. Se ha venido resaltando en los medios de comunicación el tour de force que se ha venido produciendo en importantes empresas transnacionales industriales entre aumento de tiempo de trabajo y reducción salarial y renuncia de la empresa a la deslocalización de sus actividades a otros países. Este tipo de políticas claudicantes de empresa en las que se retrocede en los derechos reconocidos a cambio del mantenimiento de un aproximado volumen de empleo se insertan claramente en lo que podría denominarse la excepcionalidad de la crisis económica y por tanto estas decisiones suelen presentarse como extraordinarias y forzadas, aunque a nadie le escapa la importancia que este tipo de intercambios a la baja de derechos tiene en el devenir del panorama general estratégico del sindicato en una coyuntura histórica determinada. Más aún, la resistencia a esas políticas de empresa que esgrimen la deslocalización como argumento de fuerza, suele ser percibido en términos mediáticos como un error estratégico del sindicato que castiga a los trabajadores y daña el aparato industrial de un país o región determinada. En una experiencia muy reciente en Italia, el caso Fiat dirigido por su administrador delegado Marchionne, el intercambio entre mantenimiento del empleo y reducción o eliminación de derechos fundamentales, como el derecho de huelga o la propia actividad sindical, ha formado parte estratégica de una ofensiva de retroceso de derechos sociales más allá de la concreta y transitoria situación de crisis de empresa, con una proyección estratégica muy preocupante.

El interrogante común a estos supuestos descansa sobre la oportunidad y conveniencia de enunciar y diseñar políticas sindicales de empresa en función de las características de la misma que se separen de las directrices estratégicas fijadas a nivel confederal y a nivel sectorial. Los ejemplos pueden ser abundantes, pero es sobre todo en el ámbito del empleo y de su regulación donde más incisiva puede resultar esta posibilidad de políticas separadas de empresa respecto de la política sindical general al respecto, y lo que enseña la práctica de la negociación colectiva en materia de uso de las modalidades de contratación temporal, de la ordenación del tiempo de trabajo o de los mecanismos de flexibilidad interna, resulta bien ilustrativo al respecto. Hay estudios en los que aparece con cierta claridad el uso que se está dando en la negociación colectiva a esta política sindical de empresa separada de las directrices generales a nivel confederal, especialmente en lo relativo a la gestión flexible del trabajo como forma de organización de la empresa. Las últimas tendencias normativas insisten desde el sistema legal de negociación colectiva en esta “escisión”: las prescripciones obligatorias que el art. 85.3 ET incorpora en la redacción que le ha dado el RDL 7/2011 sobre las “medidas para contribuir a la flexibilidad interna de la empresa”, la “preferencia aplicativa” del convenio de empresa en el nuevo art. 84 ET sobre el convenio sectorial, e incluso el régimen de “inaplicación salarial” del art. 82.3 ET pueden ser leídos en esa misma dirección.

Lo que estos elementos de análisis sugieren es el cuestionamiento del grado de centralidad de la acción sindical en la empresa respecto de la política confederal o federal del sindicato, expresada también en la negociación colectiva sectorial. Es decir, si la “centralidad” de la acción colectiva de los trabajadores en la empresa en el proyecto sindical no implica en muchos casos un movimiento orbital propio y diferente del que preside al planeta sindicato. Es un tema que asoma desde los análisis de la negociación colectiva, como se ha dicho, pero que tiene importantes implicaciones en la propia configuración de la estructura interna sindical y en la atribución de un peso específico a las organizaciones “verticales” o federales frente a las horizontales o territoriales, y en la tensión que se produce entre ambas a propósito justamente de “casos” de empresa, por definición excepcionales, diferentes o especiales.

Es normal responder a estos interrogantes que su planteamiento constituye ante todo un problema de articulación de estrategias reivindicativas y de realización de síntesis en el proyecto del programa confederal, al margen de que algunas propuestas al respecto tengan dificultades de encaje con los parámetros en los que se mueve el discurso sindical de tutela colectiva y general de derechos en las relaciones de trabajo.

Pero desde otro punto de vista, este tema permite hablar de un cierto aislamiento – relativo – del ámbito de la empresa como campo de acción sindical, dotado de características propias y de una autonomía – aunque también relativa – respecto de otros territorios de regulación de las relaciones laborales, insertado en un sistema sindical en el que la descentralización normativa a través de la regla de empresa ocupa un papel cada vez mas importante, reforzada por las últimas reformas legales de 2010 y 2011. Realmente lo que se está señalando de manera principal es la ocupación de un territorio imaginario, en donde la empresa es, sencillamente, el espacio natural de la acción sindical. Lo que implica que el sindicato debe rescatarlo de su connotación organizativa, pegada a la capacidad conformadora de esa realidad por parte del empresario, y concebirlo como un campo de acción funcionalizado a la defensa y tutela de los derechos de los trabajadores, y en consecuencia abierto a la forma en que lo que llamamos empresa se expresa en la realidad. De esta manera las anteriores determinaciones del concepto de empresa y de las políticas posibles en la misma quedan incluidas en este territorio imaginario cualificado por el desempeño de la actuación sindical de tutela del interés colectivo de los trabajadores.

Por eso se debe concebir el espacio – empresa ante todo como un lugar en el que se desarrollan relaciones de poder entre sujetos colectivos y en el que se integran las dimensiones individuales y colectivas de los trabajadores frente al interés del empresario y de la organización que dirige, dando como resultado un campo de actuación que contiene las formas de ejercicio de ese poder privado empresarial, las implicaciones de su potencia y las formas de control de la misma protagonizadas – al menos en su versión típica – por el sindicato. Como en todo espacio de poder, el aspecto de la coacción y de la sujeción de las personas es decisiva, pero no menor importancia revisten los aspectos de legitimación del poder ejercido y de las formas de control del mismo.

JORNADAS DE ESTUDIO EN CUENCA SOBRE LA CRISIS Y LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL

2011-10-27T13:43:00.003+02:00

Ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCLM de Cuenca, organizadas por el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esa sede castellano manchega, unas Jornadas sobre la crisis y la reforma del mercado de trabajo, en las que se han analizado los principales temas de la Ley 35/2010 ante un numeroso grupo de estudiantes y de muchos cuadros sindicales y profesionales de la región.

Distribuidas en dos días, tras la inauguración oficial, Rodolfo Benito, presidente de la Fundación 1 de Mayo ha realizado un análisis general de la situación que desembocó en la conflictividad social generalziada en septiembre del 2010 y el proyecto sindical plasmado en la Iniciativa Legislativa Popular presentada por CCOO y UGT. Posteriormente, las novedades en materia de contratación las desgranó el catedratico de la Universidad de Valencia, Carlos Alfonso. En la sesión de tarde de este primer día, Ignacio García-Perrote, catedrático en la UNED y miembro del estudio jurídico Uría - Menéndez, explicó los nuevos mecanismos de flexibilidad interna que plasma la Ley 35/2010, y Juan López Gandía examinó los temas de reducción de jornada, suspensión del contrato de trabajo y la protección por el desempleo.

Al día siguiente, la sesión de cierre de las Jornadas conoció la intervención de dos catedráticos de la UCLM. Antonio Baylos reflexionó sobre el despido y su coste indemnizatorio como eje de explicación de las novedades en la regulación del despido, en especial despido económico y objetivo, y Joaquín Aparicio realizó una exposición de amplio radio sobre las tendencias políticas e ideológicas presentes en las políticas de empleo como forma de comprender críticamente las orientaciones legislativas puestas en práctica en España y su carácter errático, incorrecto y perjudicial.

Las Jornadas han sido muy bien acogidas por los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y ha tenido una fuerte intervención de profesionales y sindicalistas en la misma. La Editorial Bomarzo ha suministrado gratuitamente el material de apoyo a las misma.

NOTAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE HUELGA EN EL PLANO TRANSNACIONAL.

2011-10-25T23:00:00.001+02:00

El pasado jueves 20 de octubre, se celebró en Alicante, organizado por el CGPJ y CCOO del Pais Valenciano, unas Jornadas sobre El futuro del derecho del trabajo en un mundo globalizado. En ellas estaba prevista una mesa sobre derechos sociales en Europa con la participación de las profesoras Edurne Terradillos, de la Universidad del País Vasco, y Amparo Esteve, de la Universidad de Valencia, junto con el titular de este blog. A continuación se transcriben algunas de las notas que sirvieron de base a la intervención sobre una "visión jurídica" del derecho de huelga en el espacio europeo.

En el espacio global se va delineando progresivamente con más fuerza una figura decisiva, el sindicato como representante global de los trabajadores, teniendo en cuenta que en este siglo nuevo es en el que más trabajadores asalariados existen en el planeta, incluido desde luego la diferenciación entre economía regular e irregular: más de tres mil millones de asalariados. Por eso hay que situar al sindicalismo español, ante las salidas de la crisis y la formulación de un claro proyecto de cambio y de reforma de las estructuras institucionales como forma de encarar correctamente, desde la perspectiva de defensa de un trabajo con derechos, una salida a la crisis alternativa al modelo neoliberal que se ha impuesto y que requiere necesariamente un acción general y desde luego europea en una dirección común y coordinada. Hay que interrogarse sobre el rol del sindicalismo europeo y nacional frente a la crisis y a las reformas planteadas, preguntándose además sobre las acciones globales que el sindicalismo puede emprender frente a la crisis, como la CES ha emprendido a partir del Congreso de Atenas.

En época de crisis de forma especial, pero con carácter general, el sindicalismo europeo – como el que se desenvuelve a nivel global - tiene que poner las bases de una acción colectiva que movilice a una gran parte de los trabajadores en torno a un proyecto de regulación más justa y más igualitaria. Esto necesariamente lleva aparejada la necesidad de plantear formas de presión y de movilización a nivel transnacional, entre las cuales sigue siendo imprescindible la abstención del trabajo que significa la huelga como medio de acción sindical.

En Europa, sin embargo, se ha optado por excluir los derechos laborales colectivos de auto-organización y de autotutela de cualquier regulación comunitaria sobre los mismos. De forma que se desplaza y fracciona el centro de imputación normativa a los estados nacionales y el reconocimiento en los mismos del derecho de huelga y las condiciones de su ejercicio en el marco de alguno de los dos modelos – contractual o socio-político – que son dominantes en esta región.

El problema tiene dos caras. De una parte, la huelga como acción del sindicato se realiza más allá de los confines nacionales de cada Estado, y se ejercita en muchos casos con ocasión de o a causa de normas y prescripciones comunitarias. A su vez el propio desarrollo de la huelga puede poner en cuestión, afectando o limitando, ciertas libertades fundamentales de la Unión Europea, sin necesidad de que el alcance de la huelga trascienda necesariamente las fronteras de un solo país. Es posible por tanto plantear acciones de solidaridad internacional de defensa de los trabajadores o de coordinación transnacional de acciones colectivas, pero en ocasiones pueden presentarse como acciones nacionales de resistencia a los efectos antisociales del mercado unificado que se interpretan como proteccionismo social frente a apertura de los mercados.

En cualquier caso, la problemática jurídica que plantea la huelga, en tanto que derecho reconocido en los sistemas jurídicos nacionales europeos, y en gran medida a través de su incorporación al catálogo de los derechos sociales garantizados por la Constitución, se refiere a su capacidad de restringir o limitar, como efecto de su ejercicio, alguna de las libertades fundamentales sobre las que se basa la Unión Europea. La huelga puede configurarse como un obstáculo a la libertad de circulación de mercancías y de personas, a la libertad de establecimiento, a la libertad de prestación de servicios. Esta relación se define como equilibrio desigual entre dos esferas constitucionales – nacional y supranacional – que cuentan con referencias materiales diferentes.

Durante un largo tiempo en esa relación se entendía aplicable una cierta cláusula implícita derivada del respeto a las tradiciones constitucionales de los estados miembros y en definitiva a lo que se definía como modelo social europeo en atención a la cual, la interpretación de las libertades fundamentales de la Unión Europea debería respetar los derechos fundamentales de carácter social y en especial la acción sindical y colectiva de tutela de los derechos de los trabajadores. Esta tesis parecía resultar avalada por el reconocimiento del derecho de huelga como derecho fundamental de los ciudadanos europeos en la Carta de Derechos Fundamentales a la que el Tratado de Lisboa de 2007 dio valor jurídico constitucional pleno.

Desde el punto de vista sindical, sin embargo, las libertades fundamentales frente a las cuales se oponía el ejercicio del derecho de huelga tiene que ver con las dos caras del dumping social: la deslocalización de empresas como manifestación de la libertad de establecimiento (el supuesto sobre el que se basará la Sentencia Viking del Tribunal de Justicia) y la libre prestación de servicios como forma de imponer a los trabajadores desplazados condiciones laborales inferiores a las que gozan los trabajadores del país en el que se desarrollan los servicios (supuesto que enmarca la Sentencia Laval del Tribunal de Justicia).

Es conocida la jurisprudencia europea que quiere impedir la utilización de las medidas de acción colectiva como instrumentos anti-dumping. Para la jurisprudencia Viking y Laval, las libertades de establecimiento y de prestación de servicios justifican la restricción del derecho de huelga y establece la obligación del sindicato de justificar la proporcionalidad y la adecuación de la medida de acción colectiva ante los jueces. Si se vuelven a leer aquellas sentencias, se verá que en el caso Viking, la huelga es adecuada y proporcional si con la deslocalización se pone en peligro los empleos de los trabajadores, pero puede no serlo si “sólo” se minoran las condiciones económicas y sociales de los mismos. En el caso Laval, la huelga es admisible si los trabajadores desplazados no perciben el salario mínimo del sector, pero no puede entenderse adecuado si lo que se pretende con la huelga es que el empresario esté obligado a aplicar el convenio colectivo vigente en el territorio en su totalidad a los trabajadores desplazados. Se trata en definitiva de manifestaciones de una tendencia antigua, liberal, según la cual los derechos colectivos eran “cuerpos extraños” en las leyes del mercado, y el sindicalismo y sus medios de acción ponían en crisis la libertad de trabajo y de empresa.

Es sin embargo preciso, obviamente, regular la huelga en el espacio transnacional. Ciertamente que para ello deben procurarse unas ciertas “condiciones generales” que expliquen su posición jurídica y social en el mercado unificado y en el ordenamiento jurídico europeo. Para ello es conveniente, como señala el Congreso de Atenas de la CES, implantar en los Tratados un Protocolo de Progreso Social según el cual las libertades económicas fundamentales deben interpretarse en el respeto de la acción colectiva y de los derechos sindicales, pero además reformular y reforzar el llamado “principio del lugar de trabajo” como eje de aplicación de la norma laboral en el desplazamiento de los trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional. Este principio se debe hacer compatible, desde luego, con el respeto a los sistemas sindicales y de negociación colectiva de cada país. Por último, resulta también esencial fortalecer la cooperación dentro de la CES entre los distintos sindicatos que la componen, tendiendo a superar la relación asimétrica entre Este y Oeste, avanzando propuestas relativamente sencillas de aplicar de reconocimiento mutuo del status de afiliados al sindicato nacional de los trabajadores desplazados.

Sobre la regulación del derecho de huelga en la dimensión europea, persiste el problema competencial según el cual no cabe regular directamente ni la libertad sindical ni el derecho de huelga. Es por tanto una materia diferida a la dimensión europea de la autonomía colectiva. No parece posible, en el momento actual, que se pueda llegar a un documento de autorregulación negociada con el empresariado sobre la huelga. De esta forma, lo más seguro es caminar hacia un Acuerdo Europeo de Autorregulación Sindical del derecho de huelga en el que se enumeraran las clases de huelgas típicas en el espacio transnacional, y que podrían resumirse en tres supuestos: Huelgas socio-políticas, contra las políticas económicas y sociales de la Comisión y del Consejo europeo, huelgas de solidaridad contra las decisiones empresariales de deslocalización de empresas, y huelgas de defensa del principio de igualdad de trato en los casos de desplazamiento de trabajadores con las condiciones laborales del país de origen. En este Acuerdo se establecería un reenvío a la articulación concreta de las medidas para poner en práctica dichas acciones en el plano nacional-estatal. Por último, son también huelgas “típicas” las que se convocaran en las empresas o grupos de empresas de dimensión comunitaria para la regulación de condiciones de trabajo o empleo en las mismas, o por la apertura de negociaciones y contenidos de un Acuerdo Marco Global.

Ciudad Nativa: EL PROGRAMA DE ACCION MUNDIAL DE LA CSI PARA 2012

2011-10-24T12:19:00.001+02:00

La Confederación Sindical Internacional ha hecho público su programa de acción para el año 2012 en un contexto de crisis global y de reconstitución de los lazos del sindicalismo global con las organizaciones políticas y los proyectos de gobierno. Se puede consultar el programa en esta entrada de "Ciudad Nativa", blog hermano del presente.

Ciudad Nativa: EL PROGRAMA DE ACCION MUNDIAL DE LA CSI PARA 2012

IMPRESIONANTE MARCHA SOBRE MADRID POR LA ENSEÑANZA PÚBLICA

2011-10-23T00:41:00.002+02:00

Ha sido una movilización fuerte e imponente la que se ha desarrollado esta mañana en Madrid por la defensa de la Enseñanza Pública. El recorrido pactado resultaba insuficiente para los más de 70.000 manifestantes, y una buena parte de la manifestaciñon se ha dividido y ha iniciado un recorrido alternativo, por el Paseo del Prado hacia Cibeles y de allí a la Puerta del Sol (mientras que el resto de la manifestación seguía el trayecto subindo por la calle de Atocha hasta la plaza de Jacinto Benavente, donde se ha leído un manifiesto). El carácter fuertemente unitario de la Marcha contra los recortes en educación, el fomento de la enseñanza privada y la reivindicación de inversiones en educación tenía un componente político muy definido, centrado en el rechazo a los gobiernos de Madrid y de Castilla La Mancha fundamentalmente. Eso puede explicar el escaso tiempo que los telediarios de la jornada han dedicado a esta impresionante marcha. A continuación, se adapta la nota que han hecho los colegas del digital Nueva Tribuna dando cuenta de esta manifestación.

La "Marcha a Madrid" estaba convocada por los sindicatos de los trabajadores de la enseñanza ANPE, FE-CCOO, CSI-F, FETE-UGT y STES y la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA). En ella han participado también los líderes de la Internacional de la Educación, formada por 147 sindicatos de la enseñanza con treinta millones de afiliados en todo el mundo; de la organización de sindicatos educativos europeos (CSEE-ETUCE) y de Portugal, Grecia, Italia y Reino Unido.

Decenas de miles de manifestantes vestían las camisetas reivindicativas de color verde con la leyenda "Educación pública de todos para todos".

En la manifestación también han participado los secretarios confederales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, acompañados por los máximos responsables de la organizaciones convocantes y de representantes regionales.

Los asistentes a la marcha portaban pancartas en las que se leía: "Privemos de privatizadores", "Privatizar para endoctrinar" o "Yo también tengo dolores de Cospedal".

La manifestación llega después de varias movilizaciones autonómicas comunidades como Madrid (donde ha habido ya seis jornadas de huelga de docentes), Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra. en esta última comunidad ha habido también una importante manifestación.

La protesta se centra en la defensa de la enseñanza pública de calidad y contra los recortes en la contratación de miles de profesores interinos, lo que supone una merma de la calidad educativa, y para advertir a otras administraciones y al próximo Gobierno de la nación contra la "tentación" de aplicar "recortes.

LECTURA DEL COMUNICADO: EL CAMINO PARA LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD ES LA EDUCACIÓN

Piden que se financie "adecuadamente" y sea defendida de "los recortes presupuestarios y de la mala gestión de la crisis económica".

"Si hay algún camino para la libertad y la justicia, es el de la educación", según el manifiesto que ha leído hoy la actriz Pastora Vega..

En el manifiesto, los sindicatos y los padres de los alumnos de la educación pública convocantes de la protesta afirman que los gobiernos "están haciendo pagar a la enseñanza una crisis que ella no ha causado", algo que, dicen, no pueden tolerar.

Los profesores y padres defienden la educación pública porque "sólo ella puede hacer efectiva la igualdad de oportunidades, convertirse en herramienta de progreso y ofrecer perspectivas a toda la gente joven sin exclusión" y abogan por aumentar el prestigio de esta enseñanza y reforzar a su profesorado.

Exigen, a través del manifiesto, que se retire "inmediatamente" lo que, a su juicio, supone un "castigo" a la educación pública y proponen que "en vez de decapitar programas y reducir plantillas, se busquen fórmulas para aumentar la inversión" y se recorten "los enormes gastos suntuarios" de las administraciones públicas.

Por todo ello, sindicatos y padres dicen estar "luchando por la supervivencia" porque "si hay algún sueño que dure siempre, si hay algún camino para la libertad y la justicia, es el de la educación".

Porque, continúa el manifiesto leído por la actriz, "la educación salta barreras, une fronteras, descubre tesoros y proyecta esperanzas (...) la educación cambia la vida, la educación es el futuro".

"Y la educación pública garantiza ese futuro. Para todas las personas, sin diferencias", concluye el texto.