INMIGRANTES "SIN PAPELES" EN CASTILLA LA MANCHA: EL RETORNO AL SIGLO XIX

Se necesitan entre 20.000 y 25.000 personas. Y ahí están, en campamentos improvisados, durmiendo en tinajas o entre cartones, entre inmundicias. Son rumanos y búlgaros, los nuevos ciudadanos de la Unión Europea que todavía no tienen la libertad de circulación para trabajar que se reconoce a los socios más antiguos. Los empresarios agrarios de Castilla La Mancha los van a “emplear” sin regularizar su situación, es decir, sin proceder a la obtención del permiso de trabajo que requiere la ley.
Ayer mismo en la televisión pública – la 2 – una atildada reportera explicaba a la audiencia que los trámites para la contratación de inmigrantes eran engorrosos y difíciles y que la uva no sabía de burocracias. Ayer también referían los periódicos que la asociación patronal agraria ASAJA anunció que los agricultores no iban a dejar la uva en el suelo por el hecho de que no poder contratar en forma legal a los inmigrantes que necesitan. Por eso la campaña puede ser “conflictiva” – insistía la patronal – ante las amenazas de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo.

Como buenos liberales, los empresarios agrarios desprecian la burocracia y los “enojosos trámites” para contratar a la mano de obra extranjera. Se escudan en que es difícil prever en concreto cuantos obreros se necesitan antes de la vendimia. No hay planificación posible del número aproximado de trabajadores requeridos, por lo que parece más práctico buscarlos “in situ” y en el momento de comenzar la vendimia. Una lonja de trabajo en el que se subasta su precio. Como en los viejos tiempos del primer capitalismo. La amenaza de sanción por parte de las autoridades supone una agresión a la libre empresa y un intento de impedir la creación de riqueza. A la acción de los poderes públicos las organizaciones colectivas de los empresarios agrícolas responden con la presión política y la movilización de sus asociados mediante concentraciones y corte de carreteras. El mensaje que transmiten es muy claro: se puede crear un serio problema de orden público si no se permite el trabajo de los “sin papeles”, y el coste político de esta operación se endosará al gobierno regional en las próximas elecciones generales. No encuentran sin embargo tanta dificultad en “hacer el papeleo” para obtener las subvenciones públicas estatales y europeas. Pero en ese caso el resultado es benéfico: subvención del producto, protección de la producción agraria. El Estado entonces – y la Unión europea – no estorba ni distorsiona “el libre juego del mercado”.

Como buenos liberales, los empresarios agrarios manchegos no dicen lo que orienta su actuación. El discurso que se sostiene sobre la burocracia y la producción de riqueza vela una realidad mas prosaica. Los trabajadores que utilizan estos empresarios no tienen protección social – no cotizan a la Seguridad Social – y son remunerados con salarios sensiblemente inferiores a los que establece el convenio colectivo. Lo que esconde la reiterada invocación a las trabas a la iniciativa económica e industrial por parte de una legislación inadecuada es sencillamente la justificación de la explotación pura y dura de la mano de obra en términos de semi - esclavitud. Nadie habla de ello, pero los empresarios vitivinícolas que, haciendo honor a la función empresarial que se presume típica, la de previsión y ordenación de la producción, han solicitado en el contingente un numero de trabajadores inmigrantes en régimen de contrato temporal, son constantemente amenazados por el resto, tildándoles de “esquiroles” y de hacer “dumping” al alza sobre el precio del trabajo. Es la inversión de la realidad, como señalaba el clásico, pero además es la confesión evidente de que la finalidad real que busca el asociacionismo empresarial agrario es romper el suelo salarial garantizado normativamente y abaratar por esta via los costes de producción. En esa imposición por la vía de los hechos de la explotación brutal del trabajo humano, algunos no dudan en recurrir a los clásicos “mediadores” que acentúan aun mas la miseria de los obreros vendimiadores inmigrantes. Son los llamados “comisionados”, que integran un tipo penal en nuestro código sobre emigración ilícita. La Guardia Civil ha detenido a dos de ellos en los últimos días, pero su presencia es mucho mas frecuente en el campo manchego en esta temporada de vendimia y está normalizado el recurso a los mismos como “agencia” de colocación por parte de los empresarios agrícolas. Al fin y al cabo, si para obtener salarios bajos hay que utilizar a criminales y extorsionadores, el fin justifica el medio ilícito.

Así que en resumen, el asociacionismo empresarial agrario está decidido a llevar adelante su estrategia de presión para lograr abaratar los costes de producción mediante el abaratamiento forzoso de la remuneración de los trabajadores empleados y su desprotección social plena, y en ese impulso cree que goza de una impunidad casi absoluta. La acción de respuesta de los poderes públicos se centra en la inspección y sanción de algunos de estos hechos – siempre bajo protección policial, la labor de la Inspección de Trabajo es heroica, deben soportar en esas visitas amenazas que si fueran proferidas en el Pais Vasco merecerían los honores de la primera plana de todos los periódicos – y, paralelamente en repetir machaconamente que existen “cauces jurídicos suficientes” para poder regularizar a la mano de obra inmigrante temporal – como ha señalado la Consejera de Trabajo y Empleo de la JCCM, Maria Luz Rodríguez – o que se ha dado “todo tipo de facilidades” para la contratación de inmigrantes – como ha recordado el Delegado del Gobierno en la región, Máximo Diaz-Cano. Pero mientras tanto se anuncia – y se recoge en la prensa – “que el grueso de la materia prima de los mejores vinos de La Mancha lo recogerán este año inmigrantes sin permiso de trabajo”.

En este cuadro, ¿dónde se encuentra el sindicato? Un castizo diría que ni está ni se le espera, `pero es una afirmación injusta. El sindicato encuentra enormes dificultades en la representación de estos colectivos, cuya acción se guía, intuitivamente, por la capacidad de ofrecer su fuerza de trabajo por debajo de los estándares legales y convencionales de los trabajadores de este país. Además la acción directa en medio de estos grupos de trabajadores resulta dificultada por la lengua y la propia desestructuración social de los mismos. Por lo tanto el espacio que queda al sindicato es muy reducido. De una parte el de la denuncia pública de la estrategia de las asociaciones empresariales agrarias para el empleo de trabajo en condiciones de explotación incompatibles con el sistema legal y el reconocimiento de derechos básicos de los trabajadores. De otra la presión sobre las autoridades públicas para que mantengan la presión sancionadora sobre los empresarios disuadiéndoles por esa vía del uso del trabajo inmigrante irregular. Pero la presión del sindicato es muy débil en relación con la movilización que produce el empresariado agrario y su amenaza de crear un problema de orden público al respecto, cuando no de castigar electoralmente al partido que gobierna la región castellano-manchega.

Aunque carezca de fuerza para movilizar a los trabajadores – y a los ciudadanos – sobre ese punto, hay otras iniciativas que quizá podría experimentar el sindicato. Sería por ejemplo útil dar a conocer públicamente los vinos y denominaciones de origen en cuya producción se ha empleado uva recogida por inmigrantes “sin papeles” y sin protección social. Es esta una información que a muchos consumidores del vino de La Mancha – o de la Tierra de Castilla – les gustaría conocer. El sabor del vino no sería ya el mismo si conocemos que responde a un trabajo prestado en régimen desemi-esclavitud.