En las Jornadas de Albacete - que han sido muy concurridas y exitosas y en donde se han producido intervenciones de gran interés, como posiblemente tengamos ocasión de comentar en otro momento - se comentó con indignación entre los asistentes el tratamiento informativo que se había dado a las escuchas telefónicas privadas que afectaban a la Presidenta del Tribunal Constitucional y que han sido hecho públicas en los periódicos. En especial la actuación del cotidiano El Pais, que dedicó dos páginas y la portada al tema, resultó especialmente criticada. Por eso, de forma espontánea, una serie de profesores, abogados y sindicalistas, montaron una rauda respuesta en forma de carta al director que se envió a su destino el propio 5 de abril por la mañana. Como todavía no se ha publicado - y ante el necesario archivo del caso por el TS no es previsible que se publique - desde The Parapanda Tribune se ha juzgado necesario hacerlo circular no tanto por el contenido de la misiva, bastante obvio, sino por las firmas asociadas, recogidas como se dice aqui y allá en los corrillos y ayudándose de algunas llamadas de teléfono. Es evidente que se habrían podido recoger muchas más firmas - de hecho hay seguros firmantes que no han sido consultados y que sin duda querrían adherirse - pero hemos preferido mantener la "naturalidad" de la iniciativa y el marco en el que se ha dado ésta, las Jornadas de Albacete referidas.
He aqui la carta:
Las personas que suscribimos esta carta somos profesores de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de diversas universidades españolas y abogados laboralistas, especialistas en derecho laboral tanto en la actividad pública como privada. Queremos manifestar nuestra indignación por el tratamiento informativo que su periódico ha dado al asunto de las escuchas telefónicas a la Presidenta del Tribunal Constitucional, Maria Emilia Casas Baamonde, derivadas de un procedimiento penal que en nada afecta a la implicada. La portada de EL PAIS del día 4 de junio supone a nuestro juicio un caso claro de amarillismo informativo que busca causar un grave daño y desprestigio a la figura de la presidenta del TC, descontextualizando la conversación en la que se vierten las frases entrecomilladas y el hecho de que se trataba de un caso de supuestos malos tratos. En esa primera página además se insiste en el posible carácter delictivo de unos hechos que, a todas luces, son irrelevantes penalmente. En este sentido comprobamos con pesar que su periódico se une a la estela de publicaciones que desde hace un tiempo (lamentablemente demasiado prolongado) procede a descalificar sistemáticamente a esta persona. Es evidente que no es fruto del azar este aluvión de improperios y de insidias hacia alguien que, como bien podemos atestiguar quienes la conocemos y apreciamos como brillantísima investigadora y excelente persona, acredita una honradez personal y científica intachable. Estas informaciones manipuladas y tendenciosas tienen por objetivo, no tanto desprestigiarla a ella, como a la institución que preside. Es por tanto el Tribunal Constitucional, máximo órgano en materia de garantías constitucionales, quien a la postre recibe la campaña de descalificación continua de la que viene siendo objeto, que no hace sino dificultar su ya de por sí compleja labor institucional, añadiendo ingredientes desinformadores que buscan degradar la posición decisiva que en la consolidación de las libertades democráticas ha tenido en el pasado y debe seguir manteniendo en el futuro. Y por eso mismo resulta inaceptable que la Presidenta del Tribunal Constitucional sea atacada como lo está siendo por supuestos creadores de opinión que colaboran activamente en la erosión de las garantías democráticas de este país que se niegan a aceptar el resultado electoral para imponer sus posiciones antidemocráticas, manifestando a la vez un censurable desprecio por la trayectoria de una persona de prestigio profesional y personal intachable de la que el Tribunal Constitucional se está beneficiando de su conocimiento y reflexión reposada. Nunca habríamos creído que EL PAIS iba a alinearse en ese campo de la infamia.
Firman la presente carta:
1.Antonio Baylos, Catedrático de Derecho del Trabajo UCLM (Ciudad Real)
2.Maria Fernanda Fernández López, Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla
3.Teresa Pérez del Rio, Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Cádiz
4.Joaquin Aparicio Tovar, Catedrático de Derecho del Trabajo de la UCLM (Albacete)
5.Jesús Cruz Villalón, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla
6.Manuel Ramón Alarcón Caracuel, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla
7.Carlos Alfonso Mellado, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
8. Enrique Lillo Pérez, Abogado Gabinete Interfederal de CC.OO.
9. Luis Collado García, Editor y profesor asociado de Derecho del Trabajo de la UCLM
10. Guillermo Gianibelli, Profesor Adjunto de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).
11. Nieves San Vicente, abogada Gabinete Interfederal de CC.OO.
12. Berta Valdés de la Vega, Catedrática de Derecho del Trabajo UCLM (Albacete)
13. Juan López Gandía, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia
14. Jaime Cabeza Pereiro, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Vigo.
15. Rosario Gallardo Moya, Profesora Titular de Derecho del Trabajo UCLM (Toledo)
16. Juan Pablo Landa Zapirain, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad del País Vasco.
17. Francisco Gualda Alcalá, Abogado Gabinete Estudios Jurídicos CC.OO.
18. Maria José Romero Rodenas, Profesora Titular Derecho del Trabajo UCLM (Albacete)
19. Encarna Tarancón, Abogada CC.OO.
20. Amparo Merino Segovia, Profesora Titular de Derecho del Trabajo, UCLM (Cuenca)
21. Wilfredo Sanguineti Raymond, Catedrático habilitado, profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca.
22. Gloria Rojas Rivero, Profesora Titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de la Laguna (Tenerife)
23. Rufino Alarcón, Adjunto al Defensor del Pueblo de Castila La Mancha
24. Francisco Pérez Amorós, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona
25. Belén Cardona Rupert, Profesora Titular de Derecho del Trabajo Universidad de Valencia.
26. Joaquin Pérez Rey, Profesor Contratado Doctor de Derecho del Trabajo, UCLM (Toledo).
27. Jose Javier Miranzo Diez, Profesor Titular Derecho del Trabajo UCLM (Cuenca)
28. Adoración Guamán, Profesora Titular Interina Derecho del Trabajo Universidad de Valencia
29. Francisco J. Trillo, Profesor Asociado TC de Derecho del Trabajo UCLM (Ciudad Real).
30. Marta Olmo Gascón, Profesora Titular de Derecho del Trabajo UCLM (Ciudad Real)
31. Jose Luis Prado Laguna, Vicedecano Facultad Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real (UCLM)
32. Laura Mora Cabello de Alba, Profesora Asociada TC Derecho del Trabajo UCLM (Toledo)
33. Enrique Gasco, Profesor Titular Derecho del trabajo UCLM (Cuenca)
34. Jesus Molinero, Profesor Titular Derecho del Trabajo (Cuenca)
35. Juana Maria Serrano García, Profesora Titular Derecho del Trabajo, UCLM (Talavera de la Reina).
36. Elena Desdentado Daroca, Profesora Ayudante Doctor Derecho del Trabajo UCLM (Ciudad Real).
37. Jose Antonio Prieto Juárez, Profesor Titular Derecho del Trabajo UCLM (Ciudad Real)
38. Nunzia Castelli, Profesora Ayudante Derecho del Trabajo UCLM (Albacete)
39. Rolando Cendón, Profesor Ayudante Derecho del trabajo UCLM (Albacete)
40. Maria Encarnación Gil, Profesora Asociada TC Derecho del Trabajo UCLM (Albacete).
41. Juan Bautista Vivero, Profesor Titular de Derecho del Trabajo, Universidad de La Laguna (Tenerife).
42. Eva Urbano Blanco, Abogada Gabinete Jurídico Confederal CC.OO.
43. Eva Silván Delgado, Abogada Gabinete Jurídico Confederal CC.OO.
44. Angel Martín Aguado, Abogado Gabinete Interfederal CC.OO.
45. Gemma Fabregat Monfort, Profesora Titular Derecho del Trabajo, Universidad de Valencia.
46. Saray Rodriguez González, Becaria FPU Universidad de La Laguna (Tenerife)
47. José Luis López Bulla, Consejero del Consell Economic Social y del Treball de Catalunya.
48. Juan Antonio Mata Marfil, Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla La Mancha.
49. Jose Luis Álvarez, Abogado Fundación Sindical de Estudios
50. Rodolfo Benito Valenciano, Presidente Fundación Sindical de Estudios
51. Julia López López, Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona)
52. Margarita Ramos Quintana, Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (Tenerife)
53. Manuel Álvarez de la Rosa, Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (Tenerife)
54. Natividad Mendoza Navas, Profesora Titular de Derecho del trabajo UCLM (Talavera de la Reina).
55. Horacio Meguira, Abogado CTA y Profesor Adjunto de Derecho del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires.
Soy un simple miembro de la Universidad de Zaragoza. Estoy de acuerdo con vosotros pero sobre todo por que nadie ha hecho hincapie en las palabras finales que demuestran su honradez: Si el asunto llega al Tribunal Constitucional avísame para inhibirme. Se debe explicar a los ciudadanos esta frase por que ello demuestra, si se conocen las normas procesales, la verdadera honradez de la Presidenta.
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