Pasa el tiempo y cada vez más es urgente hablar de América Latina. Después del 11 de septiembre, Chile puede ser el primero de los países sobre los que conocer su realidad laboral, más allá de los elogios médiáticos a su equipo de gobierno y a su Presidenta. El siempre inquieto y activista Pedro Guglielmetti ha proporcionado este ínforme al Colectivo de Juristas Inquietos y Desconfiados de Parapanda. El texto está redactado con la frialdad del tecnócrata, pero la visión que ofrece del país es realmente inquietante.
En todo Latinoamérica, los complejos problemas en materia de desestructuración productiva, de incremento de la pobreza, de ser el continente más desigual en materia de distribución de ingresos en el mundo, de precarización, segmentación e informalidad de su fuerza de trabajo, etc., se constatan, entre muchos otros estudios, en los Informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el cumplimiento de las Metas del Milenio de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (2005), en la “Agenda Hemisférica de Trabajo Decente para las Américas 2005-2015 del Director General de la OIT (Brasilia 2005), en el Informe del PNUD sobre “La Democracia en América Latina, una democracia de ciudadanas y ciudadanos” (2004), etc.
En Chile, en particular, más allá de los avances significativos en la lucha contra la pobreza y la indigencia a partir de los esfuerzos redistributivos y de las políticas sociales impulsadas por los gobiernos democráticos, la problemática socio-laboral se ha agravado, a pesar de los éxitos en materia de indicadores macroeconómicos y de empleo. Ello se debe a las falencias generalizadas en particular en Chile, de adecuadas y relevantes políticas públicas en el ámbito del trabajo y de las relaciones laborales.
Gran parte de los problemas sociales que aún nos aquejan, entre ellos la persistente desigualdad de los ingresos, las carencias en el ámbito de la seguridad social, la precariedad tanto de la relación laboral con empleos mayoritariamente inestables y de muy corta duración como en las condiciones materiales y sociales de trabajo, las bajas remuneraciones de trabajadores y trabajadoras, etc., se encuentran íntimamente relacionados con importantes deficiencias en el sistema o marco normativo de relaciones laborales vigente, en particular en el ámbito de la negociación colectiva, así como en políticas públicas y sociales que no han logrado avanzar en la gestación de una cultura de diálogo social.
En el ámbito institucional, por ejemplo, a pesar de las sucesivas reformas legislativas aprobadas por el Congreso Nacional con la finalidad de mejorar los niveles de protección y de eficacia de las normas legales, de modernizar las relaciones laborales elevando la calidad de los empleos, y de promover el fortalecimiento de las organizaciones sindicales - consustancial a un adecuado desarrollo de la negociación y la autonomía colectiva - las distintas fuentes estadísticas arrojan resultados muy insatisfactorios.
En el período comprendido entre los años 1990 – 2006, la Encuesta CASEN constata un aumento desde un 18% a un 24 % promedio de trabajadores y trabajadoras sin contrato escrito de trabajo y sin el entero de sus cotizaciones a los sistemas de seguridad social. Sólo un tercio de los empleos califican como decentes conforme a estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y, de acuerdo a estadísticas del seguro de cesantía (2002 - 2006), con cerca de 4.000.000 de trabajadores/as afiliadas, la duración media de los nuevos contratos bordea los cuatro meses, dando cuenta de una gran inestabilidad y de una altísima rotación en los empleos.
En materia de relaciones colectivas el panorama es aún más negativo en tanto muestra un sostenido debilitamiento del actor sindical con la consecuente marginalidad de la negociación colectiva como instrumento de autorregulación de las relaciones laborales. En efecto, durante el año 1991, antes de cualquier modificación legislativa al Plan Laboral del régimen militar, la afiliación sindical alcanzaba al 16.7% de los ocupados (excluidos los asalariados del sector público); al 2006, en cambio, y tras tasas de afiliación anuales cercanas al 10%, sólo un 12.2 % de los y las trabajadoras ocupadas se encontraba organizado. La baja afiliación se agrava con el fenómeno de la atomización sindical; así, durante el período 1990 - 2006, el número de sindicatos se incrementó en 111%, su tamaño medio bajó desde 89 a 35 socios y el porcentaje de organizaciones en receso supera - en la actualidad - el 53%. Como consecuencia y en estrecha vinculación con lo anterior, cada vez son menos los trabajadores y trabajadoras que negocian colectivamente. Durante el año 2006, en una tendencia constante a la baja, el número de asalariados/as cubiertos bi -anualmente por algún tipo de instrumento colectivo era menor al 8%. Durante el año 2006, la tasa de sindicalización promedio de los ocupados, excluyendo a los asalariados públicos, fue de 12,2%. Al distribuir por rama de actividad económica se puede observar que “Minería”, “Transporte” y “Electricidad” son los sectores que tienen mayor tasa de sindicalización, pero que, sin embargo, agrupan tan sólo el 11% del total de los ocupados. La gran atomización sindical se refleja en la existencia de más de 19 mil sindicatos vigentes, unida a la increíble cifra de 35 personas promedio por sindicato.
Por último, la realidad económica y los antecedentes estadísticos en materia de ingresos señalan que si bien ha disminuido la pobreza producto de las políticas sociales de los Gobiernos Democráticos, aún en períodos de alto crecimiento económico ello no ha logrado verse reflejado de manera equivalente en el incremento de los salarios ni en los ingresos del trabajo; el 79% de éstos no superan los 300.000 pesos chilenos (menos de 600 USD $).
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