En el último informe eurostat (30.04.10) hemos sabido que en abril del 2010 los dieciseis paises de la zona euro tienen una tasa de desempleo del 10 %, y que han alcanzado 16 millones de desempleados. Y en una encuesta de opinión manejada por el diario El País, la gran mayoría de los encuestados entienden que ni en Europa ni en España los poderes públicos están llevando a cabo las políticas adecuadas frente a la crisis. Estos elementos han provocado una reflexión como la que sigue a continuación. (En la foto se puede comprobar el panorama de una ciudad suramericana financieramente fuerte, con extrema riqueza y terribles desequilibrios sociales, desde la que provienen las líneas que se insertan a continuación).
La situación, vista desde lejos, es de estancamiento. La reivindicación neoliberal como la única herramienta para analizar la realidad y como receta de aplicación imposible, lo que se sitúa al lado de la constatación de la parálisis de la política para intervenir en la economía.
El punto de mira se dirige al nivel de condiciones de vida y trabajo garantizados por los derechos laborales y sociales. Se habla de reformas necesarias pero "dolorosas", que van a generar "sufrimientos" entre partes importantes de la población. Estas reformas no son sin embargo requeridas con igual intensidad ni con tanta reiteración en todos los países europeos. Aunque ya en mayo de 2009 la Comisión europea recomendó con carácter general a los paises miembros de la UE "fomentar el espíritu empresarial y la creación de empleo bajando los costes no salariales de la mano de obra, inviertiendo en investigación e infraestructuras y reduciendo la rigidez laboral mediante los principios europeos sobre flexiseguridad", la presión es hoy mucho mas fuerte en los países amenazados por las agencias de calificación de la deuda en los mercados financieros, los llamados PIGS a partir del "giro" que cobra la crisis a comienzo del 2010. En concreto, después del "paquete de medidas" o "cura de caballo" para Grecia, la amenaza es insistente para Portugal y España. Esta tendencia es bastante nítida, precisamente en tres países en donde los gobiernos no se alinean en la derecha política neoliberal hegemónica en Europa y en donde el sindicalismo es combativo y representativo de los trabajadores en general.
Este dato puede ser relevante si se tiene en cuenta que en el elenco de medidas que se arbitran desde Europa, se puede apreciar como característica muy acusada la invisibilidad del trabajo como espacio social y político de formación de una subjetividad colectiva y como condición de ciudadanía. Las medidas, los planes, los informes de coyuntura, no lo mencionan. El trabajo como tal se silencia y se integra en un discurso sobre "estímulos" al empleo, políticas activas o coste de mano de obra. En los discursos menos cosificadores, sin embargo, se va sustituyendo por la figura de aquel sujeto que se define por su acceso al mercado de bienes y de servicios, que compra una casa para vivir, paga la educación, ahorra para el futuro. Como bien dice Obama en Wall Street, son esas las cosas que están tras la moneda, detrás del dólar. Pero en nuestras sociedades el trabajo asalariado es la forma hegemónica de producción de bienes y de servicios. Detrás de la monetización del despido, del valor del salario, está la vida del trabajador y de la trabajadora, su profesionalidad, el respeto a su vida, a su salud y a su integridad como persona.
El trabajador se borra, no se le menciona. A su lado, sin embargo, emerge de estas medidas la presencia del pobre y del excluido. Son objeto de las medidas públicas asistenciales, pero al menos son nombrados como sujetos sobre los que la miseria o las condiciones desfavorables de un ambiente social degradado hace que merezcan protección.
Es sin embargo notable que todavía, y con la excecpión de Grecia, esa insistencia mediática y discursiva en las "reformas estructurales" degradatorias del trabajo con reconocimiento de un nivel aceptable de derechos sociales no han tenido una materialización clara. A través de la renacionalización de las políticas frente a la crisis, hay una tendencia al menos hasta el momento, a no avanzar medidas de reforma que generen una movilización sindical fuerte y que catalice el indudable descontento social frente a esta situación crítica en Europa. Claro está que la división entre los trabajadores, la inseguridad económica y el miedo a perder el trabajo funcionan como elementos muy eficaces en desmontar los impulsos sindicales a la movilización de los trabajadores. Además la CES muestra una escasa definición en este punto, como borrada en función de lo que se decidan en las instancias confederales nacionales.
Hay un camino de rearme de la política, de la necesidad de una intervención política sobre la economía y el trabajo. Un proyecto que concibe la sociedad a partir precisamente de la ciudadanía que surge y se construye desde el trabajo como eje de cohesión social y como valor político igualitario. Un discurso cultural que hace viable esta mirada crítica sobre la realidad y la necesidad de su reforma radical en un sentido igualitario y democrático. El sindicalismo avanza por esta línea, pero encuentra su marcha dificultada por la incapacidad de la politica electoral que define técnicamente la acción pública y la actuación administrativa y de gobierno para comprender o sintonizar en esa onda sus actuaciones frente a la crisis. Son tiempos difíciles.
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