LA REDUCCION SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS: DEPRECIACIÓN DEL VALOR DEL TRABAJO DEL EMPLEADO PÚBLICO

Las reflexiones sobre la reducción de salarios que ha llevado a efecto el Decreto-Ley del gobierno español publicado ayer lunes 24 de mayo en el BOE, se continuan en este nuevo "post" del blog. La Fundación 1 de mayo ha publicado como informe el conjunto de las mismas en la página de la misma: http://www.1mayo.ccoo.es/ . (En la foto, un empleado público de la Universidad, verificando la nómina de junio y la reducción de mas de trescientos euros mensuales en la misma)




Otro aspecto de la reducción de salarios a los empleados públicos que suministra elementos de perplejidad tiene menos que ver con el ordenamiento jurídico, y mucho más con la materialidad del valor del trabajo prestado y su correlato en la tutela sindical del mismo.

La reducción del salario de los funcionarios se hace depender de su condición de trabajadores estables. Lo que quiere decir que la estabilidad en el puesto de trabajo se considera un elemento que refuerza la seguridad de la prestación laboral de manera desproporcionada en relación con el estatus que gozan el resto de los trabajadores, por lo que es razonable que esta “sobreprotección” sea reconocida y reducida. La remuneración de los funcionarios puede reducirse porque su relación de prestación de servicios es permanente, segura y estable. En esa primera visión del problema el funcionariado aparece aislado y diferenciado de los trabajadores con contrato indefinido sometidos a la legislación laboral, que gozan también de estabilidad en el empleo. Sin embargo se entiende que esta “permanencia” en el trabajo es diferente puesto que en el régimen contractual laboral las facultades del empresario de destruir puestos de trabajo a través de las distintas fórmulas del despido, contextualizan de forma muy clara la estabilidad en el empleo de los trabajadores por cuenta ajena, al menos en el sector privado. La estabilidad es pues el problema, no la solución. La importancia de la temporalidad en los trabajos de las administraciones públicas, la interinidad como situación dilatada, la externalización de servicios y la privatización de grandes servicios de interés general, funcionan también como elementos de culpabilización de la estabilidad laboral del funcionario. Toda culpa requiere una expiación a través del castigo. Se justifica por consiguiente el castigo adecuado a la culpabilidad del funcionario: remunerar menos su trabajo porque es permanente y seguro. Es un argumento sin viceversa, porque no se remunera más el trabajo de los trabajadores precarios o temporales en razón de su volatilidad, flexibilidad o inestabilidad. Funciona sobre una premisa equivocada en una dirección errónea.

La reducción de salario de los funcionarios públicos se presenta como un “sacrificio”. Sin embargo no es correcto calificarlo de esta manera. Se puede hablar de sacrificio en términos de contención salarial o de congelación de rentas del trabajo sobre la base de pérdida de poder adquisitivo con el valor monetario asignado como contraprestación salarial al trabajo prestado. La contención salarial pactada en el Acuerdo colectivo de septiembre de 2009 afirmaba este principio de contención, eso sí, con revisión a los tres años en función del desarrollo de la situación económica del país. Pero no es este el caso. El Gobierno no ha previsto una congelación salarial para los funcionarios, como si hizo en su momento el Partido Popular al llegar al poder político. Lo que ha realizado es un recorte salarial en torno al 5% global de los sueldos de los funcionarios públicos. Las primeras versiones hablaban de un recorte que se pretendía distribuir de forma inversamente proporcional al salario de los funcionarios, entre un 2,5%, un 7% o un 10,5% en razón de la cualificación (sueldo base y nivel) de éstos. Las últimas noticias hablan de unas pérdidas más reducidas entre 0,56% y 7%, con un decrecimiento medio para los altos cargos entre el 8 y el 10 % y los miembros del gobierno un 15. Es evidente que eso no es un “sacrificio”, y tampoco merece ser definido como una “medida valiente”. Es el síntoma de algo más preocupante.

El salario expresa en términos convencionales el valor del trabajo. Es cierto que no todo el valor realizado, pero si el que concierne a la productividad media de la rama de producción y que se materializa en un cierto valor social de la profesión o del trabajo materialmente prestado por determinadas personas en una jerarquía salarial que es también social. La reducción del salario de un trabajador implica por consiguiente un juicio negativo sobre el valor de su trabajo que pierde prestigio social y reduce su posición en la jerarquía salarial.

La decisión del gobierno español implica una opción de fondo sobre la definición del valor del trabajo de los empleados a su servicio. Y ésta señala que vale mucho menos el trabajo del funcionario público más cualificado. Los niveles 26 a 30 en la Administración pública se configuran como los apropiados para una reducción que en principio se fijaba en el 10,5% y ahora en el 7% sobre su valor anterior. Lo que señala la medida del Gobierno sobre el recorte salarial es que el trabajo del funcionario público medio o muy cualificado estaba sobre valorado salarialmente y que en consecuencia debe reducirse su valor de cambio. Su remuneración hasta ahora se situaba por encima del valor social que debería asignárseles. Los neoliberales hablan de sobredimensionamiento del aparato estatal, interpretado normalmente en términos cuantitativos como exigencia de “adelgazamiento” de las estructuras públicas, privatización de servicios y reducción del personal al servicio del Estado, pero en este caso la indicación se refiere también al aspecto cualitativo, entendiendo por sobredimensionamiento el nivel salarial de los empelados públicos, por encima del valor social que sus retribuciones expresan.
Este efecto de desvalorización del trabajo público no sólo hay que ponerlo en relación con las remuneraciones que en el sector privado perciben los trabajadores con cualificación o responsabilidad semejante, sino con la propia materialidad de un trabajo en los servicios públicos que dan sentido al Estado democrático que se considera sobrepagado y por tanto sobrevalorado respecto del prestigio social que merece y al valor que la sociedad está dispuesta a asignarle. La consecuencia es la depreciación del trabajo y de la profesionalidad del funcionario una profesionalidad devaluada en términos de aceptación y de utilidad social.

El significado de esta decisión política es desoladora. Sectores enteros de servicios públicos básicos en la desmercantilización de las necesidades sociales, como la sanidad o la enseñanza, o en el apuntalamiento de los elementos del Estado social y de la protección social, como la administración tributaria, la seguridad Social o la administración laboral, se consideran sectores donde sus trabajadores están sobreprotegidos. Un sarcasmo si se piensa en el personal sanitario, que está sosteniendo la presión social hacia una asistencia sanitaria en donde la privatización y la carencia de medios hacen de su trabajo un elemento básico para la realización del derecho a la vida y a la integridad personal de millones de ciudadanos. O en los profesores de enseñanza media, que mantienen junto a las funciones clásicas de transmisión de conocimientos, elementos de integración y de socialización muy relevantes. O, en la Universidad, en donde se está implantando una reforma del sistema educativo sobre la base de la homogeneización de las enseñanzas en un espacio educativo europeo común que ha requerido un esfuerzo adicional muy relevante por parte de todo el personal que todavía está dando sus frutos. O en los investigadores que impulsan una renovación de la sociedad justamente llamada del conocimiento y que se encuadran con fuerza en la ecuación I+D+I. O en los empleados de la administración tributaria que a pesar de tantas dificultades consiguen generar recursos importantes para la realización de los servicios de interés general. O los funcionarios de la Administración laboral y de la Seguridad Social, que vertebran aspectos esenciales del estado social. O, en fin, tantos y tantos otros funcionarios de todos los sectores de la actividad administrativa y de servicios que soportan con su acción la realidad del Estado y la posibilidad de derechos de ciudadanía social y política. Trabajo hoy depreciado, considerado de menor valor que el que tenía reconocido. Todo un mensaje sobre lo que el poder político piensa del trabajo prestado por el interés general de todos los ciudadanos. No tiene valor.