PROBABILIDAD Y POSIBILIDAD DE LA REFORMA LABORAL

El periódico color salmón Cinco Días ha solicitado al tenedor de este blog un artículo sobre las posibilidades de la reforma laboral en 700 palabras. Consultados expertos en el rumbo que están tomando, ya en su recta final, las negociaciones - la foto da cuenta de una de estas reuniones de consulta - el texto de este artículo o tribuna libre se publica aquí en anticipo, en competencia desleal involuntaria con el influyente medio de comunicación referido.

Convengamos en que el empeño es difícil. Negociar reformas laborales a través del diálogo social tripartito ha sido una tradición casi ininterrumpida en nuestro país, pero en este momento nos enfrentamos a una situación de crisis económica global extremadamente grave que afecta especialmente a las zonas económicas más desarrolladas, Estados Unidos y Europa. Tras un intento frustrado de lograr el pacto en el verano de 2009, éste se frustró por los motivos de todos conocidos. La situación se recompuso posteriormente, y el Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva entre CCOO y UGT y CEOE-CEPYME de febrero de 2002, era una buena señal. Mostraba que pese a las dificultades de todo tipo, era posible encontrar terrenos de encuentro entre los actores sociales de amplio alcance, nada menos que un pacto de contención salarial en todo el ámbito de la industria, la construcción y los servicios.

Sin embargo, el panorama estaba cambiando a comienzos del 2010. La crisis griega ponía sobre el tapete una desconfianza de los mercados ante las políticas económicas de algunos gobiernos, entre ellos el español. La reducción del salario global de los trabajadores europeos, la libertad de despido y la reducción del gasto social fueron los objetivos explícitamente declarados por los decididores de las instituciones reguladoras de los mercados, las agencias de “rating”, las sedes del pensamiento económico neoliberal. En ese contexto, las turbulencias sobre la negociación de las reformas de la legislación laboral eran muy intensas, y se han intensificado a raíz del Plan de Ajuste del gobierno.

La situación es muy complicada, y el diagnóstico indica un pronóstico reservado. Pero pese a todo, los agentes sociales y el propio poder público continúan considerando la probabilidad de un acuerdo. Con grandes limitaciones, porque hay contenidos posibles de la reforma que alguna de las partes sabe que no puede asumir. El equilibrio sólo puede lograrse sobre la aceptación de un conjunto común de materias cuya regulación pueda tener un efecto real de estabilización del empleo y que posibilite un mejor funcionamiento no tanto del mercado laboral como del gobierno del trabajo y del empleo en la producción de bienes y servicios.

En ese sentido, hay puntos en donde la convergencia es posible, al margen de los matices de la regulación. La intervención sobre los mecanismos de intermediación en el mercado de trabajo y la apertura a la iniciativa privada, reivindicación patronal asumida por el gobierno, podría ser uno de estos. Seguramente hay aspectos importantes de la flexibilidad interna en las relaciones laborales en que los sindicatos están interesados junto a los empresarios si la flexibilidad es contratada en la empresa o en el sector. La reformulación parcial de las formas contractuales estables de fomento del empleo entraría también en ese conjunto de coincidencias posibles. La utilización de técnicas de amortiguamiento social a través de la suspensión contractual y de la reducción del tiempo de trabajo insertas en un procedimiento de regulación de empleo, o el redimensionamiento de la función del Fondo de Garantía Salarial en la reducción de las indemnizaciones de despido por causas económicas son ciertamente materias en las que puede encontrarse un punto de equilibrio.

Sin embargo, hay otros aspectos en los que prima el desencuentro y por tanto el condicionamiento del pacto a la inclusión de alguno de ellos podría llevar al fracaso de la negociación. Sucede, por parte empresarial, con la reducción de las cotizaciones sociales y, desde luego, con la “figura estrella” de este proceso, el llamado contrato único, que plantea problemas de constitucionalidad y de desarrollo legal. Los trabajadores saben que las medidas de promoción real del empleo de mujeres y jóvenes, de progresiva reunificación de la segregación ocupacional y de eliminación de alguna de las facilidades para despedir, no pueden prosperar. Y el aumento de cantidades presupuestarias para la cobertura económica de situaciones de desempleo prolongado está descartado en un panorama general de cercenamiento del gasto social.

Hay por tanto posibilidades para un lugar de encuentro en las reformas pactadas. Las probabilidades que brinda el contexto en el que se desarrolla no son muchas, pero lo importante es que hay condiciones para que el acuerdo pueda, finalmente, abrirse camino.