La huelga del 8 de junio contra los recortes en el empleo público ha tenido un seguimiento importante en muchos de los sectores convocados. La movilziación ha sido grande y la alteración de la normalidad del servicio muy extendida. Especialmente seguidas han sido las manifestaciones convocadas, la de Barcelona por la mañana y la de Madrid por la tarde, en esta última pese a la tormenta que se ha desencadenado al comienzo de la marcha. Se valora en los medios de comunicación que ha constituido el ensayo de una inminente huelga general, pero las valoraciones de la situación política-sindical son muy diferentes. A continuación se inserta un comentario a partir de algunas de las intervenciones que se pudieron escuchar dirante la noche de este día de huelga.
Es importante una reflexión en positivo sobre la huelga del sector público. Los creadores de opinión, no sólo los que se sitúan en una posición de hostilidad clara ante el sindicalismo, se muestran comprensivos con el escaso seguimiento por parte de los empleados públicos. Se manejan algunos argumentos relativamente toscos, como el que los funcionarios no han querido sumarse a una huelga para hacerle “el trabajo sucio” a los sindicatos, o que no la han secundado porque la deducción salarial agrava la reducción salarial posterior. Pero los más interesantes eran los que se referían a la inutilidad de la medida de presión emprendida por el sindicalismo confederal porque las huelgas se hacen para ganar y en este caso era evidente que no había posibilidad de ningún cambio en la decisión del gobierno. Es decir, la huelga es ineficaz y no sirve para nada, y la comprensión por los empleados públicos de esa inutilidad explica la escasa adhesión a la misma. Es un acto de desesperación, no una medida de presión en un proceso de intercambio de propuestas donde se puede obtener un resultado favorable o menos lesivo a los intereses de los trabajadores.
Es importante una reflexión en positivo sobre la huelga del sector público. Los creadores de opinión, no sólo los que se sitúan en una posición de hostilidad clara ante el sindicalismo, se muestran comprensivos con el escaso seguimiento por parte de los empleados públicos. Se manejan algunos argumentos relativamente toscos, como el que los funcionarios no han querido sumarse a una huelga para hacerle “el trabajo sucio” a los sindicatos, o que no la han secundado porque la deducción salarial agrava la reducción salarial posterior. Pero los más interesantes eran los que se referían a la inutilidad de la medida de presión emprendida por el sindicalismo confederal porque las huelgas se hacen para ganar y en este caso era evidente que no había posibilidad de ningún cambio en la decisión del gobierno. Es decir, la huelga es ineficaz y no sirve para nada, y la comprensión por los empleados públicos de esa inutilidad explica la escasa adhesión a la misma. Es un acto de desesperación, no una medida de presión en un proceso de intercambio de propuestas donde se puede obtener un resultado favorable o menos lesivo a los intereses de los trabajadores.
Este es un tema importante, porque en efecto la huelga-protesta tiene un componente de rechazo que en puridad no requiere una modificación inmediata de la medida que la originó, pero en un medio plazo implica dar la señal que una mayoría de la ciudadanía se posiciona contra una política determinada entendiendo que es lesiva para sus intereses y que debe modificarse. Y, simultáneamente, la huelga hace suyo un programa alternativo, un proyecto de regulación que sostiene esa acción de conflicto explicando la radical oposición al sentido y función de las medidas que se repudian. Por eso hacen mal los creadores de opinión en exagerar la inutilidad de la huelga como causa de la desafección de la mayoría de los empleados públicos convocados. Porque la huelga inicia un proceso de separación y de ruptura en el plano político de un proyecto civil que se compartía, aunque con divergencias sensibles. Y este es un proceso cuya intensidad y extensión no se puede ahora calibrar.
En ese sentido Toxo y Méndez han advertido que la huelga del 8 de junio puede ser “el principio” de una temporada de conflictividad. Lo que todos saben es que puede suceder que los sindicatos de clase estén más preparados técnicamente para una huelga general que para una huelga en el sector público, aunque es conveniente ser conscientes de la causa de esta relativa contradicción. Pero la conflictividad no se manifiesta solo en esto, sino en alianzas entre sindicatos, coordinación e impulso de conflictos parciales, y la apertura de un campo de conflicto hasta ahora no practicado, el que atraviesa la judicialización del disenso. Es decir, que la eficacia de la huelga se mide también en términos relativos, en la capacidad de imposibilitar o dificultar de manera determinante el plan de acción del antagonista, impidiendo que consiga la mayor parte de sus objetivos y deslegitimando social y políticamente sus planteamientos estratégicos. En este sentido, no creo que esté justificada la salmodia pretendidamente comprensiva de la debilidad sindical por su impotencia demostrada al no conseguir que el rechazo del trabajo de los empleados públicos en el día de huelga se haya visibilizado y contabilizado de forma abrumadora.
Además de eso hay muchas variables que no se han tenido en cuenta en ese análisis que va a ocupar de manera hegemónica la opinión pública. Fundamentalmente elementos ligados a la pluralidad sindical en el sector público y la muy diferente orientación de las distintas asociaciones sindicales. El peso del corporativismo y de la fragmentación de intereses en razón de los distintos cuerpos de la Administración es uno de ellos. Pero asimismo la diferente orientación que ha ido teniendo la acción sindical en el sector público en relación con los grupos de empleados que cada sindicato representa prioritariamente. O el peso de la orientación política de los cuadros medios sindicales y la relación con la fuerza política que gobierna la unidad administrativa o política de referencia – comunidad autónoma, ayuntamiento, pero también servicios o agencias autónomas, etc. A ello se une ciertas carencias prácticas respecto de la presencia sindical en los lugares de trabajo, dada la centralización vigente en la práctica sindical de la Administración General del Estado fundamentalmente. Incluso aspectos institucionales muy decisivos, como el procedimiento electoral para las Juntas de Personal y su posición muy secundaria en la práctica arrinconadas por un pluralismo sindical de alguna manera “consociativo”, o de nuevo la centralización de la negociación colectiva con pérdida de participación de los empleados públicos en los procesos de negociación, son posiblemente elementos que pueden ser manejados en una valoración propositiva de las experiencias de esta huelga.
De estas cosas no se habla. Estamos tan acostumbrados a que los medios de opinión estén tan alejados de la realidad del trabajo y de la representación orgánica del mismo a través de la forma sindicato, que realmente no atendemos a la capacidad de desorientación que insuflan estos medios de comunicación justo porque son impotentes para entender y explicar esta realidad social y política de la representación de los trabajadores. Es sin embargo importante que este tipo de debate y de reflexión se abra camino de forma natural – es decir en el marco de un proceso de análisis colectivo – en el sindicato. Los tiempos futuros van a ser duros, todo lo anuncia. Y hay que estar preparado con los medios que tenemos. El más eficaz, sin duda, el sindicato.
Querido Antonio:
ResponderEliminarHe leído con mucho interés esta entrada, porque todos los funcionarios públicos nos sentimos confusos y también, en particular, los que podemos sentirnos algo llamados a emitir opiniones. Yo añadiría dos consideraciones:
1ª.- Dudamos de la estrategia de las organizaciones convocantes. Si es verdad que va a haber huelga general, como casi todos pensamos, ¿no sería más razonable aglutinar a la plataforma reivindicativa el problema del Real Decreto ley?, ¿no provocaría una única convocatoria una mayor sinergia entre empleados públicos y privados?, ¿no es un esfierzo escsivo pedirle a los servidores públicos que se adhieran a dos convocatorias?
2ª.- Dudamos sobre todo de la eficacia de la huelga en su versión de huelga protesta. Porque en realidad confundimos el destinatario. En apariencia es el Gobierno, pero que ha convalidado el Real-Decreto ley con un escuálido voto. ¿Ante quién pretendemos exhibir la protesta? ¿Ante el Gobierno? ¿El ECOFIN?, ¿el FMI?, ¿La OCDE? Exhibir una protesta ante un Gobierno que se percibe como coyuntural no parece un esfuerzo proporcionado.
Otherwise, no estaré en Albacete estos jueves y viernes, porque problemas varios me lo impiden. La vida es así de dura. Tendré mi pensamiento en La Mancha.