REFORMA SIN PACTOS: OTRA MANERA DE NOMBRAR LA IRRELEVANCIA DE LA POLÍTICA

El gobernador del Estado de Rio Grande do Sul, (Brasil) jurista y politólogo, Tarso Genro, del que se comenta su último libro en el texto, prepara un pequeño tentempié para una delegación del colectivo de Jóvenes Juristas Críticos de Parapanda interesados en discutir sobre justicia transicional y el caso Cesare Battisti. En ese sentido, esta bitácora recomienda la lectura del espléndido artículo de Tarso Genro, Derecho y justicia en la transición: Kant contra las luces degradadas. publicado en la Revista Jueces para la Democracia nº 69 , noviembre 2010 (http://www.juecesdemocracia.es/publicaciones/revista/nRevista.asp.)





Es conocida la posición del grupo del FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, http://www.fedea.es/ ) que se articuló a través del llamado manifiesto de los 100 sobre la inevitabilidad de las reformas pendientes en España en función de las exigencias de los mercados financieros y la difícil posición de España en este espacio. Ahora sus esfuerzos se centran en conseguir una reforma de las pensiones y del sistema de negociación colectiva sobre los esquemas ya sabidos de expulsión de los colectivos débiles de la protección de la seguridad social, cambio del modelo hacia la asistencialización del sistema y, en materia de negociación colectiva, debilitación de la fuerza vinculante del convenio colectivo y empresarialización de las relaciones laborales. Este diseño debe impulsarse a toda costa – “cueste lo que cueste” – por lo que este potente grupo ideológico de presión sostiene que la negociación en curso que los sindicatos han forzado y que se está desarrollando, no tiene entidad suficiente en si misma para apartarse de las líneas estratégicas de las reformas previstas. La posibilidad de un pacto global entre sindicatos y gobierno, al que se incorporen todas las fuerzas políticas y la patronal, y que se desgrane en dos o tres acuerdos generales sobre pensiones, desarrollo de la reforma laboral y negociación colectiva, no tiene valor en sí mismo por dos razones. La primera, porque ese tipo de acuerdo desvirtúa la profundidad y el alcance del proyecto de reforma del modelo de seguridad social y de negociación colectiva, “edulcorando” las medidas que es necesario adoptar. La segunda porque no cumple las expectativas de los mercados ni los compromisos que España asumió en mayo de 2010 ante el Ecofin y que garantiza su posición en el conjunto de la Unión Europea. En estas argumentaciones hay muchos aspectos por comentar, pero sin duda lo que es mas relevante es la consideración de la política como algo irrelevante frente a un diseño preestablecido que debe ser impuesto a toda costa. Naturalmente que eso implica la inidoneidad de los mecanismos democráticos para intervenir en los procesos de toma de decisiones centrales de la regulación social.

Sobre el significado de esta tendencia que personifican estos intelectuales orgánicos del mando económico-financiero y sus muy cualificados representantes en el gobierno español respecto de la irrelevancia de la política y la potencia del Estado democrático, hay algunos textos muy cualificados, escritos recientemente desde posiciones políticas y geográficas que merecen máxima atención. Se trata de Brasil y de Tarso Genro, hoy gobernador electo en primera vuelta del estado de Rio Grande do Sul, pero que desempeñó puestos muy relevantes en el gobierno del presidente Lula en un contexto de salida de la crisis y de fuerte presión de los mercados sobre las reformas emprendidas por éste. En un reciente libro, Direito, constituçao e transiçao democrática no Brasil, (Francis Editora, Brasilia, 2010), Tarso Genro explica de forma muy sintética lo que implican estos planteamientos.

La financiarización de la vida económica y su influencia sobre la vida pública, como fuente material dominante que se irroga la condición de nueva “norma fundamental”, produce la tendencia a la irrelevancia de la política. Los factores extrajurídicos que operan en las fuentes materiales del sistema jurídico internacional están siendo convertidos en una devastadora fuerza natural que logra reformar el Estado sin modificar la Constitución, desequilibrando las relaciones entre poderes y abriendo espacios para la intervención de las fuerzas materiales exteriores al territorio estatal-nacional. Es la fuerza normativa extrajurídica del capital financiero circulante que subsume la integración económica en otra legalidad no escrita. La fuerza decisionista adquirida por las burocracias de los bancos centrales se convierte directamente en capacidad legislativa. Es una “naturalización” del movimiento del capital global que tiene como efecto la degradación de la subjetividad colectiva construida en la modernidad.

Elemento integrante de una nueva totalidad, el valor jurídico originario del capital financiero es considerado como una nueva naturaleza que, como tal, debe reproducir hipotéticamente su supuesta naturalidad eternamente. El método de acción que éste produce está atravesado por la lógica de bronce de la necesidad económica. En su lógica interna no contaría con premisas basadas en opciones valorativas a partir de la subjetividad política, sino que en ella el sujeto se subsumiría impotente en el objeto, objeto o puro estado de hecho, como estado de propia naturaleza. Es por tanto una lógica que se deriva de una nueva naturaleza no humana ni siquiera natural, pero que en su exterioridad es aceptada como potencia supra-humana y sobrenatural.

No se trata de un nuevo fascismo social ni político, aunque a veces sus consecuencias autoritarias y violentas puedan sugerir esta calificación. Ahora no es el Führer quien ordena el derecho, como quería Carl Schmitt, pues el derecho está orientado por fuerzas que prescinden de legitimaciones metafísicas u ontológicas, de manera que el discurso de la reconstrucción normativa del iluminismo está cada vez mas sujeto a la lógica del mercado, valorado según sus parámetros, sustituidos los valores de la mayoría y de la subjetividad colectiva libre por los de la unilateralidad, el mando y la ganancia.

Ese es el horizonte teórico de nuestros iluminados. Por eso es importante reformular la necesidad de un Estado democrático, y por eso mismo, social, como establece la Constitución española. El proceso de formación del Estado democrático conoce impulsos positivos, emancipatorios, originados por las fuentes materiales, las figuras sociales y los movimientos populares que imprimen su fuerza normativa al sistema constitucional, pero también impulsos negativos, conservadores, que disuelven o relativizan las conquistas de libertad, como sucede actualmente. A lo largo de este proceso, en el que coexisten las dos lógicas, el estado democrático y social se ha constituido en sus estructuras formales dentro de las fronteras del Estado-nación. La tensión hacia otras agregaciones políticas supranacionales como la Unión europea complejiza este proceso, porque como se ha analizado desde la perspectiva jurídica, puede darse una creciente incompatibilidad entre la radicalización de la constitución económica europea y una cierta deconstitucionalización social de los espacios estatal-nacionales de los ordenamientos internos. Desde un punto de vista político, esta nueva forma institucional es la que está en disputa entre la fuerza normativa del capital financiero globalizado y la fuerza de las fuentes materiales originarias de los movimientos del “pueblo empírico”, mayormente las originarias de los movimientos nuevos y novísimos para los cuales “otro mundo es posible”, y los sectores de población organizados en torno a la figura social del sindicato como representante “general” de la clase trabajadora.

Nada mas incorrecto que situar la política y la democracia en un lugar residual. Se trata por el contrario de revalorizar la democracia y fortalecer los mecanismos que proporciona la política para fijar un marco de regulación de la economía y de su ordenación también en el espacio estatal-nacional. Es éste un proceso que camina en su dimensión general en el intento de crear una fuente específica de legitimidad para un nuevo proceso constituyente global que promueva, progresivamente, una ética y política antisistémica como condición dominante y hegemónica. Pero que se articula paso a paso en un proceso de fijación de condiciones concretas de regulación ante materias tan decisivas como el modelo de seguridad social o de negociación colectiva de un país determinado. En ese proceso, las posiciones emancipatorias saben que la movilización permite abrir espacios para intervenir y controlar estas materias y oponer al modelo antisocial y excluyente una perspectiva garantista basada en el respeto de los derechos sociales. En su desarrollo específico, es posible que, como está sucediendo, el peso de las tendencias conservadoras lleve aparejada una merma de derechos importante, Pero el intento de contractualizar estas tensiones y de congelar en un acuerdo social y político una determinada correlación de fuerzas por debajo de la cual no es posible actuar a la baja, es una opción no sólo posible, sino conveniente. Presión y negociación son las claves de la política. Explican y justifican la democracia como forma de convivencia y de ordenación de la existencia social.