UNIVERSIDAD Y SINDICATO: ALGUNAS CUESTIONES PARA DEBATIR

¿Para qué sirve un sindicato a los profesores estables de la Universidad con plenitud de derechos académicos? ¿Por qué afiliarse a un sindicato en esta situación? A continuación se plantean algunas cuestiones para debatir sobre este tema.

Son dos cosas diferentes aunque parezcan la misma. La primera hace referencia al tipo de acción sindical que pueda involucrar el trabajo concreto de los trabajadores estables con plenitud de derechos académicos. La segunda a un dato histórico cultural que puede permitir mantener una afiliación como elemento de identidad política o ideológica. Y estas dos son dimensiones que se deben tener en cuenta para resolver esos interrogantes.

Sobre la acción sindical en la Universidad gravitan hechos no imputables al sector ni a sus pobladores sino a factores más alejados aunque con repercusión evidente en este punto. Veamos algunos

- La transformación del sindicalismo en el área pública como un sindicato de trabajadores y empleados públicos de trabajo administrativo o no cualificado. Exclusión por tanto del sindicalismo de clase de los técnicos cualificados y grandes cuerpos de la Administración.

- La progresiva decantación del sindicalismo en un espacio de regulación del salario y las condiciones de trabajo que se considera como propio y natural de esta figura social y, simultáneamente, como agente de negociación imprescindible de las reformas del área pública y de la enseñanza pública en todos los niveles como forma de preservar ese espacio propio de actuación (sin que se extienda a un modelo determinado en lo concreto de regulación o de organización del servicio público, cuya iniciativa proviene siempre del poder público).

- La traducción de la representatividad sindical – medida salvo en la universidad, por unidades electorales desconectadas del centro de trabajo – en una institucionalización organizativa del sindicato, tanto mediante la participación en órganos de consulta sin control como en la consolidación financiada de una plantilla de sindicalistas profesionalizados.

- La práctica desaparición del conflicto como forma permanente de armonizar representatividad (sindical) de los empleados públicos, negociación y reforma del servicio público, y la debilitación a niveles extremadamente bajos de los mecanismos de participación en las decisiones del sindicato.

Esto produce la percepción de una gestión opaca, verticista y consensuada de las relaciones de empleo público por parte de sindicatos y administración.

En la Universidad, por otra parte, se produce un doble fenómeno. Por un lado la funcionarización de una parte importante de la plantilla tanto en PAS como en PDI. Este proceso de funcionarización genera expectativas importantes de estabilidad en el empleo y de promoción profesional, pero se realiza descolectivizando los procesos de decisión sobre las condiciones de empleo y de promoción. Gerencia de la universidad de una parte y Departamentos Universitarios por otra subsumen en la lógica jerárquica y en la discrecionalidad que les caracteriza (en ocasiones lindantes con la arbitrariedad) los itinerarios de empleo, destinos, situaciones y promoción del personal sea PAS o PDI.

La configuración del funcionariado como situación óptima en unos casos o en otros como situación predominante lleva a colocar las figuras contractuales en la eventualidad o temporalidad o en una condición subalterna a las “típicas” de la función pública. Este proceso conduce curiosamente a la desindicalización y descolectivización en la determinación de la situación de empleo y a su recolocación en la voluntad unilateral de una autoridad jerárquica y discrecional, el Gerente o el Director de Departamento. Existe además el peso histórico de la feudalización académica, en el sentido que las relaciones entre profesores en orden a su reconocimiento y trayectoria de promoción profesional se basan en esquemas de fidelidad y protección mutuas, muy alejadas de la lógica contractual, sea individual o sea colectiva.

La inserción del sindicato en este esquema de relaciones tiende por eso a leerse como una fórmula de excepción de la progresión académica y por ello mismo se viene a inferir que los profesores sindicalizados son los profesores sin honores ni excelencia, que se acogen a la protección derivada de la libertad sindical como escudo frente a las exigencias investigadoras y de publicación que no cumplen. Algunos documentos recientes que se presentan como la opinión “transversal” del investigador universitario realmente existente y que critican el Estatuto del PDI dejan traslucir de forma muy evidente el prejuicio antisindical al considerar que los sindicalistas carecen de reconocimiento de la actividad investigadora.

Esta torpe reconducción de una melancolía del feudalismo académico puede ser rebatida – o, en algunos casos, aprovechada para confirmar que los funcionarios permanentes son hostiles al sindicato y que el trabajo sindical es inútil en ese sector - , pero sigue sin percibirse la utilidad del sindicato para los profesores permanentes estables, puesto que el sindicato sólo establece sus vínculos de programa con la temporalidad y las primeras fases de la carrera profesional. En el caso de los profesores estables, la referencia al sindicato se realiza casi exclusivamente en el momento electoral – vivido por otra parte como algo “extraño” a la situación real del profesor – como adscripción ideológica, es decir, como forma de expresar una preferencia casi política en la que la actuación concreta del sindicato en la Universidad puede tener menos importancia que la identificación del profesor estable con las siglas del sindicato.

Esta “ajenidad” de la acción sindical por parte del PDI funcionario con una cierta inserción académica sólida contrasta con la participación más decidida de este sector en la conformación de los órganos de gobierno universitario, y especialmente en las elecciones del equipo directivo de la Universidad con el Rector como cabeza del mismo. Las elecciones de Rector son un espacio en el que se puede verificar una participación muy activa de este personal. Ahí sin embargo el sindicato no es un protagonista ni en la campaña electoral ni desde luego presenta a sus candidatos bajo sus siglas. Debate los programas de los candidatos y apoya normalmente a alguno de ellos. En muchas ocasiones, es evidente que tal o cual candidato a Rector es “el de CCOO”, pero no se considera éste el espacio propio sindical, que comparte con los partidos políticos y grupos de profesores asi como las asociaciones estudiantiles.

Esta “extraneidad” del sindicato a los procesos electorales que conforman los órganos de gobierno de la Universidad lleva a veces a configurar una posición de aprovechamiento corporativo de las elecciones, en el sentido de considerar indiferente la posición política general de los candidatos siempre que se comprometan a atender las reivindicaciones laborales para los sectores representados primariamente por éste: PAS laboral y funcionario y PDI contratado. Falta por tanto una política de alianzas en donde el sindicato pueda ser determinante en los procesos de elección de los órganos de dirección de la universidad y que pueda ofrecer un cierto programa de gobierno trabajando junto con profesores y estudiantes, más allá por consiguiente del programa reivindicativo sindical.

Algunas reivindicaciones inmediatas pueden ser hechas en ese sentido “democratizador”, como rebajar el requisito de ser catedrático para poder ser rector, lo que inmediatamente abre, en términos de género, las posibilidades de ser candidato, en especial en universidades más modernas. El debate sobre la “gerencialización” de la universidad o su entrega a la iniciativa privada como requisito de la investigación o como aval de la calidad de la enseñanza impartida, son otros temas centrales en ese debate.

Además de ello, el profesorado permanente y estable se relaciona con las condiciones de su trabajo concreto de manera diferente a la forma tradicional con la que el sindicato aborda estas en el PAS, en el personal en formación y en el PDI contratado temporal. No sólo las referidas a la promoción – los sexenios y las acreditaciones – sino en lo relativo a las condiciones de prestación del servicio público universitario. En ambos terrenos el sindicato está ausente. En el espacio de la promoción, porque no se ha reflexionado sobre el tránsito del modelo del feudalismo académico a la nueva tecno – estructura basada en una objetivización tecnificada de conocimientos y competencias y en los llamados parámetros de excelencia, sin que se examinen por tanto los efectos que este nuevo sistema sacralizado en la LOMLOU está produciendo en la forma de trabajar académicamente y las transformaciones y concomitancias que sexenios y acreditaciones tienen con el viejo sistema feudal de coligaciones y escuelas.

El examen de los procedimientos, el carácter secreto y aparentemente arbitrario de algunas decisiones, la ideologización forzada en ciertas áreas de conocimiento, y tantos otros temas, quedan fuera de la acción sindical, que sin embargo es muy activa en la negociación y consulta de la labor legislativa y reglamentaria universitaria, introduciendo mecanismos de negociación colectiva en la determinación de condiciones de trabajo que requerirían una contextualización en función del ámbito en el que se despliegan. Lo que en las relaciones laborales se conoce como un debate sobre flexibilidad contratada (colectivamente) no tiene espacio real en la construcción real del trabajo universitario, cada vez más individualizado en su vertiente de “trayectoria personal” objetivable ante las agencias de calificación de la excelencia investigadora y de la acreditación para ser profesor.

En el espacio de las condiciones generales del servicio, porque ni el sindicato habla mucho de las condiciones de la investigación y de la docencia – salvo en su vertiente de plantilla – ni se tiene en cuenta que gran parte de estas condiciones materiales – la gestión de proyectos de investigación, la sobrecarga de funciones en la gestión cotidiana de la burocracia académica , etc – están reposando sobre el PDI permanente desconectado plenamente de los proyectos de gestión de personal (PAS) que lleva a cabo la Gerencia de la universidad. Una gerencia que es incontrolable – ante todo por los sindicatos, pero cada vez más “autónoma” y autosuficiente respecto del gobierno político de la universidad – y que se presenta ante este sector de profesorado como el Gran Limosnero ante el cual solo cabe agradecimiento por los favores recibidos (en el caso que se prodiguen éstos).

Proceder a abrir un debate amplio sobre estos temas permitiría que el sector ideologizado que está afiliado o “próximo” al sindicato se sienta concernido por la acción sindical. Pero es seguro que una discusión de este tipo exterioriza líneas de acción que pueden entrar en conflicto con estrategias y prácticas del sindicato hasta ahora realizadas. También es un proyecto de discusión que necesariamente lleva consigo unas altas posibilidades de re-conflictivizar el trabajo universitario, explorando por tanto la idoneidad de la huelga como forma de participación democrática, por lo que choca con una práctica de paz laboral gestionada institucionalmente desde el diálogo social sobre la legislación universitaria y la micro-conflictividad salarial fragmentada en función de determinados rectorados, sin que normalmente el gobierno autonómico competente se vea nunca afectado o interpelado por la mediación sindical.