EL NEOLIBERALISMO NO ES INELUDIBLE (TOMAR LA CALLE)

El domingo 19 de junio, están convocadas protestas y manifestaciones en toda España bajo el lema de "tomar la calle". A ellas han convocado también CCOO y UGT, porque entienden que las reivindicaciones esgrimidas son covnergentes con las del movimiento sindical y porque resulta imprescindible aunar esfuerzos desde todas las dimensiones sociales y políticas progresistas para impedir un proceso acelerado de destrucción material de derechos laborales y para reivindicar una versión democrática y social de Europa y de nuestro país como la única salida real a la crisis económica. Siguen a continuación unas reflexiones que provienen de la intervención en Sevilla, en la Escuela Confederal de Juventud, a las que se han unido otras más cercanas derivadas de los últimos acontecimientos.

La crisis es una presencia frecuente en el sistema capitalista. La gran crisis – el crack – del 2008, con las impresionantes tasas de endeudamiento público y privado, está generando una respuesta uniforme en el plano de la economía que se suele conocer como la propuesta neoliberal. Lo que aquí interesa es tratar esta respuesta desde la perspectiva política. Ello significa que neoliberalismo integra una visión esencialmente antidemocrática, lo que resulta cuidadosamente escondido en la presentación de la propuesta. El elemento central de la respuesta neoliberal a la crisis es ante todo la reducción de los estándares de protección social y del poder colectivo sindical.

Es una visión que se beneficia de varias circunstancias. Posiblemente no se debe olvidar que el cambio de paradigma cultural se realiza con el desmoronamiento del mundo socialista y la desaparición consiguiente de visiones alternativas del sistema económico capitalista, lo que lleva a considerar la victoria incontestable del capitalismo como sistema – mundo. Pero también es perceptible en la forma de entender las relaciones entre la sociedad y el estado, un proceso de degradación de la condición de ciudadanía y la progresiva sustitución por la de consumidor. Se produce un deslizamiento de la forma de acceso a la cobertura de necesidades sociales, a través del mercado como apropiación privada, frente a la apropiación pública a través del estado. Y en ese mismo sentido se constata un decaimiento de la noción de igualdad, que se disuelve en diferencias de trato y en aspectos de la prohibición de discriminación, frente a la de libertad, sinónimo de creatividad, de facultad de elección como principio activo de la riqueza. Desde este nivel, se alimenta la construcción de imágenes sociales fuertes en torno a estos valores. En efecto, deja de considerarse el trabajo – y el trabajador como sujeto-tipo – el centro de la sociedad y de la creación de valor, porque el trabajo se fragmenta y se disloca, objetivándose como trabajo muerto y haciéndose socialmente irrelevante. Por el contrario, se exalta la figura del emprendedor – ya no más empresario ni empleador - y del trabajo por cuenta propia como figura social positiva que crea riqueza y personifica la libre empresa.

El neoliberalismo no es sólo un método de gobierno de la economía para la recuperación del excedente empresarial y de capital a nivel global. En su dimensión política, la argumentación neoliberal se repite siempre idéntica a sí misma. Se presente bajo el conocido “slogan” menos Estado, más mercado. Pero la toponimia de esos conceptos debe leerse en términos políticos como menos democracia, menos derechos, más desigualdad, más poder(es) privado(s) sin restricciones.

El argumentario neoliberal desvela una serie de obsesiones que cobran cuerpo en su forma de manifestarse preferida, los llamados “planes de ajuste” dictados por los organismos reguladores de las instituciones financieras. El “ajuste” es la epifanía neoliberal. Contiene un catálogo de medidas que se repiten rítmicamente formando una melodía muy reconocible en cualquier lugar y tiempo. De un lado, recorte y reducción de gasto social. Lo que implica reducción de salarios y de efectivos de empleados públicos, apertura al sector privado de servicios públicos y áreas sensibles del estado social – sanidad, educación, riesgos laborales – unido a la privatización de los servicios públicos “competitivos” – transportes y comunicaciones, servicios financieros. De otro impulsa reformas laborales mediante las cuales se fortalece la autoridad y el poder unilateral sin control en la ordenación concreta de la prestación del trabajo, a través de la flexibilidad no contratada, libertad de contratación y libertad de rescindir el contrato o incluso de desistir unilateralmente del mismo. Junta a ello, la liberalización y externalización del empleo a través de fórmulas de terciarización, interposición y prestamismo laboral, cadenas de producción y subcontratación que ofrece en el plano de lo jurídico un empresario complejo. Por último, el catálogo neoliberal se centra en la reducción de las condiciones de acceso a prestaciones sociales de larga trayectoria, pensiones y otros servicios sociales.

Esta melodía es la que ha interpretado la Comisión Europea y el Banco Central Europeo junto con el Fondo Monetario Internacional ante la crisis en esta región. En el caso europeo, tanto en la periferia de la zona euro (Grecia, Portugal, Irlanda, España) como en el centro (Gran Bretaña, Italia, Francia), esta salida neoliberal a la crisis se ha ido desgranando en planes de rescate, programas de “reformas estructurales” o medidas concretas que combinan alguna de estas soluciones con mayor o menor intensidad, generando importantes resistencias ciudadanas en los respectivos países. Sin embargo en Europa parece haberse establecido un umbral que no se puede traspasar, al menos nominalmente. En todos los casos, el escenario de fondo es que nadie dice querer desmantelar el modelo social europeo, ni tampoco quiere decirlo. Sólo alguna declaración más explícita ha aludido al posible (terrible) futuro: “tendremos el estado social que podamos”. Es decir, que la estrategia neoliberal propone un reposicionamiento del estado social y de la situación de los derechos laborales en el marco del contrato de trabajo como un elemento consustancial a su ordenación económica, pero entiende que en el constructum social y político del modelo social europeo estas iniciativas tienen que presentarse compatibles con la subsistencia, “en última instancia” de una situación en la que pueda reconocerse la existencia de un esquema de protección social y un cierto reconocimiento formal del poder sindical, eso sí, sustancialmente modificado en sus componentes esenciales y en su capacidad de incidencia social y política.

Un dato comparativo puede ayudar a comprender mejor este designio, y es la experiencia que sufrió Latinoamérica en la década de los 90 del pasado siglo, en donde la referencia última de un estado social y de un sindicalismo fuerte era mucho menor y estaba más debilitada por la represión salvaje realizada en la región por las dictaduras militares con la connivencia del imperialismo norteamericano. Para pagar la deuda estatal generada por las dictaduras, el esquema de ajuste del FMI generó una amplia desprotección social y posibilitó espacios enormes de condiciones inhumanas de existencia que en algunos casos culminaron en verdaderos genocidios económicos, junto con el enriquecimiento desaforado de élites políticas y económicas en un entorno de corrupción extrema. La reacción frente a estas experiencias ha venido desde la resistencia social y la actuación política que fortalece la democracia, crea y extiende derechos laborales y sociales e interviene en el mercado. La propuesta neoliberal se recuerda en la región especialmente por su alcance político devastador de las condiciones de existencia de una gran parte de la población, el empobrecimiento de la gente en una escalada terrible de desigualdad social y la hostilidad hacia cualquier forma de sindicalismo reivindicativo. Las diversas realizaciones de Brasil, Uruguay y Argentina, de un lado, o de las distintas experiencias del área andina, especialmente en el caso de Bolivia, pero también Ecuador y Venezuela, y ahora el triunfo de Ollanta Humala en Perú, demuestran el fracaso evidente de las políticas neoliberales en aquella región del globo.

Ese dato comparado trae a colación tanto la necesidad como la realización concreta de respuestas al neoliberalismo considerado como un proceso cultural, político y económico ineludible. Y estas pueden detectarse en tanto en el plano global y europeo como nacional. La cuestión es cada vez más urgente.

En el plano global, la presencia del movimiento alterglobalización, y sus múltiples manifestaciones como pensamiento contrahegemónico, es un hecho importante en la erosión cultural e ideológica del neoliberalismo y en la denuncia de sus proyectos de intervención. Pero no debe tampoco olvidarse la importancia de una tendencia cada vez más presente al cosmopolitismo y universalización de los derechos laborales y sociales como derechos humanos. La declaración de la OIT de 1998 constituyendo como un “núcleo indisponible” de los elementos que deben acompañar a cualquier relación de trabajo la prohibición de trabajo infantil y trabajo forzoso, la libertad de sindicación y la negociación colectiva y el reconocimiento del principio de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades, supone una declaración de vigencia universal de estos derechos con independencia de los compromisos internacionales a que cualquier estado se encuentre ligado, como también incluye esta validez universal, aunque de forma más genérica, el concepto de trabajo decente, también acuñado por la OIT, e incorporado a la acción sindical internacional. Por último, la construcción del sindicato – la CSI y las agrupaciones Global Unions – como sujeto conscientemente global apoya y desarrolla los aspectos más interesantes de esta realidad. De forma paulatina, va avanzando un proceso de respeto de un núcleo de derechos laborales básicos por parte de las empresas transnacionales en cualquier país en el que éstas se corporeicen, y en ese sentido no sólo se ha desarrollado una negociación colectiva de empresa global muy importante a través de los Acuerdos Marco globales, sino que recientemente los instrumentos internacionales – todavía muy imperfectos por su carencia de coercibilidad – que identifican derechos laborales básicos con derechos humanos y exigen su respeto no sólo por los Estados, sino por las corporaciones transnacionales, han sido modificados en un sentido más amplio, como ha sucedido con las nuevas Directrices de la OCDE de marzo de 2011, o la Guía de Principios sobre empresa y derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos que se dirige a las empresas transnacionales y que ha sido adoptado en la sesión de 16 de junio del mismo en Ginebra.

En el plano europeo, resulta imprescindible la recuperación de un europeísmo político y democrático que esté en condiciones de afrontar una democracia sólo de mercado o la reducción del marco constitucional europeo a las libertades económicas fundamentales. La insistencia de las autoridades de gobierno europeas en una política de depredación del sistema de derechos laborales y de contención del gasto público, como la que incorpora el Pacto del Euro por aprobar formalmente el 27 de junio, viene a ofrecer como único horizonte de sentido en Europa la radicalización de las libertades económicas del Tratado y el aumento de la desigualdad social en sus múltiples manifestaciones. En este sentido, el sindicato europeo, tal como sale del Congreso de Atenas, puede actuar como forma de agregación de intereses nacionales dispersos y como elemento canalizador de la movilización social generalizada. Esto debe culminar en la creación de una fuerte dimensión social europea, garantizada colectiva y judicialmente, y con el impulso de todos los agentes sociales en el desarrollo y puesta en práctica. Las movilizaciones del 21 de junio en Europa y del 22 de junio en España, reivindican esa vertiente democrática y social.

En el plano nacional, la respuesta tiene que pasar por construir un espacio cultural y político alternativo sobre la base del fortalecimiento de la democracia y la extensión de los derechos económicos y sociales. Se trata de una actuación difícil, porque es evidente el hermetismo del sistema político a las reivindicaciones sociales junto con el blindaje del espacio de la opinión pública a las voces no conformes con el poder. Sin embargo, una movilización de abajo arriba en defensa del programa de reconocimiento de derechos en la constitución social española, y la reivindicación de nuevas formas de legitimación de los procesos de decisión política, entre ellas la reforma del sistema electoral, la puesta en práctica de formas de participación ciudadana directa en la deliberación y adopción de decisiones fundamentales en el espacio público, son elementos muy valiosos e inseparables de cualquier visión de progreso. Además, se trata de hacer emerger las propuestas alternativas basadas sobre el principio de consecución de la igualdad sustancial en su concepción clásica de un proceso a través del cual se eliminan gradualmente las manifestaciones culturales, sociales y económicas que alientan situaciones de desigualdad real, y en donde la igualdad implica asimismo el respeto a las diferencias que expresan identidades diversas en la existencia social. Se trataría de ir fortaleciendo y extendiendo la democracia a través de una ciudadanía transversal que sitúe a los sujetos individuales y colectivos en posiciones de contrapoder y de vigencia de derechos básicos tanto en la esfera pública en general como en los lugares de trabajo, en la familia o en la escuela. La convocatoria por parte del movimiento del 15-M de grandes movilizaciones para el domingo 19 de junio, ha sido acogida positivamente por el sindicalismo confederal, que llama a la ciudadanía a sumarse a las protestas de ese día, porque entienden que es preciso un llamamiento generalizado “a la convergencia social ante la decisión de los gobiernos europeos de institucionalizar las políticas de ajuste y golpear los derechos sociales y laborales”.

Es cierto que el momento actual es complicado y que la respuesta neoliberal está muy presente y se refuerza en las decisiones políticas de los dirigentes europeos, y el Pacto del Euro es una prueba palpable de ello. Además la política como espacio de actuación y los políticos en concreto se encuentran dañados por una cierta crisis de sentido y de legitimación derivada de la indiferencia de las opciones políticas en la adopción de medidas claramente antisociales sin que las aspiraciones de los ciudadanos sean tenidas en cuenta. Y sobre los sindicatos se cierne una suerte de demonización que ha calado en una parte de la opinión pública y que convierte al sindicato y a los sindicalistas es una especie de aparato burocrático sin anclaje social ni laboral en el que se integran personas que solo se preocupan de sí mismos. El movimiento 15-M, por su parte, aunque goza todavía de una buena proyección mediática y una amplia conexión positiva con la opinión pública, está siendo atacado con fuerza por los sectores más conservadores de los medios intentando definirlos como violentos y delincuentes asociales. No merece la pena ahora rebatir estas tendencias, pero lo cierto es que se alude a ellas con mucha frecuencia y esto dificulta clarificar el tipo de propuestas que deben ser extendidas en la sociedad española, el espacio en el que se deben desenvolver estas propuestas y los representantes y sujetos colectivos que pueden dinamizar este proceso.

Pero el proceso existe y es imparable. Demuestra que el neoliberalismo no es ineludible, y que incluso en la crisis es posible preparar un escenario de cambio y de reformas desde abajo que aceleren los contenidos y las formas democráticas más allá por tanto de la defensa del patrimonio de derechos que gozan los trabajadores y sus sujetos representativos. Tomar la calle es una forma incuestionable de afirmarlo.