UNA CONTRARREFORMA INCONSTITUCIONAL (HABLA GERARDO PISARELLO)

En el elenco de intervinientes sobre la reforma constitucional, le toca hoy el turno a Gerardo Pisarello,  compañero y amigo de los blogs parapandenses y él mismo participante del muy reputado Colectivo de Jóvenes Juristas Críticos , cuyo comité de enlace latinoamericano aparece en la fotografía. La intervención de Pisarello ha sido especialmente confeccionada para su publicación en este blog, primicia informativa que debe ser resaltada. El contenido del texto no tiene desperdicio, desde luego. Leamos y difundamos, como se hacía en otro tiempo.

Miles de personas de todo el Estado, organizaciones sociales, judiciales, ecologistas y sindicales han salido a contestar el acuerdo alcanzado por PSOE y PP para reformar la constitución. No les faltan razones. El objetivo de este acuerdo no es establecer límites al déficit y a la deuda. Es endurecer aún más los ya estrictos que marca el Pacto de Estabilidad de la UE. Y otorgar a los acreedores de España y al Banco Europeo garantías inéditas de que el pago de deuda y de sus intereses tendrá prioridad sobre otras inversiones. Estas medidas son una bomba de relojería en el entramado constitucional. Y un golpe devastador al principio del Estado social y democrático de derecho y a la autonomía de comunidades y municipios. La limitación del déficit y del endeudamiento públicos no pueden tratarse como un dogma. Es un instrumento de política económica que puede servir a finalidades diversas. En un determinado contexto, su contención puede contribuir a la buena salud de las finanzas y a un fortalecimiento democrático. Por ejemplo si se acompaña de políticas fiscales progresivas, que reduzcan la dependencia del crédito externo. O si se cierra el paso de manera firme al endeudamiento especulativo del sector privado. Pero en un contexto recesivo como el actual, en el que ninguno de los grandes partidos está realmente dispuesto a impulsar estas medidas, lo más probable es que la obsesión por eliminar, y no simplemente por contener el déficit, acabe por servir a objetivos menos nobles: la privatización de servicios públicos, el recorte de derechos a los más vulnerables o la reducción drástica del autogobierno en diferentes escalas, algo que de hecho ya está ocurriendo.

Esta deriva anti-social y anti-democrática no es una mera especulación. Ha sido el resultado constatable de iniciativas similares ya ensayadas en las últimas décadas. En Estados Unidos, el Partido Republicano, con el apoyo de no pocos demócratas, intentó más de una vez introducir un techo constitucional al gasto público (al tiempo que apoyaba, sin embargo, el crecimiento del gasto militar). Este techo fue inscrito en numerosas constituciones estatales. Algunas de ellas, como la de California, incluyeron también límites a la potestad de aumentar impuestos, una de las causas de su práctica bancarrota de los últimos años. En Europa, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 fue la expresión por excelencia de esta tendencia. De manera dogmática, convirtió la obcecación anti-déficit (no más del 3% del PIB) y anti-deuda (no más del 60% del PIB) en un rígido corsé que fue constriñendo el ámbito de decisión de los Estados. La imposibilidad de ajustarse a directivas tan estrictas sin provocar un caos social llevó a la mayoría de países a combinar su incumplimiento selectivo con privatizaciones y recortes específicos. Alemania, Francia e Italia fueron durante años incumplidores crónicos. Y sólo pudieron escapar a las sanciones por su capacidad de presión política en el propio Consejo. En la periferia, los intentos de adecuarse a esta tácita Constitución europea adquirieron ribetes dramáticos. Grecia impuso una política fiscal abiertamente regresiva, pero aun así tuvo que falsear sus cuentas públicas. España, por su parte, alentó una irresponsable política de sobre-endeudamiento privado que los grandes partidos siguen alentando a pesar de que está en el núcleo de los problemas actuales.

En ausencia de voluntad para controlar a los mercados y para imponer una fiscalidad social y ambientalmente justa, la propuesta de Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy de reforzar los dogmas del Pacto, grabarlos en las constituciones y leyes de la eurozona y endurecer las sanciones para los incumplidores, no es una medida neutra. Supondrá un espaldarazo a las salidas privatizadoras a la crisis y un nuevo golpe al constitucionalismo social y democrático con el que los poderes públicos aspiran a dotarse de legitimidad. Los primeros en entenderlo así han sido los grandes grupos empresariales que se beneficiarán con estas reformas. En un gesto cercano al sarcasmo, han sugerido a los gobiernos que, como contrapartida, les impongan al menos algún tipo de impuesto a las fortunas acumuladas en estos años. El endurecimiento de las condiciones para generar déficit y endeudarse no afectarán de la misma manera a todos los países. Tendrán un impacto especial en la periferia de la eurozona, cuya vulnerabilidad social y productiva es especialmente elevada. Alemania está pagando un duro precio social por haber constitucionalizado una política económica de detalle tan rígida. Pero Alemania es el segundo exportador del mundo. Su PIB es casi la suma de España y Italia y dispone de un aparato productivo que facilita la obtención de superávit en la balanza comercial. Además es un Estado federal con un sistema de financiación y de reequilibrio territorial interno mucho más avanzado que los de los países de la periferia. Al tiempo que son forzados a contener el déficit, Berlín, Bremen, Sarre, Sajonia-Anhalt y Schleswig-Holstein perciben 800 millones de euros anuales que, aunque insuficientes, les ayudan a consolidar las cuentas.

En una economía como la española, de hecho, el objetivo de reducción drástica del déficit y de la deuda es incompatible con la consecución de principios y derechos básicos contemplados en la Constitución de 1978, en los Estatutos de Autonomía y en numerosas Declaraciones y Tratados internacionales en materia de derechos ratificados por el Estado español. De entrada, comportarían, sobre todo si se privilegia el pago a los acreedores sobre otras inversiones como pretende la reforma, renunciar a objetivos constitucionales como los del Estado social (art.1.1), la igualdad real y efectiva (art. 9.2) o la autonomía política y financiera de las Comunidades Autónomas y los municipios (arts. 2, 140, 142 y 156). La pretensión de incluir, junto a los objetivos de reducción del déficit, excepciones en caso de "catástrofe natural, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado" resulta un contrasentido. Ante todo, porque dicho escenario de insostenibilidad social ya existe en ámbitos como el de la vivienda, la salud, la educación o en el laboral, y las reformas no harán sino agravarlo.

Tras tras doblegarse ante las consignas del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario germano-francés, la ministra Salgado dijo que había colocarse a la “vanguardia europea". Estas declaraciones reflejan bien el desconcierto del gobierno y la descomposición de la identidad socialdemócrata. Y no están privadas de consecuencias. La reforma obligará a sacrificar a unas generaciones precarizadas que, además de no votar la actual constitución, están siendo víctimas privilegiadas de sus límites e incumplimientos. En este contexto, el empeño en llevarlas adelante o la negativa a discutirlas, al menos, en referéndum, sólo agudizarán la impugnación que el 15-M y el conjunto de movilizaciones sociales y sindicales en marcha, han lanzado al actual régimen político y económico. Esta impugnación podrá convertirse en la exigencia de una reforma con contenidos alternativos. Pero sobre todo cargará de razones a quienes, como en Islandia, exigen, no señales que “calmen a los mercados”, sino procesos constituyentes que los sometan a lógicas genuinamente democráticas, priorizando los derechos de todas las personas sobre los beneficios de pocos.