En estos días de tránsito al año doce de nuestro siglo, las reformas laborales se reclaman insistentemente de la crisis y se ofrecen como la solución a la misma. Es cierto que llevan demasiado tiempo presentándose como el único camino hacia la recuperación del empleo, y que se encabalgan desde mayo de 2010 con independencia de la procedencia ideológica de los dos grandes partidos institucionalizados en nuestro país, el PSOE y el PP. Ahora sin embargo, la inminencia de un nuevo gobierno del Estado español que coincide con la misma pertenencia política que la abrumadora mayoría de los gobiernos autonómicos y de los más importantes gobiernos locales, hace presagiar que, en cuanto se constituya y tome posesión, una nueva oleada de reformas laborales se pondrá en marcha, en la misma dirección que la que siguieron sus inmediatos precedentes bajo el gobierno del PSOE.
Tiempo habrá por tanto de insistir en el significado, la función y el objetivo real de estas reformas - viejas y nuevas - y en el valor añadido de las que se proclamen desde el gobierno de Mariano Rajoy. Es seguro que los juristas del trabajo en su gran mayoría son muy críticos con estos permanentes movimientos normativos que pretenden hacer retroceder los estándares de vida y de trabajo de una gran parte de la población trabajadora. En los últimos días, sin embargo, y posiblemente ante la cercanía de este "cambio" de gobierno, no han sido frecuentes las intervenciones públicas de los iuslaboralistas. En los encuentros colectivos recientes se han analizado fundamentalmente las reformas de tipo procesal, la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, o la reforma de la Ley Concursal, pero no se ha intervenido ni sobre los últimos desarrollos de las medidas de empleo, ni sobre la regulación de la negociación colectiva efectuada por Decreto-Ley en junio. En este sentido, y felizmente, se han mostrado más activos después de las elecciones del 20-N los economistas críticos.
Por otra parte, y en el sector académico, la política de recortes en la enseñanza pública ha afectado en algunas Comunidades Autónomas también a la Universidad, y la inminencia de los presupuestos autonómicos para el año 2012 mantiene en suspenso a los profesores universitarios, que observan la especial inquina que el poder político que se reclama de la ideología conservadora mantiene frente a los servicios públicos de la educación. Esta situación de espera incómoda de la aplicación concreta de los recortes a los fondos universitarios y a la plantilla de la universidad - PAS y PDI - ha repercutido asimismo en una suerte de mutismo provisional frente a los últimos desarrollos normativos en materia de política de empleo y - lo que a su vez es globalmente preocupante - frente a las propuestas que organizaciones como la CEOE-CEPYME, de evidente influencia en el nuevo gobierno por venir, han realizado en una línea de claro desbordamiento autoritario del marco institucional de las relaciones laborales democráticas. La propuesta de despido de 900.000 funcionarios autonómicos, o la legalización de los mini-jobs, parece que ha sustituido la melopea anterior sobre el "contrato único".
Los más jóvenes entre los iuslaboralistas siguen sin embargo atentos a estas evoluciones normativas y políticas. Como muestra, dos ejemplos nada más. El primero, las intervenciones de Joaquín Pérez Rey en el contexto de un reportaje de Público sobre la propuesta de Rosell sobre los mini-jobs.
El segundo, un artículo de Laura Mora Cabello de Alba que se publicará en el periódico Diagonal sobre el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas, y que lleva por título "Trabajar gratis ¿para trabajar todos?", y en él se enlazan los tres movimientos de reforma sobre el trabajo juvenil, la ley 35/2010, el RDL de 26 de agosto de 2011 que reforma el cotnrato para la formación y el parendizaje y este último Real Decreto de 31 de octubre. El enlace preciso se suministrará más adelante, pero el sitio del digital de Diagonal es www.diagonaldigital.net .
Una buena costumbre, por tanto, que no debe perderse, ni siquiera provisionalmente.
( Y no se pierdan la jocundia del blog de Joaquín Aparicio en su entrada "La extrema derecha descubre que el derecho social no protege al trabajador" . Sólo tienen que clicar a la derecha de esta columna, en la sección de blogs amigos )
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