¿IMPORTA LO QUÉ DICEN LOS JURISTAS DEL TRABAJO SOBRE LA REFORMA LABORAL?

La asociación Jueces para la Democracia ha hecho público un comunicado en el que  considera que la aprobada reforma del mercado laboral constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta. Y añade: "Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario. Por todo ello, Jueces para la Democracia quiere expresar su solidaridad con los trabajadores en el ejercicio de sus reivindicaciones, manifestando su apoyo a la Huelga General convocada por los Sindicatos para el día 29 de Marzo de 2012"

Este comunicado ha provocado la siguiente reflexión sobre el discurso de los juristas ante la reforma laboral permanente.

Sobre la autodenominada reforma del mercado de trabajo llevada a cabo por la norma de urgente necesidad RDL 3/2012, son muchísimas las intervenciones públicas desde el gobierno y los partidos políticos, tanto los que sostienen la modificación legislativa como los que se oponen a la misma. De regreso a una nítida separación entre izquierda y derecha, reuniendo cada una de estas dimensiones todas las tonalidades de los respectivos colores, en el discurso político se ha instalado con fuerza el debate en torno a la significación y las consecuencias de esta profunda modificación legislativa. Es sin embargo el espacio de lo social el que se está agitando con más fuerza a lo largo de un ya largo proceso de movilización generalizada que ha ido sumando conflictos sectoriales de enorme trascendencia socio – política, como los de la enseñanza secundaria – la marea verde – y la sanidad, pero que se está actualmente construyendo a partir de una reivindicación general que atraviesa la figura del trabajador industrial y de servicios y que se despliega hacia la de ciudadano cuyo patrimonio de derechos sociales está siendo saqueado por los poderes económicos y los privilegios de una capa social empeñada en aprovechar la continuada presencia de la crisis para acentuar su poder y profundizar las desigualdades económicas y sociales. En este espacio, los sindicatos confederales se presentan como los sujetos capaces de elaborar un proyecto de resistencia y una propuesta alternativa al cambio de modelo colectivo y laboral que lleva a cabo la ley y que se quiere presentar como una medicina amarga pero necesaria para recuperar la economía y el empleo. Las asociaciones empresariales y sus pintorescos interlocutores juegan en este campo simbólico como personajes secundarios que dictan su papel apoyando el protagonismo pleno del partido político que sostiene el gobierno y su reforma laboral.

Desde otras esferas con incidencia en la vida social, son sin duda los medios de comunicación, los periodistas y los creadores de opinión quienes han tenido asimismo un gran peso específico en la contextualización de la reforma y en su labor de metabolización por el público. Con ciertas diferencias, en este campo sin embargo, se aprecia una clara descompensación en torno a la defensa – aunque quizá sin el entusiasmo de algunas posiciones – de las grandes líneas de la reforma laboral. Los economistas, que durante la etapa reformista de Zapatero (2010 especialmente) habían estado especialmente activos, en especial a través del lobby ideológico de FEDEA, han resultado apaciguados en su mayor parte ante el actual panorama, que ha acogido en lo sustancial el ideario neoliberal como paradigma científico dominante. La desaparición virtual de los sociólogos en este debate, plantea el interrogante sobre los especialistas en derecho del trabajo y de la seguridad social, directamente afectados por esta reforma normativa.

¿Qué dicen los juristas del trabajo sobre la reforma? Esta primera interrogante debe sin embargo acompañarse de otra inmediatamente posterior, sin duda más significativa. ¿Sirve de algo, importa a alguien, lo que piensen los juristas del trabajo sobre la reforma? Es una cuestión relevante porque desde hace algún tiempo, desde el comienzo de la crisis, da la impresión que la opinión de los iuslaboralistas no ha sido valorada como determinante o condicionante del contenido de las normas laborales. Y, a lo que parece, tampoco esta capa de juristas intervino activamente en el debate público sobre el ya largo proceso de reformas del trabajo y de la protección social desde mayo de 2010, permaneciendo confinada – salvo alguna minoría de configuración ideológica plural – en el terreno de lo académico. En el debate actual, se ha puesto en valor la presencia en el espacio del debate y de la opinión, de los juristas prácticos. En las tertulias y círculos habituales del enaltecimiento del gobierno, es frecuente la presencia del abogado – de empresa, por supuesto - como experto en las consecuencias posibles y futuras del cambio normativo.

Quienes se dedican al estudio del derecho del trabajo y quienes deben trabajar con este material normativo en un proceso de depuración y de conformación de situaciones jurídicas correspondientes a los derechos laborales y a la estructura institucional de los sujetos colectivos que pueblan este territorio normativo, tienen sin embargo mucho que decir sobre el diseño legal y sus consecuencias. Comienzan a hacerlo, ciertamente, a partir de los instrumentos de comunicación científica de los que disponen – las revistas jurídicas, y las conferencias o seminarios - pero también en otras dimensiones más “abiertas”, como los artículos divulgativos en prensa o los “blogs” personales. Pero se percibe que esta vez van a alzar más la voz, ser más activos presentándose como un colectivo, con la fuerza que lleva consigo la expresión de un sentir mayoritario en este campo jurídico, ante la magnitud del reto normativo planteado.

Algunos datos recientes lo ponen de manifiesto, emergiendo del torrente progresivamente acelerado de figuras sociales y grupos que aprovechan la huelga general como un fenómeno extenso de participación democrática. El comunicado de Jueces por la Democracia – que ha reproducido el blog hermano Metiendo Bulla – es especialmente llamativo por lo que afirma y por la solidaridad activa que manifiesta en torno a la convocatoria de la huelga del 29 de marzo. Es seguro que en la próxima semana se hará público un manifiesto de los catedráticos de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en donde se critique fuertemente el cambio de modelo respecto del construido constitucionalmente, la vulneración de los compromisos internacionales y su finalidad desreguladora y antisindical del RDL 3/2012. Se van desgranando en artículos de prensa, en entrevistas y en informaciones “ad hoc” las opiniones de profesores universitarios especialistas en derecho del trabajo, en su generalidad confrontadas – con mayor o menor amplitud – a las normas reformadas.

¿Importa esta actitud crítica de los juristas del trabajo frente al RDL 3/2012? Habituados a medir la utilidad o la importancia de estos fenómenos culturales en razón de su aceptación por el poder político o mediante su institucionalización como pensamiento hegemónico, es evidente que el discurso demoledor de la reforma legal no va a tener ninguna aceptación en las esferas del gobierno, donde ni siquiera es posible que sean tenidas en cuenta a la manera despreciativa al uso. Pero por el contrario, contemplado el discurso desde el movimiento sindical y ciudadano, su relevancia es muy grande. La capacidad de reconstruir el momento jurídico como un espacio abierto en el que se deben preservar los valores y los derechos constitucionalmente reconocidos es muy decisiva para la administración concreta de la reforma una vez se convierta en ley por el parlamento. La legitimidad de la norma es también resultado de quienes la estudian y la interpretan, de quienes la analizan y explican. Y la necesidad de derogar y revocar las opciones regulativas que están presentes en ella, puede ser eficazmente alentada desde la teoría académica.

Es por consiguiente importante que hablen los juristas del trabajo alto y claro. Como se está comenzando a hacer de manera mayoritaria.