Las confederaciones sindicales más representativas en el ambito estatal, han presentado esta mañana dos quejas
ante la oficina de la OIT en Madrid, por violación de la libertad sindical y
del derecho a la negociación colectiva por violación de derechos de los
trabajadores, referidos a la terminación de la relación de trabajo.
La primera queja se dirige
contra el Gobierno español por infringir varios convenios de la OIT con algunos
contenidos del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes
para la reforma laboral como:
· La ausencia de
cualquier tipo de consulta previa con las organizaciones sindicales más
representativas.
· La imposición de
la primacía de la negociación en el ámbito de la empresa, con independencia de
la que pudiera ser voluntad compartida de sindicatos y organizaciones
empresariales, prohibiendo, por tanto, negociar modulando o excepcionando la
regla de la prioridad absoluta del convenio de empresa.
· La posibilidad
del “descuelgue” empresarial, es decir, de inaplicar lo pactado en convenio
colectivo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, sin
necesidad de acuerdo con los negociadores del convenio ni siquiera con la
representación de los trabajadores en la empresa, con imposición de un
arbitraje administrativo obligatorio.
· La sustitución de
la flexibilidad interna negociada, por la decisión unilateral del empresario,
que puede sin acuerdo con los trabajadores decidir no aplicar condiciones de
trabajo pactadas en acuerdos de empresa con la representación de los
trabajadores.
Además de vulnerar varios convenios de la OIT, este Real
Decreto-ley se ha aprobado en contra del II Acuerdo para el Empleo y la
Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 suscrito el pasado 25 de enero por UGT,
CCOO, CEOE y CEPYME.
La segunda reclamación se
dirige también contra el Gobierno de España por haber dictado este Real
Decreto-ley vulnerando derechos de los trabajadores, referidos a la terminación
de la relación de trabajo, mediante:
· La fijación de un período de prueba de un año
en la nueva modalidad de contrato indefinido, que implica el establecimiento de
un despido sin causa y sin una indemnización adecuada.
· La nueva regulación de las causas de despido
económicas, técnicas, organizativas o de producción, que conlleva que los
trabajadores pueden ser despedidos sin una causa de suficiente entidad y
proporcionalidad y sin verdadero control judicial de la decisión empresarial.
· La supresión de los salarios de tramitación en
caso de opción por el empresario de la extinción del contrato, ante la
declaración judicial de la improcedencia del despido.
· La inclusión como
causa de despido objetivo por absentismo de las faltas de asistencia al trabajo
motivadas por enfermedad o lesión aún debidamente justificadas.
En una rueda
de prensa conjunta tras hacer entrega de los documentos a Nieto, Méndez ha
explicado que hay argumentos "muy sólidos" para denunciar la reforma
laboral ante la OIT "como una violación de varios convenios suscritos en
su momento por España con esta organización".
Al mismo
tiempo, Méndez ha explicado que en su queja ante la OIT, los sindicatos dejan
patente que la reforma laboral "viola" el acuerdo que suscribieron
con las patronales CEOE y Cepyme en materia de negociación colectiva y que ha
definido como una "buena fórmula" para combatir la crisis sin
destruir empleo.
Toxo, por su
lado, ha advertido de la "gravedad" de lo que está sucediendo con el
derecho al trabajo en España y ha agradecido al director general de la OIT,
Juan Somavía, que haya hecho una primera intervención ante el Gobierno español
para denunciar la interrupción del diálogo social. Por el momento, los
sindicatos desconocen las explicaciones que ha dado el Ejecutivo de Mariano
Rajoy al respecto.
Tanto Méndez
como Toxo han confiado en que la OIT acepte las quejas que han presentado, que
ahora pasarán a ser analizadas por el Comité de Libertad Sindical y el Consejo
de Administración de esta entidad, de forma que el Gobierno se vea obligado a
rectificar la reforma laboral.
En este
sentido, los dirigentes sindicales han advertido de que, aunque la pertenencia
a la OIT es voluntaria, de aceptarse que el Gobierno español ha incumplido
varios de los convenios suscritos con esta organización y no asumir sus
recomendaciones, se estaría situando "al margen de la legalidad
internacional".
"Esperamos
que la OIT reclame al Gobierno español que repare aquellos daños sociales y
laborales que produce la reforma laboral. Tenemos esperanzas fundadas de que
atienda estas quejas, porque la reforma laboral lo que provoca es paro. Hablar
en España de paro es hablar de esta reforma laboral y también de los
recortes", ha denunciado Méndez.
Los
dirigentes sindicales también confían en que la Defensora del Pueblo, María
Luisa Cava de Llano, presente finalmente un recurso de inconstitucionalidad
contra la reforma laboral, decisión que tendrá que tomar a más tardar mañana,
cuando finaliza el plazo. "Esperamos tener noticias en las próximas horas
y que se presente ese recurso", ha apuntado Toxo.
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