CONSTITUCIÓN, PODER CONSTITUYENTE, DEMOCRACIA (A PROPÓSITO DEL 25-S)

Como hoy es 25 de septiembre (25-S), una fecha en la que se ha invertido mucho más espacio mediático que en la manifestación del 15-S convocada por la Cumbre Social y los sindicatos de clase, puede ser importante aprovechar para discutir sobre una tendencia que se parecía de forma muy recurrente en un sector de los “espacios organizativos” plurales que convergen en una movilización social frente al proyecto neoliberal.

Ha sido Agustín Moreno, en uno de sus siempre sugerentes correos generales, quien me ha suministrado una dirección en la web en la que he podido ver a Teresa Forcadas, una monja de la orden de San Benito, médico y teóloga, que consiguió un cierto espacio en los medios por su denuncia de la vacuna contra la gripe A, y que últimamente fue también noticia por proponer la convocatoria de una huelga general indefinida contra un gobierno que legisla no a favor del pueblo sino para favorecer a una minoría. Forcadas explica en el video de forma muy sencilla el objetivo perseguido por los primeros convocantes del 25-S. La idea era la de convocar una manifestación masiva para ocupar el Parlamento – las Cortes – hasta que éste se disuelva. Sabemos que este primer significado ha sido muy debatido en el seno del movimiento del 15-M por considerarlo arriesgado, provocador y contraproducente, y que la convocatoria de hoy tiene un sesgo diferente, pero lo importante es el sentido general que esta iniciativa tiene, como resalta la religiosa: abrir un período constituyente para renegociar el pacto social en España.

De una forma diferente, pero compartiendo ese mismo objetivo, el 21 de septiembre se publicó en el digital de Público un artículo firmado por Antonio Romero, Alberto Garzón y Nico Sguiglia, que llevaba por título “Por un nuevo proyecto de país. Apuntes para avanzar hacia un Nuevo Proceso Constituyente”. La afirmación del comienzo era rotunda y clara: “A pesar del esfuerzo de millones de trabajadores y trabajadoras españoles que lucharon por institucionalizar sus conquistas sociales, a día de hoy nuestra Constitución es papel mojado”. Son las oligarquías financieras y el neoliberalismo quienes impulsan un contraproceso constituyente para acabar con el Estado de Bienestar, pero lo importante es que pueden hacerlo porque los derechos constitucionalmente garantizados no están vigentes, son solo “papel mojado”.

Sobre la base de ese diagnóstico, los autores piden una convocatoria de un nuevo proceso constituyente que delimite un nuevo modelo de democracia y una nueva constitución sobre algunos ejes muy concretos, mas fijados sobre la estructura del estado y de la administración que sobre el tema de los derechos, aunque en materia de relaciones laborales, la propuesta está definida: “Las relaciones laborales deben ser repensadas de acuerdo con las características del nefasto modelo productivo español. La nueva carta constitucional debe tener presente la necesidad ante todo de proteger y garantizar la reproducción de la vida de nuestras sociedades, garantizando el acceso al trabajo digno, a una renta básica de ciudadanía, a la salud, la alimentación, la educación, la vivienda y a una Internet libre y neutral como derechos fundamentales y absolutamente prioritarios. La puesta en marcha de un nuevo modelo productivo capaz de activar las capacidades productivas de nuestra sociedad y de generar empleo en condiciones de dignidad es absolutamente prioritario. Sin embargo, no puede quedar subordinado el derecho y las garantías de una vida digna a la posesión de una relación laboral formal, cuando las elites financieras y gobiernos afines convierten el paro y las relaciones laborales precarias e informales en una tumba de la dignidad humana.”

Prescindiendo de la ausencia de derechos colectivos como sindicación, negociación colectiva y huelga en este “repensamiento” del marco de relaciones laborales, esta propuesta insiste, como también era el objetivo primigenio de la convocatoria del 25-S, en la apertura de un período constituyente ante el agotamiento real de la “democracia de baja intensidad” en la que nos movemos.

Ambas iniciativas sin embargo enfocan como centro de la movilización objetivos secundarios. Lo es el Parlamento, cuando precisamente se ha señalado como característica de esta crisis la irrelevancia de este órgano en la producción de las reglas y de las normas de la crisis, que se generan en el gobierno exclusivamente –el gobierno legislador por vía de urgente necesidad es el único poder legislativo real desde 2010 hasta hoy – y que ni siquiera se presenta como un lugar de debate ideológico, ante la conversión de los procedimientos de elaboración de las normas en un proceso urgente, cerrado a la discusión y opaco a la ciudadanía, en donde la mayoría absoluta del Partido Popular, con el beneplácito intermitente de Convergencia i Unió, traspone mecánicamente las decisiones adoptadas por un gobierno que goza, como presume su presidente, de “estabilidad política plena”.

Considerar la constitución y su sistema de derechos y garantías “papel mojado” es además equivocado, porque justamente la estrategia del movimiento sindical y de tantos millares de ciudadanos que se llevan movilizando desde comienzos de este año – y antes, a partir de mayo de 2010 – es la de revalorizar la constitución y los derechos sociales como posiciones de resistencia frente a la agresión neoliberal, como elementos político – democráticos vigentes que deben hacerse respetar y que deslegitiman la acción política de gobierno que, justamente, se califica de inconstitucional. De esta manera, si la constitución y su sistema de derechos es irrelevante, no hay cuestionamiento de la validez – no sólo de la legitimidad – de la acción del gobierno, que no sólo es incorrecta política y económicamente, sino que no es válida jurídicamente y es inaceptable en términos del constitucionalismo democrático.

Pero además, centrarse en la dimensión nacional como elemento decisivo de los procesos organizativos de la resistencia colectiva, es insuficiente. Ignorar la dimensión europea del problema político actual es reducir en una gran medida nuestras capacidades de observación y de crítica. El problema no es que España abandone el euro – de nuevo una perspectiva nacional – sino si es posible que el sistema monetario unificado y el mercado común sean compatibles con la idea democrática en el ámbito de la Unión Europea. Es decir, que resulta cada vez más decisivo que en el espacio político de la izquierda se aborde de forma prioritaria el tema de la Europa política y democrática – que recientemente están volviendo a proponer Habermas y Balibar - que haga suya la idea de la ciudadanía europea no como un elemento retórico sino como una categoría política construida como un espacio de conflicto, y que se mueva alrededor de una idea de democracia no sólo representativa, sino también participativa y conflictual.

La reflexión sobre la Constitución tiene que proyectarse en un debate sobre la constitución de mercado que está vigente en Europa y su necesaria transformación en una constitución política y democrática. Este es el terreno de la reflexión de la izquierda que paradójicamente puede producir más conclusiones verdaderamente efectivas en el plano político interno. Los sindicatos parecen haberlo comprendido, puesto que conocen que solo un reforzamiento - en muchas ocasiones la creación ex nihilo - de los mecanismos democráticos en el espacio europeo permite la generación con fuerza de un espacio social que se imponga a un orden económico cada vez más injusto y desigual. Es decir, que hay que resolver la contradicción entre un espacio normativo neoliberal expansivo y un sistema de derechos sociales garantizados constitucionalmente en los ordenamientos nacionales en el lugar donde la contradicción es más aguda, impulsando una verdadera “refundación” en Europa de la democracia social que sus textos y declaraciones de derechos reconocen como un elemento cultural, no materializable en el espacio europeo.