HUELGA, REFERÉNDUM

No es necesario insistir en la continua degradación del marco de derechos en el que se desenvuelven las relaciones laborales en España. La Ley 3/2012 ha acentuado los perfiles más negativos y autoritarios de su predecesor, el RDL 3/2012. Las últimas normas de desarrollo, como el RD 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada en el empleo público, exasperan los ataques al trabajo y a sus garantías y requerirán correcciones severas en la vía jurisdiccional para poder ser compatibles con el ordenamiento jurídico. 

La reforma laboral está acompañando a un verdadero cataclismo en nuestras relaciones de empleo. El trabajo se desploma y cada vez hay más personas que lo pierden y que no lo obtienen.  Los datos son escalofriantes. Desde el segundo semestre del 2010, con las primeras medidas de reforma y los cuatro millones y medio de parados, se ha pasado a los cinco millones a finales del 2011, para acelerarse cada vez más hasta este tercer trimestre del 2012 con cinco millones setecientos ochenta mil trabajadores y trabajadores sin empleo, un 25% de la población activa. No es necesario ponderar el efecto alentador de la destrucción de empleo que ha ido teniendo el nuevo marco de relaciones laborales. Pese a las grotescas declaraciones de la Ministra de Empleo – qué tremenda contradicción – y las gemelas afirmaciones de los responsables de economía señalando que se requiere solo paciencia o, en su caso, mayor perseverancia, para que la cosa funcione, la aniquilación de puestos de trabajo es permanente, y la situación afecta asimismo al empleo público. La inexistencia de cualquier oportunidad de empleo, privado o público, se acompaña de una contracción del consumo social y de una reducción generalizada de salarios.

La acción del gobierno no sólo es incorrecta política y económicamente, sino que no es válida  jurídicamente y es inaceptable en términos del constitucionalismo democrático. La huelga general del 14 de noviembre es por tanto la reacción adecuada ante tal estado de cosas. Se trata además – y nunca se insistirá en ello suficientemente – de una jornada de lucha europea, en la que convergen la convocatoria de huelgas generales en varios países del sur de Europa, y en la que participa, a través de otras movilizaciones menos potentes, el conjunto del sindicalismo europeo. La huelga general tiene un decidido carácter político, y se ejerce en un país como España, en el que tanto la autoridad privada como la pública se encasillan en un autoritarismo cerrado y lesivo de los derechos ciudadanos. Despidos arbitrarios y discriminatorios, amenazas y represalias en el trabajo, ataque en toda regla a los sindicatos y sus estructuras de funcionamiento, vulneración de los derechos de manifestación y de expresión, inexistencia de prensa y medios de comunicación independientes, detenciones ilegales, todo ello integra la cotidianeidad de este momento histórico. La huelga por consiguiente reacciona frontalmente en el plano de la política democrática contra una política autoritaria que pretende negar la participación y los derechos de todos y todas dentro y fuera del trabajo. 

La huelga exige además que se convoque un referéndum en el que se consulte al pueblo sobre las medidas adoptadas por el gobierno en el marco de la llamada “austeridad”. Es evidente que en el período electoral en donde se abre el espacio público en el que participan los ciudadanos y ciudadanas de un país para elegir el gobierno de una nación sobre la base de un programa y unas medidas concretas, el Partido Popular no ha cumplido con este compromiso democrático. Durante ese tiempo de debate, en el que por cierto tanto el PP como el PSOE han prácticamente monopolizado el espacio de discusión en los medios de comunicación, ni el candidato a Presidente de Gobierno ni ninguno de sus principales figuras públicas precisaron las medidas concretas que iban a adoptar en el caso de poder formar gobierno, y las que defendieron han sido completamente ignoradas o negadas una vez obtenida la mayoría absoluta. Todo el complejo normativo elaborado inmediatamente después de las elecciones contradecía el discurso público mantenido durante el proceso electoral. En esas condiciones, el proceso de formación de la voluntad popular ha resultado viciado, y debe en consecuencia ser reparado mediante una consulta popular.

Movilizar en torno a la exigencia de un referéndum, no es una propuesta oportunista, sino oportuna. Es ya común escuchar y leer – fundamentalmente en los diarios digitales y en las redes sociales, únicos espacios de información libre – que personas que han votado al PP se sienten traicionadas y engañadas porque el programa de este partido no contemplaba ninguna de las medidas luego puestas en práctica. Y es evidente que sustraer el programa real – la hidden agenda -  al debate público ha falseado asimismo la respuesta política de los adversarios, que carecían de medidas específicas sobre las que contrastar y debatir programas e ideologías.

La propuesta del referéndum es, en sí misma considerada, un paso adelante en la reivindicación de instrumentos de participación democrática que vayan forzando la presencia en el cuadro institucional de una ciudadanía activa y movilizada por objetivos de democratización real de la sociedad. Es muy común entender que el poder público sólo convocará un referéndum si está seguro de ganarlo. Pero, sin considerar totalmente segura la anterior afirmación, lo importante del referéndum no es tanto que se gane o se pierda, sino que se haga, porque este hecho implica la apertura de una decisión pública relevante a la consulta de toda la población. El referéndum sobre la OTAN, por ejemplo, permitió una polarización muy intensa, un amplio debate, en torno a las opciones del atlantismo, que hábilmente se mezclaron con el europeísmo de manera indisoluble para lograr una respuesta positiva. El resultado que tantos españoles no querían, permitió sin embargo contar con una mayoría de la población que se expresó en un punto muy decisivo de la acción política de gobierno, la política de alianzas en el exterior. Y, en el plano interno, fue el elemento catalizador de un importante movimiento político nucleado en torno a la izquierda, que obtuvo una representación parlamentaria más que aceptable, pese al castigo que el procedimiento electoral otorga a las opciones no bipartidistas, y una presencia social indudable en muchos sectores de la población.

La exigencia de referéndum – y la petición del mismo a nivel individual en una dirección electrónica – expresa de manera directa la realidad de una acción de gobierno carente de legitimidad. Ni jurídica – por inconstitucional – ni legal – en cuanto una gran parte de su entramado normativo busca sencillamente la confiscación de los derechos de las clases subalternas – ni social, puesto que los efectos de la política de austeridad en las personas y las familias está causando un incremento pavoroso de la desigualdad económica  y un mayor sufrimiento de mujeres y hombres. Con la movilización en torno a la huelga del 14 de noviembre, se quiere expresar este estado de cosas.

Para exigir a título individual el referéndum, se puede hacer desde este link, recogida firmas referendum