DESPIDOS, SINDICATO, CRISIS

(En la foto, el titular del blog utiliza un medio de comunicación ya en desuso para ser informado de cuántas empresas públicas y administraciones sociales han procedido a eliminar plantilla en la última semana, y en qué regiones de España se procede con más velocidad al desmantelamiento de las estructuras de protección social).

Se han venido sucediendo en los últimos días algunas reflexiones sobre la diferencia - ¿la distancia? – entre el sindicato en la empresa y su actividad en los centros de trabajo y la movilización social y ciudadana a la que el mismo sindicato y sus miembros dedican una parte muy considerable de su actividad. López Bulla ha recogido la inquietud expresada por una buena parte de cuadros sindicales respecto de la debilidad sindical en los centros de trabajo causada por la dificultad de acción colectiva en un marco de crisis  brutal de empleo, que se contrapone a la presencia cada vez más activa e influyente del sindicato como sujeto socio-político en el espacio de la ciudadanía (http://lopezbulla.blogspot.it/2012/12/en-los-debates-que-he-tenidoen-palma-de.html) 

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Se trata de un debate que debe explicitarse en función de las características concretas de cada sector de producción, y que también tiene que ver con la propia estructura de la negociación colectiva, la articulación y la “descentralización” controlada de la misma. Lo que resulta evidente, en todo caso, es que la acción sindical en los centros de trabajo está en la actualidad enormemente lastrada por la exacerbación de una situación de crisis generalizada de empleo que atenaza y paraliza cualquier acción colectiva, impide de hecho la negociación desde cualquier posición de fuerza, puesto que la amenaza del cierre de la empresa o de la pérdida del puesto de trabajo es suficiente para desmantelar cualquier “cinturón de protección” de los derechos laborales. La protesta que se expresa en la huelga, por tanto, sufre por esta situación y la percepción de un más que posible ejercicio violento del poder empresarial de ruptura de la relación laboral como retorsión frente a la abstención del trabajo y la paralización de la producción  funciona como un inhibidor masivo de la participación en estas acciones colectivas. Sectores como el de hostelería, especialmente sensible a la precariedad y a la estacionalidad, y con una patronal extremadamente autoritaria, puede ser un ejemplo de ello, para lo que se puede consultar la tasa de participación de los trabajadores y trabajadoras de este sector en la huelga general del 14 de noviembre. 

Sin embargo hay también espacios de actuación sindicales cuyo ejercicio puede producir un cierto distanciamiento entre los trabajadores representados y el sujeto que les representa. El caso más reciente es el de los despidos exigidos por la Comisión Europea como contraprestación a la recepción de cuantiosas ayudas económicas.  Las medidas impuestas por la Comisión Europea para cuatro entidades especialmente afectadas  -Bankia, CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Banco de Valencia- significan la imposición de reducir su tamaño en más del 60% hasta el 2017, a cambio de recibir una ayuda pública de 37.000 millones de euros, de los que 17.960 millones irán a Bankia, otros 5.425 millones a Novagalicia, 9.080 millones a CatalunyaCaixa, y otros 4.500 millones al Banco de Valencia. La respuesta sindical se ha expresado de manera diferente en los medios de comunicación. La UGT ha resaltado que los despidos que pide la Comisión Europea para las entidades nacionalizadas son "inaceptables", y que abordará las negociaciones con la intención de reducirlos todo lo posible; Comfia-CCOO “celebraba que la Unión Europea no aplicara la reforma laboral en la restructuración del sector” y que por tanto fuera posible la negociación sindical de las consecuencias de esta orientación de la Comisión Europea (http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/comfia-ccoo-celebra-que-la-ue-no-aplique-la-reforma-laboral/20121128145325084707.html).

Dejando de lado la retórica diferente empleada por los dos sindicatos, la idea de contraponer reforma laboral y negociación de las consecuencias de la crisis es una enunciación errónea. Pocos saben que se trata de una reacción a la actitud sectaria del Banco de España en el FROB y el caso del ERE del Banco de Valencia en el que se ofrecen tan sólo 20 días por año como indemnización del despido, pero origina equívocos. En primer lugar porque la Unión Europea no puede por menos que hablar de un proceso de consultas y por tanto de negociación al que obliga la normativa comunitaria sobre despidos colectivos. La ley española acoge formalmente este período de consultas, lo que sucede es que lo desnaturaliza al no requerirse el acuerdo para que la decisión del empresario cobre vigencia y sea definitiva. El problema es por tanto si en la negociación el sindicato tiene suficiente fuerza como para corregir o limitar la orientación comunitaria de proceder a una depuración de plantillas y si por consiguiente la propuesta de la AEB va a poder ser contrapesada por un plan alternativo sindical en este tema, pero esto es un problema general del que el sector financiero no constituye una excepción. Parecería que el sector financiero se sitúa en un espacio de inmunidad respecto del resto de los sectores industriales y de servicios del país, a los que se sugiere que se les aplicaría en todo caso la disciplina unilateral del empresario en la destrucción de empleo, sin que el sindicato tenga en aquellos posibilidad de negociarla, lo que no es cierto. 

Además, la negociación que se plantea en un contexto  de sobreprotección y financiación pública de la deuda privada de las entidades financieras, puede por tanto interpretarse como mejora competitiva sobre  las condiciones de salida del empleo en relación con otros sectores: prejubilaciones e indemnizaciones más altas (“no se nos aplica la reforma laboral”). Pero esta posibilidad – que hay que ver si se materializa en los hechos – no se presenta como una consecuencia del mayor poder del sindicato en este sector, sino como una consecuencia de la situación de privilegio del sector financiero español al que se sacrifican salarios y derechos sociales del resto de los trabajadores y trabajadoras del país. Son datos que alejan a los trabajadores como opinión pública  de la actuación del sindicato como organización de trabajadores, que se presenta como un sujeto corporativo que defiende una posición de prevalencia de un grupo de trabajadores frente al resto. Y es un discurso peligroso porque se refuerza con la visión neoliberal que sitúa al sindicato en la defensa de los insiders frente a los outsiders. Más aun cuando los dirigentes empresariales bancarios hablan de fuertes planes de subcontratación y externalización como fórmula “menos traumática” de solución de las plantillas del sector, implicando una nueva división en débiles y fuertes en el tejido laboral, una alteración radical del campo de aplicación del convenio – ya de por sí muy dañado en cuanto a las categorías “fuera convenio” y la individualización de las relaciones laborales del sector - con inmediata repercusión en la representación sindical y en la figura pública del sindicato que avala la propuesta empresarial.

Es cierto que el mejor plan sindical no es nada si no tiene capacidad de imponerse al menos en algunos aspectos de relieve. La negociación requiere no sólo un proyecto y un plan sino también fuerza para presionar. El conflicto es por tanto un elemento central en cualquier pretensión de acción colectiva básica. Y este aspecto tiene también una dificultad de expresión en la crisis. La solidaridad es un valor que se afianza con la práctica, y la inercia natural de sectores que se piensan, aunque sea momentáneamente, al margen de los efectos negativos de la crisis, inhibe la acción colectiva casi en mayor medida que en aquellos para los que el empleo es una situación inestable, líquida. La Administración Pública en cuanto formada en su mayoría por empleados públicos con una cierta garantía de estabilidad o el propio sector financiero en cuanto objeto de inyecciones monetarias millonarias para mantenerlo a flote, son dos buenos ejemplos. Como también el dato de la participación en la huelga general  del 14 de noviembre, donde ambos sectores quedaron muy descolgados de la participación masiva del resto de trabajadoras y trabajadores (el sector financiero en torno a un 35% de participación según fuentes sindicales).

En estos supuestos de crisis el sindicato tiene necesariamente que administrar los cambios en la composición del trabajo, la organización de la empresa y el nivel de empleo de la plantilla. Debe ofrecer un diseño propio de respuesta colectiva sobre la base de un conocimiento del trabajo y de las transformaciones del mismo a consecuencia del plan de empresa que se proyecta sobre la plantilla. Es una tarea muy difícil, que se suele hacer empresa por empresa y que en este caso requiere un nivel de articulación importante a nivel de sector. El despido de trabajadores es un momento  muy complicado para el sindicato y sus representantes, como recuerda el muy oportuno film de Guédiguian “Las nieves de Kilimanjaro”, en el que se producen las laceraciones y los desgarros más fuertes entre los trabajadores y los negociadores de las medidas de extinción del contrato. Y en ocasiones el sindicato ha gestionado este tema con demasiada lejanía de la situación personal y del drama de la pérdida del empleo para tantos trabajadores y trabajadoras. Este extrañamiento, la percepción del dirigente sindical como un administrador ordenado del plan del empresario que obtiene concesiones fundamentalmente monetarias, debe también plantearse como un problema que no se debe desatender y menos aún en la crisis. 

El enraizamiento en la empresa de la organización de los trabajadores exige por tanto presencia real y simbólica, y la capacidad de traducir el consenso de la mayoría en torno a la acción colectiva en la posibilidad y capacidad de ejercer el derecho de huelga, de mantener un conflicto abierto. Por eso la relación entre  “fuera”, la movilización social, y “dentro”, la presión colectiva por un proyecto de trabajo y de empleo del colectivo de trabajadores de la empresa o del sector, constituye la clave de la acción del sindicato como representante – general y particular – de la fuerza de trabajo.