Con esta entrega se pone puno final a las reflexiones que Paco Trillo ha ido haciendo sobre la necesidad de una reforma empresarial en profundidad y que han tenido un gran seguimiento en número de visitas de este blog. Por cierto que en este momento el blog cumple sus primeras trescientas mil páginas visitadas (300.000), lo que llena de satisfacción a sus autores, conocidos y amigos y amigas. A continuación, las reflexiones de Trillo sobre la relación entre lo público y lo privado en el trasfondo del empresariado español.
LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LA POLÍTICA.
(RELACIONES PÚBLICO - PRIVADO Y REFORMA EMPRESARIAL)
Se suele afirmar con cierto vigor que uno de
los principales factores que ha contribuido a la situación actual de crisis ha
sido el sometimiento de la política a la economía. Esta afirmación, por sí
sola, arroja varias interpretaciones posibles de las relaciones mantenidas entre
política y economía –entre público y privado- que no desembocan necesariamente en
una senda a recorrer como vía de recuperación.
La dicotomía entre política y
economía presentada por este tipo de discurso bienintencionado alienta un tipo
de análisis que refuerza la existencia (falaz) de una economía de libre mercado
donde la intervención política de planificación de la actividad económica no
tiene cabida. De tal modo, que recuperando esta posibilidad, “el Estado,
mediante ley, podrá planificar la actividad económica general” (art. 131.1
Constitución española), buena parte de los problemas con que nos encontramos en
la actualidad tendrían posibilidad de reversión.
Pues bien, si uno analiza las
relaciones entre política y economía en cualquier país europeo ha de convenir
que ha existido –y existe- una intensa acción política en la planificación de
la actividad económica. En el caso español, esta acción política la
encontramos, ya antes de la crisis, en la promoción financiada de determinados
mercados y actividades económicas frente a otros. Lo cual implica
necesariamente una opción política muy concreta que preferencia un determinado
tipo de actividad económica y empresarial.
Así, nos hemos encontrado con una
apuesta política decidida por sectores como la construcción, el financiero, el
automovilístico, el armamentístico, el energético, donde el Estado ha
intervenido para marcar no solo las preferencias de un determinado patrón de
crecimiento y empresarial, sino también la forma de distribución de la renta y
la riqueza. En el momento actual, nos desayunamos cada día una evidencia nueva de
que la política ha definido y promovido el contenido de la economía. Incluso se
empiezan a airear las motivaciones políticas que han acarreado esta situación,
seguramente como consecuencia de la imposibilidad de que los trasvases de lo
público a lo privado sigan produciéndose. Tómese como ejemplo el sector
energético, y extiéndase a cuantos otros se puedan imaginar.
Las empresas del sector
energético presentan como una de sus características principales que en sus
consejos de administración se encuentren políticos relevantes que se agrupan
principalmente en torno a partidos como PP, PSOE, CIU, PNV e incluso de la UCD.
Desde Repsol, pasando por Endesa, Gas Natural, Iberdrola, Enagás o Cepsa han
mantenido esta política empresarial desde hace décadas (se puede consultar un
listado de empresas y políticos en http://www.nuevatribuna.es/opinion/bruno-estrada-lopez/dependencia-energetica-e-intereses-cruzados-de-la-politica-y-el-capital/2013020412182387687).
Esta situación, como también estamos viendo diariamente, lejos de ser la
respuesta a la valía profesional de dichos políticos parece tener como origen
el enriquecimiento propio y del partido en cuestión.
Resulta difícil, pues, encontrar
una mayor implicación y control de la política sobre la economía.
El problema, a nuestro modo de
ver, no reside tanto en la ausencia de intervención y control político de la
economía como en los objetivos, escritos en renglones torcidos, a los que se
dirige dicha actividad política. O lo que es lo mismo, la situación por la cual
“el Estado, mediante la ley, podrá planificar la actividad económica general”
debe ser completada necesariamente con la segunda parte del propio art. 131.1
CE: “para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el
desarrollo regional y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su
más justa distribución”.
Sucede, sin embargo, que esta
connivencia entre política y economía, entre público y privado, entre interés
general e interés particular, está encontrando un espacio de reflexión y
reacción centrado casi estrictamente en los escándalos de corrupción política,
sin pensar ni reaccionar suficientemente sobre las imbricaciones de aquélla con
el modelo económico y empresarial.
Los escándalos que cercan en la
actualidad a empresarios y a sus
representantes de más alto nivel no se están poniendo en relación con el modelo
empresarial tejido en las últimas
décadas, permitiendo continuar con una imagen del empresariado de este país equiparada
a la de los grandes héroes nacionales que crean riqueza, asumiendo un riesgo
personal altísimo. Se tiende, por el contrario, a ocultar su responsabilidad
tanto en la generación de la crisis, pero sobretodo en la salida democrática y
social de la misma.
Un buen ejemplo de esta
ocultación que fomenta el continuismo con el modelo empresarial ya existente
antes de la crisis se encuentra en las dos grandes acciones políticas
observadas durante estos últimos tres años: la degradación de los derechos de
los trabajadores como fórmula de mantenimiento de la tasa de ganancia y los
recortes asfixiantes a los que se están sometiendo a los servicios públicos
como condición imprescindible para su entrega al sector privado.
La persistente connivencia entre
política y economía está negando al empresariado español el derecho a fracasar y, con ello, a exigir
una reforma empresarial que siente los principios de un modelo económico
sostenible que no resulte incompatible con el Estado Social.
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