LA IZQUIERDA ITALIANA EN SU LABERINTO

El titular de la bitácora hermana, Metiendo Bulla, y el diputado amigo de ICV- EUiA Joan Coscubiela insisten en que les gustaría encontrar en este blog un resumen ejecutivo de los últimos acontecimientos italianos. El curso de las cosas y de los acontecimientos han sido narrados, de la manera en qué sabemos, por los principales medios de comunicación españoles, de forma que lo que se pide es más bien una “interpretación” de los hechos, acto complejo y propio del oficio del jurista que en el presente caso es previsible que coincida con lo que todos piensan: La izquierda italiana se encuentra en un laberinto del que no sabe salir, no encuentra el hilo de Ariadna que se lo permita. Y eso es una mala noticia para toda Europa.

El 25 de abril es una fecha emblemática para Italia. El día de la liberación de Italia del nazifascismo es celebrado de forma solemne en todas las ciudades, con especial significación en las ciudades del centro y norte en donde la resistencia partisana fue más intensa y la pérdida de vidas más prolongada. Este año en Milán – liberada precisamente el 25 de abril de 1945, cuando se proclamó por la radio la huelga general contra la ocupación alemana y la insurrección  general, la toma de todos los poderes por el Comité de Liberación de la Alta Italia y la condena a muerte de todos los jerarcas fascistas – más de cien mil personas han llenado la plaza del Duomo y han escuchado a la presidenta de la Cámara de los Diputados, Laura Boldrini afirmar que es la fiesta de la República, basada sobre los valores que han animado a hombres y mujeres de la Resistencia, la fiesta de los italianos libres. A su vez en Marzabotto, pueblo de Bolonia en donde se produjo en septiembre de 1944 una terrible masacre de la población civil por obra de las Waffen SS, la secretaria general de la CGIL, Susana Camusso y el presidente del Senado – ex fiscal anti-mafia – Pietro Grasso, concentraron a una muchedumbre hablando de la unidad en torno a los valores de la Resistencia. Hoy esos valores están representados por el antifascismo y el anti-racismo, pero también, como sucede desde hace ya un largo tiempo, en lo que se podría llamar anti-berlusconianismo en el sentido de rechazo a una forma de política inserta en la corrupción y los negocios y en la decidida hostilidad a los valores igualitarios y democráticos presentes en la Constitución italiana. Ese es el punto de partida del pensamiento de la izquierda italiana.

El desarrollo de las cosas ha hecho que la reflexión sobre las raíces de la democracia italiana del 25 de abril, sea una reflexión amargada por la conciencia de que la indicación dada por los electores en la cita electoral de marzo, se ha visto desviada y confundida a través de un proceso sobresaltado y convulso que ha llevado al vencedor de las elecciones y secretario general del Partido Democrático (PD) a su derrota política y a la correspondiente dimisión de la dirección del Partido y a la formación en fin de un gobierno de “amplio acuerdo” en el que el delfín de Berlusconi y ex ministro de justicia en su gobierno, se ha convertido en ministro del interior en un ejecutivo que recoge a las tendencias políticas de derecha, centro y centro izquierda. Como quería el eje Frankfurt – Bruselas. Cómo había anunciado el presidente Napolitano ya antes de ser re-elegido como última oportunidad del proceso de designación del nuevo Presidente de la República y como había exigido en su discurso al Parlamento, como nuevo presidente. La opción que sin embargo se había derrotado en las urnas y que la coalición vencedora PD-SEL había negado de forma coherente con el voto recibido. 

El Partido Democrático no es un partido socialdemócrata en su origen ni en su formación, y las turbulencias de su (re)fundación incluyen la presencia de una componente católica progresista junto con las distintas familias post-comunistas del ex PCI  y luego del ex PDS y más tarde ex DS, y con social - liberales de varia condición. No ha sufrido por tanto la misma crisis ideológica de los partidos socialistas, aunque integre el grupo europeo de la “Alianza de Progresistas y Demócratas” en el que se da cita la socialdemocracia de la UE. Tiende a presentarse como el sujeto político que representa a las clases medidas progresistas italianas, con algunos problemas de identidad respecto de la clase trabajadora, que para algunos de sus líderes, sostiene exigencias demasiado fuertes y comprometidas. “Los sindicatos no son mis amigos del alma” ha declarado al periódico “El País” un líder en alza del PD y perdedor de las primarias frente a Bersani, el alcalde de Florencia Matteo Renzi. 

Esa indeterminación ideológica en sus orígenes paradójicamente podría ser una ventaja para el PD, que avanzaría un proyecto más flexible en función de la coyuntura histórica, teniendo en cuenta que estamos en un momento en el que la política de austeridad en Europa está demostrando su carácter esencialmente injusto y desigual y ha generado una profunda erosión de la legitimidad de la gobernanza económica. La movilización social extensísima en el sur de Europa pero sostenida sin ambages por el sindicalismo europeo y por la todavía exigua izquierda política de los países meridionales, está  empujando hacia la izquierda a los partidos socialistas en la oposición. Por eso el PD se encontraba en mejores condiciones para afrontar los retos de una política europea en la que pudiera ser posible una reformulación de los términos de su relación con Italia, el ritmo del crecimiento y la progresiva anulación del alto porcentaje de endeudamiento, entre otras cosas porque, salvo los pequeños períodos de presencia en el gobierno con Romano Prodi, la administración y la “gobernanza” previa a la crisis y la efectuada durante la misma, corresponde al centro – derecha de la coalición liderada por Berlusconi. 

La realización de las primarias en febrero no sólo supuso un momento intenso de dinamización democrática en su interior, sino la afirmación de una política de reformas en la que la regulación del trabajo con derechos y la ampliación y desarrollo de los derechos de libertad constituían el eje de su actuación. La alianza de Bersani con Vendola situaba al PD en una línea de cambio respecto de la indicación “técnica” pro-austerity del gobierno Monti y en oposición neta a la presencia del PdL de Berlusconi. Es cierto que la coalición electoral del PD – SEL no obtuvo un claro apoyo electoral, refugiado el voto antieuropeo y anti-partidos en el M5S, que se llevó por delante asimismo a la revolución civil de Ingroia, pero el sistema electoral le dio la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y un porcentaje importante en el Senado. La defensa de un gobierno articulado en torno a ocho puntos de reforma, obstinadamente contrario a una “gran coalición” o de “amplio acuerdo” que contara con el apoyo de Berlusconi, no obtuvo el apoyo del M5S, y en el largo proceso de nominación de presidente de la república, bajo una fuerte presión, el error de proponer a Marini fue luego subsanado por el nombre de Romano Prodi, que no pudo agregar los consensos suficientes de los grandes electores ante todo porque más de cien diputados o senadores del PD no le votaron, en un posible ajuste de cuentas entre las distintas corrientes – católica y comunista – del PD, que puso de manifiesto la “feudalización” en distintos “barones” del PD o la “libanización” de sus facciones en lucha entre sí. Por último, tampoco Bersani tenía fuerza en el interior de su Partido para asumir la propuesta de M5S sobre Stefano Rodotà, de forma que el recurso a la re-elección del Presidente era obligada, y la suerte del secretario general coherentemente dimisionario, echada. Como escribe Antonio Lettieri,  en la revista Eguaglianza e Libertà, http://www.eguaglianzaeliberta.it/articolo.asp?id=1612 éste asume lealmente la pena de ostracismo con el que se castigaba la derrota de los generales griegos, y su nombre se olvidará pronto.

El fracaso es desde luego responsabilidad del propio PD y de sus facciones en guerra civil larvada, pero en su desarrollo ha tenido también mucha importancia la posición del M5S, que pese a algún conato de convergencia, como el que ha permitido elegir a personalidades claramente de izquierda y progresistas, alejadas de la “casta” política tradicional, para los cargos importantes de presidente de la Cámara y del Senado – convergencia ferozmente criticada por Grillo -, se ha mantenido siempre contrario a llegar a cualquier acuerdo de programa con el PD. La oferta de Rodotà como presidente, ha sido realizada y mantenida sobre la base de que no sería aceptada por el PD y en consecuencia se podría demostrar la incapacidad de éste para romper el círculo vicioso que desde hace tiempo le tiene recluido en la política del “partido único” que aplica la austeridad devastadora de Europa y se nutre parasitariamente como “casta política” de todas las energías personales y económicas de los ciudadanos y ciudadanas italianas. Es la misma línea de pensamiento que ha permitido decir al garante del movimiento, en un remake de la conocidísima canción de Francesco Guccini, Dio è morto, que “el 25 de abril ha muerto” por la dictadura de los partidos y la connivencia entre la izquierda y la derecha, entre el capital y el golpismo.  Grillo se siente cómodo vaticinando la “esencial semejanza” entre la izquierda y la derecha – pe-de-menos-ele, como le gusta denominar al PD, subrayando la identidad con el partido de Berlusconi, PdL – como una profecía que ayuda a cumplir negándose a cualquier pacto que permitiera la formación de un gobierno de reformas. Confía así en continuar atrayendo a una parte de la base social del PD y superarle en votos y escaños en las siguientes elecciones. Las encuestas aseguran ya el desbordamiento del PD por el M5S. Pero las últimas elecciones regionales en Friuli han mostrado el alza impresionante de la abstención.

Esta actitud política / antipolítica  no tiene en cuenta que con ella no se ha obtenido ningún resultado tangible en relación con el propio programa y con su peso electoral. Ni ha logrado imponer un nombre para el Presidente de la República, ni ha obtenido la presidencia de ninguna comisión parlamentaria, ni tampoco ha obtenido la promesa – que recogían los ocho puntos de Bersani – de una nueva ley electoral y de reformular la financiación de los partidos. Al contrario, con el nuevo giro que han dado las cosas, es muy probable que la reforma institucional – que ha correspondido a un berlusconiano en el nuevo gobierno – vaya en una dirección plenamente contraria. Como explica Antonio Lettieri en el artículo citado en Eguaglianza e Libertà  (“Berlusconi for ever” http://www.eguaglianzaeliberta.it/articolo.asp?id=1612) se está planteando una posible reforma del sistema de elección del presidente de la república por sufragio universal a través de un sistema de doble turno o ballotage a la francesa, que es una aspiración mantenida con insistencia por Berlusconi y que ve con agrado una parte del PD. Ese “semi-presidencialismo” ha sido revalorizado tras las dificultades para encontrar un nombre que pudiera concitar el consenso de los grandes electores parlamentarios, y por la propia actitud muy intervencionista de Napolitano en su re-elección, al punto de que el gobierno actual ha sido realizado a iniciativa suya directa. La reforma anti-parlamentaria y pro-presidencialista no acabaría allí, sino que se extendería al régimen de elección de las cámaras, importando así el sistema francés de circunscripciones únicas con doble turno, que forzaría el bipartidismo y permitiría liquidar el poder electoral del M5S y su presencia parlamentaria decisiva. Grillo critica con razón que un cuarto de los electores – sus votantes -  sean considerados ahora, con los “grandes acuerdos”, como si fueran “extraparlamentarios”, o, más gráficamente, “intrusos, perros en la iglesia, terceras personas incómodas”. Pero el “garante” del movimiento no ignora que en gran medida esta situación a la que se ha llegado es la que él había profetizado y había ayudado a materializarse, y que, como ha señalado Rodotà, cuando se llega al Parlamento, es para hacer uso de esa posición, y está inédito aún el uso de ésta por el M5S.

Con el nuevo gobierno, está por ver cuál será su plan de actuación respecto de los derechos derivados del trabajo. El nuevo ministro forma parte de los “diez expertos” – todos hombres – que el Presidente Napolitano escogió para que le asesoraran e hicieran propuestas institucionales cuando retiró a Bersani el encargo de formar gobierno, y es el presidente del Instituto de Estadística italiano, el ISTAT. Aunque la capacidad de mediación entre la política europea del rigor y sus “reformas de estructura” y la regulación concreta de las relaciones de trabajo en Italia es mucho mayor que la que se da en España, parece darse por supuesto que las reformas introducidas por el gobierno “técnico” de Monti – la ley Fornero y su muy criticada reforma del art. 18 del Estatuto de los Trabajadores sobre el despido – son intocables. No es por tano seguro que pueda aplicarse el programa de reformas que planteaba el non-nato gobierno Bersani, del que se puede ver una amplia referencia contextualizada en el artículo de Luigi Mariucci, “La agenda deseable: ideas para una nueva fase del derecho del trabajo”, que publicará Lavoro e Diritto en su fascículo 2 del 2013,  y que llevaba consigo compromisos muy señalados en materia de representación sindical y participación, creación de un subsidio de desempleo para quien busca trabajo y la “desfiscalización” del trabajo de duración indefinida, además de la reforma y racionalización de la complicada legislación de empleo – “sobre el mercado de trabajo” – y una reformulación del sector público y del empleo público en términos de impulsar su plena laboralización. En cualquier caso, tampoco este programa tenía entre sus objetivos la nueva modificación del sistema de despido y de sus efectos que había llevado a cabo la reforma del 2012.

La incapacidad del PD de encabezar un cambio, devorado por sus propias facciones y por una política sectarizada y fraccional – en donde los italianos vuelen a ver las señales de la casta de los políticos que vitupera el M5S  – ha sido contestada por las bases y los votantes del Partido, que han organizado la ocupación de las sedes del PD y frecuentes concentraciones delante de las mismas. La formación del gobierno Letta (vicepresidente del PD, no se olvide) ha confirmado el giro hacia posiciones que se reputan contrarias a las que triunfaron en las primarias del PD y luego en las elecciones generales. “La respuesta que da la política al país, es equivocada”, ha dicho el secretario general de la FIOM, Landini, se requiere un gobierno que reformule los vínculos con Europa y que invierta en la recuperación económica con el fortalecimiento de lo público y que a la vez vuelva a configurar un esquema regulativo del trabajo con derechos individuales y colectivos. Para ello no es posible acomodar a dos fuerzas políticas que se han presentado a las elecciones con programas diferentes y opuestos. La convocatoria de una manifestación nacional en Roma el 18 de mayo y, previamente, el 30 de abril, un macro-acto en Bolonia sobre “Trabajo y Bienestar para ser ciudadanos europeos”, en donde se presentarán las propuestas de la FIOM para un modelo social diferente, al que asistirán prácticamente todos los exponentes de la izquierda política, incluida la izquierda del PD: Fabrizio Barca, Sergio Cofferati, Marco Revelli, Stefano Rodotà, vuelve a plantear por tanto la necesidad de recuperar esa perspectiva de cambio  y de reformas. Lo dice el slogan de este acto: “No podemos esperar más”. Aún es pronto para ver en este acto un inicio de una nueva coligación de fuerzas con vistas a un próximo escenario de elecciones, pero sí cabe interpretarlo como una nueva posibilidad de que la izquierda italiana encuentre el hilo de Ariadna que le permita salir de su laberinto. A todos y a todas nos interesa.

DESIGUALDAD Y DELITO EN LA ECONOMÍA. UN TEXTO DE CARLOS BERZOSA

Carlos Berzosa mantiene, como su maestro Jose Luis Sampedro, una claridad en su escritura encomiable y la capacidad de decir lo que realmente sucede en la dimensión económica en unos tiempos en los que el lenguaje del poder está lleno de eufemismos y de mentiras. Este artículo lo acaba de publicar en la Fundación sistema, y es muy conveniente leerlo y comentarlo, como se está haciendo ya en el Ateneo 1 de Mayo de la ciudad de Parapanda, en la serie de lecturas preparatorias de la manifestación de esa efeméride.

DESIGUALDAD Y DELITO EN LA ECONOMIA
Carlos Berzosa

http://www.fundacionsistema.com/News/ItemDetail.aspx?id=4588

La crisis económica está suponiendo una mayor desigualdad en la economía española de la que ya había antes de su estallido. La pobreza aumenta, al tiempo que la mayor parte de las clases medias y bajas pierden capacidad adquisitiva, mientras que se produce una gran concentración de riqueza en el segmento más alto de la población. El Informe Foessa 2013, presentado en el mes de marzo, muestra una sociedad fracturada como consecuencia del severo aumento de la desigualdad, al tiempo que pone de manifiesto el proceso creciente de empobrecimiento.

Los datos de la contabilidad nacional del cuarto trimestre de 2012 también resultan muy relevantes para conocer la evolución de las rentas familiares. En un artículo publicado en el suplemento ‘Negocios de El País’, 7-IV-2013, Ángel Laborda, basándose en estos datos, hacía un buen balance de la situación, lo que quedaba muy bien reflejado en el acertado título “Las economías familiares, exhaustas”.

De modo que, en el conjunto del año, las rentas salariales disminuyeron un 5,4% y las no salariales (rentas de propiedad y excedente de explotación de los autónomos) un 0,4%. La renta disponible disminuyó un 2,7% nominal y un 5,3% real, es decir, si le restamos el incremento de los precios. No obstante, este descenso, los gastos en consumo se mantuvieron prácticamente estables en relación con el año anterior, por lo que fue el ahorro el que disminuyó en un 28%. La tasa de ahorro (porcentaje sobre la renta disponible) se situó en un mínimo histórico del 8,1%, muy por debajo de la media de la zona euro de la Unión Europea.

Ante este panorama no resulta difícil augurar un futuro bastante negro para la economía española, más allá de posibles leves recuperaciones, subidas en la bolsa, bajadas de la prima de riesgo, o disminución de la tendencia de la destrucción de empleo. Estos son los datos reales en los que el número de desempleados sigue aumentando, las condiciones de trabajo empeoran, y la renta disponible desciende para un sector mayoritario de la población. El consumo en los años de crisis ha tendido al descenso y si las variaciones que sufre con el año anterior se mantienen esto es a costa del ahorro, por lo que si bien se consigue que no se desplome aún más la demanda efectiva, supone, por otra parte, una falta de recursos para posibles inversiones futuras.

Un círculo vicioso, en definitiva, que el Gobierno y las autoridades económicas europeas se muestran incapaces de romper. Al contrario, la ortodoxia económica que preside sus actuaciones, y que ponen en práctica con las políticas de austeridad, lo que hace es agravar más las cosas de lo que debieran. A su vez, la pasividad de la que hace gala el Gobierno español, ante la gravedad de los hechos, resulta realmente pavorosa y da la impresión de que se han sentado a esperar a que aparezca un hada milagrosa que con su varita mágica consiga por arte de birlibirloque que la economía comience a recuperase. Los damnificados por la crisis, y como consecuencia de las medidas tomadas tan inadecuadas, son demasiados para que se pueda suponer que se arreglen los desperfectos causados en poco tiempo.

Al tiempo que estas cosas suceden, Nicolás Sartorius en un excelente artículo “Vuestro paraíso es su infierno” (El País, 6-IV-2013) daba cuenta del estudio que ha realizado la Tax Justice Network en el que se afirma que la cifra de riqueza financiera privada que se oculta al fisco en más de 80 “jurisdicciones secretas” alcanza, como mínimo, entre 21 y 32 billones de dólares, es decir, más o menos el doble del PIB de Estados Unidos. De esta ingente cantidad, la mitad la manejan los 50 Bancos privados más importantes del mundo y, el resto, Bancos más pequeños, compañías de seguros, sociedades de inversión, ‘hedge funds’, etcétera. Dinero, en unos casos de origen legal y, en otros, producto de los más variados tráficos ilícitos. En todo caso, el dinero de procedencia legal también es delictivo al huir del pago de impuestos y ser, por tanto, un caso de evasión fiscal y fraude.

En el caso de España, aunque no existen datos exactos, se puede suponer fácilmente que se da en grandes proporciones a la vista de casos concretos que han aparecido con cuentas en paraísos fiscales y, sobre todo, si se tiene en cuenta que el 80% de las empresas del Ibex 35 tienen filiales en dichos “edenes”. Lo que sí se sabe es que el fraude fiscal en nuestro país se sitúa entre el 20% y el 25% del PIB, es decir, entre 200.000 y 250.000 millones de euros sobre un PIB de 1 billón. Datos que resultan realmente escandalosos y que servirían para cubrir el déficit e incluso obtener superávit.

Todo esto es el resultado del modelo actual en el que la globalización financiera se ha impuesto, lo que no solo genera grandes desigualdades, actos delictivos permitidos y tolerados, sino en donde los señores de las finanzas se han convertido en los verdaderos amos. La economía mundial se encuentra gobernada por estos grandes poderes y los gobiernos son unos ejecutores de las políticas emanadas de ahí. Así, mientras en la UE se exprime a los pueblos de Grecia, Portugal, Chipre, Italia y España, entre otros, no se hace nada para combatir este escándalo y se consiente que países pertenecientes a la UE sean paraísos fiscales o pertenezcan a determinados países.

 

SOBRE DIVERSOS SENTIDOS Y CUESTIONAMIENTOS DEL TRABAJO

En la imagen se aprecia a algunos elementos siginificativos de la dirección de la Revista de Derecho Social dando fin a la edición del número 61 de la misma después del conocido dejeuner sur l'herbe. Un observador incidental ha podido reconstruir lo que a buen seguro consistirá en el editorial de ese fascículo, que se ofrece en rigurosa primicia a los lectores del blog.

Hoy en día se habla del sentido del trabajo y de su cuestionamiento desde perspectivas muy diferentes. Ante todo se menciona el proceso de negación del significado político y social del trabajo mediante el poderoso retorno del trabajo-mercancía en el contexto de lo que se ha venido en llamar  la “financiarización de las relaciones salariales”  (que es el título de un reciente libro colectivo editado por Luis Enrique Alonso y Carlos J. Fernández), esto es,  un modelo construido contra el mundo de los derechos laborales y sociales que ha producido un discurso fuertemente autoritario sobre el poder privado sin equilibrios ni contrapesos y que pone en práctica la desestructuración de la noción política del trabajo a manos de las nuevas formas privadas y públicas de “gobernanza” sometidas a la violencia coactiva de las finanzas. Ésta se expresa en las exigencias de esos mercados en donde el sector financiero, siempre en crisis, cobra cada vez mayor poder. Frente a este “debilitamiento sustantivo del sentido social y jurídicamente fundamentado del trabajo y del empleo”, en palabras de Alonso y Fernández, la resistencia colectiva exteriorizada en la movilización social y en el debate ideológico opone una línea de “re-politización” del trabajo – lo que Alain Supiot viene denominado “políticas del trabajo” – en la que éste es considerado como un momento central en la construcción de espacios de libertad y de acción colectiva hacia la igualdad material de los seres humanos que se debe materializar en un completo – y complejo – haz de derechos individuales y colectivos. Es una línea de pensamiento que tiene mucho que ver con la construcción de un Estado Social en el que el trabajo por cuenta ajena es el eje de la ciudadanía, del lugar a partir del cual se generan derechos individuales y colectivos sobre la base de una tutela pública y colectiva de éste.

Esta consideración de la centralidad del trabajo asalariado como condición de ciudadanía tendencialmente plena en un proceso dinámico de consecución gradual de ámbitos mayores de igualdad y de libertad para las personas, es objeto de un cierto cuestionamiento no ya desde las posiciones derivadas de la hegemonía neoliberal en materia de relaciones laborales, sino desde la crítica a esta homogeneización en torno al trabajo asalariado como un producto derivado de la centralidad del pacto fordista y de su dimensión esencialmente cuantitativa como regulación del intercambio salarial entre tiempo de trabajo y salario, sin atender a la dimensión cualitativa del mismo. A ello se refiere, sin embargo, la problemática de la “deshumanización” del trabajo como una realidad nada metafórica o la interpretación de la profesionalidad de las personas como un proceso que debe abarca el conjunto de la vida laboral y donde el empleo asalariado sólo es una de las posibles modalidades, cuestión que está en la base del Informe Supiot de 1998, hoy un texto olvidado en la práctica política de la Unión Europea y apenas recordado en la memoria de los proyectos alternativos a las políticas de austeridad puestas en marcha por las autoridades económicas y de gobierno europeas.

Desde esa misma matriz, el trabajo así interpretado sufre cuestionamientos importantes en su determinación política y en su consideración como componente clave de la cohesión social. En efecto el trabajo, que se declina en plural, como señaló hace tiempo Umberto Romagnoli, no recibe el mismo trato aunque tenga igual valor, en razón de la identidad de las personas que trabajan. El trabajo está segmentado, dislocado, fragilizado. Se ha convertido en un elemento de precarización acelerada para jóvenes, mujeres e inmigrantes. Para estas categorías – que están dotadas de rasgos propios que configuran una propia identidad que les permite diferenciarse con claridad del trabajo “ordinario” – las garantías de un derecho al trabajo formado en las constituciones del Estado social, carecen de sentido y no aseguran la consideración de la dignidad del trabajo en condiciones reales ni efectivas. Y ello pese a que el paradigma constitucional de tutela del trabajo exige un tratamiento igualitario sin que los motivos de género, edad o etnia puedan suponer una diferencia de trato. Aquí por tanto la reunificación de las colectividades materialmente desiguales del trabajo es una pieza esencial del sentido del mismo y se abre un espacio de discusión no sólo sobre el espacio y ámbito de los derechos, sino también sobre la propia organización concreta de la comunidad laboral, del modelo productivo de la economía convencional y de la inserción del trabajo en un ámbito económico y productivo que necesariamente tiene que escapar de la hegemonía financiera y avanzar hacia su definición en términos de sostenibilidad y de alta productividad social. 

Hay además dimensiones del trabajo que no están contemplados por las formas clásicas de regulación del mismo. El trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados, esencialmente llevado a cabo por mujeres en una “doble jornada” en los espacios domésticos, se considera fuera de este esquema. No es trabajo productivo, jurídicamente no es trabajo por cuenta ajena. Por definición, es un trabajo no regulado y, lo que es relevante a efectos de este discurso, no tiene significación política directa, no cualifica una situación de ciudadanía. Se ha querido mantener este tipo de trabajo doméstico en una representación determinada en la que predomina su invisibilidad o su carácter residual, pese a constatarse su importancia económica y su significación social. Integrar ese “doble trabajo” en los esquemas políticos y teóricos de la regulación del trabajo implicaría seguramente un “cambio de civilización” que afecta a la economía, a la sociedad y a la producción cultural, además de las estructuras políticas institucionales. 

El trabajo doméstico y reproductivo se ha enfocado normalmente desde el punto de vista de la esfera de la distribución, a partir del acceso de estas mujeres a las prestaciones de seguridad social o a prestaciones asistenciales no contributivas. La utilización extensiva de la viudedad como contingencia protegida en tanto que fórmula de integración del trabajo de la mujer sin inserción laboral – dedicada a “sus labores” como decían los viejos documentos de identidad – en un cuadro de protección social fundado en el carácter contributivo derivado del trabajo asalariado del marido y en su trayectoria profesional, cumplía ese propósito. La incorporación de la mujer al trabajo productivo se ha realizado de forma plena y generalizada a partir de los años 80. Como ha subrayado Reyes de Blas en un estudio reciente publicado en la Fundación 1 de Mayo, en los últimos 25 años la tasa de actividad femenina en España (para el total de edades) ha crecido 20 puntos, del 33,2 al 54,3 por 100; ahora ya son mayoría las mujeres que participan en el mercado de trabajo, y mientras que hace 25 años la tasa masculina era un 209 por 100 más alta que la femenina, ahora es un 24,5 por 100 más alta. Hay distancia, pero no ha dejado de reducirse. Con ello quiere decirse que esta “igualación” del ingreso en el trabajo asalariado ha transformado plenamente el esquema vigente en España al promulgarse la Constitución, pero no ha invalidado la permanencia de la doble jornada de trabajo de la mujer trabajadora ni la intensificación de la necesidad del trabajo de cuidados de niños y mayores. En este sentido, se siguen manteniendo propuestas que enlazan el trabajo doméstico prestado casi en régimen de exclusividad con el acceso a prestaciones sociales. Además de la reivindicación de una renta básica con carácter general para todos los ciudadanos y residentes en un país determinado, la experiencia española de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, creaba la figura del cuidador no profesional, recogiendo así el trabajo de cuidados prestado en el ámbito privado, doméstico, y suministrando a estas personas, mayoritariamente mujeres, un pequeño subsidio de carácter público, que ha constituido el 44,21 % del total de las ayudas erogadas en función de la Ley de Dependencia. Es también un punto en el que los servicios públicos – de asistencia social, pero también educativos, guarderías, educación infantil, etc – permiten amortiguar los efectos negativos de un trabajo prestado sin contraprestación económica, invisible y no regulado. Es obvio que esta conexión entre el trabajo de cuidados y algunas compensaciones públicas a su prestación  ha sido abruptamente abortada en la última fase de la crisis tras la llegada al poder del Partido Popular. La degradación de los servicios públicos a través de la política de recortes urgida por el rigor presupuestario y la suspensión y virtual derogación de las prestaciones derivadas de la consideración de la dependencia como un nuevo estado de necesidad que, sin embargo, el Estado entiende, a partir del 2012, que no está obligado a subvenir mediante asistencia y prestaciones sociales suficientes, como exige la Constitución, son los elementos nuevos / viejos de esta política de agresión contra el trabajo reproductivo y de cuidados.

De una forma distinta se ha producido también una inclusión de este trabajo esta vez directamente en el área del trabajo asalariado. Se trata de la nueva regulación del trabajo doméstico que se ha ido desarrollando en paralelo – y en dirección contraria  - al proceso de reforma laboral, urgido por la aprobación por la OIT, en junio de 2011, del convenio 189 sobre trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras domésticos. Es un proceso sintomático, que  implica la regulación del espacio privado de la intimidad familiar como un lugar sometido a la regulación del trabajo que se presta en el mismo, y  construye una cadena simbólica entre este trabajo doméstico de cuidados a otras personas y la imposibilidad material de estas trabajadoras de poder cuidar a los seres queridos, que en muchas ocasiones se han dejado en los países de origen, confiados a otras mujeres, en unas cadenas globales – transnacionales - de cuidados, como han estudiado Pérez Agote, García Selgas y  Barañano. 

El proceso en España se inicia con la declaración legal de igualación de este trabajo al servicio del hogar familiar con el trabajo “ordinario” en materia de derechos de seguridad social, en el que sin embargo se les excluye de la prestación por desempleo, obliga al empleador a afiliar y dar de alta a este personal, a través de un proceso de regularización que implicó la “emersión” de casi ciento cincuenta mil personas, y continua con la nueva regulación de la relación laboral especial de las personas que trabajan al servicio del hogar familiar contenida en el RD 1620/2011, de 14 de noviembre, en los verdaderamente últimos días del gobierno socialista, que realiza un esfuerzo igualatorio importante de los derechos laborales de este personal. Pese a ello España no ha suscrito el Convenio 189 (2011) OIT sin duda por la posibilidad de una interpretación conforme al mismo y a la Recomendación 201 (2011) OIT que extiende los derechos reconocidos y porque se trataba de un movimiento normativo que caminaba en la dirección contraria a la reforma laboral emprendida entre 2010 y 2011 que no podía ser “reconocido” mediante el acto de ratificación del Convenio 189 (2011) de la OIT, una norma considerada en efecto importante en el marco de la regulación transnacional de los derechos y garantista. Por lo demás, el esfuerzo por la visibilidad de este trabajo regulado como trabajo que contribuye a la seguridad social, ha sido contrariado por el RDL 29/2012, de 28 de diciembre, de “mejora de gestión y de protección del sistema especial para empleados de hogar”, que vuelve a entregar a la trabajadora la obligación de cotizar y fomenta de esta forma la “inmersión” o la no declaración de la situación de trabajo doméstico en especial del trabajo inmigrante, estimado en unas doscientas cincuenta mil personas que trabajan en condiciones “informales”.

El trabajo doméstico asalariado es un tipo muy especial de trabajo, pero la tendencia interesante que señala la OIT es que debe ser considerado como un trabajo decente, con derechos laborales y protección social. En muchos países el Convenio 189 (2011) OIT, pese a los augurios negativos que originó su aprobación, está siendo ratificado, desde Uruguay hasta Italia. En algunos, como en Brasil, ha sido necesaria la modificación de la Constitución en un sentido ampliatorio a través de una enmienda adoptada en abril del 2013, lo que tiene un significado de progreso muy importante en un país en donde, como ha subrayado el magistrado y profesor de la USP, Jorge Soutomaior, el trabajo doméstico enlaza su antecedente en el trabajo esclavo. Es un proceso interesante. En Europa, el Consejo Europeo prepara una decisión por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, “el Convenio sobre trabajo digno para los trabajadores domésticos”, de marzo del 2013, [COM(2013) 152 final], y es evidente que impulsar su ratificación por el Estado español debe ser un elemento que integre el proyecto político y sindical alternativo al actual estado de cosas, en el marco de una verdadera política del derecho que ponga al trabajo – con todas sus determinaciones – en el centro de la sociedad.