POR UN PROCESO CONSTITUYENTE

En su entrada del domingo de su blog Que hacemos con "lo" de Cataluña, José Luis López Bulla  proponía a las fuerzas políticas una salida heterodoxa para la cuestión catalana, la reforma de la constitución a partir de la apertura de un proceso constituyente, que permita la realización de un referéndum sobre el futuro de Catalunya y una nueva conformación del Estado español como estado federal. La propuesta merece ser debatida extensamente, porque la apertura de un nuevo proceso constituyente implica que se ha extendido entre las fuerzas políticas y sociales de un país determinado la conciencia de que el marco de reglas fundamentales de la acción pública y del sistema institucional que la encarna está agotado o desfasado y que debe sustituirse por uno nuevo, adecuado a las exigencias actuales de la mayoría de la voluntad popular. Es por tanto un problema de decisión política, pero también – o precisamente por ello –  de enraizamiento en la opinión pública y en el trabajo cultural de la exigencia de la actualización constante de los derechos ciudadanos como condición de existencia de la democracia. Esta vertiente cultural es la más difícil de verificar en cualquier proceso de cambio constitucional, requiere una visibilidad ideológica y discursiva que se pueda anclar a los procesos de movilización social en marcha, dándoles una salida política definida.

Es conocido que la reivindicación de un proceso constituyente ha sido esgrimida, de forma intermitente, en las movilizaciones sociales del 2012, especialmente en el espacio del 15-M, y en las del 2013, pero se ha expandido más a propósito del “tema catalán”. El artículo en Sin Permiso de Jaume Asens y Gerardo Pisarello es emblemático a este respecto Las izquierdas y el 11 de septiembre. Pero son otros los temas en los que se puede apreciar un ímpetu “destituyente” en la opinión pública. La monarquía y su faceta financiera, la implicación de la familia real en operaciones de corrupción, es uno de ellos, pero asimismo ha sido contestada la preservación del bipartidismo a través de un proceso electoral en el que se falsea la voluntad popular y se impide la representación proporcional de las opciones partidistas de los ciudadanos, o se exige  la necesidad de prever instrumentos de participación ciudadana que complementen o limiten los procedimientos de formación de las leyes, mediante las iniciativas ciudadanas, los referéndums derogatorios y otras técnicas. 

Los sindicatos en general y el sindicalismo confederal en particular deberían estar interesados en impulsar este proceso constituyente. El objetivo de las reformas ha sido la anulación práctica del poder contractual sindical y su confinamiento mientras se reducen y recortan derechos laborales y prestaciones sociales. La incorporación al esquema constitucional de la regla del equilibrio presupuestario en el nuevo art. 135 de la Constitución española es un acto consciente de sabotaje del concepto y  de la función del Estado Social que da sentido al orden constitucional. La convalidación por el Tribunal Constitucional de la reforma laboral de la Ley 3/2012, que es la crónica de un hecho anunciado desde ya, ante la captura institucional por el PP de esta institución clave – la noticia del rechazo de la recusación del Presidente del TC que ocultó su militancia en el PP anticipa claramente cuál va a ser el sentido de las decisiones de este órgano – dejará a CCOO y UGT en una posición muy débil en el terreno de la lucha por los derechos y marcará un hito en la desregulación de las relaciones laborales, acompañada de la remercantilización de las necesidades sociales y la progresiva pauperización de los estratos de la población más vulnerables. La Constitución social está siendo desmontada, pieza a pieza, y los sindicatos no pueden limitarse al papel de acompañantes del entierro del trabajo asalariado con derechos, entre otras cosas porque pueden acabar sepultados en la misma fosa que éste.

Reivindicar un proceso constituyente requiere por tanto un amplio debate de coincidencias entre las distintas fuerzas políticas de izquierda – la izquierda plural, la izquierda social y sectores amplios que se sienten representados por el PSOE – en torno a un programa mínimo de constitucionalidad democrática que afiance por una parte los contenidos positivos del Estado social y por otra que incorpore elementos democráticos básicos, el derecho a decidir, la participación ciudadana vinculante, un procedimiento electoral respetuoso de la proporcionalidad de las opciones políticas de los ciudadanos. Extender y discutir esta posibilidad y afirmar su necesidad y los medios para hacerla real, puede ser un objetivo que se despliegue a lo largo de los siguientes meses, en el contexto de las movilizaciones que se plantean.