COSAS QUE HACER CUANDO NO GOBIERNE EL PP

Aunque en esta bitácora no suele hacerse un análisis de la actualidad política tal como se entiende ésta en los medios de comunicación, es conveniente verificar cual es el proyecto de reforma en materia de relaciones laborales y de derechos sociales que se está fraguando en los programas de los partidos que pueden sustituir al gobierno del PP, puesto que es un elemento de interés en el debate sobre la necesaria modificación de la situación actual de degradación continua de los derechos individuales y colectivos y la entronización de la impunidad frente a los impulsos antidemocráticos que efectúan poder público y poder privado en España. De los comentarios sobre la conferencia política del PSOE es conveniente remitirse al blog amigo En campo abierto donde Javier Aristu ha escrito una crónica lúcida de la misma  http://encampoabierto.wordpress.com/2013/11/11/y-volver-volver-volver/ , o a Metiendo Bulla con las sensatas apreciaciones del propio Jose Luis López Bulla . http://lopezbulla.blogspot.com.es/2013/11/el-psoe-ha-vuelto-ha-dicho-rubalcaba.html.

En el fin de semana pasado ha tenido lugar la conferencia política del PSOE, cuyos resultados en términos de propuesta han sido interpretados de manera unánime como un giro a la izquierda. Aunque en la pasarela de las caras conocidas algunas de ellas no encajaban mucho con esta propuesta de izquierda – piénsese en la ex vicepresidenta económica, devenida apenas abandonó su importante cargo político en consejera de Endesa en su filial chilena– es evidente que una buena parte de las propuestas surgidas de la conferencia se alinean en lo que tradicionalmente se considera posiciones de defensa del Estado Social y de los derechos ciudadanos. Acompañado de la retórica del retorno, purificados tras la travesía del desierto y otras alegorías bíblicas - donde solo faltaba quizá la de un Moisés-Rubalcaba descendiendo del Monte Tabor para guiar a su pueblo a la tierra prometida, redimido éste del pecado de adorar  temporalmente al becerro de oro – es evidente que los socialistas han comprendido que el espacio electoral ha cambiado por obra de las movilizaciones permanentes del último trienio, y que es preciso recuperar propuestas de reforma que les diferencien netamente de la desolación política, económica y social que han generado los dos años del gobierno popular. Que se produzca este cambio en el programa y un compromiso público en torno al mismo es por tanto algo que se debe valorar de forma positiva, como otro de los efectos de ese amplísimo período de movilización social. Las dudas sobre la sinceridad de esos compromisos cuando no la aplicación del castizo “a buenas horas, mangas verdes”, no debería oscurecer lo que sigue siendo un elemento importante de cambio de propuesta.

Es cierto también que otro de los resultados de la Conferencia política del PSOE ha sido la de optar claramente por el modelo bipartidista. Aunque algunas intervenciones de personalidades con gran peso específico en el PSOE, como la presidenta del gobierno de Andalucía, daba por supuesto un escenario electoral en el que el PSOE tuviera que compartir programa de gobierno con Izquierda Unida, la aproximación a esta eventualidad, que muchos de los “clásicos” del partido repelen, es siempre desde una relación de subsidiariedad, basada en las estimaciones de las encuestas de opinión. En efecto, la pasokización del PSOE no es previsible, pero no es lo mismo un resultado electoral para la Izquierda Plural de dos cifras más cercano a la segunda decena que a la primera. Y las encuestas son remisas a considerar el despegue de IU más allá del 13-14%. Aunque queda mucho tiempo por delante y antes es importante abordar las elecciones europeas, es posible ir planteando algunos elementos mínimos en torno a los cuales ir convergiendo entre todos los sectores sociales y políticos interesados en materia de reforma de las relaciones laborales y de la protección social.

En el programa del PSOE hay tres elementos que conviene resaltar. Uno hace referencia a la reforma de la Constitución, otro a la derogación de la reforma laboral, un tercero a la opción favorable por el diálogo social como forma de “gobernanza”.

En la reforma de la Constitución, se insiste en el fortalecimiento de los derechos sociales, pero este es un tema muy transitado por los movimientos sociales, los sindicatos, los partidos políticos de la izquierda plural y otro tipo de agregaciones cívico-ciudadanas con vocación de incidencia política. Hay un debate muy amplio sobre la apertura de un proceso constituyente cuyos contornos distan de ser homogéneos y compartidos. Desde la forma de estado hasta el derecho a decidir de los pueblos, la introducción de instituciones de democracia directa como el referéndum derogatorio y la iniciativa popular, la reforma del sistema electoral, la incorporación de los bienes comunes al catálogo de derechos y principios rectores de la constitución y desde luego el fortalecimiento del reconocimiento y de las garantías de derechos sociales básicos, entre ellos y de manera especial el derecho a la vivienda, pero también la educación y la sanidad. Por tanto el PSOE se sitúa en un cierto debate constituyente, aunque desde una perspectiva limitada tanto en cuanto al alcance del cambio constitucional como al ámbito de discusión. A decir verdad son muchos los sujetos interesados en alimentar este momento constituyente, pero no está claro el alcance de sus propuestas, en muchos casos – posiblemente coincidentes con los movimientos sociales más fuertes –polarizadas sobre el aspecto más concreto de la actividad colectiva sostenida. Es más perceptible un sentimiento difuso muy compartido de crítica a las instituciones de la democracia representativa y la monarquía constitucional en relación con su opacidad y corruptibilidad. Lo que parece importante es mantener una perspectiva abierta del debate sobre lo que se podría denominar a la chilena “la nueva institucionalidad”, el cambio en el ordenamiento constitucional y en la conformación política y democrática del Estado español. Éste no puede ser encerrado en el Parlamento y en la discusión parlamentaria. Tiene que abrirse a toda la sociedad y plantearse como un objetivo central, en paralelo a la acción de gobierno, en la idea de poder acompañar un proceso intenso de intercambio cultural entre las fuerzas progresistas que refunden el Estado Social y la democracia basada en una ciudadanía participativa y en una ética de lo público no contaminada por la corrupción y el interés privado. 

En cualquier caso, un elemento central en las reflexiones sobre la reforma de la Constitución lo debería constituir el importante art. 135 CE, introducido sin refrendo popular merced a un pacto bipartisan PP-PSOE en agosto de 2011, con el gobierno PSOE ya desahuciado. Cualquier planteamiento serio sobre el fortalecimiento de los derechos sociales tiene que afrontar este principio de equilibrio presupuestario y corregirlo mediante la introducción de la cláusula del Estado Social, de forma que la regla de la contención del gasto no puede prevalecer contra la necesaria garantía de los derechos sociales promovida por el Estado Social que se expresa en una gran parte de los caso mediante la erogación de prestaciones económicas suficientes para atender a los estados de necesidad de los ciudadanos. Es la solución del Tribunal Constitucional alemán, lo que garantiza que no estamos hablando desde perspectivas radicales. Pero se trata de un punto irrenunciable para cualquier alternativa de reforma constitucional que pretenda la  vigorización de los derechos sociales.

El segundo punto importante es el de la reforma laboral. La conferencia política del PSOE ha decidido proponer la derogación de la reforma laboral del PP y su sustitución por la legislación anterior. Sospechosamente pocos son los medios de comunicación que han resaltado esta propuesta. Este tipo de compromisos no son bien recibidos por los poderes privados económicos. Pero no se sabe cuál puede ser la legislación que sustituya a la Ley 3/2012 y sus adherencias posteriores. ¿El RDL 7/2011 de junio de 2011 y su regulación de la negociación colectiva, la Ley 35/2010 que constituyó el eje primero de las “reformas estructurales” de la crisis del euro, ambas normas contestadas por los sindicatos y la ciudadanía en general? Es evidente que la única referencia que constituye un punto de partida viable desde una actitud de reformismo social es la Iniciativa Legislativa Popular que presentaron CCOO y UGT al congreso con el aval de un millón de firmas y que nunca fue tenida en consideración por los representantes de la voluntad popular. Ahora es el momento.

En todo caso, es muy importante indicar el momento temporal en el que se quieren plantear la reforma de la legislación laboral que lleva consigo la derogación de la emprendida por el Partido Popular. Con urgencia inmediata, en los primeros cien días de gobierno, o en el medio plazo. Suele suceder, en efecto, que en los programas de cambio los aspectos laborales quedan en un segundo plano, como si fuera un elemento subsidiario a lo que constituye el eje de la actividad del cambio político y social de la nueva mayoría avalada en las urnas. El ejemplo chileno actual es muy ilustrativo. Bachelet, que es la casi segura ganadora de las elecciones de finales de noviembre, ha avanzado un programa en el que la reforma educativa y la reforma fiscal son los elementos de choque. La derogación del Plan Laboral de Pinochet, que para bochorno democrático sigue en lo sustancial en pie veinte años después de los gobiernos de la Concertación, no se considera una prioridad. Por eso la CUT, la central sindical chilena, presidida por una dirigente inteligente y combativa, Bárbara Figueroa, por vez primera en la historia de las contiendas electorales chilenas ha decidido mantener su independencia en la elección presidencial sostenida por la Nueva Mayoría, donde participa el PC chileno, porque entiende que las reformas aceptadas por el próximo gobierno no cumplen los mínimos del programa del sindicato – no aceptan por ejemplo, la regulación de la negociación colectiva de sector, todavía obstaculizada hasta su impedimento en el sistema legal – y no están dispuestos a que la democratización de las relaciones laborales y el respeto de la negociación colectiva sigan siendo objetivos pospuestos en la acción del gobierno de progreso. 

El gobierno de las relaciones laborales debe regirse por un principio de diálogo social. Es un buen principio, pero la situación de la que partimos impide aceptarlo en sus términos tradicionales. La CEOE-CEPYME ha firmado en dos ocasiones acuerdos de importancia con el sindicalismo confederal que han sido posteriormente ignorados  - y negados en sus líneas fundamentales – por la acción legislativa del gobierno. La asociación patronal no ha defendido el contenido de lo que había pactado con los sindicatos, al contrario, se ha desembarazado de ellos considerándolos apenas firmados como papel mojado y ha abrazado con entusiasmo la vía de la reforma legal que devastaba el espacio de los derechos laborales individuales y colectivos. A su vez se ha negado a avanzar en la negociación colectiva, para forzar una devaluación generalizada de salarios y de condiciones de trabajo como condición de la realización del acuerdo. La representación empresarial por consiguiente no tiene credibilidad como agente social autónomo en un momento de cambio. 

Es preciso por tanto un esquema de interlocución con el poder público en el que se construya por éste una relación preferente con los sindicatos, sin excluir naturalmente a los empresarios del proceso de consultas de las políticas sociales, pero no considerando imprescindible su consenso sobre los ejes centrales del cambio.  El empresariado debe recobrar una posición activa en los procesos de negociación colectiva, pero posiblemente ello exija una actividad de promoción de la misma por parte de la norma legal en un sentido inverso al que se da actualmente. La norma estatal debe acentuar sus perfiles imperativos en los elementos clave de la relación salarial y de empleo como norma mínima, que la negociación colectiva puede desarrollar y ampliar, pero que debe asimismo respetar en su regulación concreta en la empresa y en el sector. Una norma de promoción colectiva, no de sustitución del sistema de negociación por un sistema de empresa pre-ordenado por la voluntad unilateral del empresario. El desarrollo y el fortalecimiento a través de la ley de nuevos derechos de información y de consulta, junto con fórmulas de co-determinación en la empresa, serían asimismo funcionales a este mismo fin.

Abrir un debate sobre estos y otros elementos de la propuesta socialista no es una tarea a la que no esté acostumbrado el sindicalismo y los movimientos sociales. Al contrario, se ha ido decantando un análisis prolongado de la situación crítica para los derechos derivados del trabajo a la vez que se han formulado alternativas a este proceso durante los tres últimos años de movilizaciones permanentes. Es una buena noticia que el PSOE haya vuelto. Sería mejor que además se quedara entre nosotros, y no tuviera que volver a irse, hasta el día del juicio final, porque su reino no es de nuestro mundo.