SOBRE LOS CÓDIGOS ÉTICOS EN POLÍTICA

Se trata de un comentario propiciado por el documento colgado en la última entrada en este blog que está discutiendo Guanyem Barcelona sobre la adopción de un nuevo código de ética política. Algo de lo que está muy necesitada la política española en general, y si no, vean la foto que ilustra este post.

Más allá de que el documento se inscriba en una precisa relación entre los códigos éticos y el municipalismo – lo que es de por si muy significativo – el documento tiene un alcance más amplio, representa una forma de intervención política e ideológica alternativa que se funda en una percepción clara de un estado de irritación y de indignación ciudadana respecto de lo que se conceptua como la “clase política”, los dirigentes de los partidos políticos, los candidatos y elegidos en órganos legislativos, los componentes de los diferentes gobiernos, y naturalmente los concejales y los alcaldes. Es mucho más que  “una distancia insalvable entre las élites políticas profesionales y la ciudadanía”, como señala el documento de Guanyem Barcelona (GB) , posiblemente sea un “estado de ira contenida”, acentuada por el desgranarse de escándalos en los últimos dos años.

En efecto, generan alarma social  los casos de corrupción presentados, aireados y comentados por los medios de comunicación en un cruce de informaciones frecuentemente contradictorias, en donde lo característico es responder a un escándalo de la “derecha” con otro mayor de la “izquierda”, cuando no, como en el caso de las tarjetas de Caja Madrid, mediante la exposición de un cuadro global de corrupción que afecta a todos los partidos políticos representativos, las asociaciones empresariales y los sindicatos, mostrando por tanto un cuadro desolador en el que nadie queda exento. Las causas de la corrupción pueden ser muchas, desde los que están ligadas a la financiación de los partidos – y a su vez en diversos grados y mediante diferentes medios – o al propio beneficio privado del cargo representativo, hasta “la utilización de los espacios institucionales como fuente para la acumulación de privilegios”, como señala el texto de GB. En el caso concreto del poder local en los municipios, la intercambiabilidad de posiciones políticas respecto de los intereses de constructoras, industriales y otros grupos privados de presión, es notoria, como asimismo el recurso indiferenciado desde la “izquierda” o la “derecha” a formas de organización de los servicios que privatizan su uso y degradan su calidad.

La corrupción es grave, pero no lo es menos la debilitación del nexo representativo entre la ciudadanía, el partido político y el programa que este esgrime como proyecto de gobierno, y la lista de elegidos y sus alianzas. Por no decir que este nexo se ha degradado de forma muy intensa, mediante la continua desvinculación de los representantes políticos de sus compromisos electorales y programáticos una vez resultan elegidos. A ello se refiere correctamente el documento GB como “falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos”, o la banalización del hecho electoral como un acontecimiento más emocional que político, del que resulta una preferencia general que reacciona positiva o negativamente al gobierno padecido, y que, en el mejor de los casos, procede a efectuar una “delegación de responsabilidades cada cuatro años”.

Frente a ello se reacciona mediante la revalorización de un código ético como parte del nuevo contrato que los movimientos sociales y las fuerzas políticas alternativas quieren efectuar con la ciudadanía para transformar la sociedad y las condiciones de vida de las personas. Las fuentes en las que se basa el documento GB son muy significativas del área cultural y política de referencia en el que este compromiso moral forma parte de su manera de representar a la ciudadanía.

Es significativa la importancia que se da al código ético como compromiso que asume una fuerza política a la hora de articular la representación con la ciudadanía que asume su programa de acción y su discurso ideológico. En el recurso a la ética, hay un cierto paralelismo con el proceder de las empresas transnacionales a la hora de elaborar sus códigos de conducta, que los laboralistas conocemos bien. En efecto, el hecho decisivo conforme al cual las empresas transnacionales adoptaron estos compromisos unilaterales sobre el respeto de determinados derechos laborales y medioambientales, era el del perjuicio reputacional que su actuación contraria a los mismos había producido en los países en los que éstas se habían aposentado, donde habían generado miseria, corrupción y sobre-explotación del trabajo asalariado. La analogía en este caso sirve para una actividad política que se percibe cada vez más como un espacio de privilegio personal y de servicio para los grupos económicos, cada vez menos susceptible de encarnar un interés general y público con la participación real de la ciudadanía. Por eso el Partido Popular enarbola la bandera de la “regeneración”, como un compromiso moral que le permita evitar el desprestigio y el daño que la opinión pública tiene de la actividad política, y mantener la reputación de su actuación en ese campo, justamente por el hecho de haber sido uno de los sujetos más activos en su envilecimiento y putrefacción.

Es un hecho indudable que la asunción de un código ético para la actuación “en política” pretende restañar la confianza ciudadana en una institucionalidad determinada – que se quiere transformar en un sentido democrático – y en el mecanismo de representación política. También se podría entender que para determinadas fuerzas políticas alternativas, o simplemente situadas fuera del círculo bipartidista, el código ético ofrece una “ventaja competitiva” ante la competición electoral, demasiado lastrados los dos grandes partidos por el excesivo peso de los innumerables supuestos de connivencia con los poderes económicos y la confusión entre lo público y lo privado.

Pero lo más importante es que en el momento presente el código ético integra una forma precisa, esencialmente democrática y transformadora, de actuar políticamente. Y una “narrativa” de la manera de hacer política alternativa. Es decir, de un modo de estar en el espacio político y de (re)construir el vínculo representativo entre el agente y la ciudadanía. Es por tanto un elemento estratégico del modelo democrático de la representación política. Y no se conforma unilateralmente, como un código de conducta que engendra el sujeto político, sino como un contrato entre el sujeto que quiere representar al colectivo complejo y los movimientos sociales y grupos políticos que integran el proyecto de transformación social y del territorio y sus servicios. Es por consiguiente un elemento estratégico de este proyecto y habría que añadir que de cualquiera que pretenda presentarse ante la opinión pública con un impulso reformista que defienda y garantice derechos democráticos y participación ciudadana.

Es cierto sin embargo que en el nuevo código de conducta que presenta GB hay un primer apartado que realmente no supone un compromiso moral, sino un conjunto de medidas muy trascendentes por la manera en la que definen la relación de representación política. La “democratización de la acción política”, la “fiscalización y rendición de cuentas” de la acción de los representantes, son compromisos ofrecidos como base de ese contrato directo con la ciudadanía sobre la base de una visión estratégica de la democracia participativa ligada al mecanismo representativo. Por eso es la parte más interesante – y generalizable – del documento. El segundo apartado sobre “financiación, transparencia y control de los gastos” tiene el valor decisivo de abordar de manera directa el problema de la financiación de los partidos y en general de la actuación política. Se trata de un conjunto de medidas que se presentan como obligaciones éticas pero que tienen otro valor prescriptivo y colectivo, y sobre las que es muy productivo reflexionar y extrapolar – modificando el entorno – a otros ámbitos. La independencia económica y la dificultad de encontrar un campo de inmunidad del agente político frente a las exigencias de financiación de su actividad, es uno de los problemas que deben ser abordados en el contexto más general de un proyecto de reforma social.

El último de los apartados de este documento se intitula “profesionalización de la política, supresión de privilegios y medidas contra la corrupción”, y es la parte en la que se aprecia una mayor incidencia de las emociones negativas que suscita el estado de opinión contra la corrupción de “los políticos”, es decir, de una realidad “que ha extendido la indignación entre una ciudadanía que percibe que la política sirve básicamente para hacer dinero y que es el dinero el que controla la política”. Algunas de estas medidas sugieren ciertas reflexiones complementarias, porque en general puede decirse que profesionalización en la política, privilegios y desviación de poder, son problemas que no se plantea la derecha económica y la derecha política, puesto que los tiene resueltos previamente al establecimiento del nexo formal de la representación.

Se quiere decir, por ejemplo, que la limitación de retribuciones de un cargo público a términos estrictos – el triple del salario mínimo, por ejemplo – no afecta a quienes pueden ejercer la política “ad honorem” en razón de su patrimonio o de sus expectativas de futuro tras cesar en el cargo – las “puertas giratorias”- pero si puede tener efectos negativos en el sentido de hacer improponible este compromiso a una amplia capa de personas que saben que la representación política exige una dedicación muy importante. Lo señala el propio documento de forma sintética, cuando recuerda que “la remuneración digna y justa de los representantes ha sido una conquista democrática histórica, ya que permite que todos puedan dedicar tiempo a las funciones públicas y no sólo los que tienen suficiente dinero o patrimonio”.

El problema de una perspectiva desequilibrada en este punto es el de su utilización demagógica o falseada. En la que han sido pioneros los altos dirigenes del Partido Popular, los mismos que se beneficiaban de la trama Gürtel. Y puede alentar opiniones equivocadas. Últimamente, se ha criticado en los medios que Pablo Iglesias, como eurodiputado que viaja continuamente a Bruselas, haya dejado de utilizar Ryanair como forma de transporte  low cost y lo haya sustituido por Iberia, que ofrece un precio del billete superior. Las justificaciones que ha dado Podemos se basan en algo tan obvio como la incomodidad del vuelo de la aerolínea low cost y el mayor tiempo de los desplazamientos. Pero además – y sería interesante que se recordara – Ryanair ofrece precios más convenientes sobre la base de negar derechos sindicales a sus empleados y practicar el dumping social, por lo que ha sido condenada en Francia y existe un proceso abierto en Italia (http://baylos.blogspot.com.es/2013/10/dumping-social-en-el-transporte-aereo_21.html) . Se puede comprar ropa barata y zapatos a buen precio frente a otros productos más caros, pero es recomendable que antes averiguemos si se han confeccionado con trabajo infantil o por inmigrantes obligados a trabajar forzosamente hasta que no paguen su deuda con la empresa que les contrató en origen y los suministró al nuevo amo. Negarse a comprar más barato no es un despilfarro si con ello se alienta la vulneración de derechos y la negación del trabajo decente.