viernes, 17 de abril de 2015

LA DERECHA MEDIÁTICA CONTRA LA JUSTICIA LABORAL. HABLA RAMÓN GÓRRIZ




La sentencia del Tribunal Supremo declarando la nulidad radical del ERE de COCA-COLA por vulneración del derecho de huelga de sus trabajadores por esta empresa, ha cerrado un ciclo de luchas que se inscriben en la resistencia a la reforma laboral y a las estrategias de diseño organizativo que las empresas han ido poniendo en marcha, bajo la tutela jurídica de sus asesores. La huelga y la movilización de los trabajadores y el empleo inteligente de la acción jurídica como parte de la acción sindical, ha dado en esta ocasión un resultado extremadamente positivo. Como era previsible, los grandes medios de comunicación empotrados en el poder económico han reaccionado con enorme hostilidad, presionando - como es su costumbre cada vez que hay una decisión judicial que preserva derechos sociales o ciudadanos - contra los jueces que han argumentado su decisión. Es este un tema demasiadas veces reiterado en nuestro país, en donde la libertad de información e encuentra directamente condicionada por la intangibilidad de las opciones económicas de las grandes empresas, al que ha atendido Ramón Górriz, secretario de acción sindical de la C.S. de CC.OO. en este artículo que se comparte en rigurosa exclusiva de la blogosfera de Parapanda, con la página web de CC.OO.


"La derecha mediática arremete contra la Justicia"

•Artículo de Ramón Górriz, Secretario de Acción Sindical de CCOO

 

El aparato mediático conservador, fuertemente comprometido con la defensa de la reforma laboral del Gobierno conservador que ha servido para devaluar los salarios, destruir empleo y reducir los derechos de los trabajadores, elige ahora la Justicia como blanco de sus diatribas, tras distintas sentencias judiciales que han dado la razón a sindicatos y trabajadores

Algunos medios de comunicación económicos creen que la Justicia mete la pata con frecuencia cuando dicta sentencias que afectan a la reforma laboral. Culpabilizan a los jueces con lindezas como esta: "La acumulación de sentencias judiciales abiertamente contrarias a la reforma laboral en vigor, constituyen un despropósito, porque la inseguridad jurídica que están generando los jueces responsables de esos autos puede acabar siendo muy perjudicial para la economía española". Todos ellos están fuertemente comprometidos con la defensa de la reforma laboral del Gobierno conservador, una reforma laboral que ha servido para devaluar los salarios, trasvasar rentas del trabajo al capital, destruir empleo, reducir los derechos de los trabajadores y romper el equilibrio de las relaciones laborales, incrementando el poder empresarial.

 Lo quieren todo. No contentos con la quiebra de las relaciones laborales y de la negociación colectiva que introduce la reforma laboral; insaciables con la vulneración de derechos laborales; y decididos partidarios de la ofensiva contra el poder contractual de los sindicatos, el aparato mediático conservador elige ahora  la Justicia como blanco de sus diatribas. Pretenden estos medios de comunicación que los Tribunales de Justicia se plieguen a la norma política, e ignoran conscientemente que cuando la norma política cuestiona el texto constitucional o el derecho comunitario, lo que debe hacerse es cambiar la norma.

 Ayer fueron las interpretaciones judiciales sobre los expedientes de regulación de empleo y el incumplimiento de los procedimientos por parte de los empresarios, ahora es  la sentencia del 15 de abril de la Sala de lo Social del tribunal Supremo sobre el ERE de Coca Cola, a partir de  una reflexión temeraria e irresponsable sobre los derechos laborales y el empleo. Juzgan el derecho a trabajar como si de un privilegio se tratara, y piden a los tribunales que no entorpezcan el objetivo empresarial, a menudo obsesionado con el despido masivo de trabajadoras y trabajadores. En un país con 5,5 millones de personas en paro, la derecha mediática más ultramontana no duda en incrementar esa insoportable cifra, si con ello se abre paso la demanda empresarial de despido libre y, al ser posible, cuasi gratuito.

 Es la ley de la selva. Seguramente se escuden estos propagandistas en que son los empresarios los que crean empleo y no se puede "actuar contra ellos". Repetirán una y mil veces que la reforma laboral es una norma básica para impulsar la creación de empleo y callarán conscientemente que en los tres años de vigencia de la sacrosanta reforma del PP, se han destruido centenares de miles de puestos de trabajo.

 Poco o nada les importará que el derecho comunitario haya insistido en la obligación de buena fe en la negociación colectiva, un objetivo que resulta incompatible con la violación de derechos fundamentales, que es lo que ha ocurrido durante el periodo de consulta, causa decisiva en el pleito de Coca Cola.

 Por eso, cuando  estos medios intentan recurrir a la autoridad del Tribunal Constitucional -cuya reforma laboral avaló- o a las recomendaciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para profundizar en la desregulación del mercado de trabajo -el capitalismo financiero justifica esta liberalización como la mejor herramienta para acabar con la dualidad laboral (que sarcasmo)- solo cabe responderles con la necesaria legitimidad de la acción de la justicia, del respeto al derecho del trabajo, a la propia Constitución y a la legislación comunitaria. Los problemas de aplicación de la Reforma de 2012 no son de los jueces de la Audiencia Nacional o de cualquier tribunal, sino de manera singular, de sus autores; son el resultado de la escasa y defectuosa calidad técnica de la ley. Al fin y al cabo, a CCOO son las personas las que nos interesan, no solo las estadísticas.

 

 Ramón Górriz

Secretario de Acción Sindical de CCOO

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