La sentencia del Tribunal Supremo declarando la nulidad radical del ERE de COCA-COLA por vulneración del derecho de huelga de sus trabajadores por esta empresa, ha cerrado un ciclo de luchas que se inscriben en la resistencia a la reforma laboral y a las estrategias de diseño organizativo que las empresas han ido poniendo en marcha, bajo la tutela jurídica de sus asesores. La huelga y la movilización de los trabajadores y el empleo inteligente de la acción jurídica como parte de la acción sindical, ha dado en esta ocasión un resultado extremadamente positivo. Como era previsible, los grandes medios de comunicación empotrados en el poder económico han reaccionado con enorme hostilidad, presionando - como es su costumbre cada vez que hay una decisión judicial que preserva derechos sociales o ciudadanos - contra los jueces que han argumentado su decisión. Es este un tema demasiadas veces reiterado en nuestro país, en donde la libertad de información e encuentra directamente condicionada por la intangibilidad de las opciones económicas de las grandes empresas, al que ha atendido Ramón Górriz, secretario de acción sindical de la C.S. de CC.OO. en este artículo que se comparte en rigurosa exclusiva de la blogosfera de Parapanda, con la página web de CC.OO.
"La derecha mediática arremete contra la Justicia"
•Artículo de Ramón Górriz, Secretario de Acción Sindical de
CCOO
El aparato mediático conservador,
fuertemente comprometido con la defensa de la reforma laboral del Gobierno
conservador que ha servido para devaluar los salarios, destruir empleo y
reducir los derechos de los trabajadores, elige ahora la Justicia como blanco
de sus diatribas, tras distintas sentencias judiciales que han dado la razón a
sindicatos y trabajadores
Algunos medios de comunicación
económicos creen que la Justicia mete la pata con frecuencia cuando dicta
sentencias que afectan a la reforma laboral. Culpabilizan a los jueces con
lindezas como esta: "La acumulación de sentencias judiciales abiertamente
contrarias a la reforma laboral en vigor, constituyen un despropósito, porque
la inseguridad jurídica que están generando los jueces responsables de esos
autos puede acabar siendo muy perjudicial para la economía española".
Todos ellos están fuertemente comprometidos con la defensa de la reforma
laboral del Gobierno conservador, una reforma laboral que ha servido para
devaluar los salarios, trasvasar rentas del trabajo al capital, destruir
empleo, reducir los derechos de los trabajadores y romper el equilibrio de las
relaciones laborales, incrementando el poder empresarial.
Lo quieren todo. No contentos con la quiebra
de las relaciones laborales y de la negociación colectiva que introduce la
reforma laboral; insaciables con la vulneración de derechos laborales; y
decididos partidarios de la ofensiva contra el poder contractual de los
sindicatos, el aparato mediático conservador elige ahora la Justicia como blanco de sus diatribas.
Pretenden estos medios de comunicación que los Tribunales de Justicia se
plieguen a la norma política, e ignoran conscientemente que cuando la norma
política cuestiona el texto constitucional o el derecho comunitario, lo que
debe hacerse es cambiar la norma.
Ayer fueron las interpretaciones judiciales
sobre los expedientes de regulación de empleo y el incumplimiento de los
procedimientos por parte de los empresarios, ahora es la sentencia del 15 de abril de la Sala de lo
Social del tribunal Supremo sobre el ERE de Coca Cola, a partir de una reflexión temeraria e irresponsable sobre
los derechos laborales y el empleo. Juzgan el derecho a trabajar como si de un
privilegio se tratara, y piden a los tribunales que no entorpezcan el objetivo
empresarial, a menudo obsesionado con el despido masivo de trabajadoras y
trabajadores. En un país con 5,5 millones de personas en paro, la derecha
mediática más ultramontana no duda en incrementar esa insoportable cifra, si
con ello se abre paso la demanda empresarial de despido libre y, al ser
posible, cuasi gratuito.
Es la ley de la selva. Seguramente se escuden
estos propagandistas en que son los empresarios los que crean empleo y no se
puede "actuar contra ellos". Repetirán una y mil veces que la reforma
laboral es una norma básica para impulsar la creación de empleo y callarán
conscientemente que en los tres años de vigencia de la sacrosanta reforma del
PP, se han destruido centenares de miles de puestos de trabajo.
Poco o nada les importará que el derecho
comunitario haya insistido en la obligación de buena fe en la negociación
colectiva, un objetivo que resulta incompatible con la violación de derechos
fundamentales, que es lo que ha ocurrido durante el periodo de consulta, causa
decisiva en el pleito de Coca Cola.
Por eso, cuando estos medios intentan recurrir a la autoridad
del Tribunal Constitucional -cuya reforma laboral avaló- o a las
recomendaciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, para
profundizar en la desregulación del mercado de trabajo -el capitalismo
financiero justifica esta liberalización como la mejor herramienta para acabar
con la dualidad laboral (que sarcasmo)- solo cabe responderles con la necesaria
legitimidad de la acción de la justicia, del respeto al derecho del trabajo, a
la propia Constitución y a la legislación comunitaria. Los problemas de
aplicación de la Reforma de 2012 no son de los jueces de la Audiencia Nacional
o de cualquier tribunal, sino de manera singular, de sus autores; son el
resultado de la escasa y defectuosa calidad técnica de la ley. Al fin y al
cabo, a CCOO son las personas las que nos interesan, no solo las estadísticas.
Ramón Górriz
Secretario de Acción Sindical de CCOO
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