LA ANTISINDICALIDAD COMO PROGRAMA: GRAN BRETAÑA

Los lectores de este blog han conocido ya la preocupación por el antisindicalismo que se está convirtiendo en un rasgo cultural del "cambio de época" en el que estamos inmersos. Además de reiterar lo que se recogía en esa entrada, sobre el antisindicalismo, se trae ahora a colación la propuesta de regulación del derecho sindical británico que ha efectuado el Gobierno conservador inglés. A este hecho se dedican las siguientes reflexiones.

El 15 de julio el nuevo gobierno británico ha puesto en marcha un amplio plan de modificación del derecho colectivo del trabajo que busca restringir intensamente los derechos sindicales. El Proyecto de Ley Sindical incide en los elementos clásicos de la legislación antisindical de la época Thatcher, exasperando sus elementos más negativos.

Se trata por consiguiente de introducir restricciones importantes a las huelgas “no oficiales” o convocadas asambleariamente por los trabajadores al margen de los sindicatos, como el que ha habido en el metro de Londres los días 8 y 9 de este mismo mes, criminalizar los piquetes ilegales, con penas de cárcel – en la línea por tanto de lo que ya conocemos en nuestro país a partir de la persecución de sindicalistas que el Ministerio Fiscal ha llevado a cabo y los jueces han aceptado -   y de permitir que las agencias de trabajo temporal puedan ser contratadas por las empresas para sustituir trabajadores en huelga, legalizando así la práctica planificada del esquirolaje. A eso se unen dos típicas medidas neothatcherianas, la de  restringir los « fondos políticos » nutridos de las cotizaciones sindicales para financiar al Partido Laborista y reforzar las exigencias ya reguladas en la norma inglesa desde la etapa Thatcher sobre la necesidad de realizar un referéndum como requisito previo a la convocatoria de huelga.

Se trata de las medidas más restrictivas de los derechos sindicales y colectivos que se hayan intentado poner en práctica en Gran Bretaña en los últimos treinta años. El ministro de Economía y de Trabajo, Sajid Javid, es hijo de inmigrantes pakistaníes, que trabajó como asesor bancario y era miembro del Consejo de Administración de la Deutsche Bank International, ha defendido con pasión el proyecto, manifestándose como un ferviente admirador de la obra de la “Dama de Hierro”, Margaret Thatcher (a la que recientemente se le dedicó en Madrid por parte de la Administración municipal del PP una plaza).

Este tipo de medidas tiene que ver con las negociaciones que Gran Bretaña viene efectuando con la Unión Europea, en donde el tema de la política social entra directamente en las materias de intercambio. Es decir, la presencia en la Unión Europea se condicionaría a la posibilidad por parte de Gran Bretaña de aceptar o no las normas sociales europeas, en una re-edición de lo que el partido conservador hizo con el Acuerdo de Política Social y su sistema de opt out, es decir de inaplicar las normas europeas en materia social en el interior del ordenamiento jurídico británico hasta que en 1997 el triunfo del Partido Laborista con Blair hizo que este sistema desapareciera.

Ya actualmente se sabe que el partido conservador se niega a la transposición de las directivas sobre el tiempo de trabajo ni sobre el trabajo temporal. Y hay rumores sobre proyectos de reforma de la ley británica sobre los Comités de Empresa Europeos para reducir sus facultades de información y consulta. El tema está abierto para el referéndum del 2017, y lo que aparece como un elemento claro en las negociaciones que se están llevando a cabo con la dirección política de la Unión Europea, es que el gobierno Cameron esté dispuesto a votar sí a la permanencia en la Unión Europea a cambio de un sistema de inmunidad en la vigencia de derechos civiles y sociales de la Unión en el ordenamiento jurídico británico. Lo que confirmaría la visión que el conservadurismo británico tiene respecto de la Unión Europea, un simple espacio de mercado sin constricciones arancelarias y con una amplia facilidad para la circulación de bienes, capitales y servicios. Para ello cuenta además explícitamente con el apoyo de la gran asociación empresarial británica, CBI, que quiere una Europa que “trabaje para los negocios”, en concreto para los negocios británicos. En este enlace, se puede consultar la nota sobre la alocución del Ministro de Economía y Empleo al CBI: “Una Europa que trabajo por los negocios británicos” El gobierno trabaja para que ustedes hagan negocios

Por su parte, la Unión Europea paraliza cualquier referencia a la política social para no “ofender” a su socio insular, y se muestra con Inglaterra dialogante y abierta a la modificación de las reglas de juego que dan sentido a la propuesta europea, que además se centra en el tema de los derechos de los ciudadanos europeos y las manifestaciones normativas en torno a la política social de la Unión. Es inevitable no hacer comparaciones con el tratamiento que la propia Unión Europea y las instituciones financieras internacionales han dado a Grecia y al gobierno de Syriza, haciendo evidente el desprecio por la democracia y la violencia del gobierno de las finanzas sobre la resistencia popular.

Antisindicalidad e inmunidad ante la aplicación de derechos sociales es una operación política e ideológica que va cobrando fuerza no sólo en Gran Bretaña, sino en amplios estratos del pensamiento conservador europeo, como muestra de un neoliberalismo autoritario que se extiende y refuerza progresivamente y frente al cual no aparece una oposición ideológica fuerte más allá de la resistencia anclada en los propios sindicatos de los países donde se realiza esta agresión, sin que se logre un impulso coordinado de la solidaridad efectiva del sindicalismo europeo, y de la izquierda política minoritaria que denuncia estos comportamientos.

Es importante sin embargo atender a la posición concreta que el sindicato como sujeto político adopta en cada país determinado, y en qué medida es capaz de presentarse ante el conjunto de la sociedad como una figura social que no sólo se relaciona con el empleo y las condiciones de trabajo sino que, precisamente por ello, tiene la capacidad de representar un proyecto de regulación social que tiene en el centro de la misma el trabajo como factor de cohesión social y de acción política. El antisindicalismo implica la reducción del sindicato a un instrumento de regulación y cálculo del valor del trabajo que en la lógica económica imperante al encarecer el mismo, obstaculiza el crecimiento y el empleo, y de esa posición deduce propuestas concretas para debilitar su capacidad de incidencia no sólo “en el mercado de trabajo” sino en el conjunto de la sociedad. Una tradición política que escinde estas esferas y que relega el espacio público a formas de representación que excluyen del mismo al sindicato, es un espacio cultural que favorece este tipo de quiebros autoritarios. Aunque este tipo de pensamiento político está en retirada en nuestro país, como se podrá comprobar con las próximas elecciones, el sindicalismo debe aprovechar este momento para intervenir de forma protagonista en él, reivindicando su modelo de sociedad y su proyecto de reforma de las estructuras económicas, políticas y sociales.

Es posible que después del verano tengamos noticias interesantes en esta dirección.