sábado, 28 de octubre de 2017

LA OPINIÓN DE CC.OO Y UGT ANTE LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA Y LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE EXCEPCIÓN DEL ART. 155 CE


En momentos de crisis política grave como los que estamos viviendo, la postura de los sindicatos más representativos debe ser tenida en cuenta porque éstos son los representantes constitucionalmente definidos de los intereses económicos y sociales de todas las personas que trabajan en el Estado español. La práctica política del partido del gobierno y de éste mismo, junto con la actuación de los otros dos partidos que han hecho un bloque – unionista se les llama y alguno de ellos se autodenominan el bloque “constitucionalista” -, Ciudadanos y PSOE, ha ignorado por completo a estos sujetos sociales de amplia base representativa. Achicado el espacio de juego a los tres partidos que le garantizan una mayoría en el Parlamento, las decisiones sobre la “cuestión catalana” han partido de la exclusión real de casi un tercio de los representantes políticos que defendían una solución política negociada y que han sido críticos con la intervención represiva del gobierno en el referéndum del 1-O, además de la expulsión del tablero de juego del nacionalismo catalán. Los grandes medios de comunicación no juzgan conveniente – salvo algunas excepciones, como los de extrema derecha, para denunciar el “antiespañolismo” de UGT y CC.OO – dar cuenta de la postura sindical. Y sin embargo, se trata de una voz que debería ser atendida en lo que realmente supone respecto de la representación de los y las trabajadoras.

Los sindicatos más representativos en efecto han jugado un papel importante en la construcción del discurso en la opinión que acompañaba estas últimas etapas del proceso independentista. Han manifestado claramente su oposición al unilateralismo en el que el gobierno catalán y la mayoría parlamentaria que lo sostiene ha ido llevando adelante hasta su última etapa, con la declaración efectuada el viernes 27 de octubre. Pero a la vez han denunciado la intervención autoritaria y violenta de las fuerzas de seguridad reprimiendo la votación en el referéndum declarado ineficaz por el Tribunal Constitucional, y han insistido especialmente en la necesidad de una negociación y de un acuerdo que permitiera un tiempo de encuentros y de recomposición de las fracturas sociales que se están lacerando en Catalunya. Conforme avanzaban los acontecimientos, han sido UGT y CC.OO. partidarios de que el Presidente Puigdemont disolviera el Parlamento catalán y convocara elecciones como forma de detener la aplicación del art. 155 de la Constitución, aplazando al menos la adopción de esta decisión que se adoptaría, como asi fue, el propio viernes. Esta posición, en la que los sindicatos unían su voz a Catalunya en Comú, Podemos y las convergencias, PNV y una cierta parte del PSOE, lamentablemente no ha podido llevarse a efecto ante la decisión del hoy destituido Presidente de la Generalitat de no proceder a la misma. En cualquier caso, y como observan CCOO y UGT, esos requerimientos “han sido desoídos por los unos y por los otros” hasta llegar a la situación “más desagradable y traumática” que es la que afrontamos en la actualidad.

El caso es que ahora nos encontramos ante una declaración de independencia que no cuenta con los consensos políticos y sociales que requeriría – aunque tenga una amplia base de apoyo no mayoritaria – y la adopción por el Senado de la medida excepcional que supone el art. 155 CE que ha acabado directamente con el autogobierno catalán entre los estruendosos aplausos de los senadores del PP que han vitoreado al Presidente Rajoy como si fuera un gladiador romano en una lucha sine missione.  Un retorno a 1977, - libertad, amnistía y Estatuto de autonomía - con la desaparición de las competencias del gobierno autonómico y su sustitución por las autoridades de gobierno estatales. Éstas no obstante han querido reducir el tiempo de la excepcionalidad política y ha convocado elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, previa disolución del Parlamento catalán. Este hecho ha sido valorado desde la perspectiva sindical como la clave de una posible solución al desgarro social y político actual. Es criticable, sin duda que esa convocatoria la tenga que hacer el gobierno central en el marco de las medidas que abolen el autogobierno catalán, pero debe servir para que el pueblo catalán exprese su voluntad en estos momentos complicados y por esta vía comenzar la normalización de estos procesos.

Pero fundamentalmente CC.OO. y UGT insisten en que van a evitar por todos los medios a su alcance la confrontación social, sin que en consecuencia estén dispuestos a secundar medidas o propuestas que impliquen exasperación social y que puedan desembocar en estallidos de violencia. No es difícil entender que enunciando este compromiso, los dos sindicatos más representativos están implícitamente desautorizando la convocatoria de un paro cívico o huelga general – según la organización convocante – que se prevé durante 9 días a partir del 3 de noviembre.

Pero a su vez este compromiso contra la confrontación lleva consigo una advertencia al gobierno que a partir del viernes 27 de octubre, fecha de la resolución de la presidencia del Senado que aprueba las medidas propuestas por el gobierno en atención al art. 155 CE, y de la Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, por el que, “en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general”, ejercite esos poderes excepcionales “con mesura y prudencia”, o, como le indica el texto del Senado, efectúe “una utilización proporcionada y responsable” de las mismas. Los sindicatos entienden que el objetivo fundamental es el de lograr una cierta pacificación y normalidad social y nunca poner en práctica medidas que alteren la convivencia política y democrática de los catalanes.

Esta recomendación implícitamente se está dirigiendo a lo que Pedro Oliver recientemente ha definido como la importante gestión de la variable represiva / antirrepresiva tras los sucesos finales que han desembocado en la aplicación del art. 155 CE, que a su juicio van a resultar clave en su resolución. La nefasta intervención del Fiscal General del Estado en el caso de los dirigentes de ANC y Omnium cultural, acusados insólitamente de sediciosos y a los que se ha ingresado en prisión condicional, hace que en los medios de comunicación se dé por hecho que el presidente y los consejeros cesados serán acusados del delito de Rebelión y que se les encarcelará a la espera del cierre sumarial y el juicio oral. Algunos autorizados exponentes del Código Pena de 1995, como López Garrido, ha entendido que no cabe en este caso hablar de rebelión, que debe ser siempre violenta. Tampoco parece factible procesar a los diputados que han votado la independencia cuya inviolabilidad está garantizada en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Convenio de Roma de 1950, cuestión esencial que no tiene que ver con que, al haberse hecho votación secreta, no se sepa cuál ha sido el sentido del voto. En cualquier caso, si el gobierno estatal entiende que las listas electorales de los dos grandes partidos nacionalistas catalanes pueden estar trufadas de personas encarceladas, la percepción de lo que debe buscar esta medida excepcional está claramente errada.

En los próximos días seguiremos asistiendo al desarrollo de estos sucesos. Por el momento, parece que el presidente cesado ha venido a aceptar que la situación de excepcionalidad política que ha terminado con la autonomía política de Catalunya es irreversible, pero que frente a ella las mayorías sociales independentistas deben impulsar una política de resistencia pacífica cuyos detalles no se han explicitado. En esa dirección, sería por tanto posible concebir que la participación electoral el 21 de diciembre sería uno de los elementos centrales para mostrar la resistencia del independentismo y su fuerza electoral.

Lo que si es seguro es que los sindicatos han adoptado en este tema una postura clara y comprometida con los valores constitucionales del Estado Social de Derecho – que es la expresión constitucional y no la de “Estado de Derecho” como es bien sabido – y que apuestan por la virtualidad democrática de la consulta electoral del 21 de diciembre, a partir de la cual se debe abrir un espacio profundo de diálogo y de negociación, que sin duda debe llegar a la reforma constitucional en un sentido más amplio que el que algunas fuerzas políticas patrocinan, tomando partido decididamente por un Estado Federal como modelo.

Este es el texto del documento conjunto CC.OO y UGT:

Comunicado conjunto de CCOO y UGT a raíz de las decisiones adoptadas en el día de hoy en el Parlament de Catalunya y el Senado

UGT y CCOO hemos hecho reiterados llamamientos al diálogo para enfrentar la situación generada en Catalunya convencidos de que estamos ante un problema político que no se podía reconducir con medidas jurídico-policiales sino desde la negociación política.

En ese sentido hemos sido profundamente críticos con la posición que el Gobierno de España ha mantenido hasta la fecha.

Igualmente hemos criticado la estrategia rupturista adoptada por las formaciones que representan al independentismo en Catalunya.

Hemos llegado a plantear que la salida más razonable para configurar un nuevo marco que fuese más favorable a la negociación y el acuerdo pasaba por que el President de la Generalitat convocase elecciones anticipadas y que el Gobierno del Estado suspendiese la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Nuestros requerimientos han sido desoídos por unos y otros y hoy nos encontramos ante la situación más indeseable y traumática y que más riesgos entraña para la convivencia presente y futura entre ciudadanos y ciudadanas.

Ante esta situación, que podemos calificar de emergencia nacional, CCOO y UGT queremos manifestar:

1.- Rechazamos la declaración unilateral de independencia. La decisión adoptada por poco más de la mitad del Parlament de declarar la independencia se coloca claramente fuera de la legalidad constitucional y de los parámetros por los que se rige la Unión Europea. Esta es una estrategia de confrontación que puede tener funestas consecuencias en la convivencia y que UGT y CCOO no compartimos.

2.- Para CCOO y UGT en la situación creada con las decisiones adoptadas en el día de hoy lo fundamental es preservar la convivencia y evitar la fractura social. Por ello advertimos que no nos vamos a prestar a ninguna estrategia, venga de donde venga, que de una u otra manera conduzca a la confrontación.

3.-UGT y CCOO piden al Gobierno mesura y prudencia a la hora de aplicar las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros en el ámbito de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, situación a la que no se debería haber llegado nunca. Esa prudencia es esencial para evitar la confrontación social. La convivencia democrática y pacífica debe ser el objetivo último que todas más formaciones políticas y sociales deben perseguir, y en primer lugar el propio Gobierno.

4.- CCOO y UGT seguimos apostando por la reconducción de la situación presente a un clima de normalidad y convivencia mediante la celebración de elecciones al Parlament. En ese sentido la convocatoria de elecciones el próximo 21 de diciembre es un paso imprescindible para que los ciudadanos catalanes puedan expresarse democráticamente. Por eso nos reafirmamos en que la solución está en la celebración de las elecciones democráticas.

Pero la convocatoria de elecciones y el período que se abre hasta las mismas no puede convertirse un espacio de confrontación social. Todas las fuerzas políticas y sociales estamos obligados a hacer todo lo posible para que se convierta en un periodo presidido por el diálogo que permita encauzar este conflicto hacia una solución verdadera Que ponga los intereses de los ciudadanos y ciudadanas como el principal foco en el que situar todas las iniciativas.


En el medio plazo consideramos que las disfunciones que se han constatado en el actual Estado de las Autonomías podrían superarse a través de una reforma Constitucional que, entre otras medidas de carácter social y de profundización democrática, dé forma a un Estado Federal. Reforma Constitucional que deberá ser sometida a referéndum de la ciudadanía.

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