martes, 16 de enero de 2018

GOBERNANZA ECONÓMICA, EXCEPCIONALIDAD POLÍTICA Y POLÍTICA DE RECORTES EN ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA



En el Curso de Postgrado en Derecho que se está desarrollando en Toledo, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales, dedicado a la materia iuslaboralista, y que, bajo la advocación de Oscar Ermida Uriarte, se dedica al análisis de los derechos humanos laborales y al derecho transnacional del trabajo, del que ya se ha dado noticia en las páginas de este blog, se ha desarrollado una sesión dedicada al estudio del impacto de la crisis económica en los cambios de la legislación laboral que se ha ido produciendo en los últimos tiempos.

Mientras que por la mañana Antonio Baylos enunció los problemas más llamativos sobre la gobernanza económica europea que supone una expropiación de la soberanía de los estados miembros al imponer unas políticas – las  “reformas de estructura” sobre la base de la llamada austeridad –  a cambio de permitir la solvencia y liquidez financiera del Estado, y ello sobre la base de una “estricta condicionalidad política” degradatoria del cuadro de derechos sobre el trabajo y la autonomía colectiva. La gobernanza tiene como es lógico enormes repercusiones sobre la situación española, en especial mediante la imposición de una excepcionalidad normativa a través de la “urgente necesidad” del gobierno “legislador” y su consolidación en la jurisprudencia constitucional que ha sustentado esta posición sin fisuras, subrayando por otra parte que ésta continua a través del derecho de veto del gobierno sobre las propuestas de ley del Congreso basado en el art. 134.6 CE con el pretexto de que éstas pueden repercutir en el  “aumento de los créditos o la disminución de los ingresos”, lo que a fin de cuentas impone como práctica política la impotencia de la función legislativa del Parlamento y la desvirtuación plena de la voluntad popular expresada en unas mayorías parlamentarias que no pueden cumplir su función de creador de normas. La hipótesis defendida por tanto es que el objetivo central de las políticas de austeridad ha sido el desmantelamento de las garantías estatales y colectivas del derecho del trabajo y la reconfiguración en clave asistencialista de las estructuras de seguridad social, un modelo neoautoritario en fin que vacía de contenido las instituciones democráticas e incrementa las desigualdades sociales.

Esta línea de análisis tuvo continuidad en la mesa redonda sobre las reformas de la legislación laboral y las crisis políticas y económicas de América Latina que se celebró por la tarde. Bajo la moderación de Amparo Merino, que recreó en una intervención primera un cuadro general sobre el impulso restrictivo de los derechos laborales que se han ido cuajando en diversos países latinoamericanos, para desembocar en una exposición sucesiva de tres ejemplos concretos: Puerto Rico, Brasil y Colombia. Carlos Alá Santiago Rivera efectuó una enérgica exposición sobre el caso portorriqueño, comenzando con las reformas del 2006 sobre la “flexibilidad laboral” para seguir con la ley PROMESA en el 2016 y la reforma laboral subsiguiente en el 2017, sobre las que efectuó consideraciones muy críticas, para culminar con los terribles efectos del huracán María en el archipiélago. Marisa Barbato denunció los puntos más negativos de la reforma laboral y de contención del gasto social que el gobierno golpista de Temer ha producido en Brasil, desligando esta orientación del hecho de la crisis, relacionándolo directamente con la reversión democrática que se está produciendo en aquel país. Finalmente, Karena Caselles describió el marco institucional colombiano encuadrándolo en los parámetros neoliberales clásicos que actualmente se quieren poner en práctica en otros países, pero puso mayor énfasis en la posibilidad que el proceso de paz trae aparejado respecto a la necesidad de considerar como condición necesaria de la paz inducir transformaciones sociales profundas que se encaminen hacia la consecución de las coordenadas básicas de la noción de trabajo decente, aunque criticó fuertemente los obstáculos que desde varios poderes del Estado, incluido el poder judicial, han ido planteando a esta tendencia.

Tras la exposición de los ponentes, se abrió un amplio debate entre los asistentes, que aportaron experiencias y reflexiones desde Chile, México y Argentina provenientes de las diferentes realidades nacionales y el estado de la cuestión de las reformas de la legislación laboral pendientes, que han confluido y enriquecido los términos generales de este debate. Un proceso de discusión que resulta extremadamente valioso por poner en común perspectivas comparadas que dan cuenta de situaciones bastante homogéneas originadas por lo que se vino a denominar la fuerza normativa directa del capitalismo financiero que actúa de manera muy incisiva en diversas coordenadas sociales y económicas.


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