LA CONSTITUCIÓN NO ES UN ADORNO. HABLA JOAQUIN APARICIO

En colaboración con la blogosfera de Parapanda y el digital Nueva Tribuna, traemos a este blog la opinión de Joaquin Aparicio, que reflexiona sobre el vaciamiento de sentido que en la política oficial se da a la Constitución y al Estado de Derecho como expresiones unidireccionales que olvidan el contenido democrático y social que debería acompañarlas. "El imperio de la ley" , "los partidos constitucionalistas", son expresiones con las que nos bombardean las televisiones y los medios de comunicación sin que las mismas puedan ser cuestionadas desde la propia noción de Constitución, de legalidad y de los valores democráticos que se niegan precisamente cuanto más se afirman. El texto de Joaquín Aparicio pone de relieve el empleo sesgado y falso de estas nociones y reivindica la Constitución en su conjunto, como elemento de dinamización social, de participación democrática y de control de los poderes económicos que no pueden ser ignorados en los discursos políticos ni en la  determinación que los medios de comunicación efectúan de la opinión pública.

NO, LA CONSTITUCIÓN NO ES UN ADORNO

Joaquín Aparicio Tovar

La fallida operación de colocar a Pérez de los Cobos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto, una vez más, el efecto gangrenoso que para democracia en España supone el Partido Popular. La democracia es algo más que sujeción de los poderes públicos a reglas y procedimientos, también es respeto a determinados contenidos establecidos en la Constitución, como los derechos sociales que dan vida al principio de igualdad considerado en el art. 1 como un “valor superior”.  Pero, además de todo ello, implica asumir una cultura, más allá de las leyes, que supone la aceptación de ciertos límites en el comportamiento personal y colectivo. Esa cultura, al estar integrada, aún con mayores o menores deficiencias, en las sociedades allende los Pirineos (con la excepción de ciertos países del este europeo, como Polonia o Hungría) es la que ha hecho imposible que quien es visto como vocero del Gobierno ocupe una plaza de juez en el TEDH.

Decían los clásicos que aquel país que no tiene separación de poderes ni tabla de derechos fundamentales no tiene constitución. Pues bien, ¿qué pasa con nuestra constitución cuando el Gobierno manipula con éxito para colocar en los puestos claves de la judicatura a personas de su confianza ideológica saltándose el criterio de mérito y capacidad tan pregonado por el propio texto constitucional? ¿Qué pasa cuando después judicializa asuntos que deberían resolverse por vías de negociación política abierta? No se trata solo de Cataluña, sino que se está acosando en la jurisdicción a instituciones regidas por grupos de signo progresista, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid, sometido a un constante bombardeo de pleitos en los tribunales para tratar de invisibilizar, obstaculizar o impedir su ejemplar y honrada gestión y su lucha contra la corrupción.  

¿Qué pasa cuando el Gobierno (con la aquiescencia de Ciudadanos)  bloquea al Parlamento e impide que cumpla con su función legislativa? Este Gobierno, ha vetado, haciendo un uso torticero del art. 134.6 CE, más de 40 proyectos de leyes en el último año. Algo insólito en democracia.

¿Qué pasa con los derechos, sobretodo con los sociales? Ahí seguimos, por poner solo algunos ejemplos, con la ley mordaza, el control de los medios de formación de la opinión, el código penal que criminaliza la huelga, la reforma laboral y de Seguridad Social, los recortes en sanidad y educación, las privatizaciones, el formidable y corrupto entramado creado entre el PP y notables grupos empresariales. Todo ello ha traído una merma de derechos, un achicamiento de los espacios de libertad y un aumento brutal de la desigualdad. A pesar de todo esto, los políticos del PP y sus huestes mediáticas se incluyen a sí mismos en un selecto club de “constitucionalistas”.

No, Felipe VI, la constitución no es un adorno, es algo mucho más, pero sobretodo no es una cachiporra con la que golpear a todos aquellos que son adversarios políticos. La unidad de España no solo es un asunto territorial, sino que depende de tener una sociedad cohesionada por el respeto por todos, pero ante todo por los poderes públicos, a reglas, procedimientos y los valores superiores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político, y por la efectividad de los derechos sociales que hace tenga sentido el valor de la igualdad. Por vivir con una cultura cívica, hoy en franca regresión, alejada de la cuartelera franquista, que no conoce límites, instalada en no pocas covachuelas gubernamentales.