LA APROPIACIÓN PARTIDARIA DE LA JUSTICIA Y EL PARTIDO POPULAR.

La renovación el CGPJ ha dado lugar a toda una serie de críticas basadas sobre lo que se ha denominado un “mercadeo” entre PSOE y PP respecto del nombramiento de sus miembros. El cuestionamiento de este reparto bipartidista – que se ha aprovechado para dar un sopapo a Podemos, porque siempre parece conveniente que esta formación se lleve alguna bofetada por si acaso – no tiene que ver tanto con el método en sí, que es practicado desde antiguo con peor que mejor fortuna, sino por el contexto en el que se produce, de una enorme crisis de confianza en los vértices del aparato judicial.

El problema que se planteaba al Gobierno, presionado por el punitivismo judicial contra el procès, era el de sustituir a Carlos Lesmes como doble presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ que había conformado en sus cinco años de mandato un programa de reorientación de la cúpula judicial a partir de la política de nombramientos de magistrados del TS y de los presidentes de sala de los TSJ y la AN. Para ello las negociaciones se focalizaron en el Partido Popular como interlocutor privilegiado, en el entendimiento tácito de que sin el consenso de dicho partido no podía haber sustitución del grupo dirigente nucleado en torno a Lesmes.

El resultado de este proceso de negociación es conocido, como también el insólito compromiso de anunciar previamente a la discusión sobre candidatos y subsiguiente elección del que debería ser presidente del CGPJ, el magistrado que presidía la sala que había de juzgar la causa contra los miembros del gobierno de Catalunya acusados de rebelión por proceder a la declaración unilateral de independencia, Manuel Marchena, que de esta manera no podría formar parte de ese proceso.

Todo parecía seguir el curso de las cosas cuando ayer se hizo público un whatsapp que el senador Ignacio Cosidó, que en cuanto antiguo director general de la policía ha sido acusado por los medios de haber propiciado operaciones policiales no autorizadas por el juez para hacerse con documentos comprometedores sobre la financiación ilegal del Partido Popular, dirigió a un grupo de contacto en el que justificaba, ante las críticas que algunos miembros del Partido Popular habían efectuado, los resultados de la negociación.

El texto de este mensaje, que ha hecho público el digital El Español, es el siguiente. Como se dice usualmente, precaución al leerlo porque su contenido puede herir la sensibilidad democrática de los lectores y lectoras del blog.

Es el siguiente:

“Con la negociación, el PP tiene 9 vocales + el Presidente = 10, y el Psoe tiene 11 vocales.

Con otras palabras, obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, que fue vetado por Rubalcaba en 2013, y ahora no. Un presidente gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, y con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y además controlando la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61. Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de 2/3 del TS y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España.

Lo único que puede sonar mal son los nombramientos de algunos vocales del Psoe, pero el pacto previo suponía no poner vetos a nombres, para no eternizar la renovación que tiene fecha de caducidad el 4 de diciembre. En cualquier caso sacar a de Prada de la Audiencia Nacional es bueno. Mejor de vocal que poniendo sentencias contra el PP.

Otra consideración importante, es que éste reparto 50% para los próximos años, supone más de lo que nos correspondería por el número de escaños o si hubiesen entrado otras fuerzas políticas.

En fin, un resultado esperanzador. Lo que leo estos días es de una ignorancia que raya el delito. Si alguien quiere más detalles, estoy encantado. Abzo fuerte".

El “presidente excepcional” que permitirá el control “desde atrás” de la sala de lo penal del Tribunal Supremo y la sala de los 61 magistrados, que conoce de las recusaciones de los magistrados del TS – el TEDH ha condenado a España en el caso Otegi por no garantizar un tribunal imparcial -  y de otras cuestiones importantes entre ellas la ilegalización de los partidos políticos, es, naturalmente, Manuel Marchena, que hoy mismo ha emitido un comunicado en el que afirma que jamás ha concebido el ejercicio de la función jurisdiccional “como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", recalcando una independencia en la que, por mucho que se empeñe, lamentablemente ya nadie puede creer. Su renuncia a presidir el CGPJ ha tenido como efecto la ruptura del pacto y la acusación correspondiente por parte del PP hacia la ministra socialista como causante de la filtración del acuerdo, sin que por tanto este Partido haya hecho ninguna valoración del mensaje de su senador sobre el significado del mismo.

Como era previsible, la filtración de la explicación del pacto por Cosidó ha sido inmediatamente valorado por los partidos secesionistas catalanes como una prueba evidente de la manipulación del aparato judicial por el PP y por el PSOE, y tanto Ciudadanos como Podemos han exigido la dimisión de este personaje tan relevante en el Partido Popular que ha vivido “en primera fila” la influencia de esta formación en el nombramiento de casi 2/3 de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo y del resto de la cúpula de los tribunales superiores.

Más allá de la anécdota, lo que deja claro este asunto es la idea de justicia que mantiene el Partido Popular, que se resume en la apropiación progresiva y hoy decisiva de los vértices del aparato judicial español. Una estrategia exitosa comenzada y dirigida por Federico Trillo, que culminó con la toma del Tribunal Constitucional a través de la presidencia de Pérez de los Cobos y el aprovechamiento de su mayoría política en el Congreso para desplegar durante un quinquenio una política de nombramientos en el Tribunal Supremo sobre la base de las directivas de Carlos Lesmes y su grupo de influencia. La importancia de la Sala de lo Penal es evidente – y sólo hace unos meses se ha producido el nombramiento de cuatro nuevos magistrados en la misma, cuyos nombres y posición en el esquema judicial dice mucho y muy claro sobre el sentido de esa renovación – pero también se ha conocido la incidencia de esos nombramientos sobre lo contencioso-administrativo, las salas que han de enjuiciar la acción reglamentaria y administrativa del gobierno, con el escándalo añadido del tema de las hipotecas, y los laboralistas conocemos la orientación que ha tenido la designación de los nuevos magistrados de lo social en este período, y el giro que la jurisprudencia garantista que la sala había establecido a partir del 2010, hacia una exégesis mucho más proclive a los intereses empresariales en la actualidad.

Mientras tanto, la justicia se encuentra en medio de un enorme conflicto por el abandono y la desidia que los recortes presupuestarios y la degradación de un proceso debido en tiempos razonables está produciendo. Sustituciones y precariedad, carencia de recursos, son los elementos de fondo de este asunto. Pero la llamada “politización” de la justicia y la llamada “estricta separación de poderes” ha sido también el motor de la huelga de ayer lunes 19 de noviembre en la que han comunicado su participación 2.559 jueces y magistrados de ambos sexos.

El problema se gira por tanto ahora hacia la corporativización de la justicia como forma de depurar la “politización” y “mercadeo” de la misma. No es desde luego una solución segura en términos democráticos. Convendría volver a los debates de un tiempo que se desarrollaron entre los juristas y la sociedad sobre la relación entre el mandato representativo expresado a partir de las mayorías políticas y el ejercicio de la función jurisdiccional, porque la justicia no se ejerce en nombre del rey, sino en nombre del pueblo, y este se expresa políticamente a través del pluralismo político que debe condicionar también el gobierno de los jueces. Mientras ese debate se recobra, lo urgente y necesario es ahora impedir la apropiación continua del aparato judicial por el Partido Popular, su capacidad de paralizar cualquier cambio en la cúpula dirigente de la justicia de este país que pueda amenazar no sólo a importantes exponentes de esta formación, sino, de manera más relevante, que impida la realización de políticas de reformas progresistas a través de su paralización a través de la mediación judicial. Roto el pacto, se prolonga el mandato del actual presidente y la posición por tanto del PP es bien cómoda, con una mayoría activa en sus propósitos de control de los vértices judiciales, impidiendo la aprobación de presupuestos más sociales y descargando sobre el gobierno el coste que lleva consigo la situación degradada de la administración de justicia.

Ese es el verdadero problema que se enuncia en el whatsapp de Cosidó, que no se puede reconducir a una “politización” de la justicia. Es un fenómeno de desposesión democrática por una oligarquía poderosa y bien estructurada. Un hecho gravísimo que dura ya demasiado tiempo y que compromete el futuro de nuestra democracia. ¿Se sabrá reaccionar frente a ello?