No corren buenos tiempos en América del Sur para el
ejercicio de los derechos laborales. A las políticas de recorte tras el impacto
tardío de la crisis, se une el cambio político que se ha ido produciendo en las
principales democracias de la región, desde el Ecuador de Lenin Moreno al Chile
de Pineyra, pasando por la Argentina de Macri y, por el momento el más terrible
de todos estos supuestos, el Brasil de Bolsonaro. En Chile ayer 8 de noviembre
se realizó un paro nacional contra las políticas sociales regresivas del
gobierno, los sindicatos argentinos están permanentemente movilizados contra la
penosa situación económica y social del gobierno de Macri, y en Brasil, a las
profundamente antisociales reformas laborales y sociales de Temer, basadas en
la congelación durante veinte años del gasto social, la reforma laboral y la legalización
irrestricta de la terciarización, se avecinan nuevas intervenciones para
reformar la Seguridad Social e incluso se ha propuesto por el presidente electo
la supresión del Ministerio de Trabajo por irrelevante.
Esta ofensiva antisocial impone la remercantilización del trabajo y su
consideración como un factor variable de la economía medido exclusivamente en
función de su coste dinerario, y se acompaña de la emanación de medidas
dirigidas a combatir la acción sindical y favorecer la injerencia antisindical
de empresas y administraciones públicas. Un formidable aparato de justificación
antidemocrática acompaña a estas políticas que son recibidas con alborozo por
el imperio mediático dominado por las grandes corporaciones. En ese proceso,
los dirigentes políticos se labran su futuro personal cobijados por los poderes
financieros y las multinacionales.
Hay importantes resistencias a este proyecto neoautoritario que
fundamentalmente se basa en la reformulación el marco de derechos laborales y
que se desborda en la restricción cada vez más evidente de las libertades
civiles, resistencias que normalmente se articulan en el plano estatal-nacional,
con la dificultad que este nivel de organización alternativa tiene ante lo que
se puede denominar “desincronización” de las subjetividades de clase en cada
uno de los países afectados frente a un proceso que es global y se ejecuta de
forma homogénea por las instituciones financieras internacionales y grupos de
producción de ideología a nivel global.
La referencia internacional no es unívoca, porque existe un bloque de
decisiones y de intervenciones normativas que dan pie a la constatación de un
horizonte regulativo alternativo que considera central en la construcción de
las sociedades contemporáneas como un rasgo civilizatorio propio de las mismas.
La OIT, cuyo centenario se cumplirá el próximo año, suministra un complejo de
reglas dotadas de validez universal que es preciso difundir y popularizar como
el suelo democrático mínimo al que cualquier gobierno debe ajustar sus
políticas. Son en definitiva derechos y normas fundamentales sobre el trabajo
que adquieren la condición de derechos humanos laborales y que como tal han de
ser defendidos y reivindicados en todos y cada uno de los Estados nacionales
que forman parte de la OIT, como sucede con todas las naciones de América
Latina.
Recientemente, un grupo muy significativo de abogados, magistrados,
profesores de universidad, asesores sindicales y en general expertos en
relaciones laborales, que se han ido
nucleando en torno al Curso de Especialización que primero se realizaba en
Bolonia y luego en Toledo, coordinado y protagonizado por Pedro Guglielmetti y bajo
la dirección de Umberto Romagnoli, ha celebrado una reunión en Buenos Aires en
la que han aprobado una declaración de extraordinario interés en la que se
comprometen a impulsar la defensa y la preservación de dichos derechos humanos
laborales.
Este es el texto de la Declaración, proporcionada gentilmente por Sidnei
Machado y César Arese, “becarios” de dicho curso, que se presenta en exclusiva
en este blog.
DECLARACIÓN
DE BUENOS AIRES
DECLARACION
DE PRINCIPIOS Y COMPROMISOS GRUPO DE EX BECARIOS LATINOAMERICANOS DE LA
UNIVERSIDAD DE BOLOGNA, CASTILLA LA MANCHA, TURIN
En
la ciudad de Buenos Aires, en el marco del XXVII Encuentro de ex becarios de la
Universidad de Bologna, Castilla la Mancha y Turín, realizado entre el 1 y 3 de
noviembre de 2018, los participantes -especialistas en el campo de las
relaciones laborales-, considerando como ejes la Declaración relativa a los
fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (1944), la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948), y la Declaración de la OIT sobre
la justicia social para una globalización equitativa (2008), expresan su
adhesión a los siguientes principios rectores para el desarrollo de sus
acciones y actividades:
Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida digna que le asegure salud,
alimentación, vivienda, educación, trabajo y acceso a la cultura y al
esparcimiento.
Estos
derechos se deben concretar en un marco donde se promueva la aplicación de los
principios relativos a los derechos fundamentales del trabajo, a saber:
•
• La libertad
sindical, el derecho de asociación y el reconocimiento efectivo de la
negociación colectiva;
•
• La eliminación
de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
•
• La abolición
efectiva del trabajo infantil;
•
• La eliminación
de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Teniendo
estos derechos como guía para la consolidación de una sociedad justa; las
iniciativas a desarrollar en materia de políticas públicas nacionales,
regionales e internacionales deberán estar orientadas a:
•
• Adoptar medidas
destinadas a garantizar a todos una justa distribución de ingresos y
oportunidades;
•
• Lograr el pleno
empleo productivo libremente elegido y elevar el nivel de vida de nuestros
pueblos;
•
• Crear
oportunidades laborales para la utilización plena de las habilidades y
conocimientos de los trabajadores;
•
• Acompañar con
procesos de formación profesional continua, el desarrollo de competencias para
los trabajadores;
•
• Fomentar el
pleno ejercicio de la negociación colectiva para alcanzar el objetivo de una
sociedad más justa y para mejorar continuamente la eficiencia en la producción;
•
• Fortalecer el
derecho fundamental a la seguridad social, garantizando la cobertura y
sostenibilidad del sistema de proteccón social integral e irrenunciable, que
asegure ingresos y bienestar;
•
• Promover el
diálogo social y el tripartismo.
A 30
años del primer Curso que se dictara en la prestigiosa Universidad de Bologna y
a 27 años del Primer Encuentro en Latinoamérica, en una experiencia única a la
que el dialogo y la participación le dan su singularidad, se redacta y firma
esta Declaración como un hito fundacional y distintivo que nos identifica,
desde distintas disciplinas del saber, en la búsqueda del progreso social.
Los
abajo firmantes, EX BECARIOS LATINOAMERICANOS DE LA UNIVERSIDAD DE BOLOGNA,
CASTILLA LA MANCHA y TURIN, nos comprometemos a promover el trabajo decente como
piedra angular del funcionamiento de las actividades del GRUPO en un marco de
interdependencia, de solidaridad y cooperación de todos los países de la
región.
Universidad
Nacional de San Martín
Buenos
Aires
Argentina
3 de Noviembre 2018
La
declaración aparece firmada por una larga serie de personas de los diferentes
países de América Latina. En el original del que disponemos se pueden reconocer
la firmas de Joaquin Aparicio, Laura
Mora y Joaquín Pérez Rey de la UCLM de España, de Héctor Mercado, magistrado propuesto como ministro de la Corte Suprema
de México, Oscar Hernández, profesor
y abogado de Venezuela, Carlos Tomada,
ex ministro de trabajo y legislador de la ciudad de Buenos Aires, Héctor
García, profesor en la UBA y presidente de la Asociación Argentina de
Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, César Arese, magistrado y profesor en Córdoba, Mariana Pucciarello, magistrada en Buenos Aires, Susana Corradetti y Marcel Peralta,
abogadas y organizadoras del encuentro, Guillermo
Gianibelli, profesor de la UBA y abogado, todos y todas de Argentina, Humberto Jairo Jaramillo y Oscar Blanco,
abogados y profesores universitarios y Harold
Mosquera, abogado de sindicatos en Colombia, Sandra Goldfuss, abogada y profesora de la UDELAR en Montevideo,
Uruguay, Daniel Ulloa, profesor de
la PUCP, y presidente de la Sociedad Peruana de Derecho del trabajo y de la
Seguridad Social, Rodrigo Morales y Juan
S. Gumucio, de la ejecutiva de la Asociación Nacional de Abogados
Laboralistas de Chile, Sidnei Machado,
profesor y abogado en Curitiba, Brasil, y tantos otros nombres que prolongan la
lista de adhesiones a la declaración.
La
importancia de estos textos no es sólo simbólica. Expresan la confianza en la capacidad
de la democracia para conseguir un mundo mejor y más justo. Pese a que en este
momento actual en el que vivimos, sean muchas las fuerzas empeñadas en
desvincular la forma democrática de un contenido de igualdad, libertad y de
justicia, sustituyéndolo por la sumisión y la violencia creada por la
desigualdad, la incultura y el desprecio o el odio a quienes no comparten esa
deriva autoritaria.
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