LA JURISPRUDENCIA, TERRENO DE LUCHA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO DE LA POST-CRISIS

Es evidente que uno de los elementos del cambio político tras las elecciones de abril que se van a poner en juego en los próximos meses, antes del verano, es la reversión de la reforma laboral. Frente a una posición más retardataria que quiere ligar este hecho a la elaboración de un nuevo estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, los sindicatos CCOO y UGT y la izquierda política están presionando para que con carácter inmediato se logre la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012 y que se sustancian en los compromisos que los sindicatos confederales llegaron con el gobierno en diciembre del 2018 y que también formaba parte del acuerdo presupuestario entre el grupo confederal de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea dos meses antes. El texto de ese acuerdo ha sido ya negociado y pactado con los sindicatos y se había trasladado a un proyecto de ley sobre la reforma del art. 42 ET que se había tramitado a instancias del Grupo parlamentario socialista, que ahora, al tener mayoría claramente suficiente, no debería posponerse.

Sabemos que por un lado la CEOE-CEPYME está presionando en la línea que ya mostró antes de las elecciones, amenazando al gobierno respecto de que cualquier regulación de las relacione laborales tiene necesariamente que hacerse con su consenso, y esta presión se suma a la de las grandes empresas del IBEX y la banca que rechazan no sólo un gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos, sino a un pacto programático entre ambas fuerzas que comprometa al gobierno a efectuar las reformas en él acordadas.

Este es el relato conocido que se despliega en el territorio de la gobernanza y de las presiones que la conforman. Pero hay otras dimensiones menos explícitas que también juegan un papel determinante en el futuro de las relaciones laborales. Se trata de la interpretación judicial como elemento clave en la reconstrucción normativa sobre las relaciones laborales. La posición de la Sala IV del Tribunal Supremo en los primeros años de aplicación de la reforma laboral del 2010 y sobre todo del 2012, que limitó de manera importante, fundamentalmente a efectos de despidos pero también en materias decisivas, como en el caso de la ultra actividad, los efectos más nefastos de estas normas de la crisis, fue recuperada a partir del 2015 mediante una obstinada política de nombramientos por parte del CGPJ que devolvió la sala IV a una mayoría acorde con los planteamientos reformistas. Hoy se están efectuando importantes maniobras que se quieren anticipar a la nueva composición política del CGPJ y del Parlamento que pudieran hacer perder el control del nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de Sala del TSJ y de la AN y de las vacantes que se produzcan en el Tribunal constitucional.

En efecto, la decadencia del PP, que es el partido que ha desarrollado una constante política de desmantelamiento del pensamiento garantista en la magistratura y ha conformado, a partir de la estrategia concebida por Federico Trillo, un proceso de apropiación partidaria de las altas instancias de todos los órdenes jurisdiccionales, en especial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, (cuyo más señalado organizador ha sido en los últimos cinco años ha sido el presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes), introduce un cierto malestar en la cultura conservadora de promoción en la judicatura por sumisión implícita a estos planteamientos. Hay que tener en cuenta que en los próximos tres años se tendrán que renovar casi el sesenta por ciento de los magistrados y magistradas en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, y que se producirán dentro de muy poco cuatro vacantes en el Tribunal Constitucional, entre ellas la de Fernando Valdés, que ha llevado a cabo una intensa labor de oposición a la jurisprudencia mayoritaria y complaciente con la reforma laboral. El declive parlamentario del PP hace que su influencia se reduzca y que, paralelamente, no sólo resulte decisivo el PSOE, sino que también gane influencia Unidas Podemos, lo que para el sector más reaccionario de la magistratura constituye un peligro cierto.

Grandes maniobras por tanto para no perder la hegemonía en la doctrina social mayoritaria del Tribunal Supremo ni retroceder en el dominio conservador de la jurisprudencia constitucional. De un lado a través del mundo de las asociaciones judiciales, que se sienten directamente concernidas por estos aires de cambio, ante todo la APM. Pero fundamentalmente por los verdaderos constructores del derecho laboral, los grandes bufetes y estudios jurídicos al servicio de las instituciones financieras y los grandes grupos empresariales, que comienzan a inquietarse ante estas posibilidades de cambio y que por el contrario están apostando fuertemente por ganar a través de la interpretación judicial lo que eventualmente pueda modificarse por vía legislativa. Hay que estar atentos a estos cabildeos y seguirlos en la medida de lo posible. Se trata por otra parte de oscilaciones que no sólo se califican horizontalmente, por su inserción en un pensamiento conservador, sino también por sus identidades o pertenencias. Así, está resultando muy activo en este ajetreo el que de manera simpática se conoce como el clan murciano, por el origen académico-local de sus pertenecientes, que cuenta con Alfredo Montoya en el Tribunal Constitucional, Antonio Sempere en el Tribunal Supremo y Juan Martínez Moya en el Consejo General del Poder Judicial. Un seminario a comienzos de abril en el CES murciano, junto con Pérez de los Cobos, ex presidente del Tribunal constitucional, parece ser el inicio de la promoción de alguno de los miembros relevantes del grupo a las altas instancias de la magistratura.

Asimilar y devaluar la posible reforma legislativa en materia de relaciones laborales es la tarea que el pensamiento conservador asigna a la jurisprudencia de la que por tanto tiene que garantizar su control doctrinal. Este es el segundo de los aspectos que está en juego en este terreno de lucha por la construcción del derecho del trabajo de la post-crisis.

En efecto, es sabido que la indicación que efectúa la jurisprudencia de la regulación de las relaciones de trabajo ha ido ganando espacio entre los estudios doctrinales, de los que una buena parte se dedica a la exégesis y sistematización de esta doctrina, a lo que ayuda por cierto una cada vez más frecuente y activa labor de otros instrumentos de difusión como los blogs laboralistas a los que ya se ha referido éste frecuentemente. Todas las revistas jurídicas dedican un espacio específico al examen de la jurisprudencia, especialmente la del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, además de atender a las referencias del Tribunal de Justicia y del TEDH. Pero recientemente ha habido dos iniciativas que indican la relevancia que para ambas tiene la construcción de una opinión jurídica que juzgue lo que dice el juzgador y que por tanto critique o valore positivamente las líneas interpretativas elaboradas por la jurisprudencia social, revalorizando el pensamiento académico como crítico de la doctrina judicial y como posibilidad alternativa de regulación de los supuestos enjuiciados.

La primera de estas iniciativas corresponde a la Revista de Derecho Social. En el primer número del 2019 (el número 85 de la Revista), se ha introducido una novedad en el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En efecto, frente a los comentarios de Sentencia que se hacían previamente, se inaugura ahora una línea de diálogo crítico y sistemático con la jurisprudencia de la Sala IV del Tribunal Supremo que interpela a algunas de sus decisiones que se juzgan especialmente relevantes en orden a delimitar tendencias interpretativas en las relaciones laborales actuales. Esta focalización en la jurisprudencia del TS tiene que ver con la importancia de la misma en la  creación jurisprudencial del derecho del trabajo, reconocida si no siempre de manera explícita sí implícitamente por toda una práctica doctrinal y académica que generaliza y explica las decisiones adoptadas como elementos centrales de comprensión del sistema jurídico, a lo que se une la pérdida de centralidad del Tribunal Constitucional  y su jurisprudencia, que tanto ha ayudado a construir el marco democrático de relaciones laborales, a través de las restricciones potentísimas del recurso de amparo y de su alineamiento ideológico con las posiciones del poder político durante el momento álgido de las reformas estructurales de la crisis. Ambas cuestiones justifican que la RDS haya concentrado su interés en la jurisprudencia ordinaria como el momento interpretativo clave para precisar los contornos precisos de una legislación que sigue formalmente inalterada en sus elementos esenciales desde la crisis 2010-2012 pero que puede ser en un breve lapso de tiempo revertida legislativamente.

Desde esa comprensión estratégica, un grupo de cinco estudiosos del Derecho laboral y profesores de Universidad, coordinados por Jaime Cabeza, catedrático de la Universidad de Vigo y miembro del consejo de Redacción de la RDS, compuesto por él mismo, Montserrat Agís Dasilva de la Universidad de Valencia, Carmen Ferradáns Caramés de la Universidad de Cádiz, y Amparo Merino Segovia y Joaquín Pérez Rey, de la Universidad de Castilla La Mancha, se dedican a examinar los pronunciamientos más llamativos o sugerentes de la Sala IV del TS en la medida en que puedan resultar idóneas para consolidar posiciones de re-equilibrio de la asimetría de las partes del contrato de trabajo o que interpreten la norma social de manera que consoliden y profundicen el contenido de los derechos fundamentales, pero también a cuestionar los fallos, que por el contrario representan una visión restrictiva de las garantías de los derechos individuales y colectivos derivados del trabajo o vigorizan incorrectamente las facultades de dirección y control de los poderes privados. En resumen, y como afirman los autores de esta nueva sección, se trata de presentar un análisis valorativo por parte de la academia en el que se alternen, en las dosis que corresponda, la adhesión a los criterios presentes en las sentencias comentadas o la crítica de los mismos. En el número 85 aparece ya una primera entrega que examina la jurisprudencia del TS en el último trimestre del 2018 con el análisis de los temas de contratación – en especial las sentencias sobre la definición del contrato de obra o servicio – condiciones de trabajo – vacaciones y deudas empresariales en la subrogación de empresa – extinción de contrato – presunción de existencia de causa si hay acuerdo en el período de consultas – derecho colectivo y seguridad social.

La segunda iniciativa, tiene que ver con el nacimiento de una nueva revista, denominada Revista de Jurisprudencia Laboral (RJL) que es una publicación digital de carácter mensual, alojada en la página Web de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, accesible en abierto y que se dedica fundamentalmente al análisis de la doctrina judicial, principalmente laboral, pero también de otros tribunales en cuanto incidan o interesen a la materia del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Las resoluciones judiciales comentadas pueden proceder de cualquier órgano judicial español (no solo de la jurisdicción social); también del Tribunal Constitucional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De manera excepcional también podrá abordarse el estudio de alguna significativa resolución emanada de otros órganos judiciales, nacionales o internacionales. Anualmente sin embargo, se publicará en papel, agrupadas y sistematizadas, las intervenciones o comentarios de cada uno de los números de la Revista.

La RJL cuenta con un Equipo de Dirección que está integrado por Antonio V. Sempere Navarro Magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de universidad (director), Ángel Arias Domínguez, catedrático de la Universidad de Extremadura (subdirector) y María Areta Martínez, titular de la Universidad Rey Juan Carlos (secretaria). A ello se unen  11 miembros más entre los que se hallan, de una parte, María Antonia Castro Argüelles, Catedrática de la Universidad de Oviedo, Joaquín García Murcia. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y director del Departamento de DTSS de esta Universidad, Lourdes López Cumbre. Catedrática de la Universidad de Cantabria y miembro del Academic counsel de Gomez Acebo-Pombo; Carmen Sánchez Trigueros, Catedrática de la Universidad de Murcia, Yolanda Sánchez-Urán Azaña, Catedrática de la Universidad Complutense, Arancha Vicente Palacio, Catedrática de la Universitat Jaume I, y de otra, María Emilia Casas Baamonde. Catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional, José Luis Monereo Pérez. Catedrático de la Universidad de Granada y Presidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, Eduardo Rojo Torrecilla. Catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y María José Romero Rodenas. Catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha, a los que se une el único Magistrado junto al director de la Revista,  Juan Martínez Moya, que es además Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

La RJL responde por tanto a la importancia de la jurisprudencia, su sistematización como doctrina y su autorreferencialidad como guía para la definición del marco institucional de las relaciones laborales, resaltando el papel de los tribunales como verdaderos creadores del derecho laboral, condicionando y adecuando el contenido normativo que ha aparecido en la ley o en la norma colectiva, y administrando el gobierno cotidiano de la aplicación del derecho y su intensidad.

En ambas iniciativas por tanto, se traslada el foco a la capacidad prescriptiva de la doctrina judicial. Un espacio necesariamente abierto que no resume la complejidad de la producción actual del Derecho del Trabajo pero que efectivamente constituye un terreno de confrontación ideológica, técnica y doctrinal especialmente relevante.