SINDICALISMO Y DERECHO SINDICAL, 7ª EDICION (2019)

Acaba de salir de las prensas – como se decía un tiempo – la séptima edición del libro “Sindicalismo y Derecho Sindical” que incorpora las novedades legislativas y jurisprudenciales que se han conocido en España hasta el verano del 2019. El libro fue el número 1 de la colección Básicos de Derecho Social de la editorial Bomarzo, y es un texto con vocación más didáctica que experimental que ha tenido una buena acogida especialmente en los cursos de formación sindical. Precedido de un generoso prólogo de Jose Luis López Bulla, se transcribe a continuación una parte significativa de la introducción del mismo.

La temática del derecho sindical  se inscribe en general en un discurso sobre el poder y la nivelación de la desigualdad económica y social a la que el sindicalismo debe servir. Hay por tanto que encuadrar este fenómeno en unas relaciones sociales no armónicas, sino en conflicto permanente, derivado de la pertenencia a clases sociales diferenciadas. La conflictividad social que atraviesa todo el Derecho del Trabajo, es especialmente notoria en el Derecho Sindical, acostumbrado a medirse en términos de poder y contrapoder en los lugares de producción. Este hecho ha sido oportunamente resaltado por nuestro Tribunal Constitucional: “No puede olvidarse –dirá la STC 134/1994– que los sindicatos se hallan objetivamente en una posición dialéctica de contrapoder respecto de los empleadores y que la defensa de sus objetivos no se basa en fórmulas de composición de intereses o de colaboración, sino de autodefensa”.

Las relaciones de poder que están ancladas en la apropiación del trabajo de las personas se construyen también en el mercado como espacio de adquisición y de generación de desigualdad, se consolidan en la opinión pública a través de la cimentación de éstas por los medios de comunicación, cada vez más globalmente empotrados en los poderes económicos, y se proyectan sobre el espacio público en ciclos de dominio político excluyente que oscilan en una mayor o menor apertura a posiciones democráticas sobre la base de la noción de ciudadanía. Esto implica que las relaciones de poder que tienen como base el trabajo adquieren una centralidad en todos los campos de la sociedad, y los esfuerzos más importantes por considerar este proceso como un elemento positivo que alimente la estructuración democrática de la sociedad ha venido siendo definido a través del reconocimiento del modelo social en las constituciones europeas que sellan la derrota y el fin del nazifascismo y de las dictaduras asimiladas en Europa y en la tensión entre política y mercado como síntesis del equilibrio de poderes siempre inestable y en conflicto en todos los ámbitos en el que éste se trasluce. El sindicato se sitúa en todas esas dimensiones, con diversa intensidad y presencia, y está por tanto atravesado por múltiples tensiones que ponen a prueba la validez de su proyecto de reforma y la eficacia de su actuación. 

A partir de la gran crisis del 2008 y de la recesión que produjo en las economías avanzadas y en especial en Europa, se ha desarrollado un proceso de remercantilización del trabajo y un replanteamiento profundo del esquema democrático y social que había conformado el modelo social en el que el sindicato ocupaba un lugar relevante. En  nuestro país la crisis se despliega en tres fases a partir de la burbuja inmobiliaria y el desbordamiento del crédito, como crisis financiera primero, que desestabiliza el sistema bancario, crisis de la deuda soberana después, con la exposición a los mercados de fuertes compromisos financieros y el incremento del déficit público, y finalmente crisis política y democrática con la reforma de la constitución introduciendo la regla del equilibrio presupuestario y el pago prioritario de la deuda, la degradación de derechos laborales, el recorte de prestaciones sociales y el deterioro del sistema de libertades. El incremento extraordinario del poder financiero en los terrenos económico, político y social, que tiende a expandir su control tanto sobre los proyectos de gobierno como sobre la propia existencia social de la ciudadanía a través de episodios de una violencia económica inaudita , ha generado una verdadera situación de excepcionalidad en el campo de los derechos, forzando un cambio de modelo regulativo que primero se presenta como una intervención extraordinaria que posteriormente sin embargo se consolida y normaliza como una nueva e irreversible ordenación de la disposición de los poderes sociales articulados tanto en el seno de la relación laboral como en el espacio de la ciudadanía social.

La crisis aparece por tanto como dispositivo disciplinario  en el que coinciden dos discursos, el de la excepcionalidad social ante el derrumbe del sistema financiero, el desempleo de masa y el recorte consiguiente del empleo público y las prestaciones sociales, que impone un marco de regulación en el que la flexibilización de las relaciones laborales se identifica con el incremento del poder unilateral del empresario y la reducción de los contrapesos colectivos y sindicales, junto  con el de la edificación de un relato virtuoso sobre el emprendimiento y el emprendedor , la autonomía y la individualización como potencias del actuar social incentivadoras del crecimiento y del desarrollo económico, unido a la necesidad de dar más espacio al mercado mediante la privatización de amplias zonas de actividad todavía no afectadas por la mercantilización plena de las necesidades sociales. Una narrativa que oculta expresamente los efectos de la situación de excepción creada que ha desequilibrado la correlación de poderes en la relación laboral, ha producido una importante devaluación salarial, redirigiendo la creación de empleo post-crisis hacia la desigualdad y el empleo precario y “atípico”.  De esta manera se instala en la opinión pública el convencimiento de que la única forma de obtener empleo se produce desde la aceptación de la desigualdad salarial y de la precariedad como regla, originando subjetividades cómplices con el proceso de acumulación, refractarias a cualquier planteamiento colectivo tanto del problema como de su solución.

La situación de emergencia constitucional o “excepcional coyuntura de emergencia económica” como la ha definido el Tribunal constitucional ha justificado la redefinición del contenido de los derechos laborales en un sentido extensamente limitativo, en especial en relación con el derecho al trabajo y el derecho a la negociación colectiva. La fuerza del poder privado que se manifiesta en la organización unilateral de la prestación de trabajo ha sido reforzada en su carácter coactivo por el poder público, que además ha debilitado extraordinariamente la capacidad sindical de negociar bilateralmente aspectos centrales del mismo. Se ha producido también un endurecimiento de las sanciones frente al ejercicio de derechos colectivos de resistencia y de protesta. Todo ello ha alterado de forma sustancial la posición real del sindicato, sin necesidad de modificar la normativa básica que encuadra su organización y su función institucional.

El cuadro de liberalismo autoritario en el que todavía se mueve el sistema jurídico laboral español no ha sido sin embargo asumido de manera mayoritaria y ante el mismo se han ofrecido importantes resistencias por parte del sindicalismo, los movimientos sociales y las formaciones que apuestan por un cambio político. En concreto, la reversibilidad de las reformas laborales efectuadas entre el 2010 y el 2013 ha constituido un elemento central en el discurso electoral de la izquierda tras la moción de censura que desalojó del gobierno al Sr. Rajoy y al PP en junio de 2018, y se pretende reinstalar en el espacio cultural y político las nociones constitucionales de Estado social y de Autonomía colectiva como vías idóneas para la remoción gradual de una desigualdad social y económica que no ha hecho sino incrementarse a partir de las políticas de austeridad con la crisis. La situación es todavía incierta y son muchos los intereses que se despliegan con fuerza para mantener una visión unilateralista en el control y dominio de la relación de trabajo así como en la reducción de la vertiente colectiva y sindical a un fenómeno puramente adhesivo y coadyuvante a la gestión y administración de la productividad o de la regulación de empleo. Esta tensión debe ser siempre tenida en cuenta a la hora de analizar los problemas teóricos y prácticos que se plantean en el derecho sindical.

Sindicalismo y Derecho Sindical (7ª edición revisada) Precio: 16 € ISBN: 978-84-17310-78-3FECHA DE EDICIÓN: 2019FORMATO: 14x21 NÚMERO DE PÁGINAS: 150 COLECCIÓN: Básicos de Derecho Social AUTOR: Baylos Grau, Antonio 1. Introducción: Sindicalismo y Derecho Sindical. 2. La libertad sindical. 2.1. El reconocimiento constitucional de la libertad sindical y la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS). 2.2. Ámbito subjetivo de la libertad sindical. 2.3. Contenido de la libertad sindical. Libertad sindical individual y colectiva. 2.4. La mayor representatividad sindical. 2.5. Tutela de la libertad sindical. 3. La representación de los trabajadores en la empresa. 3.1. El ˝modelo dual” de representación en la empresa. 3.2. Los órganos de representación en la empresa de base electiva: Comités de empresa y delegados de personal (Título II ET). Composición, facultades, garantías. 3.3. La Acción sindical en la empresa. Secciones sindicales y delegados sindicales. Facultades. Garantías. 3.4. Los órganos de representación del personal en la Administración Pública. 4. Las relaciones de conflicto: huelga, cierre patronal y conflictos colectivos. 4.1. El planteamiento constitucional de la asimetría de las medidas de conflicto: huelga y cierre patronal. 4.2. La regulación del derecho de huelga. El DLRT y la STC 11/1981, de 8 de abril. 4.3. Derecho de huelga y servicios esenciales. Los decretos de servicios mínimos. 4.4. La solución extrajudicial de conflictos colectivos: sistemas autonómicos, el ASAC y el SIMA. 5. Bibliografía seleccionada. 6. Abreviaturas más utilizadas.