¿LA SUBIDA DEL SALARIO MINIMO GENERA PARO EN EL SECTOR AGRARIO EXTREMEÑO O MANCHEGO?

La subida del salario mínimo mediante acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las asociaciones empresariales más representativas, ha supuesto un hecho de enorme relevancia no solo social sino también política, que ha descolocado el discurso llevado a cabo por las fuerzas de la derecha de deslegitimación del gobierno, ante el éxito de una iniciativa efectuada con el concurso de todos los agentes sociales y económicos. El propio Pablo Casado, en la entrevista que mantuvo con los secretarios generales de UGT y CCOO, tuvo que valorar positivamente el resultado alcanzado. Por eso llama poderosamente la atención que hayan sido dos presidentes autonómicos socialistas, el de Extremadura y el de Castilla La Mancha, quienes hayan protagonizado el cuestionamiento del incremento del salario mínimo sobre la base de una argumentación “particularista”, la de que el incremento del salario mínimo destruye empleo en el sector agrario de sus respectivas comunidades autónomas.

Los dos presidentes autonómicos socialistas por tanto han decidido presentarse ante la opinión pública defendiendo una posición directamente contraria a lo que ha supuesto una de las medidas más celebradas del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos como consecuencia de la moción de censura que desalojó del gobierno a Mariano Rajoy, y que actualmente, a través de su incremento pactado en el seno del diálogo social, representa un elemento central para la gobernanza social del país administrada por el gobierno progresista. La repercusión política que pueda tener este paso a un lado de los “barones” socialistas de Castilla La Mancha y Extremadura está por determinar, pero lo que es evidente es que se han alineado con las posiciones defendidas por las patronales agrarias, que mantuvieron una agresiva postura contra el incremento del salario mínimo, posición desautorizada por el acuerdo al que llegaron hace una semana – y que hoy se quiere institucionalizar al máximo nivel en el Palacio de La Moncloa – la CEOE-CEPYME con los agentes sociales y el gobierno, que recoge la fotografía que abre esta entrada del blog.

Para ASAJA, el incremento del salario mínimo era “inasumible”  https://www.lavanguardia.com/vida/20200123/473089312992/economia--el-nuevo-aumento-del-smi-resulta-inasumible-para-el-sector-agrario-segun-asaja.html y lo mismo defendía COAG, sobre la base de un informe en el que entendía que las pequeñas explotaciones de 2 o 3 trabajadores no podían competir, poniendo como ejemplo de contraste el salario de los jornaleros marroquíes, catorce veces inferior al salario mínimo español  https://www.elconfidencial.com/economia/2020-01-17/ccoo-principal-sindicato-agrario-subida-smi_2415792/ . El acuerdo social que situaba el SMI en 950€, desautorizaba de hecho estas reivindicaciones de las patronales agrarias, que sin embargo no se han dado por vencidas. Ante la derrota evidente de sus posiciones, estas organizaciones han forzado la intervención de los gobiernos autonómicos de mayoría socialista que asumen su postura hostil a la subida del salario mínimo en agricultura, solicitando a la vez “como compensación” la entrega de subvenciones, reducción de cotizaciones y otros privilegios para las empresas del sector.

Así, Fernández Vara, en titulares de la prensa especializada (nada menos que “Libre Mercado”) “admite que la subida del SMI está disparando el paro”, y, continua el titular, “la EPA en Extremadura ha dado unos resultados rematadamente malos”, que vinculan claramente al campo y el SMI en un sentido negativo. La subida del SMI “ahoga” a muchas empresas, en especial las del sector agrícola, con mucho paro en Extremadura. (https://www.libremercado.com/2020-01-28/fernandez-vara-estalla-smi-paro-psoe-salario-minimo-1276651473/).  Una apreciación que también se reitera en Castilla La Mancha. La Consejera Portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Blanca Fernández, entiende que "es verdad" que, en el sector agrario, la subida del SMI "puede tener una incidencia negativa cuando las cosas no van bien", y en ese sentido ha explicado que, "si en el sector olivarero esta campaña va mal porque hay una mala cosecha y unos precios muy bajos, el tener que pagar salarios más altos es otra carga en los costes de producción a cuenta de los agricultores, que este año y en este sector están siendo muy damnificados". Por eso, el titular es que “el Gobierno de Castilla-La Mancha cree que la subida del salario mínimo puede dañar al sector agrario” (https://www.eldigitalcastillalamancha.es/agricultura/163614305/El-Gobierno-de-Castilla-La-Mancha-cree-que-la-subida-del-salario-minimo-puede-danar-al-sector-agrario.html ). Ambos gobiernos de Extremadura y Castilla La Mancha se apresuraron a añadir que lo anterior no implicaba que estuvieran en contra del salario mínimo – lo que desde luego es una precisión digna de encomio para un dirigente socialista – sino que constaban esta relación negativa que requeriría por consiguiente medidas compensatorias o una excepción en su aplicación sectorial, bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social o de incentivos fiscales ligados al empleo agrario, para contrarrestar esta nueva subida.

Los argumentos son inaceptables y además se basan en apreciaciones erróneas. No es cierto que se haya producido una caída significativa en el empleo agrario en Extremadura. No se puede utilizar el dato de un trimestre aislado para analizar la evolución del empleo, especialmente en un sector con tanta estacionalidad como es el agrario, que está sometido a fuertes oscilaciones dependiendo de condiciones muy cambiantes, sobre todo climáticas. En media anual, es decir, la media de los cuatro trimestres de la EPA, el empleo en la agricultura en Extremadura en 2019 es el segundo más alto de toda la serie histórica reciente. En realidad, 2019 ha sido un año positivo en términos de ocupación agraria en Extremadura porque da continuidad a un periodo de ocupación en valores máximos. Es disparatado vincular la evolución del empleo en el 4º trimestre con el aumento del salario minino interprofesional a 900 euros, puesto que en los tres trimestres anteriores de ese mismo año, la ocupación se mantuvo idéntica a la del 2018, y no se sabe por qué la subida del SMI que comienza en enero solo produce efectos negativos en el cuarto trimestre. Por otra parte, la afiliación a la Seguridad Social en el sector agrario, el año 2019 se cerró con 28.689 personas afiliadas que realizaban jornadas reales, mientras que 2018 esta misma cifra baja a 27.017, cuando el salario mínimo era inferior. Es decir, "la ocupación en el sector no sólo no ha bajado, sino que ha mejorado en más de 1.500 personas, un 5,7 por ciento más", como han afirmado las CCOO de Extremadura. Los problemas en la actividad y el empleo del 4º trimestre de 2019 nada tienen que ver con el salario mínimo sino con otro tipo de cuestiones, posiblemente climatológicas, puesto que Extremadura, como otras zonas de España, sufrió el año pasado un grave problema de sequía que afecto a sus principales producciones agrarias.

Algo muy semejante sucede en Castilla La Mancha, donde su economía está marcada por sectores claramente estacionales, y la bajada de los datos de afiliación de la EPA responden a otras lógicas económicas, entre otras cosas no se han podido contabilizar en el 2019 las más de 11.000 personas que estaban trabajando en los planes de empleo que se ha aprobado con un año de retraso, en diciembre del 2019. La ocupación efectiva de trabajadores en la agricultura en 2019 ha crecido en los tres primeros trimestres en referencia al interanual (respecto a 2018), no así en el último por cuestiones climatológicas. En líneas generales, los salarios son el elemento menos importante en la determinación de los costes del sector agrario, puesto que la remuneración media en muchas actividades de este sector no supera los 5 € por hora, y los convenios colectivos fijan salarios por tanto muy modestos. El sector agrario en Castilla La Mancha supone una aportación al PIB regional del 9% , ha tenido una crecimiento en su aportación al PIB de más de 1.000 millones de euros en los últimos 10 años, y ni as cotizaciones ni los salarios han sido un problema nunca en la consolidación económica de este sector.

Una cuestión distinta es que las patronales agrarias de estas Comunidades se resistan a subir el salario convenio o que, como sucede con Asaja en Extremadura, su negativa a firmar el convenio del campo se vea reducida al tener que abonar el salario mínimo de 950 €. La polémica, en la que ha terciado a su favor las declaraciones de Fernández Vara, estriba por lo tanto en negociar a la baja los niveles salariales de los trabajadores y trabajadoras del campo, en cuyo diseño la subida del SMI supone un cuestionamiento de sus propósitos de devaluación salarial opuestas a su vez al compromiso alcanzado en el IV AENC de establecer un salario mínimo de convenio de 14.000 € anuales. En todo caso, no son muchos sin embargo los convenios colectivos que necesitan ser actualizados en sus categorías más bajas por el incremento del salario mínimo, y eso con el incremento del 22,3% que supuso el SMI para 2019 apenas se trasladó a un incremento de costes en las empresas del sector agrario.

Queda sin embargo pendiente de responder el interrogante fundamental de esta cuestión. ¿Por qué los gobiernos socialistas de dos Comunidades Autónomas como Extremadura y Castilla La Mancha deciden respaldar públicamente con todo su peso político un razonamiento incorrecto y sesgado que coincide con las reivindicaciones de las patronales agrarias del sector, y no se colocan en una posición vindicativa de impulsar los salarios, para que los llamados trabajadores pobres dejen de serlo, aquellos que aun trabajando no pueden hacer frente a sus necesidades y las de sus familias y para dar un impulso redistributivo y equitativo de la riqueza que se produce en este marco territorial? ¿Por qué estos gobiernos que se reclaman de la izquierda social y que forman parte del partido que está en el gobierno y ha avalado la subida del salario mínimo en el 2019 y ahora con acuerdo social en el 2020 abren un flanco de boicot a esa medida social pactada además en el acuerdo de gobierno progresista? ¿Cómo es posible que Fernández Vara y García Page, haciendo un uso incorrecto de los datos de los que se dispone, avalen el discurso neoliberal contra el incremento del salario mínimo, actuando no sólo contra el programa de gobierno, sino también contra el acuerdo alcanzado en el seno del diálogo social? Con ello se sitúan en el mismo espacio que Vox y que Ciudadanos, en un acerrada defensa de un empresariado que busca fundamentalmente subsistir a partir de bajos salarios y de subvenciones públicas. Un modelo de empresa al que estos gobiernos autonómicos deberían precisamente combatir y reformar.

Son preguntas cuya respuesta no es necesario ahora explicitarla. Solamente cabe afirmar, eso si de manera indubitada, que el incremento del salario mínimo no ha causado pérdida de empleo agrario en Extremadura o en Castilla La Mancha, pese al discurso político y económico que ha querido sostener lo contrario.