¿DESPEGUE DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA FASE POST-COVID? SOBRE LA CUMBRE IBÉRICA DE ECONOMÍA SOCIAL

 

Dice Wikipedia que la economía social o economía social y solidaria es una noción que se refiere principalmente a las relaciones de producción y distribución que están organizadas por el principio de solidaridad y no persiguen el lucro, un​ sector de la economía que estaría a medio camino​ entre el sector privado y el sector público. Por ello se le denomina tercer sector, e “incluye a cooperativas, empresas de trabajo asociado, sociedades laborales, organizaciones no lucrativas, asociaciones caritativas, empresas de inserción, mutuas o mutualidad y micro emprendimientos asociativos”. En muchas acepciones clásicas, este tipo de organizaciones productivas se caracterizaban por alinearse en torno a una determinada “ética social” común a las mismas que cuenta con ilustres precedentes teóricos antiliberales, de Proudhon a Owen.

Sin embargo, esta impronta antiliberal se ha ido desvaneciendo con la abrumadora hegemonía ideológica y política neoliberal,  para la que el “tercer sector” se asimila a formas empresariales cuya función en el mercado debe ser idéntica a la que caracteriza al resto de agentes económicos, sin que el ideario declarado o la base asociativa de su organización deba imponer un sesgo diferente a su actuación económica. En España hubo un intento que llevó a cabo la Ley 5/2011 de 30 de marzo, de articular una norma que regulara el conjunto de figuras que formaban parte de este sector, pero vino a ser arrastrado por el torbellino de la crisis financiera y de la deuda que acabó con el gobierno del PSOE para ser sustituido por la mayoría absoluta del PP. Éste, coherentemente con su concepción del mundo económico, optaría de manera muy decidida por la noción de “emprendimiento” como eje ideológico y político de la figura de la recuperación económica a partir del 2015, desatendiendo las posibilidades que podría ofrecer la economía social en ese proceso.

Frente a ello, resulta sin embargo evidente que en la perspectiva de la recuperación económica tras la pandemia, la llamada economía social se ha presentado con fuerza como un agente relevante de la recuperación económica que además pretende ocupar un papel de importancia en los Planes de Recuperación y Resiliencia para la salida de la crisis, de manera que se adopte un Plan de Acción Europeo para la Economía Social. El Gobierno español se ha implicado en este proceso a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la Dirección general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas cuya titular es Maravillas Espín, profesora de Derecho del Trabajo en la UAM. Está impulsando una serie de acciones tanto en el plano interno, entre las que destaca la declaración de Teruel como capital de la economía social y solidaria para el año 2021, como primera ciudad de las que constituirán la futura red de capitales comprometidas con la Economía social y una cierta recuperación del contenido de la citada Ley 5/2011, especialmente en lo referido a la “tarea de interés general” consistente en el apoyo y difusión de la economía social y en la creación de un órgano de participación institucional consistente en el Consejo para el Fomento de la Economía Social, reactivado a partir de esa declaración.

En esa línea, se están llevando a cabo también acciones internacionales bilaterales y multilaterales en la línea de promoción de los que se entienden principios básicos de la Economía Social: “la primacía de las personas y del fin social sobre el capital; la gestión autónoma, transparente, democrática y participativa o la promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local”. Este ha sido el objetivo de la I Cumbre Ibérica de Economía Social entre Portugal y España, que además de escenificar la magnífica relación existente entre los dos departamentos ministeriales de Trabajo en Portugal y España en la persona de sus titulares, Ana Mendes Godinho y Yolanda Díaz, ha culminado en la firma de un “Memorándum de entendimiento” entre ambos países en materia de economía social, lo que para Portugal fundamentalmente se concentra en una amplia experiencia cooperativista, que tiene un fuerte apoyo político en el art. 61 de la Constitución Portuguesa de 1976, que positiviza a su través los principios del cooperativismo, establece la libertad de federación y confederación de las cooperativas, la participación pública y el derecho a la autogestión. El sector cooperativo de Portugal en la actualidad sigue estando dominado por las cooperativas agrícolas, las cuales constituyen alrededor de un tercio del total. Otros sectores importantes incluyen la banca, el comercio mayorista, el comercio minorista y la educación. En España, también en el sector agroalimentario se asienta el fenómeno cooperativo, así como en otros sectores, pero sin duda la especialidad española más relevante la constituye el importante arraigo de la economía social en el País Vasco, en torno al fenómeno tan estudiado de Mondragón, y donde el cooperativismo se ha instalado también en el sector industrial.

El Memorándum hispano-portugués se compromete a potenciar el rol de los Consejos Nacionales de Economía Social como órganos activos de consulta, que se encargarán de impulsar un programa que posibilite el intercambio de experiencias sobre legislación y sobre las medidas en el marco de los Planes de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Acción Europeo para la Economía Social, lo que en nuestro país lo llevará a efecto el Consejo de Fomento de la Economía Social. La coordinación bilateral se extiende a la información relativa a la formulación de cuentas estadísticas y a la metodología empleada en los informes, lo que, en última instancia, facilitará la confección de estudios comparativos y a la la definición de posiciones comunes en el proceso de elaboración del Plan de Acción Europeo para la Economía Social, con una apertura final a la actuación conjunta de ambos países  en el desarrollo de propuestas para impulsar la presencia de la economía social en el marco de las Cumbres Iberoamericanas.

En España, las empresas de economía social se encuentran representadas por CEPES, Confederación Empresarial Española de la Economía Social, separada por tanto de las organizaciones empresariales que representan al mundo empresarial, y esa subjetividad colectiva propia se reconoce mediante su participación en el Grupo Tercero del Consejo Económico y Social español, en el que tienen 4 representantes. Suele establecerse una correlación inversa entre el crecimiento del cooperativismo y el crecimiento económico, de manera que cuando se produce una crisis, aumenta la creación de cooperativas, mientras que disminuyen éstas en cuanto se verifica una recuperación de la economía. Los datos que ofrece CEPES en cuanto al número de trabajadores ocupados no se corresponde con ese pronóstico, puesto que según éstos, la destrucción de empleo de la crisis 2010-2014 afecta también a este sector, que pasa de casi 300.000 trabajadores en el 2010 a 280.000 en el 2014, y la recuperación económica acompaña su crecimiento hasta los 322.000 del año 2018, aunque en 2019,que son los últimos datos recogidos, el número de personas trabajadoras disminuye a 314.000, y el número de sociedades cooperativas no ha cesado de disminuir desde el 2009. Por regiones, es Andalucía la que tiene un mayor número de cooperativas, que emplean a casi 61.000 personas, pero a continuación por el número de trabajadores - 60.4000 – viene el País Vasco, aunque es inferior el número de empresas cooperativas en dicha comunidad autónoma.

Como puede evidenciarse de estos datos, es todavía muy residual la presencia de la llamada economía social en nuestro modelo económico, claramente orientado a la llamada economía libre de mercado. Sin embargo, en la propuesta política del Ministerio de Trabajo y Economía Social puede suponer, como señaló Maravillas Espín en la presentación del Memorándum en la Cumbre Hispano-Lusa, “una oportunidad inédita para transformar nuestro modelo  económico y productivo, orientándolo hacia un sistema más humano, sostenible e inclusivo, al tiempo que posibilita la ansiada recuperación económica”. La potenciación de este tipo de agentes económicos que privilegian el aspecto social en su actividad económica durante el período de la recuperación económica post-covid es sin duda una buena iniciativa. El problema se traslada ahora a la realización efectiva de ese ideal social que debería caracterizar a este denominado “tercer sector” en las relaciones económicas desplegadas en el mercado o, por el contrario y como en demasiadas ocasiones se puede comprobar, la anulación del mismo y la plena equiparación en objetivos y métodos con las empresas mercantiles clásicas en la apropiación del beneficio y la privación de derechos a los miembros que componen la sociedad.